Diputados nacionalistas quieren evitar persecución penal cambiando las leyes

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Los diputados del Partido Nacional están buscando que no haya persecución penal contra ellos por algunos actos administrativos dolosos que cometieron en el pasado, además de evitar las líneas de investigación que ellos ya saben que vienen, dijo el diputado del PINU Luis Redondo.

Esto lo afirma el diputado Redondo porque el pasado martes no hubo sesión en el Congreso Nacional porque los diputados nacionalistas ni los directivos se presentaron al salón de sesiones y lo que se maneja en el Poder Legislativo es que están queriendo hacer esas reformas para blindarse.

El diputado pinuista señaló que como no tienen los votos para hacer estas reformas, la palabra o la estrategia que usa es “juguémonosla”, “métamosla”, tenemos los votos, pero hay un sector del partido nacional que no está en esa línea y que Redondo espera que tengan el valor de salir y decir quiénes son y porque no están de acuerdo en apoyar estos proyectos de decreto para garantizarse impunidad.

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De acuerdo al análisis del parlamentario sampedrano se debe al nerviosismo provocado por la pronta publicación de la Lista Magninsky, de las investigaciones de la MACCIH y de las líneas de investigación del CNA.

Redondo puso como ejemplo lo expresado por Tomás Zambrano en casi todas las sesiones donde dice: “es que nadie nos quiere firmar, porque tienen miedo” y como ya los propietarios no quieren firmar, están metiendo un buen número de diputados suplentes, pagándoles sueldos como parlamentarios titulares.

Vea la entrevista completa…

Diputados nacionalistas van por el tercer pacto de impunidad

 

Los diputados de los partidos de oposición no se dan cuenta de que se trata porque no repartieron el texto y ni siquiera lo colocaron en los ordenadores

Tegucigalpa. – Ayer en horas de la noche en el Congreso Nacional de la República de Honduras, se sometió al pleno el dictamen que incluye las reformas al Artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública (Decreto Legislativo N°146-86).

De acuerdo a varios diputados de la oposición esta reforma se trata de un pacto de impunidad que le quita dientes a la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH) y al propio Ministerio Público.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, manifestó que se trata de un nuevo pacto de impunidad que se avecina y que anoche el Congreso Nacional aprobó el primer debate, quedando pendientes dos debates para concretar la reforma al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública tendiente a obstaculizar a la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) para investigar actos de corrupción.

El parlamentario señaló que los diputados nacionalistas aprovechan los relajos que se dan en el Congreso para meter este tipo de dictámenes mientras los parlamentarios están en pláticas ajenas al quehacer legislativo.

El proyecto de decreto para reformar el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública fue introducido la semana pasada por el diputado Marcos Bertilio Paz Sabillón, mismo que en febrero de 2018 quiso imponer censura en el uso de las redes sociales.

Jari Dixon relató a Criterio.hn que ayer martes fue leído en primer debate sin que nadie se diera cuenta y por eso él ayer mismo hizo la denuncia porque ya sabe por dónde van.

Herrera agregó que como ya la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les declaró inconstitucional el artículo 238 de la Ley General de Presupuesto, ahora quieren reformar el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública para darle funciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como el único que puede determinar si hay responsabilidad civil, administrativa o penal en una acción de un funcionario público.

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Al darle esa función exclusiva al TSC, entonces le están quitando potestad al Ministerio Público para la investigación de casos de corrupción. Es lo mismo que hicieron la vez pasada solo que ahora lo están haciendo en otra ley, puntualizó Herrera.

Anoche no hubo votación solo se leyó en primer debate, explicó Jari Dixon Herrera, quien señaló además que para esto el presidente del Congreso Mauricio Oliva conformó una comisión especial y ya desde ahí hay sospechas que algo turbio hay porque lo hicieron a escondidas.

Omar Rivera de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que lo que se puede percibir es que se está debilitando al MP y así no se fortalece la institucionalidad llamada a enfrentar las redes corruptas en el país; disminuir facultades del MP es quitarle dientes a quien lidera lucha contra la corrupción en el país» manifestó.

Diputados nacionalistas buscan blindarse quitando el veto al presidente

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- En el marco del Congreso Móvil que se desarrolla en la ciudad de Choluteca, los nacionalistas introducen reforma que busca quitar el poder del veto al presidente de la república para interpretar también las leyes ordinarias.

La moción fue presentada por el presidente de la bancada del Partido Nacional, Mario Pérez y se pretende reformar el artículo 218 de la Constitución de la Republica, sobre los decretos que no requieren sanción del Poder Ejecutivo.

En la moción se agregan al numeral 9 las interpretaciones decretadas por el Congreso Nacional. El artículo 218 constitucional señala que no, será necesaria la sanción ni el poder ejecutivo podrá poner el veto en al menos 9 casos y resoluciones entre las que destaca en numeral nueve que se refiere a las interpretaciones que se decreten a la Constitución por el Congreso Nacional.

Pero con el decreto de reforma sometido por Mario Pérez, el Poder Legislativo ahora podría interpretar todo, no solo la constitución y con esto dejaría sin el contrapeso del veto al Poder Ejecutivo, sobre temas sensibles e importantes para Honduras.

Analistas y expertos constitucionales ya están señalando que esta reforma blindaría a los diputados de ir a procesos penales y hasta podría decir no a la extradición y no se podría evitar porque el Ejecutivo ya no tendría ese contrapeso.

Señalan que, con la reforma, los diputados podrían interpretar que el Ministerio Público no puede sustraer información con fines investigativos.

El único camino que quedaría al pueblo hondureño, sería el recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Esta reforma planteada por Mario Pérez, para ser aprobada necesita la mayoría calificada por lo que no se ve un camino expedito para su aprobación por parte de los diputados al Congreso Nacional.