Corte Suprema de Justicia dio opinión favorable para instalación de la MACCIH, hoy no puede opinar diferente: FPAM

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH (FPAM), manifestó este miércoles que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio su visto bueno para que se instalara la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y ahora no puede salir contradiciendo sus propias actuaciones.

Para el FPAM es motivo de una profunda preocupación y malestar, el hecho de que desde el poder desde donde se imparte justicia, se esté pensando en revertir este logro, producto de la presión ciudadana en contra de la corrupción.

Señalan además que resulta sospechoso  que recientemente no aceptó recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley del Presupuesto, aprobada el pasado 18 de enero, norma jurídica calificada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como “El Pacto de Impunidad” y ahora esta misma Corte acepta un recurso presentado por el abogado Juan Carlos Sánchez, defensor de los cinco diputados, acusados por el supuesto desvío de fondos de programas sociales a cuentas privadas.

Comunicado del FPAM sobre decisión de CSJ

El Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH (FPAM), ante la aceptación del recurso de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia(CSJ) en contra del convenio que crea la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), expresa su total respaldo a la presencia y labor de esta instancia anticorrupción en el país.

Para el FPAM es motivo de una profunda preocupación y malestar, el hecho de que desde el poder desde donde se imparte justicia, se esté pensando en revertir este logro, producto de la presión ciudadana en contra de la corrupción.

Vivimos un momento en el cual todos los sectores, y especialmente los operadores de justicia que son los llamados a detener y castigar cualquier abuso, incluyendo los que se cometen desde el poder, deben redoblar esfuerzos ante la escalada de delitos de corrupción que comprometen y atentan la gobernabilidad y la estabilidad del país.

La decisión de la CSJ llama a sospechas innecesarias porque recientemente no aceptó recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley del Presupuesto, aprobada el pasado 18 de enero, norma jurídica calificada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como “El Pacto de Impunidad”. Ahora esta misma Corte acepta un recurso presentado por el abogado Juan Carlos Sánchez, defensor de los cinco diputados, acusados por el supuesto desvío de fondos de programas sociales a cuentas privadas.

Nota relacionada Diputados seguirán apoyando a la MACCIH en el frente parlamentario

Para aprobar la presencia de la MACCIH en Honduras, se tuvo la participación de los tres poderes del Estado. La Corte Suprema emitió una opinión favorable que garantizaba la constitucionalidad del convenio; hoy este Poder del Estado no puede argumentar una posición diferente porque esto se percibiría como una decisión política manejada por los sectores oscuros que trafican con el poder y se rehúsan a abandonar sus privilegios. El Poder Legislativo también debió debatir y aprobar el Convenio previo a su ratificación por el Poder Ejecutivo.

Con ello, se estaría desarticulando la MACCIH y cerrando las posibilidades de continuar con los procesos de investigación que tratan de devolver la credibilidad en el sistema judicial hondureño. 

Como instancia multipartidaria integrada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional para apoyar los esfuerzos encaminados a asegurar el cumplimiento de todas las cláusulas del convenio de la MACCIH, el FPAM hace un llamado para que este  hecho sirva más bien para  que con su opinión, la Corte Suprema fortalezca y consolide el trabajo de este órgano persecutor de los delitos de corrupción y otra instancias anticorrupción como la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público y el Consejo Nacional contra la Corrupción.

Los «Dreamers» pueden seguir solicitando el beneficio migratorio, decide Corte Suprema en EE.UU

Tomado de LaOpinión.com

Esto es un triunfo para los «Dreamers», quienes podrán seguir solicitando la protección migratoria. Los «Dreamers» pueden seguir solicitando el beneficio migratorio.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó hoy dar entrada a la solicitud del Departamento de Justicia, liderado por Jeff Sessions, para intervenir la disputa sobre el programa de Acción Diferida (DACA) en tribunales.

Esto es un pequeño triunfo para los “Dreamers”, quienes podrán seguir solicitando este beneficio migratorio en tanto no se ordene lo contrario ante las cortes, ya que el gobierno del presidente Donald Trump ordenó concluirlo el 5 de marzo.

Esto protege de la deportación a 690,000 jóvenes indocumentados que arribaron a los Estados Unidos cuando eran niños.

En una breve notificación, el alto tribunal anunció su decisión de no admitir a trámite el caso, en el cual se cuestionaba el fallo de un juez de una corte federal de California, quien en enero determinó que Trump no podía acabar por completo con DACA mientras hubiera litigios pendientes en diferentes cortes del país relativas a este programa, un veredicto que el Departamento de Justicia recurrió directamente ante el Supremo.

Ahora se esperará que el tema sea decidido en los tribunales, aunque eso no significa que en un futuro el programa no llegue a discutirse ante la Corte Suprema.

El programa, creado durante la administración del presidente Barack Obama en 2012, ha sido parte de las negociaciones entre el Congreso y el presidente Trump sobre asuntos migratorios.

Corte Suprema: MACCIH atenta contra independencia del Poder Judicial

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.-«Los magistrados del Poder Judicial condena y condenará cualquier acción o manifestación que implique algún tipo de presión e insinuación proveniente de personas, instituciones o grupos, nacionales o internacionales, y rechaza todo señalamiento dirigido a los funcionarios judiciales con la pretensión de influir en sus resoluciones, lo que manifiestamente atenta contra su independencia».

Así respondió la Corte Suprema de Justicia a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción Impunidad (MACCIH), diciendo además que son respetuosos de la ley y del debido proceso.

La MACCIH brindó una conferencia de prensa este miercoles donde denunció una escalada en contra de sus investigaciones por parte del Congreso Nacional que busca proteger a funcionarios y exfuncionarios corruptos, así como a 60 diputados del Poder Legislativo, encabezados por Mauricio Oliva.

 Nota relacionada Honduras: MACCIH denuncia pacto de impunidad para proteger diputados y funcionarios

Comunicado del Poder Judicial: 
El Poder Judicial de Honduras, en vista de los últimos acontecimientos y expresiones que aluden a este Poder del Estado, y con la finalidad de reafirmar y defender la Independencia Judicial, a toda la población en general COMUNICA lo siguiente:

1. Conforme a la estructura Republicana del Estado de Honduras, y conforme al contenido del artículo 1 de la Constitución de la República, que establece «Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social».

2. Constitucionalmente, la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; en este sentido, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en su artículo 11 establece de forma determinante, que «La autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad»

3. Entre los elementos caracterizadores del Estado Democrático y Constitucional de Derecho, se resalta con vital importancia la fundamental Independencia Judicial, lo que implica por principio de legalidad, el respeto de las disposiciones constitucionales respecto de las atribuciones y competencias de cada uno de los Poderes o Instituciones del Estado, entre los cuales no existe sometimiento ni jerarquía. Por tanto ineludiblemente, las acciones de los órganos jurisdiccionales, están revestidas de objetividad y estricta observancia de lo establecido en nuestra legislación.

4. Como se ha establecido en anteriores comunicados, reiteramos nuestra enfática y determinante posición de salvaguardar en todo momento la independencia judicial, en consecuencia, este Poder del Estado condena y condenará cualquier acción o manifestación que implique algún tipo de presión e insinuación proveniente de personas, instituciones o grupos, nacionales o internacionales, y rechaza todo señalamiento dirigido a los funcionarios judiciales con la pretensión de influir en sus resoluciones, lo que manifiestamente atenta contra su independencia.

5. El Poder Judicial, en el exclusivo ejercicio jurisdiccional, es garante del cumplimiento del debido proceso, la paridad de las partes y de la aplicación de las normas jurídicas que conforman el sistema normativo interno. Reafirmamos el compromiso con la Justicia, el accionar objetivo en base a la ley y el respeto al debido proceso en autonomía e independencia como corresponde a un Estado de Derecho.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CSJ actúa contra petición del Copinh debido al alineamiento institucional que tienen con el gobierno y los empresarios

La ilegalidad, la inconstitucionalidad, lo arbitrario del proyecto y de los contratos está sobradamente probado. La decisión de la CSJ obedece al alineamiento institucional que hay entre el poder económico y los funcionarios del gobierno y la institucionalidad del país, acusó Víctor Fernández.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre la petición de Inconstitucionalidad presentada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) sobre los permisos otorgados al Proyecto Agua Zarca de no es nueva, es de un par de meses atrás  y seguramente está dentro del plan mediático que tienen los empresarios de la energía renovable para contrarrestar la lucha de los pueblos indígenas contra ese tipo de proyectos, dijo el profesional del derecho, Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

     Victor Fernández CSJ esta alineada al poder económico y político del país

Primero, dijo Fernández,  hay que tener claro que es lo que resuelve la CSJ, porque no aborda el fondo del asunto, porque no desestima el recurso habiendo revisado el planteamiento en cuanto a que los contratos de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) son violatorios del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.

Lo que dice es que es inadmisible, porque la Corte afirma que esos contratos no revisten la característica de una ley ordinaria susceptible del recurso de inconstitucionalidad y establece que los peticionarios debemos buscar otro mecanismo procesal para intentar la pretensión que se tiene.

La intención que están haciendo la CSJ puede estar en mediatizar la disputa permanente que está haciendo el pueblo Lenca a través de su incidencia nacional e internacional, el tema electoral que está en boga por las elecciones del 26 de noviembre o  previendo algunas acciones que se van a presentar en contra de la empresa y en contra de personas vinculadas a la empresa por todo el entramado que ha habido en la construcción y el sostenimiento del proyecto de DESA.

Lo segundo,  es la inadmisibilidad que ha declarado la CSJ y que nosotros tampoco estamos de acuerdo porque ellos dicen que esta norma no es ley, pero si revisamos lo que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, para interponer una acción de inconstitucionalidad, lo que la Ley establece es que esta procede en contra de una ley ordinaria que contraríe lo dispuesto en un tratado o convenio internacional del que Honduras forme parte.

En este caso se invoca el Convenio 169 de la OIT, luego que el Copinh ha probado la violación a la Consulta Libre e Informada y también fue probada por la Relatora de Pueblo Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz en el año 2015 que en un apartado dice que: el proyecto Agua Zarca fue aprobado con dos actos legislativos que violan la consulta establecida en ese convenio 169.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora de la ONU para los Pueblos Indigenas  en su visita a Honduras con la familia de Berta Cáceres

Adicionalmente a esto hay tres funcionarios, en tres procesos judiciales que tienen auto de formal procesamiento porque para otorgar el permiso de operaciones, para otorgar la licencia ambiental y para otorgar la ampliación de esa licencia y la capacidad de generación de energía de ese proyecto; tres tribunales dicen que cometieron abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios por no respetar el derecho a la consulta y el consentimiento que está establecido en el Convenio 169.

La institucionalidad nacional e internacional establece que esos contratos que tienen rango de ley, porque fueron aprobados en el Congreso Nacional y no en un acto administrativo del Poder Legislativo sino en la asamblea legislativa por la mayoría de los diputados que lo establece como ley.

Nota relacionada Corte Suprema niega petición de constitucionalidad al Copinh sobre Proyecto Agua Zarca

Luego esa ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en La Gaceta lo que convierte estos contratos en ley y son susceptibles de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que la Sala de lo Constitucional en este caso está siguiendo la posición de la política económica del gobierno que no quiere ningún obstáculo de todos los procesos de concesiones que son la base del sostenimiento de su política y sobre todo la base del entramado de corrupción bajo la cual viene siendo entregado el país al capital nacional e internacional.

Fernández dijo que,  ante esta situación están tomando la decisión de irse a los sistemas de control internacional yendo a la Comisión Interamericana o acudiendo a uno de los mecanismos del sistema universal de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas para atacar directamente esta decisión a lo interno del país.

Pero también existe otra opción  que es la de intentar otra acción en el país, porque la misma CSJ dice que lo inadmite y no dice que está en desacuerdo con la posición presentada.

Lo declara inadmisible porque deben buscar otra forma procesal para interponer la acción y en están analizando que hacer, manifestó Fernández quien es el abogado del Copinh.

La ilegalidad, la inconstitucionalidad, lo arbitrario del proyecto y de los contratos está sobradamente probado. La decisión de la CSJ obedece al alineamiento institucional que hay entre el poder económico y los funcionarios del gobierno y la institucionalidad del país, acusó Fernández.

Finalmente el profesional del derecho señaló que les queda también el Recurso de Amparo, pero no descartan volver a presentar una nueva petición de inconstitucionalidad por una acción de forma ya que la de fondo fue declarada inadmisible.

La Corte de Honduras está al servicio de las estructuras del crimen: Olivia Zúniga Cáceres

La hija de Berta Cáceres advierte que continuarán haciendo las denuncias a nivel internacional hasta lograr justicia

“El río Gualcarque algún día será libre plenamente de las cadenas que lo quieren oprimir y quieren beneficiarse encarcelando sus aguas”: Olivia Zúniga Cáceres.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Sin asombro reaccionó este lunes, Berta Olivia Zúniga Cáceres, hija de la extinta lideresa ambientalista e indígena, Berta Cáceres, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto Agua Zarca, que se ha venido construyendo en los territorios lencas del occidente de Honduras, sobre el río Gualcarque.

La joven manifestó a CRITERIO que era de esperarse que la petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) iba a ser desestimado por el Poder Judicial porque está al servicio de las estructuras fácticas y criminales que dominan en Honduras.

            Los miembros del COPINH han declarado sagrado al río Gualcarque.

“Nosotros estamos claros que está Corte está al servicio de los intereses económicos y políticos de las estructuras criminales en este país, ellos son los lacayos que trabajan para que la impunidad se sostenga y se institucionalice y se legitime en nuestro país”, expresó.

Insistió en que la determinación de la CSJ no le extraña porque “sabemos que el crimen organizado y las redes de corrupción están enquistadas dentro de la Corte, del Estado y del gobierno,  ellos están al servicio de los grupos fácticos que asesinan y que mandaron a asesinar a Berta Cáceres”.

Zúniga Cáceres denunció que actualmente todos los poderes fácticos conspiran contra los amigos y familiares de la que fue coordinadora del COPINH y que fue asesinada la madrugada del 3 de marzo del 2016 por oponerse al desarrollo del proyecto Agua Zarca.

Nota relacionada Corte Suprema niega petición de constitucionalidad al Copinh sobre Proyecto Agua Zarca

Pese al escenario hostil, advirtió que continuarán denunciando los atropellos, tanto a nivel nacional como internacional, hasta lograr justicia—la que a su juicio—no basta con encarcelar a sus autores intelectuales, sino hasta conseguir la cancelación de las concesiones que se han entregado de manera ilegal para la explotación de los recursos naturales, que ha representado la entrega de la soberanía nacional al capital extranjero por parte de los dos últimos gobiernos.

Finalmente apuntó que quienes insisten en la concesión del río Gualcarque son empresarios nacionales y transnacionales, que lo único que buscan es beneficiarse económicamente, engañando a la gente diciéndole que son proyectos de energía renovable para beneficio de los pueblos, cuando es falso, porque “es energía para los intereses económicos de esas estructuras criminales”.

Catedráticos de la Universidad Nacional de Agricultura demandan intervención de la Corte Suprema y el Ministerio Público

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Los Docentes de la Universidad Nacional de Agricultura demandan recuperar la academia y la gobernabilidad en beneficio de la institución y de los cientos de alumnos que año a año ingresan y egresan de ese centro de educación superior.

Piden la intervención del Ministerio Público en la investigación de actuaciones reñidas con la ley y la pronta respuesta de la Corte Suprema de Justicia en la demanda de nulidad presentada a la violación del estatuto de la UNAG con relación a la impugnación a la elección del actual rector.

En una conferencia de prensa brindada en Tegucigalpa en las instalaciones del Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras (COFADEH) los catedráticos expusieron el caos que vive la Universidad Agrícola ante el manejo despótico a la que la ha sometido,  Marlon Escoto Valerio.

Los catedráticos exigen, que el Consejo de Educación Superior supervise, acompañe e intervenga en la crisis académica manifestada en el hacinamiento en las aulas, los perfiles docentes para cada asignatura y la Reforma Curricular demagógica, entre otros.

También piden que la Fiscalía Anticorrupción, Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) soliciten se investigue el Nepotismo en la institución, la compra y alquileres a familiares externos a la UNAG, el Tráfico de Influencias, el abuso de autoridad, las contrataciones sin licitación, entre otras situaciones que han sido denunciadas por distintos medios de comunicación.

Solicitan  a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  que a través de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, emita una sentencia lo más pronto posible, sobre la demanda de nulidad presentada a la violación del estatuto de la UNAG con relación a la impugnación a la elección del actual rector.

Los docentes exigen que se realice una verdadera elección para la rectoría de la Universidad donde no participe Escoto porque ya la ley se lo prohíbe, además él es el responsable directo de la penosa situación que hoy vive es universidad.

Si los poderes del Estado están confabulados con la reelección hay que ir a las calles: Mauricio Villeda

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La realidad demuestra que los poderes del Estado, incluido el Ministerio Público están confabulados para aprobar la reelección del actual mandatario, Juan Hernández,  por lo que el único camino que le queda al pueblo hondureño son las calles, dijo el presidente del Partido Liberal, Mauricio Villeda.

Ante el anuncio de la llegada de los partidos de oposicion los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mandaron a cerrar los portones para no atenderlos
Ante el anuncio de la llegada de los partidos de oposicion los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mandaron a cerrar los portones para no atenderlos

El expresidenciable liberal manifestó esto en un plantón que realizan frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso para que se declare sin lugar la petición presentada por la comisión legislativa para que se pronuncie si procede o no un plebiscito para consultarle al pueblo sobre la reelección.

Lo que la comisión del Congreso Nacional ha presentado es un escrito para tratar de viabilizar lo que ellos no pueden hacer en el poder legislativo se sabe que la sentencia que emitió la anterior sala del Poder Judicial es nula y por lo tanto no causa efectos en cuanto a la modificación de un artículo pétreo por parte de ese poder.

El Partido Nacional así como ha violado la Constitución de la Republica en el pasado, también la quiere violar en el presente y el Partido Liberal ha dicho que no va a ser cómplice de esa arbitrariedad y violación a la carta magna.

Apuntó que han llegado hasta la sede del Poder Judicial para hacer un llamado al pueblo hondureño y as los representantes diplomáticos de los países amigos para que vean que no están de acuerdo con lo que se está haciendo desde el poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo porque hay un control y una concentración de poder como nunca antes había habido.

Se prevé que el fallo de la Sala de lo Constitucional ante la petición de los diputados de la comisión de dictamen para el plebiscito sería diciendo que no procede la consulta al pueblo y Villeda considera que un fallo emitido fuera de la ley es nulo, y no puede ser acatado por nadie ni por la ciudadanía ni por otras autoridades del propio Estado.

El partido Liberal ha presentado un escrito solicitando que la Corte se abstenga de contestar la petición ilegal que ha hecho la comisión dictaminadora del Congreso Nacional.

 Consultado sobre si él como presidente del Partido Liberal ha dialogado con los 7 magistrados afines a su instituto político respondió que ellos son demócratas y les pidió que no se vayan a prestar al juego y a la manipulación del Partido Nacional.

Al igual que otros juristas Villeda es del criterio que el presidente de la Corte Suprema de Justicia debería excusarse de pronunciarse sobre este tema porque el ya emitió opinión sobre el tema al manifestar que la reelección es cosa juzgada.

Libre participará pero votara en contra, dice Mel Zelaya

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn           

Tegucigalpa.-El Partido Libertad y Refundación (Libre), si votará en el proceso de elección de la corte,  pero todos sus votos serán en contra porque no participarán de esa elección que está viciada desde su inicio, dijo el coordinador de ese instituto político,  Manuel Zelaya Rosales.

La comisión multipartidaria del Congreso Nacional elaboró el instructivo de elección con el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La comisión multipartidaria del Congreso Nacional elaboró el instructivo de elección con el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Se logró avanzar en esto”, expresó Zelaya Rosales refiriéndose a la votación programada para mañana jueves para elegir a los 15 magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia, pero advirtió que “Libre mantiene su posición. “Nosotros no vamos a apoyar ni descartar a nadie”.

“Nosotros vamos a hacer nuestro voto público y además es importante señalar que se consiguió que se metieran a los 45 nominados y se descartara la nómina que habían presentado el pasado lunes”, explicó el expresidente hondureño.

Agregó que él y los diputados de su partido van a votar, porque no se niegan a participar en el proceso, “a lo que nos negamos es a avalar las negociaciones del bipartidismo para repartirse la Corte”, aclaró.

Consultado si esta decisión que han tomado como partido no se podría considerar como darle luz verde a los demás partidos para que elijan la Corte,  respondió que Libre renuncia a participar y repartirse el poder.

“Libre fue llamado a tener su cuota,  pero hemos renunciado porque no podemos participar en eso, acotó Zelaya, quien formó parte de la comisión multipartidaria que elaboró el reglamento para la elección de magistrados a la CSJ y que será estrenado este jueves a la 10:00 de la mañana en el Congreso Nacional.

Análisis: Elección de nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras está por verse

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

A pocos días de la elección de la nueva corte suprema de justicia, la incertidumbre persiste en el ambienta nacional autoridades de la junta nominadora confirmaron el fin de semana que la lista de candidatos a magistrados de la corte suprema de justicia será presentada hoy lunes a las 9:00 de la mañana al Congreso Nacional.

Congreso Sesion

Recién el viernes el organismo ad-hoc se reunió por penúltima vez para clasificar documentos a archivar y devolver a varias instituciones.

Además, concluir un informe puntual al legislativo y publicar en medios escritos y en el diario oficial la gaceta, el detalle de sus actividades tras la calma está la tormenta política que gira alrededor de este trascendental sufragio de 15 magistrados que por siete años dirigirán el poder judicial del país.

Para elegir una nueva corte suprema de justicia se ocupan 86 votos que constituyen la mayoría calificada del congreso nacional, como establece nuestra carta magna. el universo del legislativo lo conforman 48 diputados del Partido Nacional, 31 de Libertad y Refundación, 27 del Partido Liberal y 13 del Partido Anticorrupción; además, 4 de la Democracia Cristiana; 3 de la llamada bancada independiente, escindidos de libre; uno de la Unificación Democrática y uno del PINU.

Con esto ingredientes se plantea un complicado escenario de presuntos pactos con toma y daca, esto según el interés y conveniencia en función de democratizar el sistema político o de atar fijamente al sistema político la figura de la reelección presidencial en distintas modalidades.

El pasado miércoles se supo de negociaciones entre el presidente Juan  Hernández y el exmandatario Manuel Zelaya, líder de Libre para seleccionar los nuevos magistrados del poder judicial.

Tal como luce el panorama y por el rechazo de la bancada de libre en redes sociales los nacionalistas solo cuentan con los liberales, tal como lo anunció la jefa de la bancada, Gabriela Núñez, de que votarán por una nueva corte suprema de justicia. Una posición de línea partidaria a la que el diputado de la enseña rojo-blanco-rojo, Darío Banegas, no se plegaría debido a que se trata de negociaciones bajo la mesa.

En la bancada liberal también se muestra la postura que asumirían 9 diputados leales a Yani Rosenthal, que han sido favorables al partido nacional, pero ahora podrían tomar otra decisión debido a la estatus legal del joven líder liberal en estados unidos.

Falta sumar 4 votos de la Democracia Cristiana (DC), 1 de la Unificación Democrática (UD) y tres de los llamados independientes que ya en otros sufragios han votado por los nacionalistas, sumando un total 83 diputados, lo que no alcanza para elegir la nueva corte suprema de justicia.

En el ambiente también se teje otro escenario, en el que si no sucede ningún acuerdo con libre al gobierno le quedaría entablar negociaciones con el Partido Anti Corrupción (PAC), que tiene 13 diputados, de los cuales nueve, son leales a Salvador Nasralla, según los corrillos políticos.

Sí el PAC lograra un acuerdo con el Partido Nacional, a los 48 diputados nacionalistas se sumarían 13 del PAC, para alcanzar 61; más 17 liberales, excluyendo 9 yanistas y a Banegas, más 4 de la DC, 1 de UD y 3 de la bancadita independiente, se llegaría a 86 votos, con lo que se permitiría la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Mayor incertidumbre aún en el caso de que fracasen las negociaciones con el PAC y libre, se planta la opción de que algunos diputados voten de forma individual.

Sí el liberalismo vota en bloque, más el PN, DC, UD y la bancadita, sumarían 83 votos, dejando aún la moneda en el aire, a falta tres diputados y de pocas horas en que se cumpla ese mandato constitucional.

Será esta la antesala de una crisis institucional del estado hondureño, tal como lo advierten con distinta perspectiva varios sectores de la vida nacional. Esto es algo que está por verse.

«La reelección sí está permitida en Honduras»: presidente del Poder Judicial

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera Avilés, ha dado la última palabra: «la reelección sí está permitida y el presidente puede inscribirse como candidato».  Este extremo ocurre a una semana de la postura dada por la magistrada Silvia Trinidad Santos, que fue enfática al afirmar que sólo el Congreso puede hablar de reelección y una entidad como el Poder Judicial no puede reformar la Constitución.

La reelección permitida -añadió-, ya «está permitida, y es permitido que el actual presidente se inscriba como candidato, hasta allí es lo que se ha resuelto”. El fallo emitido por el Tribunal Constitucional establece que sí puede haber reelección en Honduras, ya que se quitaron los blindajes al artículo 239 del texto fundamental, que prohibía hablar de la continuidad en el cargo para los que han ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo.

El alto juez insistió que el presidente Juan Hernández está habilitado para presentarse a las elecciones. No  quiso hablar más sobre el tema,  porque podría «haber algunas acciones posteriores a su inscripción que la Corte deberá pronunciarse. El tema de la reelección, prosiguió, ahora se puede abordar sin ser expuesto a sanciones o inhabilitaciones que ya ordenaba la Constitución. Tampoco se podrán aplicar el artículo 330 de la legislación penal, que aún establece duras penas para los que quieren continuar en el cargo de presidente.

En diciembre de 2014, 15 diputados nacionalistas procedieron a solicitar a la corte que dejara «sin efecto», la disposición 239 y que se permitiera hablar de reelección; asimismo, el expresidente Rafael Callejas, pidió que se le dejará reelegirse porque «es un derecho». A finales de abril anterior, los cinco magistrados constitucionales, dieron la razón a ambos peticionarios, luego que el Ministerio Público determinara que «eran válidos» los alegatos de quienes creen que es un absurdo que se impida a un exmandatario presentarse a elecciones.

Siga esta noticia en Twitter: @criteriohn.