La Justicia soy Yo

PANDEMONIO

Por: Moisés Ulloa

Muchas cosas han caído en las profundidades oscuras de un abismo en este país. A veces la carga es tal que he pensado incluso en que no existe una solución al corto plazo que nos permita tener una oportunidad. Muchos incluso han determinado que la maldad y el proceder de muchas personas que son parte de las cúpulas de poder y por ende, parte activa en la toma de las decisiones trascendentales de la nación han sido tan abusivas, que han llegado al punto de romper de manera irreparable el propio sistema en que se sustenta la República. Para muchos, los cimientos de la nación están corroídos al punto tal, que su colapso es simplemente cuestión de tiempo.

Entre todas las dificultades y problemas que tenemos, existe un área que me llena de desesperanza y que crea en este su servidor profundos momentos de reflexión y preocupación: la ruta en la que estamos pretendiendo aplicar un sentido de justicia en Honduras.

Con suma atención he visto ya por segunda ocasión, el show mediático implementado por las actuales autoridades del CNA en su presentación de las diferentes líneas de investigación que este importante organismo ha realizado, con la finalidad de llevar a la justicia a aquellos funcionarios que han utilizado sus puestos y el abuso de poder, para realizar funciones que presuntamente son contrarias a la ley. Sin embargo, me pregunto si efectivamente mediante este proceso se alcanza la justicia.

En este sentido trataré de no meterme en conceptos filosóficos y legales que alejen mi escrito del propósito que deseo obtener; sin embargo, diré que para mí “justicia” no es un solo, sino una combinación de aspectos. Justicia es en mi entender la correcta aplicación de lo moral, ético, racional, igualitario, que lo dicta nuestra sociedad bajo una sombrilla que denominamos un estado de derecho, mismo que de forma implícita determina la seguridad jurídica y la protección a los derechos y a las libertades de todas y todos. Si una actuación o decisión de los entes encargados de impartir esta justicia no es moralmente correcta, entonces esta es injusta; si no es ética, tampoco lo es; si no tiene como finalidad proteger a la mayoría y al más débil, entonces también es injusta. La justicia por lo tanto debe de buscar el bien común, asegurar el orden, establecer lo correcto, afirmando el principio que todas y todos somos iguales ante la ley.

Cualquier sentido que sea contrario a lo que he tratado de explicar en mi párrafo anterior, pretende otra finalidad menos aquella de aplicar justicia. Ante esta realidad me pregunto si lo que vivimos actualmente en Honduras mediante el show mediático al que nos estamos acostumbrando últimamente, contraviene lo que en efecto deseamos obtener o, es acaso simplemente esto, un efecto del estado que reafirma que no tenemos la institucionalidad que nos garantice la aplicación correcta de la justicia.

Ante la incapacidad de poder obtener un veredicto de culpable en los casos imputados por los órganos correspondientes del estado, ya sea por una acción errónea en la presentación de los casos o por una condición manifiesta en el fundamento que la sentencia no se rinde ante los poderosos ¿no estaremos buscando la salida fácil del simple señalamiento público? ¿es la búsqueda exclusiva de la sanción moral suficiente para ser considerado que hemos logrado alcanzar lo justo?

La señal más clara de la realidad nefasta que no gozamos de la confianza en la aplicación de la justicia, es el intervencionismo internacional exigiendo y obligando desde afuera, a que los actores de sentencia hagan su trabajo. En otras palabras, ante no tener la confianza en que las decisiones van estar basadas en ley, nuestra justicia está siendo impuesta foráneamente. Y es en este ambiente de desconfianza en que se nutre el chisme, la novela, el próximo capítulo de un Pandora II, de la Honduras Verde, de otra línea más de investigación del CNA, de un requerimiento más promovido por la MACCIH a través de su UFECIC, de la expectativa ante la ley Magnitsky, del próximo extraditado o del evento Efecto Torres; es en este ambiente que nuestra sociedad cada vez aumenta su sed por resultados, sin tenerlos de forma contundente y en el plazo inmediato.

Todo esto alimenta el hartazgo de una sociedad que sistemáticamente ha sido abusada y que quiere ahora, no necesariamente justicia, sino que venganza. Nuestra sociedad cada vez más siente y anhela el sabor a “sangre” y desea que, bajo cualquier condición, se encuentren culpables, aún aquellos que no necesariamente lo son. Esto nos lleva ante el peligro inminente de crear una sociedad que podría estar al punto de tomarse el camino de hacer justicia por su propia mano, pues por un lado nos venden al mejor estilo de las películas una trama delincuencial con nombres y apellidos, pero en la realidad carecemos de los resultados concretos que de fe a los hechos.

Esto es un asunto de gravedad que hemos comenzado a sentir y a palpar en nuestra sociedad. Noticias como las que una comunidad linchó a un presunto violador es simplemente una muestra de lo que puede llegar a suceder si el actuar jurídico del país no llena la expectativa sublime de la ley. Todos somos testigos de la polarización de nuestra sociedad y esta realidad puede estallar en acciones concretas que vayan más allá de un sentimiento ante la incapacidad de dar los resultados que se anhelan.

Ante la búsqueda a toda costa de encontrar justicia, podemos deformar la misma en acciones como han sido las violaciones constitucionales al derecho de propiedad y presunción de la inocencia, a exhibir ante las cámaras a unos, mientras se protegen a otros; de perseguir el delito de algunos, pero no de todos. Podríamos estar al punto de justificar una ilegalidad con la finalidad de detener lo ilegal. Estamos por cruzar una línea fina a consecuencia de la impunidad que ha predominado en los actos sistemáticos de corrupción de los que hemos sido víctimas y que tienen a nuestra sociedad, especialmente a los más desprotegidos, sumidos en la más vil de las pobrezas.

Es por lo tanto imperante, que los organismos de aplicación de justicia hagan su trabajo de forma eficiente, profesional y contundente, alejados más de lo mediático, para no crear falsas expectativas que puedan revertirse en desacreditar sus propias acciones ante no tener los resultados prometidos. La opinión pública no son las cortes, pero al exponer los casos de forma primaria en los medios y con alardes personales, estamos por convertirnos en el estamento que “La Justicia soy Yo”. La justicia implica el balance de lo correcto, la venganza pretende represalia basada en odio, en castigo, en frustración. No debemos fomentar la crispación social bajo el argumento de hacer justicia, llevándola a un punto más cercano del estallido que se encuentra ya, en una cuenta regresiva.

Por supuesto que añoramos y apoyamos la lucha por una sociedad en donde el delincuente sea condenado, independientemente del estrato social o del poder político económico que tenga, imparcialmente sea el presidente de la república, sus miembros cercanos o cualquiera, debemos exigir y demandar la aplicación absoluta de la ley; pero la práctica de lo justo no debe basarse en abusos y muchos menos en arbitrariedades. De no corregir este proceder, podemos estar ante las puertas que el pueblo tome el mazo y cuando eso suceda, no se detendrá, hasta enjuiciar a inocentes y culpables por igual.

Por enésima vez mujeres de Honduras exigen justicia por femicidios

Del 2005 a la fecha, 5440 Femicidios han ocurrido con un 96% de impunidad.

 

Por: Redacción CRITERIO

Tegucigalpa.- La Tribuna de Mujeres contra los Femicidios Gladys Lanza ,condenan los altos niveles de violencia contra las mujeres y la indiferencia de las autoridades, misma que se evidencia en el estudio sobre la Situación de la Niñez Huérfana por Femicidios en Honduras, en el que se establece que Honduras está en la posición 12 de los países de mayor impunidad del mundo.

Exigen que se mejore el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia y así, prevenir un eminente femicidio.

Exigieron de manera directa al Ministerio Público a la ATIC, DPI y desde ahí a la Unidad de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios y demás entes operadores de justicia, la investigación urgente y el castigo correspondiente a los hechores materiales de este y otros crímenes para que no queden en la impunidad.

PRONUNCIAMIENTO

La Tribuna de Mujeres contra los Femicidios Gladys Lanza, ante los últimos acontecimientos  ocurridos en el país por el aumento a los crímenes de odio contra mujeres a la opinión pública nacional e internacional hace saber que:

Manifiesta su repudio e indignación ante el asesinato de forma violenta ocurrido el día de hoy 16 de septiembre en el presente año, donde fue encontrada una mujer aún sin identificar, entre matorrales, su cuerpo desmembrado, y fue dispersado en varios puntos de la Colonia 15 de septiembre ubicada en la Ciudad de Choluteca Departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.

Condenamos los altos niveles de violencia contra las mujeres y la indiferencia de las autoridades, mismo que se evidencia en el estudio sobre la Situación de la Niñez Huérfana por Femicidios en Honduras, en el que se establece que nuestro país está en la posición 12 de los países de mayor impunidad del mundo. Del 2005 a la fecha, 5440 Femicidios han ocurrido con un 96% de impunidad.

Condenamos los escenarios actuales de los Femicidios con mucha más crueldad hacia las mujeres, decapitadas, desmembradas, mutiladas, lapidadas, violadas en la mayoría de los casos.

Exigimos el debido proceso de las Investigaciones, judicializaciones, tipificación correcta de los femicidios, desde el primer operador de Justicia que realiza el levantamiento de la escena del crimen y que se mantenga hasta el último, que es el juez de sentencia, para asegurar que no sea una estadística que aumente la impunidad.

Exigimos se mejore el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia y así, prevenir un eminente femicidio.

Exigimos al Ministerio Público, ATIC, DPI y desde ahí a la Unidad de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios y demás entes operadores de justicia, la investigación urgente y el castigo correspondiente a los hechores materiales de este y otros crímenes para que no queden en la impunidad.

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Por lo que la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios Gladys Lanza, estará vigilante del proceso de investigación de estos asesinatos de mujeres haciendo las correspondientes denuncias a nivel internacional.

¡En memoria de sus vidas no dejaremos impune sus muertes!

Tegucigalpa, 16 de Septiembre del 2018

 Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», Asociación Calidad de Vida, Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (AMDV), Organización Intibucana de Mujeres “Las Hormigas”, Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Paz (COMUCAP), Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), Ecuménicas por el Derecho a Decidir (EDD)

Operadores de justicia analizan desafíos de la investigación de la corrupción y violaciones de derechos humanos en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.-  La corrupción es un fenómeno que impacta la democracia y el pleno goce de los derechos humanos, por ende, debe investigarse integralmente, incluyendo los grupos de poder involucrados. Ésta fue una de las principales conclusiones del evento convocado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El foro, titulado “Investigación de estructuras de poder organizado en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos” convocó a más de cincuenta operadores/as de justicia para conocer experiencias de Colombia, Guatemala y otras a nivel regional, para dar cuenta de cómo conseguir la justicia frente a este tipo de organizaciones, que se establecen con el fin de facilitar actos de corrupción y violar derechos humanos.

Frente a este tema, la representante de OACNUDH en Honduras, María Soledad Pazo señaló: “Es necesario avanzar y trabajar en la investigación de actos criminales que vinculan corrupción, impunidad y violaciones de derechos humanos”. Agregó que la corrupción socava significativamente la capacidad de las instituciones del Estado de Derecho y se convierte en uno de los obstáculos más relevantes para la protección de derechos humanos y para el desarrollo social y económico de un país”

En esta misma línea, el vocero de la MACCIH, Luiz Antonio Guimarães Marrey, expuso: “Luchar contra la corrupción es una lucha por garantizar los derechos de las personas.

Todos los recursos que se pierden por este fenómeno no llegan a la sociedad, lo que se traduce en menos garantías a sus derechos fundamentales.

Es vital garantizar que el Estado de Derecho no sea solo para algunos, sino que para cada una y uno de los ciudadanos sin distinción”.

Además, destacó la trascendencia de los temas trabajados, en especial en torno a la necesidad de profundizar las investigaciones en delitos complejos, como la asociación ilícita.

“Es crucial que consideremos qué condiciones hacen posible la corrupción, incluyendo la existencia de verdaderos grupos criminales que actúan de manera orquestada, en ocasiones con participación de agentes estatales, para perpetrar los delitos y garantizar la impunidad”, agregó Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.

En este sentido, el espacio abordó cómo investigar, juzgar y sancionar hechos de esta naturaleza, de manera de que se entiendan las dimensiones estructurales detrás.

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El evento contó con la presencia y exposición de Claudia Paz y Paz, Ex Fiscal General de Guatemala, y Camilo Bernal, coordinador del Equipo de Justicia Transicional y Lucha contra la Impunidad de la OACNUDH en Colombia.

Este evento hace parte de los esfuerzos que se vienen haciendo en el país con el fin de apoyar y fortalecer el trabajo de las instituciones nacionales que administran justicia, especialmente a las personas encargadas de la lucha y combate a la corrupción, impunidad y la investigación de violaciones de derechos humanos.

Justicia en Historia

Honduras

Por: Irma Becerra

La Filosofía del Derecho es la rama de la Filosofía encargada de fundamentar la justicia en la Historia de la Humanidad y los pueblos. Su tarea no es fácil sobre todo porque debe basarse en la observación de todos los implicados en el campo de los procesos judiciales para juzgar a los culpables del terrorismo de Estado y el terrorismo en el mundo, como es el caso de las dictaduras latinoamericanas surgidas durante la Guerra Fría, protagonizada por Estados Unidos de América y la entonces Unión Soviética. Dictaduras y regímenes dictatoriales y represivos que sirvieron fielmente a las potencias mundiales en dicha controversia absurda y antihumanista. En el caso de Honduras, tuvimos el terrorismo de Estado durante la época de aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional con sus desapariciones forzadas y sus Escuadrones de la Muerte, y tenemos de nuevo en la actualidad una ausencia de Estado de Derecho y falta de Predominio de la Ley que parece querer reactivar y reaplicar los métodos represivos de antaño, con nuevos asesinatos de personas que son secuestradas y aparecen torturadas; represión de la movilización ciudadana y criminalización de la protesta social; justicia parcializada y politizada y propaganda masiva de exaltación del régimen anticonstitucional de Juan Orlando Hernández.

No es fácil la tarea de la Filosofía del Derecho porque a veces no resulta sencillo presentar pruebas que enjuicien a los culpables de dichos atroces acontecimientos porque en el terrorismo de Estado todas las instituciones se alían, incluyendo las instituciones que deben aplicar justicia o aquellas como la policía, los abogados y los juzgados, que son las encargadas de recabar pruebas. En el terrorismo de Estado y en la situación de ausencia de Estado de Derecho todas las instituciones se encuentran cooptadas, aseguradas y secuestradas por el Estado mismo, y se mantienen a su servicio incondicional sin que se reflexione si se está haciendo lo correcto o no. ¿Qué hacer, entonces, cuando las mismas instituciones del Estado están involucradas en la falta de justicia en un país y no funcionan al servicio del pueblo sino sobre todo al servicio del terrorismo de Estado? Pues en ese caso, la justicia solo puede venir del exterior como ocurriese con el Proceso de Nürenberg en Alemania en 1945, en el que se juzgó sin mayores pruebas a los fascistas nazis alemanes por sus crímenes de lesa humanidad.

En el caso de Honduras debemos esperar la intervención directa de la Comunidad Internacional en la presentación de dichas pruebas porque ellos saben muy bien quienes han servido incondicionalmente en la política de intervención en la Centroamérica de los años ochenta, y que convirtieron a Honduras en punta de lanza y centro de conspiración contra los procesos revolucionarios centroamericanos, cuyas vías no compartimos, pero cuyas muertes en todos los bandos condenamos. En este sentido apelamos al Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial (World Justice Project) de 2017-2018, quien en su informe sitúa a  Honduras en uno de los lugares más altos de violación y ausencia del Estado de Derecho. Según este Índice que “es la evaluación más completa del Estado de Derecho en el mundo, y es la única medición que se construye con datos primarios que reflejan la perspectiva y experiencia de las personas en su vida cotidiana”, un Estado de Derecho “efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias, y combate la pobreza. El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, además que funge como base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales. Cuando el Estado de Derecho es débil, no hay suficientes medicinas en las clínicas, la violencia y la delincuencia no se pueden controlar, la ley se aplica de forma injusta, y no hay inversiones extranjeras. El Estado de Derecho es un tema que no solamente involucra a abogados y jueces, sino que es un concepto que involucra a toda la sociedad”. Hay que leer el Índice que documenta cómo es la rendición de cuentas en nuestro país, cómo las leyes no son justas y no se aplican de forma equitativa protegiendo los derechos fundamentales de toda la población; cómo el gobierno no es abierto porque los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes no son accesibles, justos y eficientes; y cómo no existen mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas por lo que la justicia no se aplica de forma oportuna por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales, que son accesibles, cuentan con recursos suficientes, y reflejan la composición de las comunidades en las que trabajan. Estos cuatro principios: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas son los cuatro principios universales del Estado de Derecho que se están violentando en Honduras.

¿Qué más hacer? Pues se debe ante todo prevenir el surgimiento de posibles formas de injusticia que puedan desarrollarse en el presente y el futuro próximos ya sea por negligencia, indiferencia y desidia continuadas de los políticos, los que nunca, por su cargo de responsabilidad social, pueden aludir ignorancia de la ley. Esa forma de prevención, sobre todo del terrorismo de Estado, en el que pudiera desembocar la dictadura actual, debe adelantarse a denunciar la incorrecta y extremista estrategia de los “presidentes” como Juan Orlando Hernández, que por el momento se ha dedicado a limpiar el camino de posibles competidores, eliminando peones tanto del nacionalismo como del liberalismo, tal vez con la posible intención de reelegirse por tercera vez consecutiva al margen de la Constitución de la República de Honduras.

La Justicia actual en Historia implica la necesidad de juzgar según la biografía de cada quién por las consecuencias y responsabilidades negativas de los actos de una persona, es decir, si ha causado daño a sus semejantes. Los muertos del golpe de Estado del 2009 y los muertos y prisioneros políticos “poselectorales” de noviembre de 2017 en Honduras, esperan aún justicia. En este sentido, debemos ayudar a la Filosofía del Derecho y al Derecho Internacional de los Pueblos en los siguientes aspectos fundamentales:

En primer lugar, fortalecer la cooperación entre las naciones, organizaciones civiles y los Estados en materia de Organismos Internacionales de Justicia.

En segundo lugar, fortalecer la necesidad imperiosa de escuchar internacionalmente a las poblaciones que han sido y son víctimas del terrorismo de Estado, la ausencia y deconstrucción del Estado de Derecho y el terrorismo y actuar en base a ley creando nuevas leyes e investigaciones si es necesario.

En tercer lugar, ayudar en la necesidad de profundizar la Teoría del Derecho en su función universal y social en las Facultades de Derecho del Mundo, para poner el Derecho siempre al servicio del pueblo.

Ataque del gobierno de Guatemala contra la CICIG es un intento descarado de obstruir la justicia: WOLA

Las acciones del presidente Morales demandan una respuesta firme de la comunidad internacional y de los EE.UU.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El 4 de septiembre, el gobierno de Guatemala declaró al Comisionado Iván Velásquez, dirigente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una “amenaza a la seguridad pública” y ordenó a las autoridades migratorias a bloquear a Velásquez para que no vuelva a ingresar al país. Esto le sigue al pronunciamiento de la semana pasada, según el cual el presidente Jimmy Morales no renovará el mandato de la CICIG, que vence en 2019. Los anuncios vienen en medio de una intensificación de la investigación sobre él y sus aliados por acusaciones de  corrupción. Según el grupo de investigación e incidencia la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el cual ha estudiado la eficacia de la CICIG, las recientes acciones de Morales representan una grave amenaza para la democracia y el estado de derecho en Guatemala, y violan el fallo de la Corte de Constitucionalidad del país y su acuerdo con las Naciones Unidas.

«El Comisionado Iván Velásquez y la CICIG han tenido un impacto real en la lucha por la justicia en Guatemala. Sus esfuerzos han sido fundamentales para exponer redes criminales que han cooptado al estado», dijo Adriana Beltrán, Directora para Seguridad Ciudadana en WOLA. “Morales no está actuando en el interés del pueblo de Guatemala, sino para obstruir la justicia y evitar que él y sus familiares sean responsabilizados en la investigación en curso”, dijo Beltrán.

Pocos minutos antes del anuncio del viernes, vehículos de grado militar donados por el Departamento de Defensa de los EE. UU. para combatir tráfico de drogas y el crimen organizado, se desplegaron fuera de las oficinas de la CICIG, así como de varias otras embajadas, incluyendo la de los Estados Unidos. Hace algunas semanas, la Oficina del Fiscal General de Guatemala y la CICIG presentaron su tercer pedido ante la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad del Presidente Morales para que pueda ser investigado por alegados crímenes de financiamiento de campaña. La Corte Suprema de Justicia permitió que la solicitud avanzara al Congreso, que ahora debe decidir si levanta la inmunidad del presidente.

«Los ataques contra la Comisión y sus esfuerzos representan un serio riesgo para los intereses de seguridad de los EE. UU. y la seguridad regional de América Central», dijo Beltrán. «Combatir la corrupción sistémica es fundamental para frenar la violencia, el crimen organizado y la pobreza que impulsa la migración irregular desde la región».

El gobierno de los Estados Unidos ha invertido por lo menos $44,5 millones en financiamiento para la CICIG desde su creación en el 2007. Además, los Estados Unidos han comprometido $159 millones en financiamiento para Guatemala en lo que lleva del año fiscal 2017, de los cuales $78,4 millones han sido utilizados para apoyar la seguridad, justicia, prevención de violencia e iniciativas derechos humanos en el país. Además, $22,5 millones en fondos del Departamento de Defensa han ido hacia apoyar las actividades antidrogas del ejército de Guatemala, cubriendo los gastos de equipo, entrenamiento y vehículos. El resto de la asistencia ha sido dedicada a la seguridad fronteriza y programas de desarrollo. De los $625 millones aprobados para el año fiscal 2018, aún no está claro cuánto irá a Guatemala. El Congreso actualmente está debatiendo los fondos de asistencia para el año fiscal 2019.

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“Los ataques contra la CICIG representan una bofetada en la cara del gobierno estadounidense, el cual ha invertido millones de dólares en Centroamérica durante la última década para mejorar las condiciones en la región. Los Estados Unidos deberían suspender inmediatamente todo el financiamiento a Guatemala, hasta que haya un claro compromiso a combatir la corrupción. Los Estados Unidos deberían utilizar todas la herramientas disponibles contra aquellos que quieren socavar la lucha contra la corrupción”, dijo Beltrán.

Hay un consenso amplio de que la CICIG es uno de los mecanismos más exitosos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Ha recibido grandes elogios de parte de las Naciones Unidas y la Unión Europea, y ha gozado de apoyo bipartidista en los Estados Unidos. Además, cuenta con el apoyo de alrededor del 70 por ciento de los guatemaltecos, según una encuesta del 2017.

A 30 meses del asesinato de Berta Cáceres, el Copinh sigue reclamando justicia

Invitan a abrazar la lucha de COPINH y familia que desde el 10 de septiembre hasta el 19 octubre estarán dentro y fuera de los tribunales para conocer el fallo de solamente el primer proceso judicial y a compartir la información que se ha recuperado en todo el tiempo investigativo para firmemente ir tras los asesinos.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa. – A 2 años y medio del vil crimen contra Berta Cáceres, el Consejo Coordinador de Movimientos Populares e Indigenas de Honduras (Copinh) sigue negándose a aceptar la muerte violenta e impune que se impuso al pueblo Lenca en resistencia y al movimiento social en Honduras la noche del 2 de marzo de 2016.

El pasado domingo 2 de septiembre, al igual que hoy es un día en el que dispersas partes del mundo aúnan su vos por la justicia, como se hizo a partir de la mañana siguiente del crimen cuando nos enteramos del repudiable hecho, escribe el Copinh en un comunicado donde anuncia emprender la lucha por la justicia para Berta con más fuerza.

La maquinaria que operó cometiendo el crimen esperaba la resignación e impunidad como suele suceder en este país, sin embargo, la avalancha de condenas y la fuerza de tantas manos, hombros y bocas no ha dado ni paz ni tregua a los asesinos que están atentos al desarrollo del primer juicio que comenzará este 10 de septiembre.

COPINH, que ha acogido la lucha por esclarecer y juzgar este hecho, ha dispuesto de todos los esfuerzos posibles para no silenciar la voz de la justicia ancestral de nuestro pueblo que fue encarnada en Berta. Desde ahora su esfuerzo estará dedicado a realizar un proceso judicial que desafíe las instancias de injusticia que entre otros hechos ha negado la condición de víctima al COPINH y que nos ha sometido a empezar un proceso sin toda la información del caso.

La impunidad se siente desafiada cuando sus abogados acusadores han propuesto sentar en el banquillo de testigos a 4 miembros de la familia Atala Zablah que hasta ahora no han sido casi ni nombrados. Ellos testificarán como parte de la estructura superior de la empresa DESA que pensó que matando a Berta pararía la resistencia del pueblo Lenca contra su sangriento proyecto.

Ante la disposición del COPINH de alcanzar como acto de justicia a todos quienes hayan participado en el crimen como autores intelectuales, DESA ha contratado al bufete internacional de abogados llamado “Amsterdam & Partners llp” y a la empresa de relaciones públicas “Uncommon Union” para exculparlos del crimen.

 Vuelve entonces a repetirse la historia de los ricos contra los desposeídos y del pueblo indígena contra la supremacía “blanca” empresarial que dispone toda su maquinaria para criminalizar a COPINH y decir que nosotros hemos presionado para apresar “injustamente” a quienes forman parte de DESA.

Y este patrón se repite en las audiencias en las que la defensa de Sergio Rodríguez hace parecer que la acusada es Berta y el COPINH por ser “vandálicos” “violentos” y entonces volvemos a preguntarnos ¿Quién es el que ha puesto los muertos en esta lucha?

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Sin embargo, ninguna de estas acciones intimidatorias y criminalizantes pararan el clamor que ya no es solamente nuestro sino de millones que por el mundo pregonan la consigna de “Justicia para Berta”, asegura el comunicado del Copinh.

Invitan a abrazar la lucha de COPINH y familia que desde el 10 de septiembre hasta el 19 octubre estarán dentro y fuera de los tribunales para conocer el fallo de solamente el primer proceso judicial y a compartir la información que se ha recuperado en todo el tiempo investigativo para firmemente ir tras los asesinos.

Berta es hoy una causa de Justicia, Verdad, Reparación y garantías de no repetición para el pueblo Lenca y los pueblos luchadores, resistentes y amenazados en el mundo, finaliza el comunicado.

¡Sólo en Honduras! Un funcionario público entrega reconocimiento al presidente de la Corte

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Acabar con el juego de intereses que ponen en entredicho la imparcialidad y la independencia de la justicia sigue siendo una utopía en Honduras. Una muestra de ello es la placa de reconocimiento entregada este viernes por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.

El edil, perteneciente a las filas del opositor partido Libertad y Refundación (Libre), se congració con el presidente del Poder Judicial para agradecer, según él, la labor realizada por Argueta en beneficio de los ciudadanos del municipio de Tocoa.

Honduras

Argueta ocupó la mesa principal esta mañana durante la inauguración de una Oficina de Antecedentes Penales en la ciudad de Tocoa, junto al edil de este término municipal, Adán Fúnez y el gobernador departamental de Colón, Carlos Aguilar.

«Si mejoramos la justicia eso mejora la calidad de vida y la contribución para la paz y armonía para la sociedad, que es el anhelo de este Poder Judicial, por eso traemos la posibilidad de conseguir la constancia de antecedentes penales a esta ciudad», dijo Argueta al dar por inaugurada la oficina.

Más adelante expresó que «ahora es normal que personas que se creían intocables sean llevadas ante un juez, por lo que hemos avanzado en seguridad e investigación de casos».

Las palabras de Argueta contrastan con el papel que en las últimas semanas ha jugado la justicia hondureña al dejar en libertad a los implicados en el caso Pandora, al modificarles el delito de lavado de activos por el de encubrimiento, que es de menor cuantía y que les ha permitido defenderse en libertad gracias a la conmutación de la pena mediante el pago de 10 lempiras diarios.

La acción del Poder Judicial ha frenado la lucha anticorrupción que ha venido abanderando la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial de Combate Contra La Impunidad de la Corrupción (Ufecic).

Honduras
El alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, se dirige a los presnetes durante la inauguración de la Oficina de Antecedentes Penales.

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SOBRE ADÁN FÚNEZ

En sus declaraciones el año pasado ante el Tribunal de Nueva Tork, el jefe de la banda de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, manifestó que el cartel que él manejaba en la zona atlántica de Honduras, fue asistido por varios políticos y entre estos mencionó al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien ejerce un segundo mandato bajo las filas del partido Libre.

Honduras
Este es el Palacio de Justicia de la ciudad de Tocoa, Colón. Hoy lució resguardado por la seguridad del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.

MP y USAID firman convenio para promover acceso a la justicia y reducir la impunidad

MP y USAID
El convenio fue firmado por el Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla y el director de USAID para Honduras, Fernando Cossich. Ante la presencia de la encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Heide Fulton.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El Ministerio Público de Honduras y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), firmaron este martes un memorándum de entendimiento interinstitucional orientado a promover la justicia y reducir la impunidad.

El convenio fue firmado por el Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla y el director de USAID para Honduras, Fernando Cossich y busca fortalecer el Estado de Derecho en Honduras, así como “enunciar los principios que guiarán sus esfuerzos y establecer pautas operativas no vinculantes que promuevan una coordinación efectiva”, dice una nota de prensa del MP.

MP y USAID

Los objetivos contenidos en el memorándum abarcan los convenios de donación N°522-0501, denominado “Incremento en la Seguridad Ciudadana para las Poblaciones Vulnerables en las Áreas Urbanas de Alta Criminalidad” y el N°522-0503, “Mayor Transparencia y Rendición de Cuentas en la Administración Pública del Gobierno de Honduras a Nivel Nacional”, suscritos entre la República de Honduras y los Estados Unidos de América.

En la ceremonia de suscripción del convenio, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público de Tegucigalpa, estuvo presente la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Heide Fulton.

Justicia selectiva

Edmundo Orellana Mercado

Por: Edmundo Orellana

Esa decisión tomada en el caso “Pandora” nos demuestra que en nuestro país la lucha contra la corrupción es sumamente difícil, pero también que hay personas decididas a dar la batalla sin importar los obstáculos del camino.

La decisión admite que hubo corrupción e identifica los delitos en que se incurrieron. Lo que significa que la veracidad de los hechos investigados por UFECIC es incuestionable. En otras palabras, se probó que se sustrajo dinero del presupuesto para fines distintos de los presupuestados y que hubo quienes se aprovecharon de los mismos. No solo eso, sino que el dinero siguió una trayectoria laberíntica para evitar ser descubiertos.

Alguien de muy alto nivel autorizó la operación. Porque con los controles existentes es imposible que esos cientos de millones de lempira se destinaran para fines distintos de los presupuestados, sin que fuese del conocimiento de la respectiva Auditoría Interna y del Sistema de Administración Financiera Integrada, SIAFI, ubicado, en ese entonces, en Finanzas, al cual se accede con una clave asignada al sujeto debidamente autorizado, bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones.

Esos cientos de millones salieron de la SAG supuestamente con estas autorizaciones. Fueron entregados a Ongs que, supuestamente, no existen legalmente, y, además, está en cuestión la justificación de esos desembolsos. Estas irregularidades son señaladas y debidamente acreditadas con la documentación presentada por UFECIC y aceptadas por la decisión judicial.

Esas Ongs realizaron sus operaciones por medio del sistema financiero nacional. Las cuentas bancarias están debidamente identificadas y también el movimiento del dinero. En otras palabras, el dinero fue entregado para transferirlo a cuentas bancarias de personas determinadas para fines personales y electorales.

De esos cientos de millones, ilícitamente adquiridos, se destinaron cantidades significativas para pagar préstamos concedidos por bancos para financiar campañas electorales. Hay personas y partidos políticos involucrados.

La resolución judicial tampoco desmiente que haya habido lavado de dinero. Lo que dice es que la ley en ese momento exigía para la configuración de este delito, “la acreditación de un delito precedente”. Es más, dice que “aunque puedan existir indicios probatorios” del delito de lavado de activos no se probó el delito precedente. Admite, entonces, que hay “indicios probatorios”.

Para quienes se dictó auto de formal procesamiento, con o sin medidas sustitutivas, son, a criterio de la autoridad judicial, sospechosos de haber cometido delito. Es decir, pueden ser condenados por los delitos que la autoridad judicial señala, como es el caso de la recalificación para aquellos que fueron imputados por el delito de lavado de activos, a quienes se recalificó con el “delito de encubrimiento por receptación”, castigado con penas que van desde 3 a 5 años. Se pudo recalificar con otro delito, pero con esta recalificación del delito, excesivamente indulgente, se logra lo siguiente: por una parte, se evita la suspensión de la condición de ciudadano de los Honorables Diputados para que puedan ejercer tranquilamente sus cargos, porque la Constitución prevé que se suspende cuando se dicta “auto de prisión por delito que merezca pena mayor”; por la otra, se ofrece la oportunidad para que los Honorables Diputados, en caso de ser condenados, puedan conmutar sus penas y evitar la cárcel.

Ahora bien, lo curioso es que el director de la UFECIC declaró a la prensa, acompañado por autoridades de la MACCIH, que en el caso de los saqueadores del IHSS se emitió resolución judicial reconociendo el delito de lavado de activos sin exigir “la acreditación del delito precedente”. Es decir, que la jurisprudencia invocada (que, curiosamente, no identifica las sentencias en las que se crea la doctrina legal alegada) se aplica selectivamente. Esa es nuestra “justicia”.

En este punto surge una pregunta, habida cuenta de que existen los tribunales anticorrupción que habrían conocido del caso de no haber habido diputados entre los imputados; esta pregunta es la siguiente: ¿Habría ocurrido lo mismo si hubiesen conocido del caso los juzgados anticorrupción?

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Otro dato curioso, es el ataque masivo que está sufriendo UFECIC. Lo vituperan porque cumple con su trabajo. Porque cuida los intereses de la sociedad hondureña amenazados por quienes sustrajeron y se aprovecharon de esos fondos. Pretenden hacer ver a UFECIC como el malo de la película y el papel del bueno se lo atribuyen a los depredadores de los fondos públicos. En otras palabras, quienes esto sostienen, sin escrúpulo alguno, reconocen que el funcionario público tiene licencia para saquear presupuestos públicos.

En todo caso, es una decisión que todavía está en revisión porque será impugnada, seguramente, por los defensores, que aspiran a que sus clientes salgan librados de este problema, y por el MP, que tiene la responsabilidad de defender y proteger, además de representar, los intereses de la sociedad.

Las paradojas de la justicia hondureña y el caso la Caja de Pandora

Por: Coalición contra la Impunidad

El primer capítulo del caso la Caja de Pandora ha concluido, el saldo para la justicia es de carácter negativo. Una vez más las expectativas de la ciudadanía han sido burladas por la Corte Suprema de Justicia, que demostró su falta de independencia cuando se trata de juzgar a los integrantes de las élites políticas y económicas.

El caso Caja de Pandora, que según trasciende fue preparado de forma responsable y con abundantes medios de prueba por la UFECIC, ha sido prácticamente desestimado en su calificación penal más importante, que es el delito de lavado de activos, lo que ha abierto las puertas para que personajes como Elvin Santos, Rodolfo Irías Navas, Celín Discua y otros(as) sean juzgados en libertad, otorgándoles medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Una vez más se confirma que en nuestro país la justicia es una serpiente que únicamente muerde a los descalzos, a los que protestan, a quienes defienden los territorios, y para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos. La élite política y sus operadores es inalcanzable hasta ahora, de ello se encargan los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que de esta forma tributan o devuelven los favores a quienes les eligieron en el más alto tribunal de justicia del país.

La Magistrada Lidia Álvarez, jueza natural en el caso la Caja de Pandora, quien falló a favor de la reelección presidencial, ha pronunciado una resolución que evidencia al Poder Judicial no solo como un poder del Estado carente de independencia, sino que como el principal obstáculo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país.

Este fallo, dictado en las horas oscuras de la madrugada, se viene a sumar al sobreseimiento definitivo en el caso Red de Diputados, en la modificación de delitos a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y al de Pacto de Impunidad, donde fue sobreseído Tomas Zambrano, los cuales retratan de cuerpo entero que la justicia en Honduras es una balanza que se inclina según el vaivén que le impone la clase política en nuestro país.

Desde la Coalición contra la Impunidad, reiteramos nuestro apoyo a las acciones consecuentes de Ia UFECIC y de la MACCIH, y confiamos que los esfuerzos por desarticular las redes criminales enquistadas en las instituciones estatales continuaran. Más temprano que tarde, a quienes hoy manipulan la justicia se les agotarán los argumentos, los recursos y las lealtades adquiridas, y se darán cuenta que ellos y ellas no van a permanecer impunes por siempre y por encima de la ley.

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

31 de julio de 2018