Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –La iglesia católica de Honduras emitió este lunes un comunicado mediante el cual señala que sin la colusión de los órganos del Estado, el narcotráfico no hubiera permeado las instituciones.
“Nada de lo que el narcotráfico ha logrado en nuestro país, podría haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que, por razón de su ser, estaban llamados a defender la vida y proporcionar seguridad a todos”, dicen los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.), que además refieren que los culpables son “los políticos que han pactado con el crimen organizado”.
En el escrito, la iglesia católica apunta que la política vernácula hondureña se ha caracterizado por la costumbre de ignorar directamente al pueblo, hablar en su nombre y terminar haciendo pactos que en nada benefician al mismo pueblo. Ejemplo de ello es cuando, históricamente, las instituciones han estado al servicio de un caudillo y no de una democracia participativa fundada en la ley, reza el texto.
Los religiosos se han referido al narcotráfico en el marco del juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández. En el juicio, que inició el 2 de octubre pasado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, varios narcotraficantes han confesado que el actual presidente y expresidente de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo y Juan Hernández, respectivamente, recibieron sobornos para financiar sus campañas políticas.
En el juicio de Tony Hernández, se ha develado además la construcción de una plataforma al interior del Estado para poner en marcha las actividades del narcotráfico y crimen organizado en general.
Migración
La Conferencia Episcopal hace referencia a la masiva migración de hondureños, que, motivados por alcanzar una mejor vida, han salido huyendo del país. En ese sentido contextualiza que en lo que va del año 87,337 hondureños han sido deportados en su intento migratorio.
Código Penal
También lamentan la entrada en vigor del nuevo Código Penal y que se haya hecho caso omiso a los reclamos de muchas instituciones, “a las que también nos sumamos nosotros, para que la entrada en vigencia del mismo no se lleve a cabo”, apunta el comunicado.
El nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo, vulnera el derecho a la libre expresión, a la protesta y otros derechos fundamentales y beneficia los delitos relacionados al narcotráfico y a la corrupción.
Finalmente, los obispos hacen un llamado a la ciudadanía, clase política, empresarial, academia, colegios profesionales, campesinos y obreros, a llevar a cabo un proceso de transformación del país que tenga como norte el bien común y la paz.
“Por eso, hacemos un fuerte llamado a la conciencia de todos los actores involucrados, directa e indirectamente en la presente crisis, para que revisen el valor del sano patriotismo que debe estar por encima de cualquier interés personal, apego al cargo o intereses de partido”.
Durante el golpe de Estado de 2009 la iglesia católica se unió a los sectores más conservadores de Honduras y se mostró a favor de la ruptura del orden constitucional, que en aquel entonces derrocó del poder al presidente Manuel Zelaya Rosales.
En los últimos meses, la Conferencia Episcopal ha hecho algunos señalamientos contra el gobierno, lo que a juicio de algunos líderes de opinión, es un pequeño giro contra el poder.
