Con cinismo presidente de Honduras evade señalamientos de corrupción

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –Para nadie es un secreto que en Honduras la corrupción salpica a políticos, funcionarios y empresarios y que en las últimas tres administraciones gubernamentales este flagelo ha ocasionado millonarias pérdidas al Estado.

La corrupción registrada en la última década tiene nombres y apellidos, los que se empiezan a mencionar a partir de las cabezas de los gabinetes de 2010-2014 y 2014-2018, todos arropados bajo una sola bandera: Partido Nacional.

Pero la corrupción no solo salpica a un partido político, sino a todos los que al llegar al poder se dejan seducir por los encantos de lo ilícito e incluso en la actualidad desde los gobiernos municipales y diputaciones en el Congreso Nacional.

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En esta ocasión el ojo del huracán dirige miradas hacia el actual mandatario Juan Hernández, quien ha sido una pieza clave en la dirección estatal desde el 2010 cuando fue presidente del Congreso Nacional y luego a partir del 2014 a la fecha como titular del Poder Ejecutivo.

En el marco de los cuestionamientos contra Hernández, a mediados de noviembre, un periodista de Canal Seis le reclamó sobre la corrupción que ha salpicado a su Gobierno. Ante ese reclamó Juan Hernández contestó:

FRASE

“Hay un principio de justicia, usted puede decir eso, pero debe decirlo un juez, ese nivel de desinformación, esa lucha polarizante no edifica en nada, los procesos que se abren están siendo acompañadas por los veedores”.

 

 

Corrupción Honduras

La expresión de Hernández es ridícula, ya que ha dejado por sentado que todas las acusaciones de corrupción en su contra son parte de una campaña de desinformación y que solo retoman las críticas que desde su óptica son infundadas por parte de la oposición.

HONDURAS PERDIÓ POR CORRUPCIÓN L. 254 MIL MILLONES ENTRE 2014 Y 2018

El 27 de enero de 2014, Juan Hernández, se sentó en la silla presidencial y en su discurso de toma de posesión recalcó que él se convertiría en un aliado de la transparencia. A seis años de ese acontecimiento los datos y hechos no lo respaldan.

El Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), presentó un informe denominado: “Estimación de la corrupción en Honduras entre el año 2014-2018”, que registra el impacto real del daño que la corrupción generó para el Estado en ese periodo.

Las cifras fueron adquiridas a partir de la sistematización y análisis de casos de corrupción registrados en diversas áreas de la vida social y política de Honduras. En el año 2014, según el Fosdeh, por concepto de corrupción, el país perdió 37 mil 947 millones de lempiras con 79 centavos (L. 37,947.79).

 “La situación del avance de la corrupción prosigue en términos semejantes a los observados en 2014. Para el año 2015 se estimó un monto total de cuarenta y cinco mil treinta y siete punto sesenta y cuatro millones de lempiras (L. 45,037.64) equivalente a un diez punto setenta por ciento (10.70%) del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado”, detalla el documento.

En el 2016 el flagelo creció en comparación a los años anteriores y el Fosdeh estimó un monto de 49 mil 619.76 millones de lempiras perdidos por corrupción.

El 2017 y 2018 la tendencia de aumento se mantuvo, para el caso en el 2017 el dato indica que por corrupción se perdió 56 mil 566.61 millones de lempiras y en 2018 la cifra incrementó a 64 mil millones 866 lempiras.

“Un hallazgo interesante del estudio es que la suma total de las cifras estimadas del impacto de la corrupción en cinco (5) años, ascendió a doscientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y ocho punto cincuenta y siete millones de lempiras (L. 254,058.58), este valor es superior al Presupuesto General de la República vigente para el año 2018 representó doscientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y nueve punto ochenta y nueve millones de lempiras (L. 243,149.89). Esta comparación es alarmante ya que podemos concluir que el monto que se pierde en tan solo cinco (5) años equivale a todo el presupuesto utilizado en un año por el Gobierno de la República”, destacó el Fosdeh.

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HONDURAS REPROBADA POR CORRUPCIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA

La imagen de Honduras ha retrocedido en materia de transparencia y se ha convertido en una de las naciones más corruptas del mundo ante la comunidad internacional.

Con respecto a la Cuenta Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) Honduras reprobó todos los indicadores relacionados al manejo de la corrupción. En su más reciente calificación Honduras reprobó en los indicadores de control de la corrupción y libertad de información con una nota de 31 %, imperio de la ley con 14 % y efectividad del gobierno con 38 %.

Esta situación impidió una vez más que el Estado hondureño accediera a los fondos de la Cuenta del Milenio, dejando claro que no hubo avance en la lucha contra la corrupción e impunidad.

PONER IMAGEN DE DETALLES DE LA EVALUACIÓN CUENTA DE MILENIO

Las declaraciones de Hernández han sido motivo de reacción de varios sectores, entre ellos los empresarios, para el caso el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero dijo que la corrupción en el Gobierno de Hernández es totalmente real.

“Gobierno aplazado por la Cuenta del Milenio con un 18 % en honradez. De los peores gobiernos del mundo, según evaluaciones de Transparencia Internacional; L. 64 mil millones perdidos en corrupción en 2018, según Fosdeh y CNA”, dijo el empresario en redes sociales.

Transparencia Internacional también remarcó la corrupción en Honduras. En su informe correspondiente al 2019 el organismo definió a Honduras y Guatemala como los países más corruptos de América Latina.

El informe destacó también que “la integridad en el país no siempre se traduce en integridad en el extranjero, y múltiples escándalos en 2019 demostraron que la corrupción transnacional está a menudo facilitada, permitida y perpetuada”.

Y por si fuera poco recientemente el Informe 2020 del índice Global de Impunidad (IGI) ubicó a Honduras como el segundo país a nivel mundial con mayor impunidad y el primer lugar en Latinoamérica.

La corrupción y la impunidad han causado eco a nivel internacional, por ejemplo, la congresista estadounidense Norma Torres, en múltiples ocasiones ha cuestionado la labor de Juan Hernández al frente del país e incluso lo ha acusado de estar vinculado a la corrupción y narcotráfico.

 

LA MACCIH Y SU EXPULSIÓN

Durante la última década, el caso del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por más de 7 mil millones de lempiras fue uno de los más sonados, incluso, dio paso a que, por la presión de la protesta social, llegara al país una instancia internacional para apoyar al Estado en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Información ligada al desfalco del IHSS dan indicios que el desvío de fondos fue para financiar la campaña de Juan Hernández, quien gracias a ese proceso se convirtió en presidente en 2014. De hecho, el propio Hernández admitió en junio de 2015 que su campaña de 2013 había recibido alrededor de 150,000 mil dólares de empresas beneficiadas con el desfalco.

Y como aceptación tácita de ese acto de corrupción el Partido Nacional devolvió el 2 de abril de 2016 a la Tesorería General de la República 3 millones 141 mil 625 lempiras, mediante el cheque de caja no negociable número 24599.

Corrupción Honduras

A raíz del colosal saqueo al IHSS se creó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), financiada por la comunidad internacional. A pesar de las críticas hacia esta organización al inicio de sus funciones, los resultados de su accionar dejaron en evidencia que la corrupción está carcomiendo al país.

Durante el periodo 2016 a 2017, la MACCIH colaboró activamente como asesor del Ministerio Público (MP) a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en el diseño de las estrategias procesales y en la construcción de doce casos, destacando los relacionados a la red de diputados corruptos, el desfalco del IHSS y el asesinato de la líder ambientalista, Berta Cáceres, este último seleccionado por su alto impacto en la sociedad y por su relación con actos de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico al que se opuso Cáceres.

La MACCIH también colaboró con el caso Shalom y Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una entidad independiente a cargo de manejar las finanzas del sistema judicial, nominar y destituir a magistrados de cortes de apelaciones y otras tareas administrativas. El caso implicaba una red de funcionarios del sistema judicial, quienes habrían aceptado sobornos para usar su influencia en distintos casos y nombramientos.

En junio de 2017, debido a las gestiones de la MACCIH, Bonilla fue condenado a seis años de prisión. Es la primera condena en la historia del país por el delito de tráfico de influencias. Este caso fue ejemplar y significó un mensaje para la defensa de la independencia judicial y el combate contra la corrupción dentro del sistema de justicia.

A finales de 2017, la Ufecic presentó los resultados de sus dos primeras investigaciones en conjunto con la Misión, el de la “Red de Diputados” y el de la “Caja Chica de la Dama”, ambos de gran envergadura, en los que se mencionó la participación del actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y también de la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Mediante el caso la Red de Diputados, presentado en diciembre de 2017, se acusó a cinco legisladores de distintos partidos políticos de haberse apropiado ilegalmente de 8.3 millones. Este caso fue el que mayor rechazo y animadversión provocó entre la clase política porque el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, reveló en enero de 2018 que la red involucraba a al menos 160 diputados, entre ellos el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.

La MACCIH también trabajó casos como Planeta Verde y Pandora, en este último varios diputados participaron en el saqueo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, teniendo como principal cómplice a la extinta hermana de Juan Hernández, Hilda Hernández. Este caso también involucró a la esposa del gobernante, Ana García y a Jean Francois Marie de Peyrecave Faillos, esposo de Hilda Hernández.

Ante dichas revelaciones la Misión se convirtió en un problema que incomodaba al oficialismo, a tal extremo que Las investigaciones presentadas en materia de corrupción fueron suficientes para que desde el poder se emprendiera una campaña para sacarla de circulación.

Fue en 2019 cuando el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo dieron el tiro de gracia a la MACCIH, dejando sin renovación el convenio y debilitando los casos que presentó la instancia y que todavía faltaban por juzgar.

PACTOS DE IMPUNIDAD DESDE EL CONGRESO NACIONAL

En 2014 se aprobó la Ley de Secretos Oficiales, normativa que regula el acceso a la información pública y que blinda a 16 instituciones para que no rindan cuentas, entre ellas a la Secretaría de Seguridad, específicamente en lo relacionado al uso de la Tasa de Seguridad.

Por otra parte, la MACCIH con ayuda de varios diputados de oposición, introdujo ante la Secretaría del Congreso Nacional, un proyecto de Ley de colaboración eficaz para llegar a las altas esferas de la corrupción. Esta propuesta pretendía facilitar el testimonio de personas involucradas en ilícitos con el objetivo de obtener más información sobre los autores intelectuales de actos emblemáticos.

Hasta la fecha, según confiaron a Criterio.hn diputados del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, la propuesta está engavetada.

Asimismo, entre el 2018 y 2020 se sometió a discusión, aprobación y entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una modificación que trastoca y genera beneficios para acusados en corrupción.

En la actualidad varias organizaciones de sociedad civil presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código ante la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue admitido y su resolución sigue pendiente.

Gracias al nuevo Código el 90 % de los funcionaros acusados por la MACCIH han sido absueltos de los delitos que se les imputaban, por tal razón desde sectores de sociedad civil como el CNA, Fosdeh y Colegio Médico, le denominan el “Código de la impunidad”.

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COVID-19, EXPRESIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El manejo estatal de la crisis sanitaria producida por la Covid-19 ha desnudado la corrupción que rodea al Gobierno de Hernández, por la sobrevaloración en compras de hospitales móviles por Invest-H, irregularidades a lo interno de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), con respecto a compras y contrataciones para atención en la emergencia y el abandono del sistema sanitario público.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha presentado 12 informes sobre la corrupción del Gobierno en el manejo de la emergencia. Según cálculos de esta organización de la sociedad civil, la corrupción durante la pandemia ha provocado una pérdida al Estado de Honduras de más de L. 817 millones.

De esos 12 informes, el Ministerio Público solo ha presentado un requerimiento fiscal, por lo que el director de Investigaciones del CNA, Odir Fernández, lamenta que la justicia tenga un accionar lento y que sea dependiente del poder político.

Fernández expresó recientemente que en Honduras no hay independencia de poderes, por lo que quienes ostentan el poder, controlan toda la institucionalidad del Estado para protegerse y seguir cometiendo ilícitos bajo el manto de la impunidad.

Un punto clave para las acusaciones del CNA, son los documentos publicados en los portales de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero en respuesta el Gobierno procedió a crear en noviembre pasado una entidad paralela para obstaculizar la rendición de cuentas.

Odir Fernández en declaración a medios de comunicación, argumentó que la creación de una Secretaría de Transparencia es una estrategia del oficialismo para blindarse y evitar que se denuncie la corrupción.

DE LA CORRUPCIÓN AL NARCOTRÁFICO HAY UN SOLO PASO

Juan Hernández no solo ha sido vinculado a la corrupción, también ha recibido acusaciones de ser colaborador del narcotráfico y crimen organizado. El caso que enfrenta su hermano, Tony Hernández, en Estados Unidos es un punto de partida que ha golpeado con fuerza a la administración nacionalista.

Tony Hernández fue declarado culpable en octubre de 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cuatro delitos ligados al narcotráfico. Durante su juicio varios narcotraficantes testificaron en su contra y mencionaron en más de 30 ocasiones el nombre de Juan Hernández, a quien habrían financiado su campaña para convertirse en presidente a cambio de protección y colaboración.

La credibilidad de la comunidad internacional en el Gobierno hondureño sigue degradándose por los múltiples actos de corrupción, la legislación para favorecer la impunidad y los nexos con el crimen organizado y narcotráfico.

A sangre y fuego Juan Hernández ha secuestrado el poder en Honduras

Por: Emy Padilla y Jorge Burgos

Tegucigalpa. –La pandemia por la Covid-19 podría empeorar la democracia en Honduras, ya que a cuatro meses de las elecciones internas las reglas para dichos comicios no son nada claras. El presidente, Juan Hernández, podría buscar nuevamente la reelección y provocar un nuevo estallido social, similar o peor al de 2017, cuando se le acusó de consumar un fraude para perpetuarse en el poder mediante una reelección ilegítima.

El domingo 14 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones primarias que se desarrollarán en marzo sin haberse aprobado una nueva Ley Electoral que garantice transparencia en la próxima contienda. De hecho, el Registro Nacional de la Personas, que trabaja en la emisión de una nueva tarjeta de identidad, ha advertido que el censo actual contiene muchas inconsistencias, por lo tanto, no garantiza que las elecciones sean transparentes.

La abogada constitucionalista, Ana Pineda, considera que la élite política ha burlado de nuevo la confianza y las expectativas del pueblo hondureño. “De manera calculada ha dejado que el tiempo transcurra y no se hicieron las reformas necesarias para celebrar las elecciones primarias con una nueva Ley, nueva tarjeta de identidad y con un censo depurado”.

A juicio de la jurisconsulta el actual contexto puede significar que el proceso de elecciones generales de noviembre de 2021 se lleve a cabo con las viejas reglas, que en 2017 desencadenaron serios alegatos de fraude electoral de la ciudadanía como de la Misión Electoral de la OEA, que señaló en su momento que, el cumulo de irregularidades y deficiencias fueron tan graves que no permitieron tener plena certeza sobre el resultado final.

El presidente hondureño, Juan Hernández, prolongó su mandato mediante una reelección argumentada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que violentó la ley más importante de Honduras: la Constitución de la República, asegurándole a Hernández un periodo más en el poder (2014-2018 electo y 2018-2022 reelecto).

Las posibilidades para una segunda reelección de Hernández son reales debido a la falta de un marco jurídico estricto que le impida seguir en el poder. Aunque él mandó un mensaje a la oposición diciendo que no se postulará para un tercer mandato, aunque lo hizo con un estilo folklórico, invitándolos a tomarse “un té de valeriana para calmar los nervios”.

Además de la crisis democrática y política, los hondureños se enfrentan a una crisis social y económica permanente y que se complicó a partir de marzo pasado con la proliferación del nuevo coronavirus y recientemente por el impacto del huracán Eta que ha dejado hasta el momento más de 60 muertos y pérdidas millonarias en infraestructura y pérdidas de cultivos agrícolas.

A lo anterior también hay que agregar las secuelas que ha dejado en los derechos humanos el estado de excepción que se aprobó supuestamente para contener la pandemia y que después de ocho meses se sigue utilizando para inmovilizar las protestas ciudadanas y con la entrada en vigencia, a partir del 25 de junio, del nuevo Código Penal, que criminaliza la protesta y reduce penas por delitos de corrupción.

Según un monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) del 16 de marzo a la fecha se han producido al menos 585 protestas en 86 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Choluteca, Atlántida, Comayagua, Colón, Olancho y El Paraíso. Inicialmente el descontento se produjo, en su mayoría, en reclamo de alimentos y de atención médica por parte de la población y por dotación de equipo de bioseguridad por parte del personal de salud que trabaja en los hospitales públicos, que colapsaron ante la avalancha de pacientes contagiados por Covid-19.

Las protestas se han registrado además por la desmesurada corrupción que se ha evidenciado en las instituciones encargadas de ejecutar los recursos económicos aprobados para atender la crisis sanitaria a través de compras y contrataciones directas de recurso humano y asistencia humanitaria, equipo médico y de protección, insumos de bioseguridad, medicamentos, clínicas, hospitales móviles y entrega de alimentos,  para lo cual el gobierno asegura que hasta el 30 de octubre había ejecutado 5,977.6 millones de lempiras, el equivalente a más de 243 mil dólares.

Las protestas continúan ahora y además del repudio por la corrupción en los manejos de los fondos de la pandemia, la gente reclama por la actitud negligente del gobierno frente al huracán Eta, ya que no emitió oportunamente los protocolos de alerta para evacuar a la población que estaba en mayor riesgo por la crecida de los ríos y que ha resultado con la mayor afectación.

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Mientras las garantías constitucionales se mantienen en suspenso, Hernández sigue manteniendo el control de la institucionalidad al presidir el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una instancia que creó en el 2011 cuando era el presidente del Congreso Nacional. A través de esta estructura, el gobernante se impone ante los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, Fiscal General de la República y secretarios de Defensa y Seguridad, a quienes les ordena sobre las disposiciones a adoptar para tener el poder absoluto sobre el Estado.

Como parte de ese control logró la parcialidad del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quienes le permitieron su reelección mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró la inaplicabilidad de los artículos pétreos 42 numeral quinto y 239 de la Constitución y la inaplicabilidad parcial de los artículos 4 último párrafo y 374, que prohíben la reelección presidencial.

Hernández fue declarado ganador de las elecciones del 26 de noviembre de 2017, el 17 de diciembre, 21 días después de los comicios que estuvieron marcados por una ilegitima reelección y por un fraude electoral que hizo que la población hondureña se lanzara masivamente a las calles. Ese mismo día, la Organización de los Estados Americanos (OEA), basada en el informe de la misión de observación, sugirió que se repitieran los comicios porque no había certeza en los resultados.

Para la socióloga del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), Leticia Salomón, Hernández no ha descartado de su agenda una segunda reelección. “Yo creo que si esta decisión dependiera de él exclusivamente se lanzaría de nuevo y se lanzaría de nuevo asegurando todas las posibilidades de un nuevo triunfo, lo que significa un nuevo fraude electoral”.

Salomón considera que Hernández se aferra al poder porque tiene demasiadas cosas en juego y está consciente que al finalizar su mandato estaría expuesto a ser llamado por las autoridades judiciales de los Estados Unidos a rendir declaración sobre su involucramiento en cuestiones de narcotráfico. “La situación se le ha vuelto demasiado compleja para pensar que puede evadir esa posibilidad trasladándose a un país donde no haya acuerdo de extradición con Estados Unidos”.

En conclusión, la investigadora social considera que Hernández está tentado a prolongar su mandato a través de una segunda reelección, sin embargo, sopesó que las circunstancias dentro de su partido, dentro del país y a nivel internacional, están en su contra.

Durante la convención del Partido Nacional de noviembre de 2019, Hernández se comprometió ante sus correligionarios a no volverse a postular a la Presidencia de la República, por lo que varios líderes de esta institución política están esperando su oportunidad y le impedirían un nuevo lanzamiento, según el análisis de Salomón.

SIMILITUDES ENTRE LA REELECCIÓN DE HERNÁNDEZ Y ORTEGA

Ambos lograron que la justicia se inclinara a su favor para reelegirse de manera ilegítima. Ortega lo consiguió el 19 de octubre de 2009, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua resolvió un recurso de Amparo que declaró inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial. Mientras que Hernández logró su objetivo, el 22 de abril de 2015, mediante la misma vía.

Tanto la Sala de lo Constitucional de Honduras como la de Nicaragua argumentaron que la reelección es un derecho humano. Sin embargo, en abril de 2018 un informe de la Comisión de Venecia concluyó que la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos.

Para el especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, la forma en que se aprobó la reelección presidencial en Nicaragua y Honduras socaba la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática y erosiona el principio de separación de poderes y la soberanía popular.

Mejía concluye que tanto en Honduras como en Nicaragua hay impunidad y represión, que tiene que ver con esa lógica de los gobernantes de estos países de imponerse por la fuerza ante la prohibición de la reelección.

Sobre la impunidad, Mejía dice que se relaciona a garantizar que la justicia no alcance a quienes reprimen y violentan los derechos de quienes protestan.

Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), piensa que la acción represiva del régimen de Hernández evidencia un déficit de gobernabilidad, porque “entre menos capacidad para la gobernanza democrática tiene un gobierno, mayor es su tentación de acudir a la fuerza y a la represión política para calmar el disenso”.

Meza considera que la represión es un mecanismo engañoso que puede silenciar momentáneamente una protesta, pero en el fondo termina lesionando profundamente los niveles de gobernabilidad democrática.

A juicio del experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, en Honduras se vive en un régimen dictatorial porque no se respeta la soberanía popular y tampoco se garantiza el respeto a los derechos humanos.

Mejía lamenta que el gobierno de los Estados Unidos utilice su discurso de democracia para sus intereses, ya que su reacción frente a los abusos y crímenes de Juan Hernández es diferente a su comportamiento frente a Daniel Ortega.

“Ese discurso de los derechos humanos en la boca del gobierno de los Estados Unidos ya no se convierte en liberador”, expresa Mejía, quien asegura que como defensor de derechos humanos está consciente que por su ideología política jamás perderá el norte.

REPRESIÓN PARA MANTENERSE EN EL PODER

En los últimos once años en Honduras se han registrado varios estallidos sociales que han culminado con muertes de personas víctimas de las balas de las fuerzas de seguridad del Estado, que además de disparar sus armas han usado de manera desproporcionada gases lacrimógenos y fuerza letal.

A raíz de las denuncias del fraude de noviembre de 2017 en Honduras se registraron varias protestas que se prolongaron por varias semanas en los 18 departamentos del país. Durante esta crisis 22 ciudadanos y un policía murieron producto de impactos de balas de armas de las fuerzas de seguridad del Estado, según un informe de la OACNUDH presentado en marzo de 2018, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos contabilizaron 34 muertes y cuatro personas que perdieron los ojos.

Hasta la fecha el Ministerio Público solo ha presentado un requerimiento fiscal contra el supuesto victimario de David Octavio Quiroz Urrutia, quien fue asesinado el 15 de diciembre de 2018 en el sector de Guacamaya, Cortés.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, Quiroz Urrutia recibió un disparo de un fusil marca Galil serie 431161124, asignado al sargento segundo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Denis Omar Cáceres Ramírez, quien se encuentra recluido en un cuartel de la zona norte de Honduras, acusado por el delito de homicidio.

Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), organización que tiene la representación legal de Quiroz, denunció ante Criterio.hn que el Ministerio Público le atribuyó al militar el delito de homicidio, como un caso aislado, para proteger a quien realmente dio la orden de disparar.

De acuerdo con el esquema de mando de los Fuerzas Armadas, el comandante general de esa institución es el presidente de la República, por lo tanto, se deduce que el responsable en primera línea es Juan Hernández, por lo que las violaciones cometidas por los uniformados se convierten en crímenes de lesa humanidad.

Criterio.hn ahondó en este caso y conoció que en los últimos meses la esposa de Quiroz se fue del país en calidad de asilada porque su familia fue víctima de varios atentados. En primera instancia, su padre murió arrollado por un vehículo desconocido y luego uno de sus hijos sufrió lo mismo, pero tuvo la suerte de salvar su vida.

Episodios de Represión en Honduras
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DEFENSA DE LA SALUD Y EDUCACIÓN

En abril y mayo de 2019, los docentes y médicos conformaron la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación. En ese entonces los docentes, médicos y personal de la salud, salieron masivamente a las calles a denunciar que el régimen de Hernández pretendía privatizar la salud y la educación.

Nuevamente los manifestantes interrumpen el paso en las vías públicas y otra vez los militares y policías salieron han reprimir violentamente a los ciudadanos. En esta ocasión el Cofadeh registró 12 víctimas mortales y un informe de Amnistía Internacional, presentado el 6 de julio de 2019, registró seis muertos y al menos 80 personas heridas.

El informe de Amnistía Internacional no incluyó en la lista el asesinato del adolescente, Wilfredo de Jesús Ramírez Moncada (17). Familiares y amigos que lo acompañaban en una protesta realizada en la sureña ciudad de Choluteca el 10 de abril, aseguran que el adolescente murió de un disparo inferido en la cabeza por el arma de un elemento de la Policía Nacional.

NO HAY AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES

El 3 de octubre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras” que señala que no hay avances en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos registradas durante la crisis electoral de 2017.

El informe de la CIDH refiere que, a partir de la crisis electoral de 2017, en Honduras existe una creciente concentración del Poder Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial, que repercute en la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y políticas.

El documento señala además que la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Lo anterior se da porque en Honduras existe “justicia selectiva” que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial

De acuerdo con el análisis del experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, la impunidad estructural alcanza a más del 90 % de los crímenes y la situación empeora cuando se trata de personas defensoras de derechos humanos en los que la impunidad alcanza al 97 % de los casos.

Puntualmente sobre los militares, el informe de la CIDH cuestiona que se hayan involucrado en diversas actividades, incluyendo los temas de formación cívica y educativa como el programa para niños y adolescentes “Guardianes de la Patria”. Asimismo, que el ejército realice funciones de seguridad en zonas donde hay conflictos de tierras como ocurre en el Bajo Aguán.

PRESOS POLÍTICOS

Pese a que en el marco de la crisis del fraude electoral muchos hondureños fueron retenidos, detenidos y hasta encarcelados, mientras ejercían el derecho a la protesta, la Organización de las Naciones Unidas jamás reconoció que en Honduras existan o hayan existido presos políticos, debido a que las acusaciones presentadas por el gobierno obedecen a delitos comunes y no imputaciones de índole político.

Y aunque en muchos casos, cuando se daban las capturas, se imputaba el delito de terrorismo para justificar el envío de los acusados a las cárceles de máxima seguridad, los jueces cambiaban la tipología por delitos comunes durante la audiencia inicial. Ese fue el caso de Edwin Espinal, quien, para ser enviado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, fue inculpado por terrorismo, pero en la audiencia inicial el juez le cambió la acusación por los delitos de daños agravados y uso de artefactos de fabricación artesanal. Espinal fue liberado el 9 de agosto de 2019 después de haber permanecido 20 meses privado de su libertad.

Ante las constantes violaciones, organismos defensores de derechos humanos, junto a plataformas sociales y abogados independientes conformaron el Comité Pro-Liberación de Presos Políticos, que en el transcurso de los dos últimos años se ha dedicado a la defensa de cada uno de los presos políticos.

El Comité de Familiares y Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en su informe “Criminalización de la oposición política en Honduras aplicando medidas selectivas de la estrategia contra el terrorismo y crimen organizado”, registra 33 personas privadas de libertad por razones políticas, de las cuales 27 tuvieron un proceso más expedito y seis con procesos más largos de hasta 18 meses. Asimismo, 187 personas criminalizadas por razones políticas.

Hernández poder Honduras
En Honduras solo las organizaciones defensoras de derechos humanos se atrevan a hablar de presos políticos. Para las Naciones Unidas es algo que no existe. Foto: Criterio.hn

De acuerdo con los organismos defensores de derechos humanos a la fecha solo quedan nueve presos políticos bajo arresto. Se refieren a un docente, siete defensores del medio ambiente y un asilado político.

El docente Rommel Valdemar Herrera Portillo fue arrestado el 31 de mayo pasado, acusado por los delitos de daños e incendio contra la sede diplomática de los Estados Unidos. Desde el 18 de octubre de 2019, el joven se encuentra hospitalizado en un hospital siquiátrico, bajo la medida sustitutiva a la prisión por el grave estado de su salud.

Los siete defensores del medio ambiente pertenecen a la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, quienes fueron privados de su libertad desde el 1 de septiembre de 2019 con la medida de prisión preventiva, tras haber sido formalmente procesados por los delitos de incendio agravado y detención ilegal. Los defensores han venido realizando acciones de protesta para evitar la continuidad de las operaciones de la empresa minera Los Pinares y proteger de la contaminación a los ríos Guapinol y San Pedro.

El otro caso es el del joven Eduardo Urbina, asilado político en Costa Rica, pero es considerado preso político porque el Ministerio Público mantiene vigente una orden de captura en su contra, pese a que las autoridades de la vecina nación comprobaron que la acusación en su contra es falsa.

HERNÁNDEZ BUSCA LAVAR SU MANCHADA CARA ANTE EL MUNDO

A raíz del golpe de Estado de 2009, por presiones internacionales, el Poder Ejecutivo de Honduras fue obligado a crear una secretaría de Derechos Humanos la que posteriormente fue eliminada por el gobierno de Hernández en el 2014. Las presiones continuaron y Hernández abrió nuevamente la secretaría durante su nuevo mandato, que inició el 27 de enero de 2018.

Para las organizaciones defensoras de derechos humanos la acción de Hernández se convirtió en un acto de hipocresía, para limpiar su manchada imagen ante el mundo.

En una entrevista con Criterio.hn, la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva, delineó su papel, pero dejó entrever que la institución tiene muchas limitaciones y deficiencias porque su mandato constitucional es limitado y porque el presupuesto es de apenas 97 millones de lempiras y su personal se limita a 152 empleados, divididos en siete direcciones.

Cueva refirió que la Secretaría coadyuva con el Ministerio Público y con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para ponerlos en conocimiento sobre supuestas violaciones de derechos humanos, y se ha convertido en el canal de comunicación con otras instituciones del Estado que tienen por mandato constitucional los procesos de investigación.

Cueva admitió que su trabajo se nutre de informes de la prensa y que cuando tienen conocimiento de violaciones cometidas por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado trasladan la información al Ministerio Público.

Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los altos niveles de impunidad, conllevó a la comunidad internacional exigirle al Estado de Honduras la creación, en el 2015, del Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y posteriormente en el 2018 la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodista, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH)

Estas dos nuevas instituciones no están dando los resultados esperados, según defensores de derechos humanos, que en diciembre de 2019 refirieron que, de 200 denuncias recibidas por la FEPRODDHH, solamente se han presentado 15 requerimientos fiscales, mientras que en dicha Fiscalía se habían cerrado 67 casos en los últimos dos años.

VIOLACIONES A LA PRENSA

La prensa es considerada como un grupo vulnerable y eso se evidencia con los 86 asesinatos de periodistas, comunicadores sociales y personal relacionado a los medios de comunicación, entre el 2003 y lo que va del 2020, de acuerdo con los reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Uno de los periodistas que sufrió la represión del gobierno fue el extinto director de Radio Globo y del periódico digital Confidencial, David Romero, quien estando en prisión en un batallón militar tras ser declarado culpable por seis delitos de difamación constitutivas de injurias, murió en julio pasado por Covid-19.

Romero fungió además como director de Globo TV, un canal de televisión que fue cerrado por orden del gobierno a mediados de junio de 2016. En aquel entonces la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) argumentó la medida en que la empresa-que difundía sus contenidos en sistemas locales de cable—no renovó el permiso para mantener sus operaciones.

En un boletín emitido en junio de este año, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) señaló que “durante la crisis sanitaria por el COVID-19, el papel de las fuerzas de seguridad hacia el ejercicio periodístico ha sido de ataques físicos y obstrucciones a su labor”. En ese contexto la organización registró, hasta el 10 de junio, nueve alertas que evidencian distintas agresiones. Tres de ellas fueron emitidas a favor del equipo de periodistas de Criterio.hn.

Hernández poder Honduras
Los periodistas en Honduras se enfrentan además a un marco legal que les imposibilita tener acceso a la información pública. Desde el 2014 está vigente la Ley de Secretos Oficiales, que contempla reservas a la información por hasta 50 años y en el Congreso Nacional ya se aprobó en dos debates la Ley de Ciberseguridad, que establece censura previa y penalizaciones para la prensa mediante el control del contenido en las publicaciones digitales. Foto: Cortesía de César Fuentes.

EXCESIVO GASTO MILITAR

Para mantener el control de la institucionalidad y reprimir a la ciudadanía, Hernández comenzó desde el 2010 un plan para militarizar la sociedad al instaurar varias y nuevas fuerzas militares que se han involucrado en actividades de seguridad ciudadana. Un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo cuantificó que Honduras había dispuesto de 364 millones de dólares en gasto militar, convirtiéndose así en el país de Centroamérica con el mayor gasto en esa rama.

Entre tanto el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) estableció en el Informe alerta seguimiento y evaluación del gasto público en seguridad y defensa que durante el año 2017 el gobierno de Honduras gastó al menos 450 millones de lempiras para la importación de armas, municiones, sus partes y accesorios.

El informe especifica que el Estado gastó en el año 2017, al menos 130 millones de lempiras, en la importación de bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos, para la represión de las protestas ciudadanas.

PARAMILITARISMO

Las organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que en Honduras existe el paramilitarismo y que esto se ha puesto de manifiesto en los estallidos sociales que se han registrado a raíz del golpe de Estado y en particular del fraude electoral de 2017.

El Cofadeh ha recibido denuncias de personas que han sido víctimas de tortura, que aseguran que sus agresores tienen acento colombiano, es decir, de personas que no son hondureñas. Esta organización, con 38 años de fundación, ha recibido denuncias de 12 personas que fueron martilladas en sus pies y manos, con clavos de acero.

“El tema del paramilitarismo o mejor dicho de grupos armados clandestinos u operando al margen de la ley, pero con el aval del Estado de Honduras, eso siempre ha estado, con la salvedad que ahora se volvieron al descaro, ya hay un cinismo del Estado”: Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

Para el capitán Santos Rodríguez Orellana, las denuncias recibidas por el Cofadeh tienen fundamento porque es una práctica cotidiana en el Estado de Honduras, que inició en el 2010 cuando Juan Hernández asumió la presidencia del Congreso Nacional y comenzó a militarizar la institucionalidad.

Rodríguez Orellana—quien recibió la baja deshonrosa el 21 de octubre de 2016 al incomodar a Hernández por denunciar en aquel momento, que su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, estaba involucrado en el narcotráfico—reveló a Criterio.hn que desde el 2010 llegó a Honduras procedente de Colombia un escuadrón paramilitar que practica y entrena a soldados hondureños en el Primer Batallón y Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales.

Detalló que los paramilitares pertenecen a un grupo que se llama contra inteligencia que se infiltra en las protestas con pasamontañas para saquear los comercios y lanzar piedras a los policías para que estos comiencen a reprimir a los ciudadanos.

“Tienen una estructura bien montada, parecida e igual como en Colombia. Todo lo que sucedía con el paramilitarismo en Colombia lo trajeron y lo están aplicando en el país”, señaló.

Actualmente, Rodríguez Orellana ha sido querellado por el secretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya y dos militares más, por vincularlos con el narcotráfico y, sin miedo a otra represalia, afirmó ante este medio de comunicación que el paramilitarismo se ha encargado en los últimos años de desaparecer y asesinar a estudiantes y otros movimientos sociales opositores.

Hernández Poder Honduras
En las protestas que se realizan en Honduras es común ver personas con pasamontañas lanzando piedras a las tiendas y comercios. Según el capitán Santos Rodríguez Orellana, son paramilitares infiltrados por el gobierno para deslegitimar la lucha social. Foto: Cortesía de César Fuentes.

EXILIADOS

“Las personas que han salido de Honduras por razones políticas son muchas, se podría decir que son miles”, dijo a Criterio.hn la defensora de derechos humanos de nacionalidad canadiense, Karen Spring.

Hasta el momento no existe ningún órgano del Estado  ni de la sociedad civil que registre el número de personas que han salido huyendo de Honduras por razones políticas, sin embargo, en las caravanas de migrantes que se registraron a partir de octubre de 2018, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) aseveró haber atendido denuncias de personas que decían que huían del país porque estaban siendo perseguidas por agencias de seguridad del Estado por asuntos ideológicos o por ser dirigentes de la oposición política.

Entre los casos más visibles se encuentran periodistas y defensores del medio ambiente y el joven Eduardo Enrique Urbina Ayala, un estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), integrante del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y miembro de la organización política Los Necios y militante del opositor partido Libertad y Refundación (Libre).

Al ser perseguido por el régimen hondureño, Urbina huyó hacia Costa Rica el 10 de diciembre de 2017, según consta en un boleto de una empresa de transporte terrestre con fecha 10 de diciembre de 2017 y en su pasaporte con fecha 11 de diciembre de su ingreso a Costa Rica. Sin embargo, el 15 de diciembre la policía hondureña lo acusó de incendiar un vehículo militar, durante una protesta realizada en Tegucigalpa y como supuesta prueba presentó una fotografía de un hombre con rasgos físicos similares a Urbina.

El Cofadeh asegura que acompañó la salida del joven para ponerlo a salvo de una campaña de persecución penal, mediática y criminal conducida por la Policía Militar y la inteligencia paramilitar de la dictadura que encabeza el jefe de gobierno, Juan Hernández.

Hernández poder Honduras
Este es el pasaporte de Eduardo Urbina, que evidencia que salió de Honduras antes de la fecha en la que se le atribuye haber incendiado el camión militar.

LA CORRUPCIÓN Y EL NARCOTRÁFICO ENVUELVEN A HERNÁNDEZ

En mayo de 2015, tras descubrirse el colosal saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) los hondureños salieron masivamente a las calles en el marco de las denominadas marchas de las antorchas a exigir la instalación de una comisión anticorrupción por parte de las Naciones Unidas.

Posteriormente, en junio de ese mismo año, el gobernante admitió que recibió alrededor de USD 150.000 para su campaña de 2013 de empresas que participaron en el saqueo del IHSS. La supuesta corrupción de Hernández, que implica a varios miembros de su familia en el saqueo a varias instituciones del Estado, ha sido denunciada en medios nacionales e internacionales, pero hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado cargos.

Con la intención de no ser tocado por la justicia Hernández, apoyado por las élites corruptas políticas y empresariales, logró suspender la vigencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), precisamente cuando esta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) estaba evidenciando las raíces de las redes de corrupción.

Otro punto negro sobre Hernández es su supuesto involucramiento con el narcotráfico, versión que fue expuesta en octubre pasado durante el juicio a su hermano, el narcotraficante Juan Antonio, “Tony” Hernández. Varios testigos y narcotraficantes confesos revelaron durante el juicio, celebrado en Nueva York, que entregaron fondos al gobernante hondureño para financiar sus campañas políticas desde que era diputado.

Mientras Hernández sigue aferrado en el poder los hondureños siguen sufriendo por la pobreza generada por la falta de oportunidades a causa de la corrupción y la impunidad que ha cerrado miles de fuentes de empelo y otros, que ya perdieron las esperanzas, optan por emigrar en caravana hacia los Estados Unidos.

Gobierno le monta paralela al IAIP; crea Secretaría de Transparencia

 

 

corrupción Honduras
El jefe de gobierno, Juan Hernández, aprobó la creación de la Secretaría de Transparencia el pasado 3 de noviembre, según la publicación de La Gaceta.

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Fotos: Redes sociales Presidencia de la República

Tegucigalpa. –El gobernante de Honduras, Juan Hernández, le ha dado una estocada más a la transparencia y rendición de cuentas, al  montar una oficina paralela al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que dependerá directamente del Poder Ejecutivo.

La determinación de Hernández se consignó mediante la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia (SDT) quien se encargará de “coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la implementación de la Política Nacional de Probidad, Integridad y Prevención a la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción”, reza el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta el viernes 6 de noviembre. (Descargue aquí).

Con lo anterior Hernández sepultó cualquier acción que se adopte por los comisionados del IAIP, Ivonne Ardón, Hermes Moncada y Julio Vladimir Mendoza, en aras de darle cumplimento a la Ley de Acceso a la Información Pública, que de por sí se ha debilitado con la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”.

La directriz emanada por Hernández establece que la nueva institución emitirá los lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones públicas, será de carácter obligatorio, es decir, que ahora los ciudadanos que requieran cualquier información pública deberán recurrir a las oficinas de la Secretaría de la Transparencia.

Criterio.hn conoció que la actual Ministra de Comunicaciones, María Andrea Matamoros, será la ungida en el cargo de la nueva secretaría de Estado y será quien, prácticamente, asumirá el rol de los tres comisionados del IAIP.

La nueva institución del Poder Ejecutivo estará integrada por un secretario de Estado, dos subsecretarios de Estado, una Secretaría General, tres unidades de apoyo y una oficina de auditoría interna.

El artículo 9 estipula que la Secretaría de Transparencia “brindará apoyo y coordinación que se requiera por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a efecto de coadyuvar en garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía y el cumplimiento de las instituciones obligadas a proporcionar la información pública y brindar el acompañamiento en velar por la correcta aplicación de la ley”.

Lo anterior implica una injerencia directa en una institución que, de acuerdo con la ley, goza de autonomía, aunque en la práctica no lo ha evidenciado en su totalidad, por estar integrada políticamente.

La génesis de la creación de la SDT es boicotear el trabajo que desde el IAIP se pudiera realizar para darle cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y porque es precisamente el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes incumplen con la ley cuando la ciudadanía efectúa los requerimientos.

Otra de las incongruencias es que trabajará de forma coordinada y “brindará apoyo a los órganos de control superior e investigación”, entre los que se cita al Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República y Ministerio Público, cuando se suponen que estas instituciones son autónomas.

Inicialmente la nueva institución funcionará con el presupuesto de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas. Será hasta que esté debidamente operando que contará con su presupuesto. Sin embargo, en el artículo 12 se instruye a la Secretaría de Finanzas identificar y viabilizar fondos, para que asigne los recursos necesarios, incluyéndose en el presupuesto de la Presidencia de la República de forma anual a partir del ejercicio fiscal 2020.

En el artículo 2 del decreto se establece que la Secretaría de Transparencia se  encargará de auxiliar al Presidente de la República en lo concerniente a la formulación, promoción, coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias y políticas públicas relacionadas con la transparencia y lucha contra la corrupción y coordinar su efectiva implementación.

La intención de Hernández es blindarse aún más por los señalamientos de corrupción de su gobierno. En 2014 logró que el Congreso Nacional aprobará la “Ley de Secretos Oficiales” que le ha dado un respiro al ocultar la información pública hasta por 50 años en 16 instituciones públicas.

Como parte de sus funciones el Decreto Ejecutivo establece en su artículo 2, darle seguimiento a las recomendaciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y al Mecanismo de Seguimiento a la Comisión Interamericana de Lucha Contra la Corrupción (MESICIC), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción (UNCAC) y representar al país en los espacios internacionales de fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción.

También coordinará la implementación de instrumentos internacionales de prevención y lucha contra la corrupción, entre los que se cita a la Alianza de Gobierno Abierto, Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST) y la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) y el convenio entre el gobierno de Honduras y Transparencia Internacional.

Actualmente, la ciudadanía puede solicitar la información pública a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) que coordina el IAIP con las diferentes instituciones obligadas, según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Con la nueva secretaría de Estado, se implementará el Sistema Nacional de Transparencia mediante el cual se recibirá denuncias de la ciudanía sobre supuestos actos de corrupción a través de la plataforma Programa Presidencial Línea 130 o correos electrónicos designados.

Periodistas no hicieron preguntas incómodas a Hernández en conversatorio

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –En una plática entre amigos se convirtió el conversatorio que realizó con periodistas la noche del domingo el gobernante hondureño, Juan Hernández. En la actividad solo participaron cinco periodistas de los medios HCH, CHTV, TSI, HRN y TNH.

El conversatorio duró casi una hora en la que periodistas hicieron cinco preguntas de las que ninguna fue incómoda a la administración de Hernández, severamente salpicada por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

La ronda de preguntas la comenzó el periodista de HCH, Alex Cáceres, quien consultó ¿Cómo hacer para que el rescate financiero dé resultados? Y ¿Cómo el Consejo de Seguridad, ya está analizando un incremento de la inseguridad?

Luego de Cáceres, el propietario del medio CHTV, Armando Villanueva, preguntó a Hernández sobre su opinión del proceso de reapertura económica. Entre tanto, la periodista de TSI, Claudia Almendares, consultó a Hernández si daba garantía de que las elecciones primarias y generales se realizarían en marzo y noviembre de 2021.

La ronda de preguntas la terminó el periodista Rosendo García de HRN y TSI, quien consultó sobre el pago salarial a los docentes. La participación de los periodistas y medios fue definida por el departamento de Prensa y Comunicaciones de Casa Presidencial, que decidió qué preguntas se grabarían con anticipación y serían incluidas en la transmisión en vivo del domingo 17 de agosto.

El Departamento de Comunicaciones de Casa Presidencial no giró invitación a medios de comunicación internacionales ni alternativos, concentrando el conversatorio con empresas de la comunicación cercanas al Poder Ejecutivo.

El conversatorio fue transmitido por redes sociales, dirigido por la periodista del estatal Televisión Nacional de Honduras (TNH), Verónica Cáceres, quien procedió a hacer preguntas previamente elaboradas por el equipo de Relaciones Públicas de Casa de Gobierno.

Cáceres preguntó a JOH justificando el contenido de la pregunta, como una duda planteada en redes sociales: ¿Dónde está el dinero? ¿En qué se ha invertido? ¿Dónde se han ubicado a los médicos y personal contratado? ¿Qué pasó con los ventiladores y hospitales móviles? Esta ronda culminó con una duda de Cáceres: ¿Qué sintió cuando se dio cuenta que tenía COVID-19?

Las respuestas de Hernández se orientaron hacia la labor que su Gobierno hace para manejar la emergencia, destacando el supuesto compromiso de su gabinete para garantizar la transparencia, apoyar la reapertura económica, y respetar la institucionalidad.

Lo aseverado por Hernández dista de la realidad, ya que en el marco del Estado de excepción con el argumento del control de la pandemia por el Covid-19, suspendió desde el 16 de marzo las garantías constitucionales incluyendo la libertad de expresión, e incluso, el Instituto de Acceso a la Información Pública suspendió desde esa fecha la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Lea también: Ley de Secretos es un escudo para los corruptos

La opacidad ha sido un instintivo de Hernández, quien previó a asumir la presidencia de la República en enero de 2014, logró que el Congreso Nacional aprobara la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “ley de secretos”. Esta normativa blinda la información pública por hasta 25 años con probabilidad de extender dicho plazo por el doble del tiempo en 16 instituciones públicas.

La fundadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y actual diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Patricia Murillo, opinó sobre el conversatorio y la realidad del periodismo hondureño.

“Más allá de nuestras concepciones que podamos tener, a estas alturas en nuestro país ya deberían funcionar los observatorios de medios para ver si ellos cumplen con su rol. Parece que el papel de muchos medios es hacer apologías a ciertos personajes del país que están involucrados en actos irregulares”, comenzó diciendo Murillo.

Para la catedrática del periodismo, los periodistas deberían estar investigando las irregularidades y cuestionando a las autoridades su papel ante ello. “Los asuntos de interés público deben ser abordados con periodismo de verdad, que indague no que haga apología de cierta fuente o persona”.

“La gente exige compromiso informativo más allá de la concentración en pocas manos de la propiedad de los medios y de las estrategias oficiales fundamentadas en la publicidad y otras cosas”, manifestó Murillo.

También lea: Medios hondureños venden su silencio a cambio de no pagar impuestos

Además de fomentar la opacidad, Hernández se caracteriza por el control mediático. En el año 2013 siendo presidente del Congreso Nacional y previo a su unción como presidente de la República, impulsó la aprobación del decreto 86-2013 que contempla la Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, mediante el cual los comunicación afines al gobierno fueron acogidos a un régimen especial que les permite canjear  con publicidad sus deudas concernientes al pago de impuestos y de servicios públicos y sus obligaciones presentes y futuras.

Presidente de Honduras se refugia entre las estrellas de generales

Hernández tejió una relación estrecha con los mandos militares, vital para su estabilidad en el poder, al fortalecer el estamento castrense mediante el incremento de los gastos de Defensa y Seguridad, y además de ello, al reclutar a generales en su gobierno, para colocarlos en cargos públicos.

 

Militares Honduras
A raíz de la proliferación de la Covid-19 por el territorio hondureño, la institución castrense ha aparecido con una notable expresión protagónica concentrando múltiples tareas al frente de la respuesta gubernamental en la crisis sanitaria. (Foto: Criterio.hn/Fernando Destephen)

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Foto de portada: Fuerzas Armadas de Honduras

Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Hernández, enfrenta la crisis causada por la pandemia de Covid-19 asignando nuevamente un papel protagónico a la cúpula de las Fuerzas Armadas que lo sostienen en el poder, pese a escándalos de corrupción e imputaciones directas de involucramiento con el narcotráfico por parte de fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Los militares fueron designados por Hernández para la entrega de alimentación a una población de 3.2 millones de personas para que se mantengan en sus casas en busca de contener la propagación del coronavirus, ensanchando la creciente participación del estamento militar en la vida pública en la gestión de sus dos períodos de gobierno.

Los militares han jugado un papel “estrella” en la improvisada respuesta gubernamental ante la pandemia, caracterizada por denuncias de corrupción en la compra sobrevalorada en más de 7 hospitales móviles, al igual que la adquisición de miles de mascarillas y millonarios contratos de consultorías a parientes de funcionarios, según investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), y a las que CRITERIO.HN les ha dado seguimiento.

Según cifras oficiales el gobierno ha gastado 4,589.1 millones de lempiras (183,626.5 millones de dólares), en compras para enfrentar la pandemia, pero centenares de personas contagiadas son atendidos bajo carpas en colchonetas en el suelo o sentados en sillas, donde escasea el oxígeno o manómetros, indispensables para salvar sus vidas.

Decenas de hondureños, han fallecido en las afueras de los llamados triages abiertos en las principales ciudades del país, incluso al llegar a hospitales, mientras otros han caído en las calles o han fallecido en sus viviendas, según vídeos divulgados en redes sociales, utilizadas por los ciudadanos para hacer las denuncias de la precariedad del sistema sanitario.

A la cúpula castrense vital para la estabilidad en el poder de Hernández, en la crisis, además se delegó fabricar mascarillas y trajes de protección para el personal médico, sumándose a tareas asignadas en el pasado en el área de la seguridad e inteligencia privativas de la policía, incluso en el de la política de migración.

También responsabilidades en la operación de un millonario proyecto de 4.000 millones de lempiras en el ámbito agrícola, obviando a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), responsable de la gestión en el sector.

“Este protagonismo militar evidencia la profunda soledad en que se encuentra el gobernante: el recurrir a los militares es un hecho para sentirse seguro y a salvo”, dijo a Criterio.hn la experta en el tema militar Leticia Salomón.

Militares Honduras
Mientras en otros países los militares solo han desempeñado funciones de cooperación a las decisiones gubernamentales, “en el caso nuestro han asumido un papel de conducción expresado en asesoría directa al presidente”, analiza la socióloga y experta en temas militares, Leticia Salomón. (Foto: Criterio.hn)

Las administraciones de Hernández han sido ensombrecidas por la corrupción y el narcotráfico, pero también por la militarización de la seguridad que se ha traducido en violación a los derechos humanos y sobre todo a un fuerte gasto en defensa bajo el argumento de combatir los cárteles de la droga y pandillas, dicen activistas humanitarios.

Y es que Hernández arrastra en su búsqueda del poder y en su ejercicio de la presidencia una historia de corrupción y vínculos con el narcotráfico a través de su hermano, Juan Antonio Alvarado, alias “Tony”, fraude, irrespeto a las leyes, la institucionalidad y autoritarismo fortalecido con las alianzas tejidas con las cúpulas militares, dicen analistas y críticos.

El mandatario alcanzó la presidencia por primera vez en 2014 y una vez en el poder admitió que unos 3 millones de lempiras, aportados por una empresa vinculada al escándalo de corrupción en el Instutituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron a parar a su campaña en 2013 en el Partido Nacional, pero aseguró que él no se enteró.

Misiones de transporte de alimentos, producción de material de bioseguridad y hasta manejo de los hospitales móviles, son solo algunas asignaciones con las cuales, el Ejército ha capitalizado influencia mediática a lo largo de la crisis. (Foto: Criterio.hn/Fernando Destephen).

Historia de corrupción y narcotráfico

La admisión de esta aportación a su campaña desató multitudinarias protestas en el año 2015 en las principales ciudades de Honduras, exigiendo que renunciara y que se estableciera en el país una misión similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU.

Presionado por las protestas, el gobernante que se opuso a una misión de la ONU, como la CICIG, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) crear una llamada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que empezó a operar en 2016.

La misión puso al descubierto redes de corrupción con dineros públicos en campañas políticas, incluida la de Hernández, y el desvío de dinero a cuentas particulares, de empresas y de ONG’s, en las que se incluyó a parientes y familiares cercanos al gobernante.

La MACCIH, que representó el primer intento serio de pesquisar la extendida corrupción pública, impulsada por fiscales y jueces internacionales, investigó a funcionarios, exfuncionarios, diputados, ex diputados, gestionadores de ONG’s, entre ellos al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

El gobernante bloqueó a principios de 2020, la continuidad de la MACCIH que amenazaba la impunidad de funcionarios, diputados, especialmente del Partido Nacional y sus aliados políticos en la facción más conservadora del Partido Liberal y agrupaciones políticas minoritarias, por escarbar en episodios de corrupción que en muchos casos llevaban hacia el mismo Hernández y su entorno, según investigadores de la misión de la OEA.

Hernández, no firmó el convenio de ampliación de la misión anticorrupción, alegando que “algunos sectores sociales, económicos y políticos” acusaron a la misión de haberse “excedido” y diputados oficialistas se quejaron porque reveló los nombres de implicados en investigaciones y que presuntamente obtuvo documentos oficiales ilegalmente.

“Cualquier política que establezca Honduras para combatir la inseguridad debe tener como eje fundamental el combate a la droga, el narcotráfico, el crimen organizado”, dijo Hernández al asumir su primer período en el poder en enero de 2014.

Pero Hernández ha sido abiertamente involucrado con cabecillas de cárteles del narcotráfico, durante el juicio en Nueva York de su hermano “Tony”, descrito por fiscales estadounidenses como un “narcotraficante a gran escala” y asegurado que el mandatario recibió un millón de dólares en la campaña política de 2013 del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, condenado en Estados Unidos.

Las imputaciones contra Hernández por presunto involucramiento con el narcotráfico, desde los Estados Unidos, no han cesado desde la captura de su hermano “Tony” en octubre de 2018, pero no se ha presentado acusaciones en su contra por el ilícito, que el gobernante ha negado reiteradamente.

Al iniciar el juicio en una Corte Federal en Manhattan, un fiscal aseguró que “Tony” Hernández traficó durante años toneladas de cocaína a Estados Unidos bajo la protección de su hermano, el presidente de Honduras.

El mandatario respondió asegurando que “nadie está por encima de la ley y (…) nunca he intervenido ni lo voy a hacer para proteger a nadie, ni amigos, ni correligionarios, ni familiar, absolutamente a nadie”.

Sin embargo, las imputaciones en cortes de Nueva York contra Hernández continúan.

En una acusación, el 30 de abril por narcotráfico en una Corte en Nueva York, contra el ex jefe de la policía, Juan Carlos “El Tigre Bonilla”, el fiscal Federal de Manhattan, Geoffre S. Berman, dijo que el ex oficial “en nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente… supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a Estados Unidos”.

El analista Armando Orellana dijo a Criterio.hn que “en un país con instituciones sólidas, Hernández hubiera sido sometido a juicio político, porque son acusaciones gravísimas en contra de un jefe de Estado”, y opinó que “claramente ese viraje hacia las Fuerzas Armadas ha estado concretamente ligado a un escudo para protegerse contra las denuncias por narcotráfico”.

Hernández tejió una relación estrecha con los mandos militares, vital para su estabilidad en el poder al fortalecer el estamento castrense, mediante el incremento de los gastos de Defensa y Seguridad, y además de ello, al reclutar a generales en su gobierno, para colocarlos en cargos públicos.

Los gastos en Defensa y Seguridad registran un incremento anual sostenido. En 2016 se destinó a estos sectores 12,665.1 millones de lempiras, en 2017 13,274.3 millones, 2018 18,145.4 millones y en 2019 15,099.0 millones y en 2020 15,059.00 millones de lempiras, según un análisis del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh).

El exceso compulsivo de los militares por robar protagonismo ha alcanzado mayor notoriedad a través de proyectos de asistencia social como el programa “Honduras Solidaria”. (Foto: Criterio.hn/Fernando Destephen).

Recluta generales

Pero el gobernante, no sólo incrementó el gasto de Defensa y Seguridad, si no que cortejó directamente a los generales, en su mayoría ex jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los incorporó en las planillas de gobierno, incluso como secretarios y subsecretarios de Estado.

El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Fredy Santiago Díaz, es el actual secretario de Defensa, el también general de división, José Isaías Barahona, se desempeña como uno de los subsecretarios de Relaciones Exteriores, y el general René Osorio Canales, como comisionado de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES).

Entre tanto, el general de división Julián Pacheco se convirtió en el primer director de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DNIE), durante el gobierno de Porfirio Lobo y luego Hernández lo ungió como secretario de Seguridad en su segundo período, en enero de 2017.

Díaz, quien también se desempeñó como viceministro de Defensa, en el segundo período del gobierno de Hernández y desde febrero de 2018 ministro de esa cartera, fue hasta 2015 jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras Osorio ocupó el mando militar de 2011 a 2013, bajo el mandato del presidente Lobo.

Osorio, Díaz y Pacheco ocuparon mandos militares y de cuerpos de inteligencia en períodos en los que “Tony” Hernández y el también condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Fabio Lobo, hijo del presidente Lobo, estaban ligados a cabecillas locales y mexicanos de cárteles de la droga, según los fiscales norteamericanos.

Hernández, ha asumido un comportamiento casi obsesivo en el gasto militar y de seguridad, cobijado en el combate al narcotráfico y las pandillas, en contraste con lo destinado a las áreas de la salud y la educación. Lo que ha quedado al descubierto por el débil sistema sanitario incapaz de atender la pandemia del coronavirus, y una infraestructura de escuelas y colegios destruida y sin servicios de agua potable continua, por lo que en su mayoría no son útiles para establecer los llamados triages.

El gobierno ha adquirido aviones, barcos, helicópteros, radares, moderno equipo militar y construido infraestructura presuntamente para combatir el narcotráfico, reflejando un supuesto mensaje de compromiso de lucha antidrogas dirigido a las autoridades estadounidenses.

Tras las elecciones de noviembre de 2017, calificadas de fraudulentas por la oposición, los mandos castrenses en defensa de la continuidad en el poder de Hernández reprimieron utilizando fuerza excesiva, incluso letal para dispersar multitudinarias protestas, según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras.

El organismo aseguró que policías y militares, especialmente miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), creada por Hernández mataron a 22 manifestantes, mientras el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), estableció que al menos 37 personas murieron en la represión de las protestas de miles de manifestantes que bloqueaban carreteras en ciudades y poblados en rechazo al triunfo otorgado por el Tribunal Superior de Elecciones (TSE) a Hernández.

Militares Honduras
Los militares se encargaron en marzo pasado de transportar vía aérea un cargamento de equipo biomédico adquirido en Nueva York por el gobierno. Como parte del cargamento figura un lote de respiradores que no ha sido utilizado en la pandemia porque los aparatos no son funcionales para la Covid-19. (Foto: Casa Presidencial).

Militares defienden fraude

Las dudas sobre el triunfo de Hernández fueron tan fuertes, que la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó mediante un informe preliminar a celebrar nuevas elecciones en Honduras debido a que el organismo “no puede dar certeza respecto al resultado de las elecciones” del 26 de noviembre de 2017.

Hernández logró ir por la reelección presidencial, pese a que la Constitución de Honduras la prohibe, valiéndose de un fallo de la Corte Suprema de Justicia controlada por magistrados leales a él tras un recurso de amparo del extinto expresidente Rafael Callejas y un grupo de diputados nacionalistas.

El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, René Orlando Ponce, defendió abiertamente la reelección de Hernández, días antes de abandonar el cargo.

“Si hiciéramos una encuesta, pero realmente una encuesta que fuera bien objetiva, yo le puedo asegurar que la mayoría de la población está de acuerdo… que haya una reelección y que se haya reelecto el actual presidente. Se lo puedo asegurar yo”, dijo el exjefe militar en un canal de televisión reflejando sus simpatías por el mandatario.

El oficial, que asumió la jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas el 21 de diciembre de 2017, participó activamente en la represión militar de las protestas por el denunciado fraude, al sustituir en el mando al general Francisco Isaías Álvarez que ocupaba el mando durante las elecciones del 26 de noviembre y casi un mes después.

Los militares, que derrocaron y enviaron al exilio al expresidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, acusado de pretender reelegirse en la presidencia, respaldaron a Hernández, pese a que éste violentó la Constitución y consumó un fraude electoral.

Militares Honduras
Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. (Foto: FF.AA.)

Actualmente, Hernández es lealmente respaldado por el jefe del Estado Mayor Conjunto general de división, Tito Livio Moreno, quien asumió el 20 de diciembre de 2019. El jefe castrense goza de una amplia presencia mediática impulsada por Hernández, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, analistas prevén que los militares que pretenden levantar su perfil durante la pandemia con el apoyo de Hernández también arrastrarán como participantes en la gestión de la crisis con el desprestigio del gobierno por los escándalos de corrupción en la adquisición de hospitales móviles, mascarillas y otro equipo de bioseguridad sobrevalorados.

“Se que ustedes han sido un factor determinante en poder combatir esta terrible enfermedad, pero ustedes soldados de mi patria, han demostrado que las Fuerzas Armadas del pueblo hondureño estamos a su servicio”, dice Moreno en un mensaje reiteradamente difundido en el canal de la televisión oficial.

Corrupción, estafa o fraude

En el proceso de gestión de la crisis por los contagios de la Covid-19 el gobierno de Hernández enfrenta severas críticas por la compra sobrevalorada de siete hospitales, adquiridos a una empresa de maletín con sede en los Estados Unidos, por casi 1.200 millones de lempiras (47.8 millones de dólares) por parte del director de Inversiones Estratégicas de Honduras INVEST-H, Marco Bográn, un colaborador de confianza del gobernante.

Los hospitales fueron pagados por Bográn al contado a un intermediario de origen guatemalteco, identificado como Axel López, sin ninguna garantía de entrega y calidad.

Dos de los hospitales de 91 camas presuntamente llegaron el viernes a Puerto Cortés, pero aún no se sabe si vienen completos o con todos los equipos, ni se llegarán los otros cinco comprados por Bográn, que es investigado por el Ministerio Público por fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Misiones de transporte de alimentos, producción de material de bioseguridad, responsabilidad en el manejo de los hospitales móviles y hasta custodia y vigilancia epidemiológica, son algunas tareas que visibilizan a los militares.

Pero, esencialmente, el desmedido estrellato militar ha alcanzado dominio en el escenario público, mediante la concentración de proyectos de asistencia social como el programa “Honduras Solidaria”.

Pese a que en el proceso de distribución la población, ha condenado a los soldados por tolerar la entrega de alimentos a activistas del gobernante Partido Nacional, según información oficial hasta la fecha, se ha asistido “igualitariamente” a más de 700 mil familias.  

Sin poseer las competencias necesarias, las unidades armadas también han sido asignadas en la tarea de la vigilancia epidemiológica de la Covid-19. A pesar de su carácter represivo, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ha sido encomendada al manejo de la custodia de los cercos epidemiológicos en zonas de la capital hondureña contagiadas por la enfermedad.

La PMOP también ha sido destinada a la gestión del abastecimiento de agua en los barrios y colonias capitalinas y San Pedro Sula. “Más de 60 colonias y barrios de la capital fueron beneficiados con la distribución de agua potable”, dijo a Criterio.hn el vocero de la Policía Militar, Mario Rivera.

Seguridad y antitransparencia

Según un reciente análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), para el presupuesto de 2020, la inversión destinada para equipamiento militar se incrementó a un 39.6 por ciento. Para el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), estos recursos se suman al presupuesto ya sobredimensionado que forma parte del proceso de remilitarización.

Pero también Cespad advierte que la situación “se vuelve más preocupante porque las Fuerzas Armadas y las secretarias de Defensa y Seguridad, son las instituciones que menos rendición de cuentas hacen y menos transparencia tienen”.

Puntualmente porque se ubican en rango de instituciones beneficiadas con la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, que impide cualquier intentó de auditar la institución castrense.

Entre ellos, la auditoria a los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, cuyo presupuesto para el año pasado se estimó en 2,943.5 millones de lempiras, según la secretaría de Finanzas.

 

MAÍZ y CATRACHO
La receta de la militarización a cada crisis sanitaria conllevará consecuencias catastróficas, advierte la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, porque “no se están dando soluciones con carácter científico”. (Foto: Criterio.hn)

Criterio.hn consultó al director del Programa de Desarrollo Agrícola (PDA), capitán de navío Adán del Cid, sobre la gestión en la ejecución de los 4 mil millones de lempiras, cuyos resultados han sido motivo de intranquilidad entre las organizaciones campesinas que han criticado la potestad del agro dada a la institución castrense.

Según del Cid, para este año se asignaron 138.9 millones de lempiras como parte de una inversión directa a los productores agrícolas en mayor vulnerabilidad. Sin embargo, las transferencias todavía no han sido completadas, ya que “todavía no se ha materializado los depósitos respectivos por parte de la secretaría de Finanzas en las cuentas del Banco Central”, explicó.

Para este año se tenía previsto auxiliar a 7 mil campesinos, pero por las “complicaciones” en los trámites administrativos, Del Cid justificó que solo se beneficiarán 3,030 campesinos.  

La analista y experta en asuntos militares, Leticia Salomón, dijo que el proceso de remilitarización fortalecido en el gobierno de Hernández está dirigido básicamente a acuñar el esquema político conservador que impera en Honduras.

“Podemos afirmar que es la expresión concreta de la militarización del Estado que ya se venía evidenciando y, lo que es peor, de la militarización de la conducción de la respuesta gubernamental a la epidemia”.

La estudiosa observa que el estamento militar luce como el brazo armado de un presidente desprestigiado nacional e internacionalmente, y no como una institución independiente.

Estado de sitio en Honduras es un reflejo de la ilegalidad y el autoritarismo

Honduras arribó hoy a 115 días de un estado de excepción que ha provocado violaciones de derechos humanos y que no ha logrado reducir la curva de contagio de la Covid-19

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa. –En una nueva sesión legislativa virtual, el Congreso Nacional dio trámite a la extensión de la suspensión de garantías constitucionales aprobadas por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, medida que, a criterio de analistas y especialistas en derechos humanos, goza de vicios de nulidad e ilegalidad.

La decisión fue tomada bajo el argumento de enfrentar la propagación de la COVID-19 y fue materializada bajo Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 de fecha 15 de marzo de 2020 y publicada en el diario oficial La Gaceta el 16 de marzo de 2020, que decretó restringir a nivel nacional las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99, y 103 de la Constitución de la República. 

El experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, calificó la decisión como una ilegalidad, pues la misma violenta algunos requisitos que ya plantea el artículo 187 de la Constitución de República. “Para suspender las garantías constitucionales se deben reunir cuatro requisitos: los motivos por los que se suspende, los derechos restringidos, el territorio que afectará y el tiempo que durará que, de acuerdo con la Constitución, debe ser de 45 días. También se establece que en el plazo de 30 días se convoque al Congreso para que lo ratifique o impruebe, y vemos que el Congreso lo está haciendo fuera de lo que ya establece ese artículo”, explicó Mejía.

Para Mejía Rivera la forma en cómo lo han hecho es un reflejo de la ilegalidad permanente y el autoritarismo en el que la actual administración nacionalista maneja la institucionalidad y también la emergencia sanitaria. “La decisión viola la Constitución y muestra que quieren legalizar algo ilegal”.

Por otra parte, el abogado Antonio “Tony” García valoró la extensión aprobada por el Congreso Nacional y se detuvo en algunos artículos que se han incluido en el Decreto Ejecutivo, específicamente en el artículo 99 de la Constitución, el cual dice: “ El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”.

En ese sentido, García cree que este artículo no tiene nada que ver con el manejo coherente de la pandemia, por lo que valoró que es un abuso que busca violar los derechos humanos. “Nada tiene que ver el domicilio con la pandemia, no tendrían que ponerlo allí, pues con esa excusa perfectamente pueden entrar a su casa, eso es preocupante”, manifestó.

García se refirió también al artículo 103 de la Constitución que habla sobre la propiedad privada. “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley”.

“La suspensión del 103 tampoco tiene nada que ver con la pandemia, a esta gente se le está yendo la mano, una cosa es medidas por la pandemia y otra es violentar derechos humanos”, cuestionó García.

Para el profesional del derecho es necesario plantearse los motivos por los que se ha decidido suspender garantías constitucionales. “Uno se pregunta, por qué se van más allá de lo necesario para manejar la pandemia, pero no se entiende la razón por la que están yendo más allá, da para sospecha y responde a ese ambiente donde se violan los derechos humanos y que este gobierno es especialista en ello”, culminó García.

Confinamiento debe respetar los derechos humanos

Especialistas en salud pública consideran que Honduras necesita en este momento aplicar medidas más estrictas de confinamiento para iniciar un proceso de disminución de la curva de casos de la COVID-19. El especialista en salud pública y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Valle, afirmó que si Honduras continúa con la aplicación de las mismas medidas la curva seguirá aumentando y con ello se reportarán más muertos y enfermos.

Valle dijo que hasta el momento el confinamiento, que lleva en vigencia más de tres meses, no ha sido el adecuado, tampoco ha tenido un manejo acertado y sigue sin lograr la cooperación de la gente, por lo que incitó a tomar medidas más fuertes.

Desde la perspectiva jurídica, especialistas afirman que un confinamiento con respeto a los derechos humanos es posible, pero para ello debe existir claridad en quienes están al frente de la institucionalidad y de la mano de ello también debe existir una voluntad clara al respeto de los derechos humanos.

“Hay ejemplos de otros países donde se manejan las crisis de forma integral, con gente capaz y con amplias capacidades, entonces en un confinamiento se deben respetar los derechos, asistir a la gente, y también garantizar asistencia y atención médica gratuita, pero para ello hay que manejar la crisis respetando todas las garantías de la gente y asumiendo roles responsables y no prepotentes”, consideró el experto en derechos humanos Joaquín Mejía Rivera.

Para Mejía Rivera un adecuado confinamiento parte del manejo integral de la crisis, el cual debe ser liderado por gente capacitada que conozca de salud pública, economía, derechos humanos, género y otros.

Por su parte la diputada, Doris Gutiérrez, se refirió al asunto y al papel que el Congreso Nacional ha jugado durante la emergencia sanitaria. La congresista cree que algunas decisiones como la de aprobar la extensión de la suspensión de las garantías constitucionales es producto de la dinámica tramitadora que ha jugado el Congreso con todo lo que el Poder Ejecutivo envía a ese poder del Estado. ”El Congreso es ahora un simple tramitador del Poder Ejecutivo”, dijo Gutiérrez.

“Sabemos que la emergencia se ha podido abordar desde otra perspectiva, pero depende de la situación que viva el país y algunos dicen que no es legal, pero toca abordar esto desde diversas ópticas, también hay que cuidar la vida de la gente y el Congreso debe dar otros pasos para asistir a la gente en este tiempo de pandemia”, consideró.

Gutiérrez manifestó que desde las bancadas de oposición han pedido a la junta directiva del Congreso que se cree una mesa de alto nivel de decisiones en las que se incluya a sectores capacitados y con credibilidad como el Colegio Médico.

Por ahora la suspensión de garantías queda vigente de forma indefinida, en un ambiente de violación a derechos humanos y de falta de acceso a la salud pública.

Durante el estado de excepción, en Honduras se han registrado varias violaciones a los derechos humanos, que van desde asesinatos de defensores del territorio, retenciones arbitrarias, agresiones a ciudadanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, despedidos, suspensiones y disminuciones salariales para los trabajadores.

Pleito entre Mauricio Oliva y el Ejecutivo es una cortina de humo: Jorge Lobo

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. -El pleito que trasciende en las redes sociales y en medios de comunicación entre el presidente del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, es una cortina de humo, dijo este viernes el diputado del oficialista Partido Nacional, Jorge Lobo.

Lea además: El juego político de Hernández sobre el Código Penal ¿Por qué no lo vetó?

El congresista por el departamento de Olancho e hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, se ha desligado del oficialismo en los últimos meses y hoy aseguró que no existe ningún pleito entre Oliva y el Poder Ejecutivo como se pretende hacer creer.

Pepe Lobo
El diputado, Jorge Lobo, vertió las declaraciones en el foro matutino de UneTV.

Lobo manifestó lo anterior luego que a través de los medios de comunicación saliera a relucir un aparente pleito entre el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y el presidente del Partido Nacional y  ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Reinaldo Sánchez, supuestamente por posturas encontradas sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

Por un lado, el presidente del Congreso ha defendido la vigencia del nuevo Código Penal y por el otro lado, el presidente del Partido Nacional y cercano colaborador del gobernante, Juan Hernández, Reinaldo Sánchez, ha pedido que se prorrogue la vigencia.

«Escucho un comunicado de Reinaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional, y por qué no lo dijo antes, por qué no participó, por qué no reclamó, si ya días vengo reclamando que el presidente del Partido Nacional debe hacer valer los principios y valores de nuestro partido. Todas esas cosas son cortinas de humo», dijo el diputado Jorge Lobo.

Según Lobo, el pleito es parte de los arreglos políticos del jefe de gobierno con algunos líderes del Partido Nacional para mantenerse siempre en el poder, utilizando para tal final la postulación de Mauricio Oliva y del alcalde capitalino Nasry Asfura.

“En la campaña pasada miramos dos movimientos, hoy no, hoy son dos movimientos de Juan Orlando Hernández, solo que con una fotografía de Mauricio Oliva en un lado y con la fotografía de Tito Asfura en el otro, pero los dos al final de cuentas son movimientos de Juan Orlando Hernández, que los ha constituido a lo interno del Partido y ya tiene arreglado, incluso, quienes van a ser los candidatos que ya van a salir electos y ni siquiera hemos ido a elecciones internas”, denunció Lobo, quien junto su padre, el expresidente Porfirio Lobo Sosa han anunciado que están dispuestas a sumarse a una alianza de oposición para sacar del poder a Hernández.

El diputado pidió a la oposición ir de manera masiva a las urnas durante las próximas elecciones para que Hernández no haga un nuevo fraude electoral.

Jorge Lobo acusó, además, a Hernández de haber implantado una dictadura en Honduras, por tener bajo su control a los poderes Legislativo y Judicial y a los demás entes de justicia.

El juego político de Hernández sobre el Código Penal ¿Por qué no lo vetó?

Diputado nacionalista, Jorge Lobo, se pregunta por qué si  Hernández no está de acuerdo con el nuevo Código Penal por qué no acudió al veto presidencial 

El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, dice que el propósito de los corruptos ya surtió efecto con la entrada en vigencia del Código y que ahora lo que hay es una estrategia del gobierno por miedo a seguirse desprestigiando 

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –Después de 20 horas de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Poder Ejecutivo pretendió desmarcarse del Congreso Nacional al anunciar que pedirá formalmente su derogación, en un juego político que ha sido desenmascarado por políticos, abogados y por la ciudadanía en general.

Mediante tres mensajes de Twitter el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, dio a conocer la supuesta intención del jefe de gobierno, Juan Hernández, quien en su momento sancionó el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo instrumento jurídico que entró en vigor el jueves 25 de mayo.

Lea además: ¡Histórico! Congreso extraordinario decide abrogar nuevo Código Penal en Honduras

 

Con relación al nuevo Código Penal el Poder Ejecutivo estará enviando en las próximas horas una comunicación formal al Congreso Nacional pidiendo que se derogue totalmente el mismo o en su caso se hagan reformas profundas socializadas con todos los sectores.

El Código Penal no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, no obstante, pedimos oportunamente al Congreso Nacional reformas en temas relacionados con el crimen organizado, y lucha contra la violencia las que no fueron consideradas.

Creemos que no es conveniente la entrada en vigencia de un nuevo código penal en momentos en que el país sufre una de las más grandes pandemias de su historia. Es momento de escucharnos todos.

Los anteriores fueron los mensajes publicados por el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz.

Al respecto el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, dijo a CRITERIO.HN que la postura del Ejecutivo es una jugada de aldea. “Recuerde que estos políticos de Honduras tienen visión de campanario, todo lo ven desde su propia perspectiva aldeana y creen que con eso limpian su imagen”.

También manifestó que lo que buscaba el gobierno y todos los políticos y empresarios que han sido imputados por corrupción, “ya está hecho y ya les favoreció”, porque ya entró en vigencia el Código.

A juicio de Orellana Mercado el gobierno está recurriendo a una estrategia para no desprestigiarse más de lo que ya está, porque “cayó a lo más bajo, se fue a lo más profundo de las cavernas de la indignidad, porque esas denuncias sobre el manejo de los fondos destinados para enfrentar la pandemia, eso es terrible, eso no tiene nombre”. Sin embargo, aclaró que, hagan lo que hagan el estigma de corruptos no se lo quitarán.

¿Por qué no se recurrió al veto”

De su lado el diputado por el departamento de Olancho del oficialista Partido Nacional, Jorge Lobo, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo, pues dijo que el gobernante, tuvo en su momento el derecho al veto y no lo hizo.

“Por qué no lo vetó en su momento, por qué no hizo el veto presidencial, entonces que no venga con ese cuento”, acotó el congresista en el foro matutino de UneTV, quien el miércoles 24 de junio se unió a un grupo de 67 diputados de la oposición, que haciendo uso del artículo 191 de la Constitución convocaron a una sesión extraordinario y abrogaron el nuevo Código Penal, sin que esta acción tuviera efecto porque el control de la institucionalidad está manos del gobernante.

Por otra parte, apuntó que el Código Penal fue aprobado en la legislatura pasada, por lo que Hernández no puede sustraerse del tema o de responsabilidad, máxime con el autoritarismo que lo caracteriza y porque ya se sabe que él controla el Congreso y en particular a la Junta Directiva

“Me va a decir a mí Juan Orlando Hernández que él no sabía, que no se dio cuanta (…) que con el autoritarismo que tiene dentro del partido (Nacional) porque lo que el uso es intimidar, amenazar a la gente (…), eso es falso”, expresó Lobo.

Según el diputado, Hernández es el artífice del nuevo Código Penal y el precursor de una dictadura porque tiene bajo su control al Poder Legislativo y Judicial y a todos los entes de justicia.

El 25 de agosto del 2015, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, presentó ante el pleno de la cámara legislativa, la nueva normativa jurídica, que por su contenido desde el inicio ha sido rechazada por diversos sectores sociales, incluidos los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, juristas, empresarios, la academia y organizaciones sociales.

El nuevo Código Penal consta en el Decreto 130-2017 y su vigencia fue suspendida por tres periodos de vacatio legis, siendo la última la aprobada el pasado 10 de mayo y finalizó el miércoles 24 de junio a las 12:00 de la media noche.

Desde el momento que entró en discusión, luego con su aprobación, e incluso, con algunas reformas aprobadas en el periodo de vacatio legis, Hernández contribuyó al sancionar el contenido y su promulgación en el diario Oficial La Gaceta para que la normativa tuviera fuerza legal.

Noticia Relacionada: Hernández pide reformas al Código Penal, pero no incluye delitos vinculados a la corrupción

El 8 de mayo pasado, previo al vencimiento del segundo periodo de vacatio legis, Hernández envío al Congreso Nacional algunas reformas al nuevo Código Penal que se limitan a la persecución de algunos delitos de la delincuencia común y organizada, obviando los delitos vinculados a la corrupción y narcotráfico que están haciendo daño a la población hondureña con crímenes y robo de oportunidades y que son favorecidos con el nuevo instrumento jurídico.

Noticia: Partido Nacional pide que se amplíe vacatio legis al Código Penal

El Partido Nacional, presidido por el secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Reinaldo Sánchez, entró en la misma estrategia del Poder Ejecutivo al pedir una nueva prórroga a la vacatio legis para entablar un proceso de socialización.

En un comunicado el partido de gobierno manifestó que el nuevo Código no ha sido lo suficiente discutido y socializado con todos los sectores de la sociedad hondureña y que existen algunos aspectos que ameritan de un análisis objetivo.

«Escucho un comunicado de Reinaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional, y por qué no lo dijo antes, por qué no participó, por qué no reclamó, si ya días  vengo reclamando que el presidente del Partido Nacional debe hacer valer los principios y valores de nuestro partido. Todas esas cosas son cortinas de humo», dijo el diputado Jorge Lobo.

 

Honduras: Ponen en duda que Hernández esté contagiado con Covid-19

Expresidente “Pepe” Lobo dice que Hernández está planificando una muerte simulada

 

La falta de credibilidad hunde a Hernández en el desprestigio

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –Poco crédulos han reaccionado los hondureños ante la aseveración del gobernante, Juan Hernández, quien ayer martes informó que había dado positivo a una prueba de Covid-19, que se había practicado el fin de semana.

Lea además: «Pepe» Lobo cree que enfermedad de JOH es puro circo

Hernández, quien dio la noticia la noche del martes en el canal del Estado, fue hospitalizado este miércoles en el Hospital Militar por presentar un cuadro de neumonía, según informó el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras.

“Su diagnóstico es de una neumonía, se encuentra bien de salud y con la aplicación de medicamentos por la vía intravenosa que sólo pueden ser aplicados dentro de un hospital. La primera dama se encuentra en buen estado y sin sintomatología al igual que sus edecanes”, resumió el portavoz.

El funcionario proporcionó a la prensa un informe sobre el estado de salud de Hernández y de su esposa Ana García, quien también ha sido diagnosticada con Covid-19, pero sin presentar síntomas.

Desde el martes en la noche que se conoció la noticia los hondureños comenzaron a comentar en las redes sociales poniendo en duda el contagio de Hernández y su esposa. Las especulaciones, que salen masivamente en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsaAp, las redes sociales más utilizadas por los hondureños han alcanzado a algunos políticos incluyendo a los del propio partido de gobierno.

Uno de los que ha reaccionado ha sido el expresidente nacionalista, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, quien en una entrevista a Radio Globo manifestó que no cree que Hernández esté contagiado.

Planifica una muerte simulada: “Pepe” Lobo

Lobo Sosa no descartó que Hernández “este planificando una muerte simulada, y que lo entierren, y como en estos tiempos no se puede ni velar a las personas, lo van a enterrar y va a desaparecer. Que no le quepa duda, es capaz de cualquier cosa”, dijo Lobo Sosa, precursor y promotor de la candidatura presidencial de Hernández.

Lobo Sosa, quien mantiene una riña permanente con Hernández a raíz de que su esposa Rosa Elena Bonilla fuera encarcelada por actos de corrupción ligados a su desempeño como primera dama, pidió al gobierno que deje de hacer circo y de jugar con la gente y que mejor se dedique a trabajar a favor de la población

Hernández es rechazado por un importante segmento de la población hondureña por sus vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción, incluso, en medio de la pandemia se han descubierto varias compras sobrevaloradas realizadas con los fondos de emergencia aprobados por el Poder Ejecutivo y Legislativo para atender las necesidades sanitarias

Mentiroso y narcotraficante

Por su parte el excandidato presidencial, Salvador Nasralla, dijo en una entrevista en Radio América: “ahorita nos están distrayendo de que a Juan Orlando Hernández le pegó el COVID-19” y a la vez manifestó que los medios de comunicación internacional no le creen al jefe de gobierno de Honduras que se haya contagiado de la enfermedad.

Según Nasralla la prensa internacional trata a Hernández “como un mentiroso, porque saben que es un narcotraficante y porque en este momento están reunidos los jueces en Nueva York, con dos narcos guatemaltecos de apellidos Salgueros que están cantando y la semana pasada lo hizo Juan Carlos «El Tigre Bonilla”.

Nasralla dijo además que el contagio es un distractor de lo que realmente está sucediendo en el país.

Falta de credibilidad

De su lado y siempre en una entrevista en Radio América, el analista Graco Pérez, apuntó que las dudas sobre el contagio se deben a la falta de credibilidad que tiene Hernández ante los hondureños.

“Si usted es impopular, no ha enfrentado bien la crisis, si tiene cuestionamientos de todo tipo, corrupción y narcotráfico, y le dice un estratega macabro y le dice que puede crear un sentimiento de simpatía, tratar de unir a la gente y tratar de bajarlo al nivel humano, aunque no tanto porque está en un hospital que ha sido reservado, entonces si ha sucedido todo esto y se nos ha mentido en algo tan sagrado como el juramento ante la Constitución de la Republica y la Biblia, entonces podemos esperar cualquier cosa”, apuntó Pérez.

A juicio del analista, actualmente hay dos comportamientos entre los hondureños, los que defienden al gobernante porque reciben un cheque todos los meses por no hacer nada o solo por participar en una reunión virtual y los que tienen que salir día a día para ganarse su sustento y el de su familia, estos últimos, dijo, son los que dudan de la enfermedad de Hernández.

Los hondureños cuestionan que Hernández reciba un trato privilegiado al que reciben los pobres en los colapsados hospitales públicos, donde se ha evidenciado la permanente falta de medicamentos, recursos humanos, espacios físicos, y ahora en la crisis generada por la pandemia, la ausencia de equipo y material de bioseguridad.

La Casa de Gobierno de Honduras emitió la noche del martes un comunicado, en el que además de reafirmar el contagio de Hernández, informó que el gobernante y su esposa se someterían al tratamiento denominado MAIZ (micridacyn, azitromicina, invermectina y zing).

El tratamiento, que es un acróstico de médicos hondureños quienes supuestamente han analizado la afectividad de los fármacos, ha sido desacreditado por el Colegio Médico de Honduras (CMH) que ha calificado de irresponsables a los galenos que lo recomiendan.

En esta ocasión, la presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, manifestó que ahora que el gobernante atraviesa por el contagio, espera que pueda entender lo que los hondureños sienten en una carpa como la instalada en el Hospital Escuela de Tegucigalpa.

Figueroa ironizó, además, diciendo que lamentaba que Hernández no haya acudido a la sala de triaje del Hospital Escuela para ver la realidad en la que se está atendiendo al pueblo hondureño y aclaró que si hubiese llegado a ese lugar lo hubiera atendido, “pero le tocaría esperar” como a cualquier otro hondureño si no hubiera cupo, sentenció.

Tigre Bonilla se alineó con el presidente de Honduras para asesinar y traficar con cocaína: Justicia EE.UU.

La justicia estadounidense establece oficialmente que CC-4 es Juan Orlando Hernández

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-El Departamento de Justicia de los Estados Unidos establece en un documento que el exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, abusó de su cargo, ignoró la ley y desempeñó un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico  a nombre del excongresista hondureño y convicto “Tony” Hernández y su hermano el presidente, Juan Orlando Hernández.

Lea además: “Tigre” Bonilla denuncia que Julián Pacheco le ofreció L. 2 millones para que renunciara

La justicia estadounidense, que oficialmente ha señalado al gobernante hondureño como CC-4, hizo el señalamiento hoy luego que la Corte Federal de Manhattan acusara al exjefe policial de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El documento dice además que Bonilla asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la policía nacional hondureña. Bonilla, que podría ser condenado a prisión de por vida, «supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración», según Geoffrey S. Berman, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York

Entre tanto la agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo: “Juan Carlos Bonilla-Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandeaban cocaína con destino a los Estados Unidos”.

Juan Orlando Hernández asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2014. Logró reelegirse en noviembre de 2017 en el marco de unas elecciones fraudulentas y violentando la Constitución hondureña que prohíbe la reelección presidencial. Además de las acusaciones por actividades del crimen organizado, su gestión  ha sido salpicada por reiterativos actos de corrupción.

Para sostenerse en el poder se ha hecho acompañar por los militares a quienes ha delegado roles que chocan con la Constitución.

“Bonilla Valladares explotó corruptamente estas posiciones oficiales para facilitar el tráfico de cocaína, y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineó, incluido Hernández Alvarado y al menos uno de los hermanos de Hernández Alvarado, excongresista hondureño y actual presidente de Honduras al que se hace referencia en la demanda contra Bonilla, acusado como «CC-4», dice el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 

Descargue aquí el documento del Departamento de Justicia de EE.UU.

A continuación la traducción del documento del Departamento de Justicia de los Estados emitido hoy jueves 30 de abril de 2020

Ex jefe de la policía nacional hondureña acusado de tráfico de drogas y delitos con armas Juan Carlos Bonilla Valladares presuntamente abusó de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína y asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la policía nacional hondureña.
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy Woolcock, Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos («DEA»), anunciaron hoy que JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, a / k / a «El Tigre», fue acusado en la corte federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Juan Carlos Bonilla Valladares, el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico. Como se alega, en nombre del ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente, Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense de por vida «.

La agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo: “Juan Carlos Bonilla-Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos. Como se alega, esta fue una violación flagrante y horrible del juramento de Bonilla-Valladares para proteger a los ciudadanos de Honduras. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia «.

Según las acusaciones contenidas en la Demanda que acusa a BONILLA VALLADARES, la evidencia presentada en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado [1] :

Entre aproximadamente 2003 y 2020, varias organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden público y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal de Honduras. Policía Nacional, incluyendo BONILLA VALLADARES. Por ejemplo, después de un juicio en octubre de 2019 en el Distrito Sur de Nueva York, el ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue condenado por cargos de tráfico de drogas, armas y declaraciones falsas relacionadas con su papel en la conspiración descrita en los cargos contra BONILLA VALLADARES. Hernández Alvarado está programado para ser sentenciado por el juez federal de distrito P. Kevin Castel el 29 de junio de 2020.

El “Tigre” Bonilla fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1985 y 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el oeste de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y fue director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y  2013.

Bonilla Valladares explotó corruptamente estas posiciones oficiales para facilitar el tráfico de cocaína, y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineó, incluido Hernández Alvarado y al menos uno de los hermanos de Hernández Alvarado, excongresista hondureño y actual presidente de Honduras al que se hace referencia en la demanda contra Bonilla, acusado como «CC-4».

Por ejemplo, a cambio de los sobornos pagados con el producto de la droga, BONILLA VALLADARES ordenó a los miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que permitieran que los envíos de cocaína pasaran por los puestos de control de la policía sin ser inspeccionados o incautados. BONILLA VALLADARES, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima. para permitir que los envíos de cocaína pasen por los puntos de control policiales sin ser inspeccionados o incautados. BONILLA VALLADARES, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima. para permitir que los envíos de cocaína pasen por los puntos de control policiales sin ser inspeccionados o incautados. BONILLA VALLADARES, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

En o alrededor de 2010, Hernández Alvarado le dijo a un testigo cooperante («CW-1») que Hernández Alvarado y CC-4 ayudaron a BONILLA VALLADARES a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que BONILLA VALLADARES protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio. Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que BONILLA VALLADARES fue muy violento, y que Hernández Alvarado y CC-4 confiaron en BONILLA VALLADARES con tareas especiales, incluido el asesinato.

Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, BONILLA VALLADARES participó en el asesinato de un narcotraficante rival a petición de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región. del oeste de Honduras cerca de la frontera con Guatemala. Afirmando que investigó el asesinato en ese momento, BONILLA VALLADARES habría informado a un miembro de los medios, en esencia, que el asesinato fue un ataque sorpresa bien planeado que se había llevado a cabo de manera eficiente y que los autores habían limpiado a fondo la escena del crimen. Según los informes, BONILLA VALLADARES agregó que los autores del asesinato habían utilizado lanzagranadas de 40 milímetros, rifles de asalto M-16 y rifles de asalto Galil.

La demanda acusa a BONILLA VALLADARES, de 60 años, de: (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, (2) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar, la conspiración de importación de cocaína; y (3) conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. Si es declarado culpable, BONILLA VALLADARES enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y un término máximo de vida en prisión en el Cargo Uno, una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y un término máximo de vida en prisión en el Cargo Dos, y un plazo máximo de vida en prisión en el recuento tres.

El Sr. Berman elogió el excelente trabajo de investigación de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA y la Fuerza de Ataque.

Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow están a cargo de la acusación.

Los cargos en la demanda son meramente acusaciones, y BONILLA VALLADARES se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.