Honduras y Guatemala se rinden ante política antinmigrante de Trump

Honduras y Guatemala
Los migrantes de Cuba, Haití y África se trasladaron a Tegucigalpa en un camión desde la ciudad de Choluteca donde estuvieron varados por más de 80 días.

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –En las últimas horas los gobiernos de Honduras y Guatemala evidenciaron su postura de vasallaje ante las políticas migratorias de los Estados Unidos al violentar los derechos humanos de un grupo de migrantes procedentes de Cuba, Haití y África, que desde inicios de marzo han estado varados en la zona sur de Honduras.

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Dando cumplimiento a los acuerdos migratorios firmados el año pasado con Washington, los gobiernos de Honduras y Guatemala están conteniendo la migración de extranjeros que transitan por sus territorios en su ruta hacia la nación del norte.

Mediante un comunicado emitido el 3 de junio, los gobiernos de Honduras y Guatemala hicieron referencia a un grupo de más de 100 personas procedentes de Cuba, Haití y África que desde marzo pasado se encuentran varadas en el departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.

Los dos países centroamericanos justifican su accionar a las medidas de contención para evitar el contagio del Covid-19. En ese sentido establecieron en el comunicado que ambos países han restringido el ingreso de extranjeros a sus países por cualquier vía: terrestre, marítima y aérea, exceptuando la población extranjera residente en cada país.

Además, el comunicado especifica de manera literal que “Honduras y Guatemala externan su preocupación por la movilización de grupos de personas que viajan desde la región sur de Honduras, con falsas expectativas de ingresar a otros países. Existe un grupo de personas en condición irregular, el cual ingresó a Honduras por puntos no autorizados con Nicaragua”, añade la misiva.

Faltando a la verdad, en el mismo comunicado se anuncia que, como una opción alterna, ante el actual contexto de la emergencia sanitaria, se les ha ofrecido a los migrantes un retorno voluntario asistido a sus países de origen, pero que los migrantes no han querido acogerse a esta medida.

Cabe señalar que el grupo de 105 migrantes, permanecen en tierras hondureñas desde marzo anterior, es decir que desde hace casi tres meses. De acuerdo con lo denunciado en el informe “Situación de Migrantes”, elaborado por la Junta Local de Choluteca en abril pasado, al menos 80 migrantes se encontraban en detención por falta de salvoconductos que les permitiera seguir con su ruta hacia Estados Unidos de Norte América.

“En Choluteca se cuenta con una oficina Regional de Migración, esta institución a la vez cuenta con un Centro de Atención al Migrante (CAMI), con un espacio con capacidad para albergar a 30 personas. Debido a la pandemia de Covid-19, y a las diferentes medidas que ha tomado el Gobierno Central, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), esta oficina permanece cerrada, dejando a la intemperie a estas personas que buscan un salvoconducto para seguir su camino hacia los Países del Norte”, detalla el informe.

Honduras y Guatemala
Al menos dos mujeres migrantes han parido en su estadía en Honduras.

El terror a las caravanas

Para evitar la propagación del Covid-19 el gobierno de Honduras decretó un estado de excepción a partir del 15 de marzo. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos radicadas en la ciudad de Choluteca contabilizan que, durante la semana del 12 al 18 de marzo, ingresaron a su ciudad más de 100 personas procedente de África, Haití y Cuba, en su mayoría hombres, pero también mujeres, e incluso en estado de gestación y menores de edad. Lo anterior implica que muchos migrantes ingresaron antes de que se decretara el estado de sitio.

Estas personas permanecieron hasta el 02 de junio (al menos 80 días), en condiciones de precariedad. CRITERIO.HN publicó en abril pasado un reportaje sobre la situación calamitosa de los migrantes ante la falta de albergues y atención por parte de las autoridades migratorias.

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Los migrantes han sufrido las consecuencias de la inoperancia de las autoridades migratorias de Honduras que les imposibilitan su salida por la falta de atención que permita el pago de una multa de casi 200 dólares por persona, en apego a la Ley de Migración y Extranjería.

CARAVANA

Bajo este contexto de apatía estatal, los migrantes emprendieron el pasado 02 de junio a las 6:00 de la mañana su salida definitiva del territorio catracho mediante la “caravana por la libertad”, ello en alusión a su condición de detención forzada en Honduras.

El mismo día de la salida de la caravana, policías y militares impidieron su arribo a la frontera entre Guatemala y Honduras, lo que conllevó a que los migrantes reorientaran su ruta hacia la zona centro del país para posteriormente buscar la salida por el norte del territorio hondureño.

En esa nueva ruta, los migrantes fueron requeridos en la posta policial de El Tizatillo en el kilómetro nueve, salida al sur del Honduras donde al menos 64 integrantes de la caravana fueron bajados de un camión particular que los trasladó desde el sector de Pavana, en Choluteca.

Al llegar  a El Tizatillo, los migrantes fueron bajados del camión que los trasladó de Choluteca. Después de varias horas, el Instituto Nacional de Migración los transportó a Tegucigalpa.

En la posta policial de El Tizatillo, bajo el argumento de realizar la prueba del Covid-19 se imposibilitó el ingreso del camión en el que se transportaban los migrantes y tras más de tres horas varados en medio de una lluvia potente y fuertes vientos, los integrantes de la caravana fueron trasladados a la capital por el Instituto Nacional de migración (INM).

La caravana fue desintegrada por las autoridades del INM, ya que de acuerdo con el protocolo impuesto por el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), los migrantes deberán permanecer durante 14 días en cuarentena tras habérseles realizado la prueba Covid-19.

Los migrantes fueron divididos en tres diferentes centros de atención, ubicados en Tegucigalpa, y en el caso de los menores de edad fueron entregados, junto a sus madres, a las autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

La defensora de derechos humanos de la ciudad de Choluteca, Wendy Mendez Ocampos, denunció que durante su estadía en aquella zona, una parte de los miembros de la caravana fueron sometidos en reiteradas ocasiones a las pruebas Covid-19, pero sus resultados nunca les fueron compartidos.

Méndez Ocampos contó, además que a los recién nacidos y a las parturientas, que fueron atendidos en el Hospital del Sur, se les practicaron las pruebas antes y después del parto y que tampoco se les proporcionó los resultados.

En abril de 2019, Estados Unidos inició el proceso para cortar la ayuda financiera a Guatemala, Honduras y El Salvador, como represalia por la proliferación de caravanas de migrantes de estos tres países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En aquel entonces el presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó el fenómeno social a un desinterés de los gobiernos por controlar la salida de migrantes hacia el norte. En octubre de ese mismo año, Trump anunció el inicio de un programa de “asistencia específica en áreas de orden público y de seguridad», para los países del Triángulo Norte.

El destino final de los migrantes irregulares que integraban “la caravana por la libertad”, de acuerdo con el comunicado en conjunto emitido por los gobiernos de Guatemala y Honduras, será el retorno voluntario asistido a sus países de origen, que pese al cierre de todas las fronteras por la pandemia del Covid-19 podrá ser posible, gracias a la visión humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a la política anti-migración ordenada por el Gobierno de los Estados Unidos.

El Congreso de EE.UU. busca “limitar” las acciones militares de Trump con Irán

Nancy Pelosi tilda el ataque contra Soleimani de “desproporcionado y provocador” y dice que puso en peligro a los miembros de las fuerzas armadas y diplomáticos estadounidenses

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció hoy que someterá a votación una resolución para “limitar las acciones militares” del dirigente del país, Donald Trump, respecto a Teherán, tras la operación que acabó con la vida del comandante iraní Qasem Soleimani.

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“La pasada semana, la Administración Trump llevó a cabo un ataque militar aéreo desproporcionado y provocador contra funcionarios militares de alto rango de Irán. Esta acción puso en peligro a nuestros miembros de las fuerzas armadas y diplomáticos” y supuso un acercamiento a “una grave escalada de las tensiones con Irán”, indicó Pelosi en una carta a los legisladores.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció hoy que someterá a votación una resolución para “limitar las acciones militares” del dirigente del país, Donald Trump, respecto a Teherán, tras la operación que acabó con la vida del comandante iraní Qasem Soleimani.

“La pasada semana, la Administración Trump llevó a cabo un ataque militar aéreo desproporcionado y provocador contra funcionarios militares de alto rango de Irán. Esta acción puso en peligro a nuestros miembros de las fuerzas armadas y diplomáticos” y supuso un acercamiento a “una grave escalada de las tensiones con Irán”, indicó Pelosi en una carta a los legisladores.

En la operación, efectuada por EE.UU. el pasado viernes en Bagdad, murieron Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, y el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, entre otras personas.

Pelosi destacó su “preocupación acerca de que la Administración tomase esta acción sin consultar al Congreso y sin respeto por los poderes de guerra que otorga la Constitución”.

La resolución que será sometida próximamente a votación “reafirma las responsabilidades de supervisión (del Legislativo) al exigir que, si no hay medidas tomadas por parte del Congreso, las hostilidades militares de la Administración respecto a Irán cesan en 30 días”.

Los demócratas se han quejado de que Trump aprobó la operación contra Soleimani sin notificarlo previamente a los líderes de ambos partidos en el Congreso. Pelosi anunció que una iniciativa similar será presentada en la cámara alta por el senador demócrata Tim Kaine.

Trump sí que informó al Congreso posteriormente del ataque antes del límite de 48 horas exigido por la ley, pero lo hizo a través de un documento clasificado y que no se ha hecho público.

Las dos cámaras del Congreso reflejan la división política en Estados Unidos, debido al control demócrata de la Cámara de Representantes y el republicano del Senado.

Por otro lado, Trump criticó este domingo la aprobación en el Parlamento de Irak de una resolución para la expulsión de las tropas que permanecen en el país y amenazó con sanciones a Bagdad. “Les aplicaremos sanciones como no han visto nunca. Harán que las sanciones a Irán parezcan anodinas. Si hay cualquier hostilidad, si hacen cualquier cosa que creemos que es inapropiada, vamos a poner sanciones en Irak, sanciones muy grandes”, dijo Trump.

Ante la escalada de tensiones regionales y las amenazas de “venganza de Teherán”, el Gobierno de Washington ha comenzado a enviar a Oriente Medio a 3.500 soldados y ha aumentado sus niveles de ciberseguridad.

Senador Menéndez publica informe sobre cómo Trump puso en peligro el TPS por cálculos políticos

El senador publicó docenas de documentos del Departamento de Estado que revelan que funcionarios de la administración Trump inyectaron consideraciones electorales 2020 en las decisiones del TPS para El Salvador, Honduras y Haití.

El principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores, Bob Menéndez, pidió al inspector general del Departamento de Estado que investigue la injerencia en las determinaciones del TPS por parte de los altos cargos políticos en el Departamento de Estado, así como el papel de Stephen Miller en la politización.

Washington. – Un informe del senador demócrata y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, detalla cómo la administración Trump ignoró intencionalmente las advertencias sobre los riesgos para la seguridad nacional de EE. UU. y la seguridad de casi 400,000 receptores salvadoreños, hondureños y haitianos del TPS.

«El informe de hoy documenta algo con lo que nos hemos familiarizado demasiado: la administración Trump ha tratado repetidamente de utilizar la política exterior no para promover los intereses de Estados Unidos, sino para los objetivos políticos del presidente», dijo Menéndez.

 “La imprudencia y la depravación de su agenda antiinmigrante no conoce límites. En su frenética carrera por despojar a casi 400,000 personas de protecciones humanitarias, la administración estaba dispuesta a jugar juegos políticos con nuestra seguridad nacional y la seguridad de los receptores de TPS y sus hijos estadounidenses «, remarcó el senador demócrata este jueves al hacer público el informe.

El informe, titulado «Jugar a la política con las protecciones humanitarias«, incluye una compilación de más de 80 páginas de comunicaciones internas (cartas problemáticas, memorandos y cables de la embajada) que llevaron al presidente Trump a terminar las designaciones del TPS para El Salvador, Honduras y Haití.

En los documentos se incluyen instancias específicas de los nombramientos políticos de la administración Trump en el Departamento de Estado que hacen referencia explícita a las elecciones presidenciales de 2020 en sus recomendaciones al Secretario de Estado.  

En una sesión informativa del Congreso para desvelar los hallazgos del informe, Menéndez se unió a dos residentes de Nueva Jersey, la hondureña Juana Villanueva, titular de TPS que ha vivido en los Estados Unidos desde 1998, y su hija Liane Taracena, de 19 años, ciudadana estadounidense y estudiante actual en el College of New Jersey. 

La investigación demócrata también documenta cómo altos funcionarios del Departamento de Estado advirtieron a la administración Trump que los hijos de ciudadanos estadounidenses de los receptores del TPS serían vulnerables a la violencia criminal y al reclutamiento por parte de la mara MS-13 y pandillas similares si acompañaban a sus padres a El Salvador, Honduras y Haití.

El informe encuentra que muchos receptores del TPS se sentirían obligados a dejar a sus hijos estadounidenses en los Estados Unidos en lugar de hacerlos enfrentar tales riesgos, lo que llevaría a una nueva ola de separación familiar forzada de facto. Los receptores del TPS de estos tres países tienen un estimado de 273,000 niños estadounidenses.  

«Este informe crea un registro histórico irrefutable de cómo la administración Trump ignoró innumerables advertencias de nuestros diplomáticos de carrera sobre los riesgos de poner fin al TPS en sus incesantes esfuerzos para avanzar en su agenda contra la inmigración». Es hora de que el Congreso rechace este racismo y xenofobia y encuentre una solución duradera para los receptores de TPS «, concluyó Menéndez.

Marc Anthony tilda de incapaz y corrupto a Donald Trump

Tegucigalpa.-El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony tildó este miércoles de «incapaz» y «corrupto» al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que éste llamara a Puerto Rico «uno de los lugares más corruptos de la Tierra», mientras la isla se preparaba para el huracán Dorian.

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«Wow, señor lo que sea que seas. Todos acabamos de leer tu tuit DEMENTE sobre mi amado Puerto Rico. Viniendo de un individuo horrible como USTED, tiene perfecto sentido. Lleno de corrupción e incapaz de administrar una CASA con todo el personal», expresó el artista en su cuenta de Twitter.

El comentario de Trump viene en referencia del destino de las ayudas que le brindó el Gobierno estadounidense a Puerto Rico, Estado Libre Asociado a EE.UU., luego del paso del huracán María en septiembre de 2017.

De acuerdo con Trump, el Congreso de Estados Unidos ya le destinó 92.000 millones de dólares a Puerto Rico para su proceso de reconstrucción por el huracán María.

No obstante, las autoridades locales cifran la cantidad que realmente ha llegado en solo 14.000 millones de dólares.

Trump, a su vez, se quejó de que esos miles de millones de dólares de ayuda se hayan destinado a «políticos corruptos».

«¡No es bueno!», agregó Trump en su cuenta de Twitter.

En sus tuits, Tump declaró que «Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos del mundo. Su sistema político está roto y sus políticos son incompetentes o corruptos». Y remató afirmando: «Y, por cierto, ¡soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico!».

Las declaraciones de Anthony se suman también a las que brindó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien desde el paso del huracán María, ha protagonizado una guerra de críticas con Trump sobre el trabajo que ha realizado el Gobierno federal en la isla durante el proceso de reconstrucción.

Por ello, Trump tildó este miércoles a Cruz de «incompetente», mientras que la alcaldesa le respondió que su servicio que le brindó a la isla fue vergonzoso.

En un tuit, Trump aseguró que tras el paso de Dorian, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y sus oficiales «harán un gran trabajo» en la isla si era necesario, y enfatizó a los puertorriqueños que les agradezcan su trabajo y «no como la última vez».

Trump concluyó su mensaje con un insultante: «Eso incluye a la incompetente alcaldesa de San Juan».

Ante ello, Cruz dijo que las expresiones de Trump fueron «la versión tuitera de tirarnos papel toalla».

«Ciertamente el presidente no ha aprendido nada. Pero aquí hay mucha gente haciendo un esfuerzo extraordinario», sostuvo Cruz al recordar aquel momento de cuando Trump visitó a Puerto Rico después del huracán María y lanzó papel toalla a un grupo de puertorriqueños.

Policía mexicana mata a migrante salvadoreño cerca de la frontera con EE. UU.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Un migrante salvadoreño murió la noche del miércoles a manos de las fuerzas de seguridad de México durante un operativo en la ciudad de Saltillo, a menos de 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

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La víctima recibió un impacto de bala al salir de un albergue en la ciudad de Saltillo, informó este jueves la asociación civil Casa del Migrante de Saltillo. En un comunicado, la organización explicó que el miércoles una decena de migrantes se despidió del equipo de la asociación para tomar un tren con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Mientras esperaban el tren a escaso kilómetro y medio de la Casa del Migrante, agregó, «fueron sorprendidos por un operativo conjunto entre agentes del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y presuntamente elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado de Coahuila».

Policía mexicana mata a migrante salvadoreño

La versión policial apunta que el fallecido disparó un arma de fuego que llevaba «entre su ropa» y la muerte se dio como resultado de la respuesta de los agentes a la agresión. Sin embargo, Alberto Xicotencatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, ha asegurado que testigos que presenciaron los hechos indicaron que los oficiales llegaron al lugar y comenzaron a «disparar a matar».

Más de una semana llevaba un grupo de diez migrantes, compuesto principalmente por familias, en la Casa del Migrante de Saltillo. El miércoles por la mañana finalmente decidieron dejar el refugio y lanzarse a la frontera con Estados Unidos con la esperanza de poder conseguir asilo en ese país. El salvadoreño muerto, de quien no ha trascendido nombre y edad, formaba parte de ese grupo junto a su hija de ocho años. Unas 12 horas después de partir, a un kilómetro y medio del albergue, el grupo esperaba junto a las vías el paso del tren conocido como La Bestia cuando los agentes los interceptaron para un control migratorio.

La Fiscalía de Coahuila abrió una investigación este jueves, en la que participará la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, para indagar sobre lo sucedido. Tras la muerte del hombre, el Gobierno de esa entidad puso a la niña, hija de la víctima, a disposición de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia local. «Está en buen estado de salud, sus derechos están garantizados plenamente, y seguirá en resguardo y protección de esta institución en tanto se defina su situación migratoria», señaló la Procuraduría en un comunicado.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó la muerte del migrante del salvadoreño e instó a las autoridades mexicanas a esclarecer los hechos. El organismo internacional pidió además «fincar responsabilidades por medio de una investigación exhaustiva e imparcial». «La ONU llama a las autoridades mexicanas a garantizar que la política migratoria se conduzca con absoluto respeto a los derechos humanos», publicó en Twitter.  

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes en México han reclamado un recrudecimiento de la política migratoria de López Obrador a partir de la firma del acuerdo migratorio con Donald Trump. La Casa del Migrante de Saltillo incluso denunció la semana pasada hostigamiento y acoso por parte de las fuerzas mexicanas después de que se viralizara un vídeo de la Guardia Nacional haciendo controles en el lugar. «Exigimos un alto a la crueldad institucional que se está cobrando vidas y al sinfín de sufrimientos provocados por el Estado mexicano y sus instituciones», apuntó la organización.

 

El acuerdo entre EE.UU. y Guatemala atenta contra los DD.HH.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La organización no gubernamental, Alianza Americas condenó el acuerdo suscrito este viernes entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, al señalar que atenta contra el Estado de derecho y desconoce las razones de los éxodos.

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Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos informaron sobre la suscripción de un “acuerdo de asilo”. El acuerdo establece que las personas que transiten por Guatemala no puedan solicitar asilo en EE. UU., puesto que debieran haberlo hecho en el país centroamericano, y que si llegan a la nación del norte, serán regresados. El acuerdo excluye a los menores no acompañados y a las personas que ingresen a Estados Unidos con visa. Dicho acuerdo ha sido anunciado a pesar de decisiones judiciales contrarias en ambos países.

Al respecto, Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas, emite la siguiente declaración:

«Este acuerdo desconoce las decisiones judiciales de ambos países y es el resultado de amenazas arancelarias a un país altamente dependiente de los Estados Unidos de América en el plano comercial. Además, ignora la capacidad institucional para procesar solicitudes de asilo y las condiciones de inseguridad de Guatemala, que ciertamente no es un país seguro. El acuerdo es contrario a la Constitución de Guatemala, a la legislación sobre migración y asilo de Estados Unidos, y a tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre refugiados, ratificados por los dos países.

El 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad -el máximo tribunal de justicia del país- resolvió un recurso de amparo en relación a la facultad del Ejecutivo para suscribir este tipo de acuerdo con Estados Unidos. La Corte estableció que, dado que el acuerdo generaría nuevas obligaciones para el Estado, debía someterse al procedimiento de aprobación en el Congreso. Sin embargo, hoy el gobierno de Jimmy Morales anunció que avanzaba la negociación con Estados Unidos para evitar las repercusiones económicas y sociales, y en la tarde firmó el acuerdo.

Además, el 24 de julio, un juez federal en San Francisco, California, suspendió la aplicación de la regla de asilo que agregaba el requisito de haber solicitado asilo en un país en tránsito, para quienes hayan ingresado a través de la frontera sur. La decisión judicial se fundamentó en la ilegalidad de la regla y en las condiciones de seguridad en México y Guatemala, que no podrían ser considerados países seguros para los solicitantes de asilo, y que no cuentan con la infraestructura y personal para responder a un incremento significativo de las solicitudes de asilo.

Por otra parte, y como lo han dicho las cortes, este acuerdo es una violación al derecho de las personas a solicitar asilo en el país en el cuál se sientan seguras, y contraviene la convención del estatuto sobre los refugiados. Guatemala no es un país de asilo. Más de 30 mil guatemaltecos han solicitado asilo en Estados Unidos, según el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Las condiciones de seguridad y la economía de Guatemala, hacen casi imposible que los solicitantes de asilo puedan establecerse de forma segura en Guatemala.

A pesar de ello, desconociendo e irrespetando las órdenes judiciales en Guatemala y en Estados Unidos, Trump amenazó con la imposición de nuevos aranceles comerciales a productos guatemaltecos sino suscribía este acuerdo. Nuevamente, la administración Trump demuestra su rechazo y discriminación contra las personas que necesitan protección, especialmente contra las personas provenientes de Latinoamérica. Este es una clara decisión motivada por prejuicios racistas y xenófobos que forma parte de la agenda de supremacía blanca que impulsa el presidente Trump, y a la cual seguirá acudiendo como parte de su campaña de reelección en 2020. Además, reitera la incapacidad de este gobierno de entender que la única forma en que las personas no se verán obligadas a dejar sus países de origen es cuando encuentren las condiciones que les permitan vivir seguros en ellos.

Este acuerdo contribuye a la erosión del Estado de Derecho en una nación frágil, presionando a un presidente débil a firmar un acuerdo a pesar de la decisión del más alto tribunal constitucional del país. Justamente, son estas arbitrariedades las que expulsan a las personas de países centroamericanos, incluyendo Guatemala. 

Rechazamos esta decisión, que más que un acuerdo es un acto de extorsión, contrario al Estado de derecho en las dos naciones firmantes. Cada día la administración Trump busca nuevas estrategias para socavar el Estado de Derecho, para mantener su discurso racista y xenófobo, y erosionar el asilo, un pilar de la protección internacional. Sin embargo, mientras se sigan ignorando las causas de origen de los éxodos, estos continuarán. La medida de hoy, en vez de contribuir a superar las condiciones que expulsan a tantas personas de sus países y a buscar asilo, conllevará a que más personas se vean forzados a salir de Guatemala».

Lista de corruptos de Honduras se resume a siete personas que ya están presas

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La lista de los corruptos de Honduras proporcionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se limita a siete exfuncionarios que se encuentran judicializaos y presos por delitos de corrupción y narcotráfico.

En el listado aparecen: Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); Javier Pastor, ex subsecretario de Salud;  Carlos Montes, ex subsecretario del Trabajo, todos ellos sentenciados en abril de 2017 por mal manejo de más 12 millones de lempiras en el IHSS:

José Boris Espinal y Nelson Abdalah, exdiputados al Congreso Nacional y  Dario Mejía, ex director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), los tres sentenciados en 2016 por el delito de abuso de autoridad.

Teodoro Bonilla, ex vicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, sentenciado en septiembre de 2017 a seis años de prisión por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) sentenciado en agosto de 2017 a nueve años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito al no poder justificar un capital de 680.000 dólares.

 Yani Rosenthal, empresario, dirigente del Partido Liberal, exdiputado del Congreso Nacional y exsecretario de la Presidencia, sentenciado en diciembre de 2017 en la Corte de Nueva York a tres años de prisión, por lavar activos del cártel de narcotraficantes “Los Cachiros”.

Yankel Rosenthal, empresario, dirigente deportivo y exsecretario de Inversiones del gobierno de Juan Hernández, sentenciado en la Corte de Nueva York en agosto de 2017 a 29 meses de prisión por lavar dinero del narcotráfico.

Descargue aquí el documento de la Lista de corruptos de Honduras y Guatemala

La lista fue presentada en el marco de la “Ley fin a la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica”, impulsada por la congresista demócrata de origen guatemalteco, Norma Torres, quien la calificó como una farsa y acusó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de encubrir a los corruptos de Honduras, Guatemala y El Salvador.

“Mi país gasea a niños. No hay palabras que puedan describir mi horror”: Anne Hathaway

Tomado de Elpaís.es

La actriz ha criticado en su cuenta de Instagram la represión sufrida por los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México el pasado domingo

La actriz Anne Hathaway se siente decepcionada con las autoridades de Estados Unidos y ha decidido expresarlo así en sus redes sociales.»Mi país gasea a niños. No hay palabras que puedan describir mi horror», ha escrito el pasado lunes la intérprete, de 36 años, en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que se puede ver a una madre intentando alejar a sus dos hijas de los gases lacrimógenos lanzados por la policía fronteriza entre México y Estados Unidos. 

«Para aquellos que inmediatamente hablarán de ‘hacerlo de forma correcta’, quienes culparán a los padres ‘por poner a sus hijos en esa posición’, y quienes afirmaran que ‘estaban asaltando el muro’ y que estaban ‘lanzando rocas’, lo único que puedo decirles es que la única forma de respuesta humana a este monstruoso uso de fuerza contra buscadores de asilo LEGALES es la condena, la vergüenza y la rabia», continua la ganadora al Oscar por Los miserables (2013).

La razón de la descarga de Hathaway tiene origen en un suceso ocurrido el pasado domingo en el muro que separa a los dos países. Un centenar de centroamericanos pertenecientes a una caravana migrante, que busca asilo en Estados Unidos por razones de seguridad, intentó saltar la valla fronteriza a la altura de Tijuana (noroeste de México). La patrulla estadounidense, sin tener en cuenta la presencia de niños entre la multitud, respondió con gases lacrimógenos y balas de goma para repeler al grupo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido semanas atrás que usarían la fuerza sobre quienes intentaran pasar de manera ilegal y por la fuerza, algo que la actriz ha querido destacar también en su publicación. «Para aquellos que todavía quieren votar por el hombre que recomienda usar fuerza letal contra familias que escapan de violencia y persecución, ¿esta es la política que quieren?», ha preguntado a sus más de 12 millones de seguidores.

La «Caminata del Migrante» arrancó el pasado 13 de octubre desde San Pedro Sula, la ciudad más violenta de Honduras, con la idea de llegar a suelo estadounidense e incluso a Canadá. En un principio, la caravana contaba con cerca de 1.500 migrantes, pero muchos otros integrantes de diversas nacionalidades se han ido sumando a la iniciativa, llegando a superar las 7.000 personas. Trump ha rechazado contundentemente la idea de recibir al grupo, por lo que se encuentran instalados en albergues en la ciudad fronteriza desde hace dos semanas. La estrecha vigilancia es parte del dispositivo de seguridad ordenado por el mandatario neoyorquino, quien acusa a los centroamericanos de pretender «invadir» Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que Hathaway se ha mostrado en contra de la postura de Trump en el tema migratorio. En junio de este año, cuando la política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal implicaba la separación de padres e hijos en la frontera con México, la intérprete ha acudido a sus redes para mandar un mensaje en el Día del Padre: “Están creando huérfanos con padres vivos. En agradecimiento a mi padre, y en honor a todos los padres arrancados de sus hijos debido a esta política brutal, estoy haciendo una donación a Estadounidenses a favor de la Justicia Migratoria. Os invito a que os unáis a mí y hagáis una donación a nombre de vuestro padre”, escribió en un post que recibió 500.000 ‘me gusta’.

Los migrantes y las bases militares de EE.UU. en Honduras

Por: Andrés Molina

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- En los últimos días el mundo ha vuelto de nuevo su mirada sobre Honduras. La nueva crisis migratoria que nadie se atrevió a predecir y que puso de correr a las autoridades de Guatemala y Honduras por los regaños públicos del gobierno de los Estados Unidos, cuyo presidente acostumbrado a gritar en redes sociales, ha reaccionado con virulencia atacando la caravana con calificativos llenos de odio y xenofobia.

Veinte años después que el poderoso huracán Mitch generara una oleada masiva de migrantes hondureños y hondureñas, esta vez la crisis social y política generada por la imposición del gobierno de Juan Hernández, ha obligado a miles de hondureños y hondureñas a huir de forma masiva de la pobreza y de las múltiples formas de violencia que se generan desde el Estado.

Dada la respuesta del gobierno  de los EE.UU., cabe preguntarse si el presidente norteamericano sabe que Honduras es un país ocupado militarmente por los Estados Unidos y cuya democracia ha sido anulada por una serie de golpes sucesivos a partir del año 2009 consentidos y dirigidos por su embajada en Tegucigalpa, que en su último episodio para imponer una dictadura obediente al gran país del norte, contó con la participación protagónica de su encargada de negocios, Heide Fulton, quien literalmente se metió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para decir que los resultados eran válidos a pesar de las protestas, la represión y los muertos que estaban ocurriendo.

  

Pero por qué los EEUU se sienten con derecho a pisotear nuestra soberanía y cuando nuestros hermanos huyen de esta situación— provocada por su gobierno— nos humillan y nos atacan como si se tratara de delincuentes, sin que pase nada.

La respuesta no es única, pero se explica precisamente en el control extremo que se ejerce sobre las decisiones que deberían tomar los hondureños y no un gobierno extranjero, se trata de una situación compleja, de relaciones de subordinación, de control y de ejercicio del poder del gobierno norteamericano sobre el de Juan Hernández que por un lado le debe al gobierno de Donald Trump su imposición en el poder, y por el otro la extorsión y la amenaza de que en cualquier momento le puede pasar lo que le pasó al general Manuel Antonio Noriega y que los norteamericanos se lo lleven y lo enjuicien en territorio norteamericano.  

La caravana es una crisis sin precedentes en la historia moderna de Honduras y de Centroamérica, a la que los grupos de poder que han controlado a punta de pistola cualquier movimiento social o político que se atreva a reclamar justicia en el país, no encuentran una respuesta racional a pesar de la grave crisis social, política y económica que vive el país, su única respuesta es la descalificación –se van porque son haraganes- la violencia, el gobierno debe cerrar las fronteras. La gente va tan desesperada que ni la represión, ni las amenazas, ni la militarización de las fronteras han logrado detener su éxodo.

Tal como lo predijo el Premio Nobel de Literatura José Saramago “El desplazamiento del sur al norte es inevitable; no valdrán alambradas, muros ni deportaciones: vendrán por millones. Europa será conquistada por los hambrientos. Vienen buscando lo que les robamos. No hay retorno para ellos porque proceden de una hambruna de siglos y vienen rastreando el olor de la pitanza. El reparto está cada vez más cerca. Las trompetas han empezado a sonar. El odio está servido y necesitaremos políticos que sepan estar a la altura de las circunstancias.”.

Las grandes potencias deben entender que a cualquier acción siempre habrá una reacción. No se puede ir a bombardear un país y esperar que no va ocurrir nada, no se puede tirar por la borda un sistema democrático e imponer un títere corrupto de presidente y esperar que no va pasar nada. La migración es el resultado directo de la imposición de una dictadura que obedece ciegamente a Washington, es el resultado de la imposición de políticas neoliberales, de la violencia generalizada y de la impunidad, situación que solo va cambiar cuando EE.UU. comprenda que no es torciendo la voluntad popular e imponiendo presidentes que va cambiar la situación, esto solo va cambiar cuando el pueblo hondureño sea el arquitecto de su propio destino. Mientras tanto, los hondureños y hondureñas seguirán buscando sobrevivir a costa de su propia vida en el gran país del norte.

La acusación de Trump

Por: Edmundo Orellana

Trump ha declarado la guerra a los gobiernos del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, como recurso mediático para orientar las preferencias del elector gringo a favor de los republicanos.

La caravana de hondureños que, según Trump, amenaza la seguridad de USA, motivó a otros centroamericanos, que se le han unido con el mismo propósito, huir del infierno que viven en sus respectivos países.

Trump responsabiliza a esos gobiernos del éxodo porque no han atacado las verdaderas causas de los históricos problemas que aquejan a estos países. Los acusa de robarse las ayudas que “generosamente” ofrece a esos gobiernos, particularmente al de Honduras, que, en una reacción inédita, exige a Trump, ingenuamente, que rectifique.

Desde que regresamos al régimen constitucional no hemos presenciado un deterioro en las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, como el que observamos. Ni gobernante hondureño alguno había recibido semejantes insultos del Presidente de Estados Unidos.

Esto ocurre en un contexto muy complejo, que comprende la caravana, pero también la lucha contra la impunidad en corrupción que lidera el binomio MACCIH- UFECIC, auspiciado, entre otros, por el gobierno de Estados Unidos, cuyo Congreso está por recibir una lista de supuestos corruptos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que remitirá el Departamento de Defensa gringo y que, según afirma su promotora, la representante Torres, servirá para cancelar visas y aplicar la famosa Ley Magnistky.

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La acusación de Trump no viene de la nada. Seguramente, la información que se ha recopilado para la confección de esa lista, le sirve de sustento para proferirla. Por lo que no será una sorpresa que altos funcionarios de esos gobiernos, a los que Trump, acusa de ladrones, se incluyan en la misma.

¿A qué nivel llegará esa lista? Después de lo dicho por el impulsivo Trump, habrá que preguntarse si su gobierno está dispuesto a deteriorar sus relaciones con estos gobiernos, incluyendo a funcionarios que ocupan posiciones cimeras en éstos.

Con Honduras ha tenido una relación ambigua. Oficialmente actúa como si el gobierno hondureño fuese un aliado importante, pero, a su vez, el gobernante aún no ha sido recibido oficialmente por Trump, quien no duda en atacarlo directamente y responsabilizarlo del éxodo del que se ha aprovechado para provocar miedo entre los electores, esperando se orienten hacia los candidatos republicanos en estas elecciones de medio término.

¿Qué nos está anunciando el gobierno de Estados Unidos? Por ahora, la acusación de Trump es un categórico mentís a las declaraciones oficiales de su embajada en nuestro país, que reiteradamente defiende al gobierno hondureño, cuya exclusión de la Cuenta del Milenio, recién anunciada, revela- otra vez, contrariando a la embajada- que el gobierno ha sido incapaz de aprobar los indicadores que se exigen en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

Siendo que es el Presidente de Estados Unidos quien denuncia ante sus electores que sus contribuciones fiscales canalizadas hacia estos países, probablemente se las roban sus gobiernos impúdica e impunemente, provocando la pobreza extrema, desempleo, explotación, discriminación e inseguridad, causas directas del éxodo hondureño, es de suponer que la famosa lista que se está elaborando será la prioridad de los representantes que salgan electos en estas elecciones, ante la imposibilidad de que se castigue localmente a los responsables.

Más allá de que se trata, manifiestamente, de una transgresión a las normas más elementales de la diplomacia, la denuncia de Trump coloca al gobierno hondureño, en el que ha hecho énfasis en su acusación, en una posición muy incómoda ante el mundo y en riesgo de que a sus más altos funcionarios se les aplique la temida Ley Magnistky.

Por menos de lo expuesto en otros países la oposición ya hubiera asumido el control de la agenda nacional en busca de una salida a la crisis. En el nuestro, desgraciadamente, la oposición, incapaz de asumir su papel, se afana en pequeñeces esperando que desde el extranjero resuelvan la crisis a su favor.