Tegucigalpa. – El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez Coello, fue multado nuevamente por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por ocultar información del ente de pensiones de los comunicadores, en el que se ha revelado el despilfarro de fondos y compra sobrevalorada de propiedades.
Rodríguez Coello fue sancionado por el IAIP con una multa de tres salarios mínimos un poco más de 29.000 lempiras, en su condición de presidente de la junta directica del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negarse a publicar en el Portal Único de Transparencia, información administrativa y finaciera del ente de pensiones de los periodistas.
El presidente del CPH rechaza tenazmente publicar la información del ente de pensiones o entregarla a afiliados que la han solicitado amparados en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, llegando el IPP incluso a presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de resoluciones del IAIP que le ordenaron suministrar información financiera y administrativa solicitada por periodistas miembros del sistema.
Rodríguez Coello es un violador consuetudinario de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negarse sistemáticamente a publicar la información administrativa y financiera en el Portal Único de Transparencia por lo que el IPP ha sido calificado en seis evaluaciones con cero por ciento por incumplir la ley del IAIP.
Los directivos de los periodistas se han gastado más de 500.000 lempiras en pagar consultorías de reconocidos abogados, entre ellos un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex Fiscal General, un ex magistrado del Poder Judicial, y otros profesionales del derecho para presentar los recursos de amparo, que tienen un costo cada uno de 30.000 lempiras, de acuerdo al arancel de los abogados.
“Si no tienen nada que esconder lo más sencillo sería que entregaran la información solicitada, pero los periodistas directivos del IPP han preferido gastar cantidades millonarias en pagar abogados para ocultar la información”, dijo a CRITERIO el periodista Gustavo Palencia, que desde el año 2015 solicita información, con poco éxito, a los dirigentes del ente de previsión gremial.
Los directivos se gastan fondos del IPP en pagar abogados, en un sistema en el que la mayoría de las pensiones se encuentran entre poco más de 2.000 y 4.500 lempiras y le ofrecieron una jubilación de 1.000 lempiras al periodista Mario Valladares, tras más de 20 años de aportar al ente.
CRITERIO, en un proceso de investigación desde 2015, ha publicado el despilfarro de fondos en el ente de pensiones, las míseras jubilaciones de los afiliados, la firma de contratos con una operadora bancaria de pensiones en la que los periodistas recibirían como pensión únicamente el producto de sus cotizaciones personales y, también, se ha denunciado la compra sobrevalorada de terrenos en casi 3 millones de lempiras.
La sanción pecuniaria impuesta a Rodríguez Coello, por parte del IAIP, el órgano responsable de velar por la transparencia en los poderes del Estado y entes de gobierno centralizados y descentralizados y organismos que captan fondos públicos, es la segunda aplicada al dirigente, desde abril de 2018, por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La resolución, que sanciona a Rodríguez Coello, fue aprobada por las comisionadas del IAIP, Suyapa Thuman Conde y Gaudy Bustillo Martínez, que ocuparon esos cargos hasta el 10 de septiembre de 2019.
La multa anterior impuesta a Rodríguez Coello fue de tres salarios mínimos, poco más de 26.000 lempiras. La nueva sanción pecuniaria fue impuesta después de la convocatoria a dos audiencias conciliatorias a las que no asistió.
En una audiencia celebrada el 14 de marzo de 2018, las autoridades del IAIP y Rodríguez Coello alcanzaron un acuerdo en el que el periodista “reafirma la voluntad de firmar un acuerdo de buena voluntad entre el IAIP y el IPP para subir dicha información”, pero el dirigente del ente de pensiones no se presentó a audiciencias convocadas para el 6 y el 13 de noviembre de 2018, en las que se esperaba concretar el compromiso.
El IAIP, debido al incumplimiento por parte del IPP de la publicación en el primero y segundo semestre de 2017 y al no poder localizar a Rodríguez Coello en las oficinas del ente de pensiones, procedió a imponer la sanción pecuniaria.
Rodrīguez Coello, jefe de Redacción de diario La Prensa en Tegucigalpa, se opone no solo a entregar información a los afiliados que la solicitan y a publicar la información financiera y administrativa, sino también a una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El IPP es el único ente de previsión en Honduras, que nunca ha sido auditado por la CNBS, escudándose los directivos del CPH, que a su vez integran la dirigencia del ente de pensiones, en un inconstitucional decreto que les aprobó en el año 2000 el Congreso Nacional, excluyendo de la aplicación de leyes en materia de control, supervisión y vigilancia al ente de previsión de los periodistas.
Rodríguez Coello es el segundo presidente del CPH y a su vez de la junta directiva del IPP, en ser sancionado pecuniariamente por el IAIP por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su afán de ocultar las operaciones administrativas y financieras del ente de pensiones de los periodistas.
El dirigente se encuentra en estado de desobediencia por no entregar información a afiliados sobre las operaciones financieras del instituto, similar condición que la del ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero García, a quien el IAIP le impuso a principios del año 2016, una sanción pecuniaria de un salario mínimo, 8.000 lempiras, por negarse a entregar información solicitada por el periodista y afiliado al ente de pensiones, Gustavo Palencia.
Rodríguez Coello es presidente del CPH y de la directiva del IPP desde enero de 2017, mientras que Romero García ocupó esos mismos cargos entre 2015 y principio de 2017, pero continúa como directivo de ambos organismos por ser presidente del Tribunal de Honor del CPH.
Romero García y Rodríguez Coello se afanan por evitar someterse a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), audite la administración y finanzas del IPP que ha operado cientos de millones de lempiras desde 1987 en que inició operaciones.
Tegucigalpa. – La dirigencia del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) defendió la compra sobrevalorada en casi 3 millones de lempiras de un terreno, por parte del ente de pensiones de los comunicadores, en una operación que afectó las finanzas de la institución y en la que se involucraron los directivos y el gerente Nelson Omar Calderón Milla.
La directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) compró en el año 2011 un terreno de 1,353.42 metros cuadrados, a un precio de 11,252,000.00 lempiras (591,370.16 dólares), a Miguel Aguilar Ramos, un amigo cercano y ex cuñado de Calderón Milla, que lo había adquirido unos días antes por 8,550,000.00 lempiras (449,361.43 dólares).
El amigo y ex pariente político de Calderón Milla, que es gerente del IPP desde que inició funciones en 1987, en esta operación obtuvo una utilidad de 2,720,000.00 lempiras (142,954.95 dólares), al firmar el contrato de compraventa con el presidente, en ese entonces, de la directiva del instituto de pensiones, el periodista Juan Ramón Mairena Aguilar.
Aguilar Ramos compró la propiedad dividida en dos lotes, denominados “El Gato” y “El Guijarro”, a un precio de 332 dólares el metro cuadrado y se la vendió al IPP –donde su excuñado se desempeña como gerente y secretario de la junta directiva– a 436.95 dólares el metro cuadrado.
Los dirigentes del Colegio de Periodistas publicaron en la cuenta de Twitter institucional que la compra en la Colonia Tepeyac fue decidida en 2011 por la junta directiva del IPP que presidía Mairena Aguilar, basada en estudios de una empresa de avalúos.
“Ahí están los estudios, las actas y los avalúos de una firma independiente”, justifica la directiva actual del CPH, sin explicar por qué si el gerente y los directivos del IPP conocían la escritura de la compra hecha por Aguilar Ramos por 8,550.000.00 unos días atrás, sesionaron de inmediato y acordaron pagarle 11,252.000.00 lempiras por ese mismo predio.
Los dirigentes del CPH obviaron explicar –en ese tuit– el hecho de que el monto de la compra de la propiedad en la Tepeyac fue sobrevalorado y que no era un negocio aislado y nuevo, porque antes y después de ese año se otorgó préstamos por 3,356,000.00 lempiras a Aguilar Ramos, transacciones en las que utilizó como garantía tierras que habían sido propiedad de Calderón Milla en Residencial Siboney en el kilómetro 7 de la carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía.
Y que incluso vendió en 2009 a un afiliado del IPP una vivienda en esos predios que fueron propiedad de Calderón Milla en Residencial Siboney, y otra en el 2012 a otro periodista afiliado al sistema en una selecta zona residencial de la capital.
En esta operación, tanto el gerente como los miembros de la junta directiva del IPP deben conocer el tracto sucesivo de las escrituras de compra-venta de la propiedad adquirida, por lo que debieron haber leído el precio por el que Aguilar Ramos lo adquirió, dijo a CRITERIO un abogado y notario que asesora entes de pensiones e instituciones públicas en estas gestiones.
NEGOCIO ENTRE AMIGOS Y EX CUÑADOS
Tampoco explicaron por qué se hizo está compra, donde fue evidente el conflicto de intereses al conocerse que Aguilar Ramos era amigo y ex cuñado del gerente y secretario de la junta directiva, y también colega y amigo de la mayoría de los miembros de la junta directiva, pues es periodista afiliado al CPH y el IPP.
“Con base a eso, en 2011 la directiva de ese entonces adquirió un terreno por 11.2 millones en Tepeyac, una zona de alta plusvalía de la capital, cuyo valor en 7 años es casi el doble de lo que se compró. ¿Dónde está entonces la ilegalidad si esa inversión es rentable?”, dice la publicación del CPH encabezados como presidente por el periodista Dagoberto Rodríguez Coello.
Sin embargo, CRITERIO en consultas con agencias y empresas de bienes raíces en Tegucigalpa, encontró que cuando han pasado 8 años con 8 meses desde que se hizo esa compra, en la colonia Tepeyac se oferta la venta, a precios negociables, de terrenos a un precio por metro cuadrado desde los 302.72 dólares, 361.42 dólares y 431,48 dólares y hasta 500 dólares el metro y ninguna es “casi el doble de lo que se compró”, como aseguran los dirigentes del CPH.
Los directivos del IPP en abril de 2011 compraron a un precio de 436.95 dólares el metro cuadrado.
Gestores de ventas de estas propiedades aseguraron que “es cosa de hacer una oferta y los precios bajarían” pues en la capital hay una serie de terrenos y viviendas en venta en zonas selectas de la capital que no encuentran comprador.
Esta empresa de bienes y raíces vende actualmente este lote de terrero en la colonia Tepeyac a 361.42 dólares el metro cuadrado y en abril de 2011 el IPP pagó 436.95 dólares por el metro cuadrado de los lotes “El Gato” y “El Guijarro”, que le compró a Miguel Aguilar Ramos.
La compra de este terreno al amigo y ex cuñado del gerente del IPP es un activo improductivo que aún causa pérdidas al ente de pensiones debido a que los 11,252,000.00 lempiras para efectuar la transacción, se retiraron de la cartera de depósitos a plazo que generaban fondos para financiar las pensiones y alimentar las reservas del sistema.
La adquisición de ese bien inmueble causó al IPP, en el mismo año de la inversión, una pérdida de 1,263,054.23 lempiras en concepto de intereses por depósitos a plazo, porque de 3,263,054.23 que se obtuvieron en el 2010, los dividendos cayeron a 1,998,853.75 lempiras en 2011.
Las pérdidas para el IPP por la compra de este activo improductivo, se calculan hasta el año 2015 en al menos 5 millones de lempiras, cifra que sigue aumentando en el tiempo por el retiro de la masa de capital destinado a depósitos a plazo en razón de los intereses que se dejan de percibir.
COMPRA SINCRONIZADA
Los directivos del CPH no explicaron por qué, el entonces presidente de la junta directiva del IPP Juan Ramón Mairena Aguilar compareció como comprador, junto a Miguel Aguilar Ramos, el 8 de abril del 2011 ante el notario Milton Rubén Sandoval para la compraventa, cuando en esa fecha todavía la propiedad no había sido registrada a favor del cuñado de Calderón Milla.
Fue hasta el 15 de abril, que el Instituto de la Propiedad registró los 1,353.42 metros cuadrados como propiedad de Aguilar Ramos.
Tampoco explicaron el hecho de que Miguel Aguilar compró la propiedad el 16 de marzo de 2011, y un día después la junta directiva del IPP celebró una sesión para autorizar comprársela. Según hace constar el notario Milton Rubén Sandoval Peralta, tuvo a la vista el punto 4 del acta 246 de la sesión celebrada por la Junta Directiva el 17 de marzo del año 2011 “donde se autoriza la compra de este bien inmueble”.
El Instituto de previsión de los periodistas nunca ha sido auditado por la CNBS, debido a que los directivos se escudan en un inconstitucional decreto aprobado en el año 2000, y que recientemente les ampliaron el Congreso Nacional los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal que excluye al IPP del control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras de parte de los órganos del Estado.
CRITERIO investiga desde mayo del 2015 lo que ocurre en el ente de pensiones de los periodistas, publicando situaciones como el despilfarro de fondos, el arbitrario otorgamiento de míseras pensiones y la existencia de contratos con un fondo de pensiones en el que los afiliados se jubilarán únicamente con sus aportes personales, de manera que está compra sobrevalorada no es una situación irregular nueva en este ente de previsión.
Los directivos de CPH, aunque aseguran que las operaciones administrativas y financieras han sido operadas con las “manos limpias” y “transparencia” se oponen tenazmente a someterse a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que es el organismo especializado y legalmente le corresponde cumplir esta tarea.
Así reaccionó el Colegio de Periodistas de Honduras ante las evidencias presentadas en la publicación de CRITERIO del 3 de diciembre de 2019:
El IPP es un ente colegiado y todas sus decisiones y principalmente sus inversiones se toman por mayoría de sus miembros con base a estudios técnicos para garantizar seguridad, estabilidad y rentabilidad en el tiempo. Las decisiones no obedecen al libre albedrio de una persona.
Manipulando cifras y mintiendo descaradamente y sin ninguna verguenza, los permanentes enemigos del IPP y del CPH vuelven con una ínfame campaña de desprestigio contra la institución y sus directivos. Ahi están los estudios, las actas y los avalúos de una firma independiente.
Este terreno de 1.353.42 metros, dividido en dos lotes denominados “El Gato” y “El Guijarro”, comprado por el IPP en la colonia Tepeyac en el año 2011 por 11, 252,000.00 lempiras, fue adquirido días antes por Miguel Aguilar, excuñado del gerente del IPP Omar Calderón, por 8,550,000.00 lempiras.
CRITERIO hace una nueva entrega en el marco de una investigación periodística que ha venido realizando desde el año 2015 sobre el Instituto de Previsión Social del Periodista. Este medio de comunicación, a través de sendas entregas, ha develado varias irregularidades financieras y administrativas en el ente de pensiones, en esta oportunidad le contamos la trama de cómo se compró propiedades sobrevaloradas.
Implicados la Junta Directiva y el gerente en una transacción que golpeó las finanzas del instituto de previsión
Tegucigalpa – El ente de pensiones de los periodistas adquirió un terreno en una selecta zona de Tegucigalpa, sobrevalorado en casi 3 millones de lempiras, en una operación que golpea las finanzas de la institución y en la que se involucraron miembros de la junta directiva y el gerente, Nelson Omar Calderón Milla.
La directiva de Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) compró en el año 2011 en la Colonia Tepeyac dos lotes de terreno denominados “El Gato” y “El Guijarro” de 1,353.42 metros cuadrados, a un precio de 11, 252,000.00 lempiras (591,370.16 dólares en 2011), a Miguel Aguilar Ramos, un ex cuñado y amigo cercano de Calderón Milla, que los había adquirido unos días antes por 8,550,000.00 lempiras (449,361. 43 dólares).
Esta escritura hace constar la transacción mediante la cual Miguel Aguilar Ramos compró la propiedad por 8.550.00.00 y que luego vendió al IPP por 11, 252,000.00 lempiras.Esta escritura hace constar la venta que Miguel Aguilar Ramos hizo al IPP de los lotes de terreno denominados «El Gato» y «El Guijarro» por 11, 252,000.00 lempiras, luego de haber pagado por estos 8.550.00.00 lempiras.
El análisis de esa transacción al precio del dólar en 2011, refleja que Aguilar Ramos compró la propiedad al precio de 332 dólares por metro cuadrado, y días después se la vendió al IPP por 436.95 dólares el metro cuadrado. Es un precio tan sobrevalorado, que ocho años después, 2019, hay en el mercado inmobiliario ofertas de terrenos con un valor inferior.
Pero Aguilar Ramos, que logró en esa compra-venta en abril de 2011 una utilidad de 2,720,000.00 lempiras (142,954.74 dólares), también obtuvo préstamos del IPP por al menos 3,356,000.00 lempiras, utilizando como garantía propiedades adquiridas originalmente por Calderón Milla, ubicadas en la carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía y que le fueron transferidas a precios simbólicos.
Los préstamos fueron otorgados en julio y octubre del 2009, tal consta en los documentos de escrituración a que ha tenido acceso CRITERIO.
Además, Aguilar Ramos, con un historial de negocios con su excuñado Omar Calderón Milla, encontró en el instituto de prevision de los periodistas un nicho de mercado para vender viviendas financiadas por el ente de pensiones, entre ellas, una edificada en un terreno que fue propiedad de Calderón Milla.
Los directivos del IPP, en la compra de las tierras a Aguilar Ramos, incumplieron normas de inversión adoptadas por el mismo ente de pensiones, al haber adquirido un activo improductivo, ya que para esa compra tuvieron que retirar fondos de depósitos a plazo que generaban ingresos para fortalecer las reservas del ente y financiar las pensiones de los afiliados.
Calderón Milla, uno de los gerentes mejor pagados en los entes de previsión en Honduras, considerado el “cerebro” de las operaciones financieras y administrativas durante 32 años, es un protegido de la llamada “vieja y nueva guardia” del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), más conocida como la “argolla” del Movimiento Álvaro Contreras.
Aguilar Ramos es un periodista que ha tenido en el pasado un programa de televisión en un canal de Tegucigalpa, pero su actividad más productiva al parecer han sido los negocios favorecidos por su excuñado Calderón Millas en el IPP, al recibir préstamos del ente de pensiones, y dedicarse a la construcción y venta de viviendas.
La adquisición de ese bien inmueble causó al IPP, en el mismo año de la inversión, una pérdida de 1,264,200.48 lempiras, en concepto de intereses por depósitos a plazo, porque de 3,263,054.23 lempiras que se obtuvieron en el 2010, los dividendos bajaron a 1,998,853.75 lempiras en 2011.
Las pérdidas para el IPP por la compra de este activo improductivo, se calculan hasta el año 2015 en al menos 5 millones de lempiras, cifra que sigue aumentando hasta la fecha actual, en razón de los intereses por depósitos a plazo que se dejan de recibir.
Esta operación fue autorizada por la junta directiva del IPP, que entonces era presidida por el periodista Juan Ramón Mairena, e integraban además sus colegas Francisco Javier Sánchez Izaguirre, Eduin Natividad Romero García, José René Madrid Cruz, Adán Elvir Flores y los fallecidos Marco Antonio Mejía y Jorge Talavera Sosa, según publicaciones del CPH.
Esta transacción pone de relieve el desmesurado interés que tenía la junta directiva del IPP en adquirir esta propiedad, pues se obviaron las normas de inversión que desaconsejaban tal adquisición por el impacto financiero negativo, el alto costo de la compra que representó el 57 por ciento del presupuesto ejecutado por la institución en 2011 y la premura con la que se procedió a la compra.
Normas publicadas en memorias anuales del IPP, dicen que los fondos deben invertirse “procurando el equilibrio óptimo entre seguridad, rentabilidad y liquidez”, pero no siguieron esta regla en esta compra de bienes inmuebles, transacción en la que la institución ha destinado más capital desde que empezó a operar en 1987.
Además, en el Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se considera inversiones las “realizadas por el Instituto que reditúen en beneficio sobre el patrimonio del Fondo, ya sea a través de una renta fija variable o una combinación de ambas, y adicionalmente con las características de seguridad, rentabilidad y liquidez”.
El Instituto de previsión de los periodistas nunca ha sido auditado por la CNBS, debido a que los directivos se escudan en un inconstitucional decreto aprobado en el año 2000, y que recientemente les amplió el Congreso Nacional con la venia de diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal. “(…) no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”, dice el fuero que les otorgaron.
CRITERIO, que investiga desde mediados del 2015 lo que ocurre en el ente de pensiones de los periodistas, publicando situaciones como el despilfarro de fondos, el arbitrario otorgamiento de míseras pensiones y la existencia de contratos con un fondo de pensiones en el que los afiliados se jubilarán únicamente con sus aportes personales, descubrió esta millonaria operación que golpea las finanzas del IPP y, por ende, de sus afiliados.
En la compra-venta de los terrenos se evidenció la urgencia por cerrar la operación porque, mediante los oficios del notario Milton Rubén Sandoval Peralta, la realizaron el 8 de abril del 2011, compareciendo el presidente de la junta directiva del IPP, Juan Ramón Mairena Aguilar como comprador, junto a Aguilar Ramos como el vendedor, pero en esa fecha este último todavía no tenía registrada la propiedad a su nombre. Fue hasta el 15 de abril, que el Instituto de la Propiedad se la registró como propia, según consta en la escritura.
Aguilar Ramos había comprado la propiedad tres semanas antes al señor Armando Chinchilla. Eran dos lotes de terreno de 676.71 metros cuadrados cada uno, y en total pagó 8,550,000.00 lempiras, en una operación escriturada también por el notario Sandoval Peralta. Es esta la que vendió unos días después al IPP por 11,252,000.00 lempiras.
Asombra que Miguel Aguilar compró la propiedad el 16 de marzo de 2011, y un día después la Junta Directiva del IPP celebró una sesión para autorizar comprársela. Según hace constar el notario Milton Rubén Sandoval Peralta, tuvo a la vista el “punto 4 del Acta 246 de la sesión celebrada por la Junta Directiva el 17 de marzo del año 2011, donde se autoriza la compra del bien inmueble.
Fue la primera vez, desde 1987 que empezó a operar el IPP, en que compareció en adquisiciones en Tegucigalpa como comprador un presidente de la junta directiva del ente de pensiones, en este caso Mairena Aguilar, según las escrituras a las que accedió CRITERIO En anteriores compras de terrenos, quien firmó como representante fue Calderón Milla.
“En estas operaciones de instituciones públicas o privadas el gerente o director tienen que conocer los documentos de tracto sucesivo, los miembros de junta directiva para autorizar la compra-venta deben conocer todos los detalles”, dijo a CRITERIO un abogado y notario que ha asesorado institutos de previsión y empresas estatales.
“Los directivos deben conocer los detalles de estas operaciones, pues si hay una irregularidad no pueden evadir su responsabilidad, simplemente diciendo que no sabían o no conocían los detalles”, agregó el profesional del derecho, que pidió el anonimato.
EL CUÑADO Y EL GERENTE
Aguilar Ramos, no sólo vendió el terreno sobrevalorado de la colonia Tepeyac al IPP, también hizo varias transacciones en el ente de pensiones, entre ellas obtener créditos por 3,356,000.00 lempiras en el año 2009, colocando como garantía terrenos que fueron originalmente propiedad de Calderón Milla.
También vendió una residencia a un periodista afiliado al IPP, construida en un terreno que fue propiedad del gerente de la institución.
Calderón Milla compró por 100.000 lempiras un terreno de 374 metros cuadrados, en junio del año 2005, en el kilómetro 7 de la carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía, en la llamada Residencial Siboney, al señor Gerardo Francisco Massu Avalos, en una operación escriturada por el notario Milton Rubén Sandoval Peralta.
El gerente del IPP, en octubre de 2007, realizó una venta a su ex suegra y madre de Aguilar Ramos, Lidia María Ramos Mármol por 50.000 lempiras de un predio en Residencial Siboney de 108.28 metros cuadrados, según la escritura pública autorizada también por Sandoval Peralta.
El 5 de febrero del 2009 el Notario Sandoval Peralta, escritura la “donación en forma pura perfecta e irrevocable” por parte de Ramos Mármol a su hijo Miguel, de la propiedad que Calderón Milla le había vendido.
Cinco meses después, el 23 de julio del 2009, Ramos Aguilar comparece ante el notario Sandoval Peralta junto a su ex cuñado y gerente del IPP, obteniendo un préstamo de “mediano plazo” de 1,456,000.00 lempiras, colocando como garantía el terreno que le donó su madre, y que antes era propiedad de Calderón Milla, más unas mejoras descritas como una vivienda de dos pisos construida en el predio.
En la escritura el notario consigna que Aguilar Ramos “declara que con fecha 17 de julio del año 2009” la junta directiva del IPP “acordó otorgarle” el crédito de mediano plazo de 1,456,000.00 lempiras otorgándole un plazo de pago de 20 años.
Aguilar Ramos, tres meses después, el 29 de octubre del 2009, paga este préstamo y Calderón Milla lo autoriza a solicitar ante el Instituto de la Propiedad la cancelación de la garantía del crédito, según el Acta de Cancelación de Gravamen emitida por el notario Sandoval Peralta. Y en esa misma fecha el IPP le otorga otro préstamo hipotecario.
En Residencial Siboney el gerente del IPP, Omar Calderón Milla, adquirió en el año 2005 un lote de terrero de 374 metros cuadrados. En un predio de esta propiedad su ex cuñado, Miguel Aguilar Ramos, vendió posteriormente una vivienda a un afiliado al ente de pensiones.
OCTUBRE FELIZ
Calderón Milla, en una nueva operación de compra-venta, el 13 de octubre de 2009 le traspasa a Aguilar Ramos por un pago de 50.000 lempiras un terreno de 265.28 metros cuadrados, que era el remanente de la compra de la propiedad que adquirió en junio de 2005 en Residencial Siboney, según la escritura elaborada por el notario Sandoval Peralta.
Esta escritura constata la venta que hace el gerente del IPP a su excuñado Miguel Aguilar Ramos de un lote de terreno de 265.28 metros cuadrados en Residencial Siboney.
Pero apenas 16 días después, el 29 de octubre de 2009, Aguilar Ramos hipotecó en el IPP este otro terreno incorporando como mejoras una residencia de dos pisos, obteniendo un préstamo de 1,900,000 lempiras en una operación en la que comparece junto a su ex cuñado, Calderón Milla ante el notario Sandoval Peralta que escritura la transacción.
En la escritura el notario consigna que Aguilar Ramos declara que un préstamo de 300.000 lempiras en calidad de hipotecario le fue aprobado en sesión de junta directiva del IPP el 23 de abril de 2009 y el de 1,600.000 lempiras de mediano plazo el 17 de julio del mismo año.
Aguilar Ramos, según un Acta de Liberación de fecha 1 de agosto de 2012 elaborada por la notaria Ángela Margarita Moreno Mejía, ante la que compareció el gerente Calderón Milla, dio por cancelado totalmente el préstamo de 1,900.000 lempiras otorgado a su ex cuñado en octubre de 2009. En el año 2009, el presidente del IPP era el periodista José Elán Reyes Pineda.
El cuñado del gerente encontró en el IPP un buen respaldo financiero y, además, entre los periodistas afiliados un mercado de potenciales compradores de viviendas con la ventaja de tener un financiamiento seguro, que es el principal problema de los constructores.
CRITERIO encontró dos casos en los años 2009 y 2012 en que Aguilar Ramos vendió viviendas a periodistas afiliados al IPP, una de ellas construida en un terreno que originalmente era propiedad de Calderón Milla.
Una de ellas es una vivienda construida en una área de 108.28 metros cuadrados, ubicada en Residencial Siboney que Calderón vendió en 2007 por 50.000 lempiras a su ex suegra, y madre de Aguilar Ramos, que se la traspasó a su hijo en calidad de donación.
Aguilar Ramos utilizó esa propiedad, incorporando como mejoras una residencia como garantía para obtener en julio del 2009 un préstamo del IPP de 1,456.000 lempiras. Calderón Milla compareció el 29 de octubre ante el notario Sandoval Peralta para otorgar a su ex cuñado la cancelación de gravamen y un día después el notario escrituró la compra venta financiada por el ente de pensiones a un periodista afiliado.
El préstamo otorgado al afiliado por el IPP para adquirir la vivienda el 30 de octubre fue de 1,981.000 lempiras, según la escritura elaborada por el notario Sandoval Peralta.
El excuñado del gerente Calderón Milla, también vendió en noviembre de 2012 una vivienda en la selecta colonia San Ignacio con un crédito a un afiliado de 2 millones de lempiras, según consta en la escritura.
“HEMOS ACTUADO CON TRANSPARENCIA”
Los periodistas directivos del ente de pensiones, aunque aseguran han operado con “manos limpias” y “transparencia” las finanzas de la institución, rechazan firmemente entregar información solicitada por afiliados y menos someterse a la auditoría de la CNBS.
“A esa persona le he dicho que hemos actuado con transparencia. Le digo en la cara”, dijo el ex presidente de la directiva del ente de pensiones, Juan Ramón Mairena Aguilar, dirigiéndose en una asamblea del CPH en enero de este año, al periodista Gustavo Palencia, que desde mayo de 2015 solicita con poco éxito información de las operaciones administrativas y financieras del IPP.
Por su lado, Rodríguez Coello, quien es jefe de redacción del diario La Prensa, ha gastado en los últimos años más de medio millón de lempiras del IPP en pagar asesorías y consultorías de bufetes y el pago de abogados para presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar información del ente solicitada por afiliados y eludir someterse a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El comunicador, que es presidente del CPH y de la directiva del IPP desde enero de 2017, incluso fue sancionado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con una multa de casi 27.000 lempiras por no cumplir con la publicación de información financiera y administrativa del ente en el Portal Único de Transparencia de la institución oficial.
Eduin Natividad Romero García, ex presidente del CPH y actual miembro de la directiva del IPP, e integrante de la junta de dirigentes del ente que autorizó en 2011 la compra del terreno al excuñado del gerente Calderón Milla propuso, el 28 de septiembre en una asamblea del Colegio de Periodistas, la expulsión de Palencia y de las comunicadoras jubiladas Delia Mejía y Vilma Rosales.
Romero García, actual presidente del Tribunal de Honor del CPH, exhortó a la asamblea y a los dirigentes a expulsar a Palencia por solicitar información del ente de pensiones y a Mejía y Rosales por presentar una demanda ante los tribunales por el cálculo arbitrario del monto de su pensión.
“Yo no necesito escudo de impunidad, ni mis compañeros — directivos del IPP — necesitan ningún escudo de impunidad, ¿por qué?, porque no vamos a robar nada, no hemos robado nada”, aseguró, aludiendo al decreto 59-2000 en el que se refugian los directivos del ente de pensiones para no ser auditados por la CNBS.
Sin embargo, Romero García no explicó porqué rechazan que la CNBS ejerza su tarea de supervisión y control en el IPP, como lo practica en otras instituciones de previsión públicas y privadas.
El diputado y empresario de medios de comunicación del departamento de Atlántida, Rodolfo Irías Navas, se convierte en aliado de los directivos del CPH en su cruzada por la impunidad
Tegucigalpa.-Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) lograron a través de sus aliados políticos en el Congreso Nacional, la presentación de una reforma a la ley del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en busca de sustraer al ente de la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de bloquear demandas de afiliados que ponen al descubierto normas ilegales adoptadas para esquilmar la pensión de los afiliados.
Los directivos del CPH, presididos por Dagoberto Rodríguez Coello, llegaron hace unas semanas al Congreso Nacional a reunirse con directivos del Poder Legislativo, presuntamente para exigir la derogación del nuevo Código Penal. Sin embargo, hoy se conoció que en medio de dichas deliberaciones los directivos del gremio periodístico pidieron nuevamente que se reforme la ley del IPP, que les otorga un escudo de impunidad que evita sean auditados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El proyecto de decreto, que busca otra reforma de la ley del ente de pensiones de los periodistas, fue presentado el jueves por el diputado nacionalista Rodolfo Irías Navas, con miras a que el IPP no pueda ser demandado en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, que es donde corresponde por ser “un organismo de derecho público”, según lo consigna su ley de creación.
Complaciendo la petición de los directivos del CPH, el diputado y ex presidente del Congreso Nacional, Rodolfo Irías Navas, presentó una reforma al decreto 59-2000, encaminada a eximir al IPP de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contrario a lo que establece su ley de creación.
“Los conflictos y demás relacionados a la actividad del Instituto de Previsión Social del Periodista, no son actos de administración pública y la solución de tales conflictos no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo ser esgrimido ante la justicia ordinaria civil o laboral”, dice la reforma propuesta por Irías Navas.
Irías, en su argumentación para justificar la reforma, dice que el IPP es una institución que representa intereses gremiales por lo que su gestión corresponde a sus afiliados sin intervención del gobierno. Agrega que se ha generado confusiones indebidas e interpretaciones que pretenden someter las actuaciones de naturaleza laboral y otras actuacciones o decisiones del Institito de Previsión Social del Periodista a la competencia de lo Contencioso Administrativo.
La reforma propuesta por Irías Navas dice textualmente:
“Artículo 1. Reformar por adición el artículo 1 del Decreto 59-2000 (…) que interpreta los artículos 2 y 64 del decreto 190-85 de fecha de fecha 30 de octubre de 1985 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de diciembre de 1985, el cual deberá leerse de la siguiente forma: Artículo 1. Interpretar los artículos 2 y 64 del Decreto 190-85, conocida como Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista, en el sentido de que siendo un organismo de Derecho Público, no estatal, gremial sin fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales y de conformidad a su ley, no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República, en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas; su representación legal corresponde al presidente de la Junta Directiva, quien podrá delegarla con autorización de esta en otro miembro de la misma; los conflictos y demás relacionados con la actividad del Instituto de Previsión Social del Periodista no son actos de administración pública y la solución de tales conflictos no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo ser dirimido ante la justicia ordinaria civil o laboral.
1/2 Proyecto @RodolfoIrias reformar por adición el artículo 1, 2 y 64, conocido como la Ley Del Instituto De Previsión Social Del Periodista, siendo un organismo de derecho público, no Estatal gremial, sin fines de lucro; dedicada a la prestación de beneficios sociales. pic.twitter.com/GMBRF6STT2
Pero el diputado nacionalista Irías Navas obvia decir que el decreto 59-2000 es utilizado por los directivos del CPH para evitar que el ente de pensiones de los periodistas sea auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, violando el decreto 60 de la Constitución que establece que: “En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”.
Los directivos de los periodistas recurrieron a sus “amigos” diputados en el Congreso Nacional para obtener un segundo blindaje de su escudo de impunidad, después de más de cuatro años de violaciones reiteradas a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, negándose a entregar información de las operaciones financieras y administrativas del ente de pensiones.
“Los directivos del Colegio de Periodistas nuevamente acuden al Congreso Nacional por más impunidad, lo que evidencian, es que son parte del pacto de Impunidad que empobrece a Honduras. A nosotros como afiliados del IPP nos esquilman el derecho a una pensión justa”, dijo el periodista Gustavo Palencia, que solicita con poco éxito información de las operaciones financieras del organismo.
Estos periodistas en esta nueva incursión en el Poder Legislativo, pidieron, además de conservar el escudo de impunidad que les aprobaron en el año 2000, una ampliación para evitar que el Instituto pueda ser demandado por sus afiliados en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, donde corresponde, por ser el IPP “un organismo de derecho público”.
Varios afiliados han presentado demandas contra el IPP en los juzgados de lo Contencioso Administrativo (demandas que están en proceso), debido a que los directivos les han otorgado pensiones disminuidas en más de un 50 por ciento, al margen de la ley, lo que constituye un fraude para los periodistas que se jubilan.
Los directivos del CPH, varios de ellos también miembros de la dirigencia del IPP, rechazan tenazmente la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y se niegan a entregar información a sus afiliados y a ciudadanos, a lo que están obligados, debido a que captan transferencias del Estado.
“Reforma a la ley del IPP está relacionada a que somos una entidad gremial y no estatal y por ende no estamos sujetos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino al ámbito civil. Es decir, que si alguien quiere entablar una acción legal lo deberá hacer por la vía civil”, dijo Dagoberto Rodríguez Coello, en su cuenta de twitter @darocohn.
Reforma a la ley del IPP está relacionada a que somos una entidad gremial y no estatal y por ende no estamos sujetos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino del ámbito civil. Es decir, que si alguien quiere entablar una acción legal lo deberá hacer por vía civil.
Rodríguez Coello, jefe de redacción de diario La Prensa en Tegucigalpa, y el ex presidente de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero, fueron multados con más de 26.000 lempiras el primero, y 8.000 lempiras el segundo, por violar reiteradamente la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El jefe de redacción de La Prensa en Tegucigalpa ha gastado casi medio millón de lempiras en abogados para presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de resoluciones del IAIP, que ordenó al IPP entregar información, y han erogado importantes recursos en asesorías y consultorías para ese mismo fin.
Los dirigentes del IPP, han operado sin ninguna auditoría de la CNBS más de 400 millones de lempiras, y rechazan tenazmente publicar información de sus operaciones en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Los fondos del ente de pensiones de los comunicadores han sido desangrados desviando recursos importantes en otorgar un millonario salario y privilegios al eterno gerente de la institución, que debieron ser destinados a las pensiones y beneficios de los afiliados.
A los periodistas afiliados se les viola su derecho a la igualdad ante las leyes, y se les coloca en estado de indefensión, al no cumplirse la obligación del Estado de tutelar su derecho a la previsión social.
Tegucigalpa.-Un grupo de periodistas inició el sábado el proceso de creación de una asociación debido a la falta de rendición de cuentas, beneficios, protección del ejercicio profesional, exclusión, ausencia de democracia y transparencia en el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y su ente de pensiones.
«No estamos pensando en un nuevo Colegio, vamos a crear una asociación para desligarnos del yugo al que nos han sometido durante años un grupito en el Colegio de Periodistas de Honduras», dijo CRITERIO, el periodista Martín Ramírez.
Los periodistas que iniciaron el proceso de organización, se quejan por la ausencia de democracia en el CPH, al establecerse una «dictadura» através del llamado «Movimiento Álvaro Contreras», jefeado por un grupito de comunicadores de la «vieja guardia», cuya gestión se caracteriza por la ausencia de rendición de cuentas con las aportaciones gremiales y en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).
También, la exclusión de beneficios como la capacitación, acceso al ente de pensiones, protección del ejercicio profesional y la exigencia de un salario digno para un comunicador con formación universitaria.
Los comunicadores en esta primera reunión, en un céntrico local en el casco histórico de Tegucigalpa, a la que acudieron casi una veintena de profesionales, decidieron impulsar la creación de la Asociación de Periodistas Profesionales y de la Comunicación de Honduras.
«El Colegio de Periodistas no representa nuestras necesidades, nuestras aspiraciones profesionales, estamos buscando crear una organización que tenga respuestas para los profesionales de la comunicación», dijo a CRITERIO el periodista de radio, Óscar Morán.
«El Colegio de Periodistas debería tener transparencia, debería de rendirnos cuentas porque somos pensantes», agregó.
El periodista Gustavo Palencia pide hace cuatro años información con poco éxito sobre las operaciones financieras y administrativas del IPP, la que los directivos se niegan a entregar por lo que han sido sancionados con multas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El presidente del CPH y el IPP, Dagoberto Rodríguez Coello, fue sancionado con una multa de más de 26.000 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al negarse a publicar la información financiera y administrativa del ente en el Portal Único de Transparencia del IAIP.
Antes, el ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero García, actual presidente del Tribunal de Honor de la organización gremial, fue sujeto de una multa de 8.000 lempiras por no entregar información, la que 3 años después no suministra, en abierta desobediencia a resoluciones del IAIP.
«No hay democracia, todo es unilateral, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas en el CPH, hay un grupito que decide. Estamos buscando la manera de cómo de manera separada del Colegio, buscamos una jubilación o un retiro de la profesión más digno», dijo Morán.
Tegucigalpa.-El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, llamó a que lo acompañen en una lucha para evitar que se ponga en vigencia el nuevo Código Penal, que atenta contra la libertad de expresión, pero no anunció cuando cesará en las violaciones a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
«Ese Código Penal pretende aniquilar la poca libertad de expresión que nos queda. Anunciamos desde este momento que comenzamos una lucha con la ciudadanía, los medios de comunicación y con todos aquellos que quieran unírsenos para lograr su inaplicabilidad», dijo Rodríguez.
Rodríguez, quien también fue ministro de Prensa en el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro, habló la noche del sábado en un acto en un hotel de San Pedro Sula, en el que la dirigencia del CPH entregó su premio anual al comunicador sampedrano Salomón Salguero.
El presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, entrega el Premio «Álvaro Contreras» al veterano periodista Salomón Salguero.
«Como primer paso acudiremos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se declare su inaplicabilidad por violentar la Carta Magna y tratados internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión», dijo el periodista jefe de la redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa.
Pero Rodríguez se abstuvo de decir cuándo abandonará la guerra que libra contra la transparencia, para evitar publicar y entregar información de las operaciones financieras del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), a solicitantes de información, necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión.
Rodríguez, desde su cargo también de presidente del IPP, se niega a cumplir en tiempo y forma con la entrega de información solicitada al ente sobre sus operaciones financieras y a colocar su información en el Portal Único de Transparencia.
El presidente del CPH no solo rechaza que el ente se someta a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que se opone a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), audite las operaciones financieras y administrativas del ente.
El IPP es el único ente de pensiones que nunca ha sido auditado por la CNBS, pese a que su ley se lo manda, al igual que en los casos del ente de los militares, maestros, empleados públicos, abogados y el Seguro Social que sí son vigilados.
«Es increíble que el presidente del Colegio pretenda erigirse en un luchador por la libertad de expresión, cuando él viola este derecho de los ciudadanos cuando se niega a entregar y publicar información financiera y administrativa del Instituto de Previsión Social del Periodista», dijo el periodista Gustavo Palencia, que desde hace cautro años solicita con poco éxito información al ente de pensiones de los comunicadores.
El presidente de las juntas directivas del CPH y del IPP, desde enero de 2017, en su tenaz lucha para evitar entregar información solicitada por periodistas afiliados, presentó al menos ocho recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pretendiendo que no se aplique al IPP la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Rodríguez, en esta guerra contra la transparencia, fue sancionado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con una multa de poco más de 26.000 lempiras y fue calificado con cero por ciento en cinco ocasiones en la evaluación de cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por no publicar información de sus operaciones financieras y administrativas en el Portal Único de Transparencia.
No es la primera vez, que el también empleado del grupo de medios Organización Publicitaria (OPSA), que opera revistas, diarios y canales de televisión, se atreve a nominarse en su pretensión de liderar cruzadas, aunque no ha logrado su propósito.
En mayo de 2018, también en un día del Periodista, Rodríguez llamó a lanzar una cruzada contra la corrupción, pese a que desde que asumió en el cargo, en el 2017, oculta información financiera del ente de pensiones de los comunicadores.
«Quiero mencionar que desde el CPH abogamos por un combate frontal a la corrupción y al saqueo de los dineros — del Estado –. Por eso desde este lugar proponemos una cruzada de la sociedad civil para extirpar este cáncer», dijo Rodríguez el 26 de mayo de 2018, cuando entregaba un premio al reportero de radio y televisión, Elán Reyes Pineda.
Es en la gestión de Rodríguez en el CPH y el IPP cuando se han invertido importantes recursos del instituto de pensiones en pagar los servicios de abogados para que recurran ante los tribunales buscando ser excluidos del alcance de la Ley de Transparencia, con el objetivo de mantener oculta la información de las operaciones administrativas y financieras del ente de previsión.
Tegucigalpa.- Los directivos del ente de pensiones de los periodistas, sostienen en el cargo de gerente de la institución a Omar Calderón, pese al despilfarro de fondos dirigidos en su mayoría a gastos administrativos de los que el alto ejecutivo es el más beneficiado, mientras los comunicadores se jubilan con míseras pensiones.
Calderón está vinculado íntimamente a la oscura historia del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), desde 1987, cuando inició operaciones, hasta la fecha, período en el que los directivos se han empeñado en otorgar beneficios y privilegios a ejecutivos y empleados del ente, en detrimento de los afiliados.
Los directivos del IPP, también del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), obsequiosamente han aprobado el pago de al menos 17 salarios por año otorgando bonos, y financiando una costosa e ilegal afiliación del personal del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) aunque los empleados no son servidores públicos.
Los periodistas directivos del IPP, no han respetado las más elementales normas de control del gasto aconsejadas por la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS), que si las cumplen los otros entes de pensiones en Honduras, y han derrochado millonarias cantidades en salarios, beneficios y privilegios a la empleomanía que encabeza Calderón.
Sólo entre el año 2007 y 2017, el IPP destinó 51.7 millones de lempiras a gastos administrativos y beneficios laborales a empleados y ejecutivos, lo que representó un sobregiro en ese período de 44.3 millones, pues debieron destinar a ese rubro únicamente 7.3 millones de lempiras, según normas aconsejadas por la CNBS.
El abultado gasto excedió en más del 600 por ciento, la cantidad aconsejada por la CNBS para asegurar una administración sana y eficiente. La normativa establecida en el año 2009, advierte que los gastos administrativos deben limitarse a un 10 por ciento del total de las aportaciones patronales y cotizaciones de los afiliados.
El IPP captó entre el año 2007 y el 2017, 73 millones de lempiras en concepto de aportaciones patronales y cotizaciones de los periodistas afiliados. El abultado gasto administrativo es una constante en el IPP, desde que inició sus operaciones, en detrimento de los periodistas que se han jubilado con pensiones, en su mayoría, entre 2,000 y un poco más de 4.000 lempiras.
Calderón, que devenga un salario que ronda los 90.000 lempiras, le ofreció al veterano periodista Mario Valladares Fonseca, una pensión de 1.000 lempiras, cuando al cumplir 60 años éste se presentó a solicitar su jubilación tras más de 20 años de cotizar al sistema. A Valladares Fonseca, le correspondía una pensión superior a 6.400 lempiras, de acuerdo a la ley vigente.
En el año 2017, la institución pagó a unos 12 empleados 3,576,977.31 lempiras en salarios, vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes, de los que más de 1.3 millones de lempiras le correspondieron a Calderón, o sea casi un 40 por ciento del total.
El IPP entre 1987 y 2017, destinó a gastos administrativos 82.8 millones de lempiras, lo que representa más del 24 por ciento de los 343.6 millones de lempiras que captó el instituto como ingresos corrientes, según informes publicados por el ente.
La desviación de los fondos del IPP para favorecer a la empleomanía, encabezada por Calderón, continúa vigorosa pese a que el presidente de la junta directiva del IPP y del CPH, reelecto en enero para un segundo periodo de dos años, Dagoberto Rodríguez Coello, aseguró que prefería renunciar si descubría que se despilfarraban los fondos del ente de pensiones.
Ese millonario gasto administrativo, se torna escandaloso, pues el IPP tiene únicamente unos 33 jubilados y unos 150 afiliados activos y Rodríguez Coello, asegura que “nosotros no manejamos dinero, el dinero está depositado en el banco”.
“Yo no voy a permitir (…) antes que se cometa un acto de corrupción, un despilfarro, una situación anómala en el Instituto de Previsión Social, prefiero renunciar de eso y pedir que sean los entes correspondientes que intervengan”, dijo también Rodríguez Coello en un foro en la emisora Radio América el 26 de mayo de 2017.
Pero, evidentemente, Rodríguez Coello, también jefe de redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa, ni ha renunciado y tampoco ha ido a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o al Ministerio Público para que se investigue el despilfarro de fondos en el instituto de pensiones de los periodistas.
Ni tampoco que auditen una ilegal resolución de la junta directiva, que modifica la fórmula de cálculo de la pensión, contraria a lo que dice la ley de creación del IPP, y que cercena sustancialmente las pensiones de los periodistas que se acogen a la jubilación, además de la promoción por parte de los directivos de un contrato de adhesión de los afiliados a un fondo privado de pensiones para que se jubilen únicamente con el producto de sus cotizaciones personales.
Rodríguez Coello, que ocupa el cargo de presidente de la junta directiva desde enero de 2017, asegura que los fondos en el IPP se manejan con “transparencia» y “manos limpias”, pero se opone tenazmente a entregar información de las operaciones financieras y administrativas, y someter a la institución a una auditoría por parte de la CNBS.
El ente de pensiones de los periodistas, es el único instituto de Previsión que nunca ha sido auditado por la CNBS, y los directivos se escudan para evitarlo en una inconstitucional interpretación de la ley del ente, aprobada en el Congreso Nacional, que excluye al IPP de la supervisión, control y vigilancia por parte de organismos contralores especializados.
Rodríguez Coello, también empleado del conglomerado de medios Grupo Organización Publicitaria S.A. (OPSA), se ha esmerado en ocultar la información administrativa y financiera presentando ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia tratando de que el Poder Judicial excluya al IPP como sujeto obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El IPP es sujeto de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que su decreto de creación establece como una de las fuentes de recursos del ente, una transferencia estatal anual y, hasta el año 2013, captó 53.2 millones de lempiras por este concepto.
El presidente de la junta directiva del IPP, por su reiterada práctica de ocultar información violando la ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, incluso fue sancionado por el IAIP con una multa de 26.723.13 lempiras. En cinco ocasiones el ente fue calificado con cero por ciento por no cumplir con la publicación de su información financiera y administrativa en el Portal Único de Transparencia.
A su colega y ex presidente de la junta directiva del CPH y el IPP, Eduin Natividad Romero García, el IAIP le impuso también una multa de 8.000 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al negarse a entregar información administrativa y financiera solicitada por el periodista, Gustavo Palencia.
HISTORIA DE CALDERÓN
Calderón, de 71 años, que defraudó a los periodistas en su aspiración de recibir una pensión digna en el IPP al coronar sus sueños de poder y prosperidad, con un muy buen salario que ronda casi 90.000 lempiras actualmente como gerente, recibe además y de manera simultánea una buena pensión en el INJUPEMP.
Omar Calderón, gerente del IPP.
El gerente, considerado el “cerebro” de las operaciones, respaldado por todos los periodistas directivos que han pasado en el IPP, y otros que se han envejecido en la dirigencia, llegó al ente de pensiones de los comunicadores en mayo de 1987, procedente de la secretaría de Trabajo donde desempeñaba el cargo de Director General de Salarios, gozando de una licencia sin goce de salario hasta octubre del mismo año.
Calderón, tras su estadía experimental de seis meses en la gerencia del IPP, regresó a la secretaría de Trabajo sólo a renunciar para continuar administrando el ente de pensiones de los periodistas, donde alcanzó una vida próspera, pero a costa de las miserables pensiones que reciben los jubilados.
El eterno gerente del IPP, un hombre adusto, alto, grueso, de ojos pequeños y de mirar astuto, no llegó sólo al ente de pensiones, pues con él llevó al menos a otros dos empleados de la secretaría de Trabajo, que también ya están jubilados por el INJUPEMP, pero siguen laborando en la institución.
Calderón se preocupó por jubilarse con una buena pensión en el INJUPEMP y también con el apoyo de los directivos obtener privilegios y buenos ingresos en su estadía en el IPP, golpeando fuertemente las finanzas del ente de los periodistas y la posibilidad de que obtuvieran una pensión digna.
El imprescindible gerente, al igual que los restantes empleados del IPP, estaban afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como correspondía legalmente, pero él quería retirarse con una jugosa pensión, y gestionó la afiliación al INJUPEMP, aunque el ente de los periodistas no era ni es una institución gubernamental.
La petición de incorporación hecha por Calderón al INJUPEMP, es aprobada por la junta directiva del ente estatal el 25 de marzo de 1991, pero es hasta el 25 de enero de 1994, que se firma el convenio entre él y el director ejecutivo del ente de pensiones de los empleados públicos, César Augusto Rivera Medina.
El convenio se suscribió tres días antes de que el presidente Rafael Leonardo Callejas dejó el poder, en medio de cuestionamientos por la corrupción en su administración y sus relaciones comprometidas con grupos del periodismo.
La incorporación del IPP como patrono y sus empleados como afiliados al INJUPEMP, se amparó en el artículo 4 de la ley de ente de pensiones de los empleados públicos, vigente en ese entonces, que dice: “Los telegrafistas, los empleados del Poder Legislativo, Poder Judicial, entidades autónomas y semi-autónomas podrán afiliarse al Sistema bajo las mismas regulaciones que los empleados del Poder Ejecutivo”.
Evidentemente, los empleados del IPP no eran telegrafistas, empleados del poder Legislativo o Judicial, tampoco de una entidad autónoma o semi-autónoma, pero Calderón apoyado por los directivos del ente de pensiones de los periodistas había logrado obtener una mejor jubilación y no la mísera pensión del IHSS.
Este ilegal convenio de incorporación, ya que el personal del IPP no está en la categoría de empleados públicos, golpeó fuertemente las finanzas del ente de pensiones de los periodistas, pues con la adhesión pagó de 209,803.83 lempiras para cubrir de manera retroactiva a 1987, los costos actuariales.
La cantidad pagada ese año, representa a valor presente 712,799.05 lempiras, según la estimación de un actuario. El IPP pagaba en el IHSS como patrono sobre salarios mínimos un 5 por ciento mensual, pero al afiliarse al INJUPEMP, la presión del gasto se incrementó fuertemente.
En el INJUPEMP, el patrono pagaba un 11 por ciento sobre el salario nominal, de manera que si una persona devengaba 20.000 lempiras mensuales, el IPP pagaba 26.400 lempiras anuales, y si el salario era de 10.000 se pagaba 13.200 lempiras por año y si es de 50.000 lempiras, 66.000 lempiras anuales.
Mientras, esta presión sobre los gastos administrativos se mantiene y se incrementa debido a que a partir de 2015, el IPP paga un 12.5 sobre 14 salarios nominales. Esta demanda de gastos contrasta con el sistemático recorte o supresión de beneficios a los periodistas afiliados.
Para el caso, la junta directiva aprobó una ilegal norma en la que la pensión por invalidez se convierte en el pago de un seguro de hasta 500.000 lempiras, violentando la ley del IPP, que establece que este beneficio lo constituye un pago mensual de por vida.
Los directivos del IPP también aprobaron en 1997, el pago retroactivo y adelantado de las prestaciones laborales a sus ejecutivos y empleados, un beneficio que conspira contra las finanzas del ente, al estar teniendo que estar desembolsando anualmente esos recursos, que debieron ser colocados en inversiones.
Esta es una práctica que no aplica ninguno de los otros entes de pensiones del país, que pagan estos beneficios cuando despide a sus empleados o cuando se retiran.
Tegucigalpa.- Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), desviaron los recursos del Sistema Solidario de Pensiones a una administradora privada de fondos de pensiones, recurriendo a dos tipos diferentes de contratos con los afiliados, afectándolos en su derecho a una compensación digna en su retiro profesional.
En uno de los contratos, que conoció y divulgó previamente Criterio.hnfirmados a partir de 2015, la pensión de los periodistas se financiaría únicamente con las cotizaciones personales del afiliado, obviando la existencia de las aportaciones patronales y las utilidades generadas por las inversiones del sistema, según consta en el documento.
Pero Criterio.hn, conoció otro contrato firmado entre periodistas afiliados y el Instituto de Previsión Social del Periodista en el que se establece que el ente trasladará al “Fondo” las aportaciones personales y patronales, más los rendimientos o utilidades.
Este último, llamado “Contrato Individual de Administración de un Fondo de Pensiones”, fue promocionado privadamente o en pequeños grupos por los directivos del IPP y su gerente, Omar Calderón, previo al propuesto a los afiliados antes del año 2015, y al que tuvo acceso Criterio.hn y fue firmado a principios del año 2013.
La diferencia es notoria, pues en la versión de contrato que los directivos del IPP lograron que varios de los afiliados firmaran, a partir del año 2015, únicamente se trasladaba las cotizaciones personales, mientras que en la segunda versión sí se transferiría, presuntamente, las contribuciones personales y patronales, más las utilidades generadas por las inversiones.
En la versión del contrato, descubierto por Criterio.hn y en el que el IPP se autodenomina como “la administradora”, los directivos se arrogan el cobro de una comisión del 25 por ciento anual sobre los ingresos brutos que capta el “Fondo”, aunque no hacen más que trasladar las aportaciones a un ente financiero privado.
Los afiliados son doblemente perjudicados, pues además del 25 por ciento que se arrogan los directivos sobre los ingresos brutos, se suma el cobro de un 10 por cierto que impone la AFP Banco Atlántida por cada aportación de los periodistas.
El mismo 10 por ciento de cargo por aportación, se aplica también a los afiliados que firmaron el contrato de adhesión, a partir del 2015.
Pero además en el leonino contrato “la administradora”, que son los directivos y el eterno gerente del IPP, Omar Calderón, “se reservan el derecho de modificar” el porcentaje de la comisión “de acuerdo a las condiciones financieras del fondo”, de manera que se declaran libres para cobrar el porcentaje o monto que les plazca.
Los directivos y el gerente del IPP, que mantenían en secreto esta versión del contrato, en poder de criterio.hn, impulsaron la suscripción de ambos documentos incorporándolos a la Administradora de Fondo de Pensiones Atlántida S.A.
Los miembros de la junta directiva que impulsan el fraccionamiento de los fondos del sistema y otorgan arbitrariamente míseras pensiones, se escudan para no rendir cuentas en una inconstitucional interpretación de la ley de creación del ente aprobada en el Congreso Nacional, que exime al IPP del control y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas de los organismos contralores y financieros especializados.
Las operaciones financieras y administrativas del IPP, nunca han sido auditadas por lo que fue en su momento, la Superintendencia de Bancos, que era una dependencia del Banco Central de Honduras (BCH), y desde 1995 tampoco han sido fiscalizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
En este ente, donde los directivos actúan con las manos libres, los afiliados han sido víctimas del despilfarro de los fondos del sistema, destinando, desde que empezó a operar, en promedio a gastos administrativos un 25 por ciento de sus ingresos, casi en su totalidad dirigidos a salarios, beneficios y privilegios de ejecutivos y empleados, que en un gran porcentaje han favorecido a Omar Calderón, un gerente de lujo de los directivos periodistas
La institucionalidad pública, en este caso la CNBS, al igual que en el caso del desfalco en el millonario en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el IPP no ha funcionado, pese a disponer de la información sobre graves irregularidades en el ente, mandárselo su ley de creación, y la publicación de más de 30 artículos desde el año 2015 enCriterio.hn, retratando los manejos en administrativos y financieros en el Instituto de Pensiones de los comunicadores.
NO SE DEJA EMBAUCAR
En ambos contratos, al ser fraccionados los recursos, el monto de la pensión de los periodistas afiliados, es mermado sustancialmente, al incumplirse el decreto 190-85 de creación del IPP, que establece que los beneficios y servicios se financiarán con la suma de las cotizaciones de los afiliados, las aportaciones de los patronos, una transferencia estatal y las utilidades de las inversiones.
Estas acciones, que en ambos casos fraccionan el esquema de financiamiento del IPP, se suman a la aplicación de arbitrarias resoluciones adoptadas por los directivos del ente en el cálculo del monto de las pensiones, dando míseras jubilaciones, lo que contraría las normas de estimación del beneficio, establecidas en la ley de la institución.
Los directivos, han persuadido, al parecer, a un buen número de afiliados a que firmen el contrato de adhesión a la AFP, y en su mayoría han suscrito el documento que establece que se jubilarían apenas con el producto de sus cotizaciones personales, según lo dicho por varios afiliados consultados.
Pero los directivos y el gerente también se han encontrado con el rechazo de varios afiliados, que se han negado a firmar el contrato de adhesión a la AFP, porque implica la pérdida de una pensión de por vida, que debe otorgarse conforme a la ley que aprobó el Congreso Nacional, y no en base a resoluciones de directivos que pretenden colocarse por encima del Poder Legislativo.
La periodista Maritza Gallardo, en una visita al edificio del IPP en Tegucigalpa a finales de 2018, fue abordada por Calderón, quien la invitó a pasar a su despacho y le propuso firmar su adhesión al contrato suscrito con la AFP del Banco Atlántida, con el que solo se jubilaría recibiendo el producto de sus cotizaciones personales.
Maritza Gallardo
“El me propuso la firma del contrato y yo le dije que necesitaba tiempo para conocerlo. Cuando lo leo, me doy cuenta que hay un planteamiento ahí en donde somos obligados a renunciar al derecho que tenemos de beneficiarnos de las aportaciones patronales”, dijo Gallardo a Criterio.hn.
“Por otro lado, las utilidades no aparecen por ningún lado en el documento. Entonces yo decidí que yo no voy a firmar eso, porque contraviene todos los derechos de quienes hemos estado cotizando y manteniendo el Instituto de Pensiones de los Periodistas”, agregó la comunicadora.
El ente, que es considerado pequeño debido a que su membresía llegó a poco más de 300 afiliados, según informes del mismo IPP, pero actualmente es de poco más de 180, unos 30 de ellos jubilados, ha operado hasta 2019 unos 400 millones de lempiras, sin auditoria estatal especializada.
Pero el IPP hasta el año 2013, había captado 26.8 millones de lempiras en cotizaciones de los afiliados, 56.6 millones de aportaciones patronales, 53.2 millones de transferencias estatales y 124.3 millones de lempiras en utilidades.
Los directivos y el gerente no explican a donde irán a parar las utilidades, ni las aportaciones patronales del ente, al financiarse el retiro de los afiliados únicamente con la devolución de sus cotizaciones personales, y en otros casos ( la segunda versión de contrato) sumando una parte de las aportaciones patronales.
¿A QUIÉN LE QUEDAN FONDOS?
“Si los poco más de 30 periodistas jubilados, con edades entre 65 y los 85 años, que reciben míseras pensiones, desgraciadamente mueren en los próximos 5 o 10 años, y los directivos han logrado que los afiliados activos les firmen los contratos de AFP, a quién le van a quedar las utilidades de las inversiones y las aportaciones de los empleadores”, preguntó el periodista, Gustavo Palencia, que desde el año 2015, solicita al ente información con poco éxito sobre las operaciones administrativas y financieras del IPP.
Gustavo Palencia
Palencia, rechazó también la firma del contrato de adhesión a la AFP, propuesta por Calderón en el año 2015. “Yo igual que Maritza no me dejé embaucar con la firma de ese contrato, que solo beneficiaría a los que promueven su suscripción, pues a los afiliados nos perjudica”, comentó.
Los directivos del IPP, dicen que este ente es privado y no puede ser auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, aunque los mismos sistemas de pensiones de bancos y los otros institutos de previsión, se someten al control del organismo estatal especializado.
“La pregunta sobre cuál sería el destino de los fondos del IPP, cobra más fuerza cuando los directivos rechazan tenazmente someter las operaciones financieras y administrativas a la auditoría de la CNBS”, dijo Palencia a Criterio.hn.
El veterano periodista, afiliado al IPP desde 1989, dijo que “si los directivos del IPP descubrieron que el gran negocio para los afiliados, es colocar en una AFP los fondos, por qué no trasladan en su totalidad las aportaciones personales, las patronales y las utilidades para que nos beneficiemos con todos los recursos del sistema”.
Otra periodista afiliada, que firmó el contrato de adhesión a la AFP hace unos tres años, dijo a Criterio.hn a condición de mantener su anonimato, que “a mi me dijeron que el dinero — de las aportaciones — está más seguro porque no le entra al Instituto de Previsión – IPP- , si no que va a banca privada, y que se generan más intereses que en el Instituto de Previsión”.
“Yo se que la mayoría — de periodistas afiliados — lo han firmado, y a mi me dijeron que cuando me retire me darán además de mi aportación, la del patrono y los intereses”, aseguró, pero en el contrato de adhesión, en el artículo 4, establece que en caso de acogerse a la pensión: “El afiliado podrá retirar — solamente – el producto de sus aportes por Contribuciones Personales”.
Estos esquemas de adhesión a sistemas de AFP, fraccionando el destino de las fuentes de recursos del ente, son impulsados por los periodistas directivos del IPP, mientras mantienen un tenaz rechazo a entregar información de las operaciones financieras y a publicarla en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, violando la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La junta directiva, actualmente presidida por el periodista de Diario La Prensa, Dagoberto Rodríguez, se refugia en un inconstitucional decreto aprobado en el Congreso Nacional, en el año 2000, similar al que se aprobaron recientemente los legisladores, para evitar ser investigados y encausados por el Ministerio Público por el desvío de fondos públicos a campañas políticas y cuentas particulares.
El decreto 59-2000, establece que al IPP “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”, otorgándole un escudo de impunidad a los directos del ente, en abierta violación al artículo 60 de la constitución, que literalmente dice: “En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”. Esta situación de excepción, otorgó manos libres a los directivos para administrar el ente de pensiones, al no ser vigilados ni auditados por ningún ente fiscalizador del Estado y dejó en estado de indefensión a los periodistas afiliados, por lo que el Estado de Honduras incumple su deber de garantizar el derecho a la seguridad social de las personas.
Tegucigalpa.-Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) pretenden erigirse en vigilantes y garantes de la libertad de expresión, no obstante ser enemigos declarados del derecho a la información, como lo demuestra su sistemática negativa a dar información sobre las operaciones del ente de pensiones de los comunicadores.
Los directivos gremiales de los periodistas proponen ahora, la creación de un observatorio de libertad de expresión, que ellos gestionarían, pese a que han sido sancionados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con el pago de multas por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
También, el Colegio de Periodistas busca que uno de los comisionados del IAIP –en proceso de elección en el Congreso Nacional– sea un periodista avalado por la directiva del CPH, como lo consignan en una carta dirigida al diputado Mario Segura, presidente de la bancada del Partido Liberal.
Los dirigentes del CPH, encabezados por Dagoberto Rodríguez, que a su vez es presidente de la directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), se reunieron con la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva, en busca de apoyo para su proyecto de creación de un Observatorio de la Libertad de Expresión.
Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras dialogan con la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva.
Rodríguez, impulsa la creación del Observatorio en el CPH, pese a que de manera sistemática viola la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y niega a sus colegas periodistas el acceso a información del ente de pensiones, a los que acusa de impulsar una “campaña de desprestigio” contra la dirigencia gremial.
El dirigente y también jefe de Redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa, fue sancionado por el IAIP con una multa de 26,732.13 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al negarse a publicar la información financiera del IPP en el Portal Único de Transparencia, operado por el ente encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación.
Rodríguez, se sumó así al ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero, al que previamente se le impuso una multa de 8.000 lempiras, también por violar la ley de Transparencia al negarse a cumplir con la entrega de información financiera y administrativa del ente de pensiones.
Tras la reunión, el 6 de febrero, en la Secretaría de Derechos Humanos, Dagoberto Rodríguez, dijo a reporteros que “el observatorio de Libertad de Expresión monitoreará permanentemente el ejercicio de este derecho en Honduras con registros diarios de amenazas, intimidaciones y atentados que sufren los trabajadores de la comunicación en su actividad de recoger y divulgar información”.
La Convención Americana de los Derechos Humanos establece en su artículo 13 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
A su vez, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, dice que “toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla”.
Es decir, el derecho a la libre expresión abarca también el derecho a recibir información, que es precisamente el talón de Aquiles de los directivos gremiales del periodismo en Honduras, que no reconocen el derecho de los colegas, y de la sociedad en general, a ser informados sobre la forma en que administran el instituto de pensiones, el que, por ley recibe una aportación del Estado.
Los directivos del CPH han configurado su perfil, en materia de libertad de expresión, con una serie de prácticas anti transparencia y de irrespeto del derecho a la información, entre ellas su oposición en el año 2006 a la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la opacidad con la que han administrado durante más de tres décadas el instituto de pensiones y su negativa a dar información, además de las amenazas contra periodistas que les demandan información.
La oposición del CPH a la Ley de Transparencia está recogida en publicaciones del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) — organización que lideró el proceso de incidencia para la aprobación de ese marco jurídico– y en ediciones impresas de periódicos de circulación nacional.
El irrespeto y violación del CPH de la Ley de Transparencia se recoge en más de una veintena de resoluciones del IAIP, que en el año 2015 dictaminó que el ente de pensiones de los periodistas es sujeto obligado de la ley de Transparencia, y que impuso sanciones a los directivos del IPP por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
También, en cuatro evaluaciones consecutivas realizadas por el IAIP, los periodistas directivos del IPP fueron aplazados con (0%), por incumplir la obligación de publicar en el Portal Único de Transparencia, la información financiera y administrativa del instituto de pensiones, que nunca ha sido auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Por esa violación, a Dagoberto Rodríguez le impusieron en el 2017 una multa de 26,732.13 lempiras.
El ente de pensiones de los periodistas, es el peor calificado entre casi 200 instituciones sujetas a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La política anti transparencia del Colegio de Periodistas está documentada en ocho Recursos de Amparo, presentados por Rodríguez, como representante legal del IPP – que tutela por ser el presidente del CPH–, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, que les ordenó entregar información del ente a afiliados que la han solicitado.
El rechazo a la transparencia de los directivos de los periodistas se evidencia, también, con el lobby que hicieron en el año 2000, en el gobierno de Carlos Flores, para que el Congreso Nacional les otorgara, vía interpretación de la ley de creación del IPP, un fuero especial, al estilo de los regímenes militares, en el que se han escudado para impedir que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) les audite el ente de pensiones.
El Decreto 59-2000 (inconstitucional, según opinan profesionales del derecho) literalmente dice que “el Instituto de Previsión Social del Periodista es un organismo de derecho público no estatal gremial, sin fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales de conformidad a su ley, no le son aplicables las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas.
Los directivos del CPH que administran el IPP, han demostrado también su irrespeto a la libre expresión, con las amenazas e intimidaciones que han lanzado, incluso en asambleas del Colegio de Periodistas contra los afiliados que, en ejercicio de su derecho a la información, han realizado peticiones de información, y, también, contra periodistas de Criterio.hn por publicar reportajes sobre las negativas de información, y, en general, la falta de rendición de cuentas en el instituto de pensiones.
Rodríguez ha amenazado con demandar a su colega Gustavo Palencia, que desde 2015 solicita información con poco éxito del IPP, y al periódico digital Criterio.hn por ejercer el derecho a obtener información del ente de pensiones y a publicarla.
ENEMIGOS DE LA TRANSPARENCIA
El directivo, en una asamblea del Colegio de Periodistas el 26 de enero de 2019, en la que fue reelecto por unas 150 personas, de los más de 1.600 afiliados, atacó a Palencia y a otras dos periodistas jubiladas acusándolos de impulsar “una campaña de desprestigio” contra el IPP y sus dirigentes, por recurrir al IAIP a solicitar información, a los tribunales y al Ministerio Público en demanda de justicia.
Los periodistas Gustavo Palencia y Juan Antonio Moncada, realizan una acción de protesta el 26 de enero de 2019, durante la Asamblea del CPH sobre la elección de su Junta Directiva.
Rodríguez en la asamblea olvidó decir que viola el derecho de sus colegas a recibir información y a divulgarla, al negarse a entregar informaciones sobre las operaciones financieras del IPP y rechazar publicarla en el Portal Único de Transparencia. Además, que fue sancionado con el pago de una multa.
Rodríguez y Romero García, se han constituido en una suerte de luchadores contra la transparencia en el IPP, junto al ex presidente del CPH y el IPP, Juan Ramón Mairena, incluso conspirando contra las finanzas del ente al haber desistido desde 2014 a requerir casi 5 millones de lempiras de transferencias estatales, en su afán de no ser sujetos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y evitar ser auditados por la CNBS.
“Son cara dura estos directivos, después de presentar ocho Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar información ordenada por el IAIP y ser multados por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora pretenden ser observadores de la libertad de expresión”, dijo Palencia a Criterio.hn.
Los directivos del IPP, se han gastado más de 400.000 lempiras en pagar abogados y consultores jurídicos, para tratar de eludir el cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en un sistema en el que han administrado libremente, y sin ser auditados, más de 380 millones de lempiras.
En anteriores publicaciones de Criterio.hnse ha documentado que en la gestión del instituto de pensiones de los periodistas, ha habido derroche y despilfarro en gastos administrativos, casi en su totalidad en salarios y beneficios a los ejecutivos y empleados, mientras los jubilados reciben pensiones de hambre.
No son nuevos los ataques intimidatorios por parte de los directivos del IPP, contra periodistas que acuden a las instancias legales y públicas para solicitar información sobre la administración del ente de pensiones.
AMENAZAS
Eduin Natividad Romero, en una asamblea gremial, el 29 de enero de 2017, al rendir un informe sobre sus dos años en la presidencia de la organización, reveló que investigó en los expedientes de los cuerpos de investigación del Estado, a los periodistas que “hacen daño” a la organización gremial y a su ente de pensiones.
“Hemos, y yo personalmente lo he hecho, verificado todos los expedientes, se los digo de manera transparente, de colegas que hacen daño a la institución. Y no sólo expedientes en el Colegio, expedientes de instituciones fuera, con instituciones del Estado, los organismos de investigación del Estado”, dijo Romero en la asamblea.
Luego agregó: “Yo lo hice como un reto personal, porque me parecía injusto el ataque que se estaba haciendo de manera abusiva e incorrecta”. Romero abogó por una limpieza de la membresía de periodistas afiliados al CPH, pero sin precisar de qué tipo.
“Aquí tienen que pasar procesos para cuidar la institución. Si está limpiando la policía, se le exige a la policía que limpie, pues vamos a exigir, aquí dentro, que se limpie también. Es oportuno, y es urgente, el país se está limpiando y nosotros también necesitamos limpiezas”, dijo Romero García en tono amenazante.
El directivo, que también es funcionario de gobierno, con esta amenaza estaba aludiendo a Palencia y a otros afiliados, lo mismo que a los periodistas de Criterio.hn, que han solicitado al IPP información, y, al no dárselas, presentado recursos de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública.
En la directiva del CPH que preside Dagoberto Rodríguez, fue reelecto también Eduin Romero como presidente del Tribunal de Honor, lo que le permite continuar por un cuarto período en la junta directiva del Instituto de Pensiones.
Romero García se encuentra en condición de desobediencia, porque no entregó, en tiempo y forma, la información que le fue solicitada en el año 2015 cuando presidía el IPP.
Tegucigalpa.-Un grupo de afiliados al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) elegirán el sábado en Tegucigalpa la junta directiva para otro periodo de dos años, que se prevé será integrada por los cuadros que representan la continuación de la política de antitransparencia que ha caracterizado la gestión financiera y administrativa del ente de pensiones de los comunicadores.
Los dos últimos presidentes del CPH, y a su vez de la junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), Dagoberto Rodríguez y Eduin Natividad Romero, se han opuesto a someterse a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a entregar información del ente de pensiones, al igual que han rechazado una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El presidente y el fiscal del CPH y el más alto cargo del Tribunal de Honor, se incorporan junto a otros tres periodistas y un delegado de los propietarios de medios de prensa (ausente desde hace más de una década), a la junta directiva del Instituto de Previsión, que desde que inició operaciones en 1987 han operado sin ninguna fiscalización.
Los periodistas integrantes de las dos últimas juntas directivas del CPH, han mantenido una posición de silencio o complicidad con las posiciones de los presidentes que han asumido la dirección del IPP, pese a que debiesen actuar para proteger los intereses de los comunicadores que los eligieron.
Esta es la nueva planilla que se reeligirá mañana sábado para integrar el CPH y el IPP:
El CPH, controlado por un viejo cacicazgo con fuertes vínculos políticos, que se nuclea en un autodenominado movimiento Alvaro Contreras, tiene su principal activo en el IPP, que ha operado más de 380 millones de lempiras sin la auditoría de lo que fue la Superintendencia de Bancos, que era una dependencia del Banco Central de Honduras, y a partir de 1995 de la CNBS.
El IPP es el ente de previsión en el que el gerente, Omar Calderón, ofreció al veterano periodista, Mario Valladares, una pensión de 1.000 lempiras, mientras el sistema otorga beneficios y privilegios a los ejecutivos y empleados a los que se ha destinado más de un 24 por ciento de los ingresos totales.
Dagoberto Rodríguez, que se asegura será lanzado para la reelección, culmina el sábado dos años en la presidencia del CPH y el IPP, periodo en el que su principal empeño fue malgastar recursos del ente para ocultar información y evitar someter las operaciones financieras y administrativas a la auditoría de la CNBS.
“Nosotros vamos apoyar la reelección de Dagoberto Rodríguez que encabeza la planilla” que presentará el Movimiento Álvaro Contreras en la asamblea, dijo a la emisora HRN el ex presidente del capítulo del CPH en San Pedro Sula, Santos Gálvez.
Rodríguez, que se desempeña como jefe de la corresponsalía del diario La Prensa en Tegucigalpa, en sus dos años en la presidencia del IPP emuló a sus antecesores, Eduin Natividad Romero y Juan Ramón Mairena, en la decisión de desistir de requerir las transferencias del estado, establecidas en la ley de creación del ente.
Con este desistimiento, los directivos ocasionaron a partir de 2014 una pérdida para el IPP de casi 5 millones de lempiras, tratando de evitar entregar información pública por ser el Instituto sujeto de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP), y para no someterse a la vigilancia y supervisión de la CNBS.
La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las instituciones que captan fondos públicos, como ocurre en el IPP, son sujetos de esa legislación, mientras que la ley de Protección Social manda que los entes de pensiones que captan directa o indirectamente fondos públicos, deben someterse a la supervisión de la CNBS, si pretenden mantener su membresía o captar nuevos afiliados.
Rodríguez se gastó, además, más de 300.000 lempiras del IPP para el pago de asesorías y contratación de abogados para presentar al menos 8 Recursos de Amparo ante la Sala de lo Constitucional contra resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ordenó a los directivos del Instituto entregar información de sus operaciones financieras y administrativas.
A Rodríguez, que presume de recurrir a las peticiones de acceso a la información pública en el diario La Prensa para nutrir investigaciones periodísticas, el IAIP le impuso una multa de tres salarios mínimos, unos 26.000 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al no publicar la información del IPP, en el Portal Único de Transparencia de la institución.
El dirigente, aunque asegura que los fondos del IPP se han manejado con las “manos limpias”, se resiste tenazmente a entregar información de las operaciones financieras y administrativas y mucho menos a someter al ente a la auditoría de la CNBS.
Mientras, Romero, que presidió el IPP entre enero de 2015 y enero de 2017, fue sancionado por el IAIP con una multa de 8.000 lempiras por negarse a entregar información de las operaciones del ente de pensiones.
Romero y Rodríguez se encuentran en situación de desobediencia al no haber cumplido con la entrega de la información solicitada por el periodista Gustavo Palencia, que gestiona con poco éxito la información del IPP desde el año 2015.
En las últimas asambleas del CPH para elegir junta directiva, ha participado menos del 10 por ciento de la membresía, porque sus dirigentes con sus ejecutorias dejaron de representar los genuinos intereses de los periodistas.
