Autoritarismo: Congreso de Honduras aprueba ley para obligar el uso de mascarillas

Por: Redaccion CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. Con posiciones confrontadas entre las bancadas oficialistas y opositoras, el Congreso Nacional aprobó en su sesión virtual de la maña de este jueves, la “Ley de uso obligatorio de mascarilla y aplicación de protocolos de bioseguridad”, que obligará a todo aquel hondureño que incumpla el uso de tapaboca a pagar una multa de 200 lempiras.

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Honduras se convierte en el primer país del continente americano en legislar para sancionar a las personas que no utilicen mascarillas o tapabocas para prevenir el contagio del Covid-19 y en establecer sanciones pecuniarias por este incumplimiento.

La iniciativa, que la semana pasada el titular del Poder Ejecutivo, Juan Hernández,  anunció que enviaría al Congreso, fue presentada por el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, siendo aprobada en su totalidad.

De acuerdo al artículo 6 de la nueva ley, “Las personas que no usen o se nieguen  a usar mascarillas o cubre bocas en los términos establecidos en esta ley se les aplicará una multa de 200 lempiras con la obligación de realizar trabajos comunitarios por seis horas, y por primera vez se le dotará una mascarilla por parte del gobierno a través de la persona que lo detenga”. 

Durante la discusión del dictamen, las bancadas opositoras criticaron fuertemente su contenido por considerarlo una medida autoritaria que implicará “la penalización de la pobreza”, sobre todo, para la personas con escasos recursos.

Precisamente, el mecanismo fue calificado como una “medida coercitiva”  por la congresista del Partido Innovación y Unificación Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, quien además expuso que el decreto que contiene el nuevo mandato penal no contempla la educación de la población en materia sanitaria que a su juicio sería más efectiva.  

Seguidamente, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, expuso que la nueva normativa legal fue diseñada dejando sin lugar la angustiante realidad económica de aquella población que no tiene como costearse los insumos sanitarios requeridos durante la etapa post pandemia.

Ampliando la argumentación expuesta por Cálix, el diputado del PINU-SD, Luis Redondo, reconoció a la comisión encargada del dictamen de la nueva ley por reducir el monto de la multa que abusivamente el Poder Ejecutivo había fijado en 300 lempiras.

No obstante, manifestó su inconformidad, puesto que “nosotros no estamos de acuerdo que se impongan sanciones ni detenciones que violenten el marco constitucional, ni tampoco de establecer penas sancionando durante el estado de emergencia”, expresó.

Por lo que “sancionar sería penalizar la pobreza e incrementar la situación de desigualdad social, provocando entre otras cosas discriminación”, sentenció Redondo.

De su parte del diputado del Partido Liberal (PL), Mauricio Villeda, dijo que aunque la medida tiene razón de ser “en ninguna manera puede imponer sanciones como la multa de 200 lempiras y el trabajo forzoso, que suena a dictadura”.

Tras las intervenciones de las bancadas opositoras, el diputado nacionalista, Mario Pérez, presidente de la comisión de la elaboración del dictamen, defendió la nueva disposición argumentando que no contiene ninguna implicación penal, ya que “es una sanción administrativa que no puede considerarse pena”, explicó. 

En este sentido, Pérez procedió a únicamente añadir algunas sugerencias que algunos legisladores como el diputado liberal Mario Segura y la congresista  nacionalista, Johana Bermúdez, recomendaron incorporar a la ley. Entre ellas, la orden de obligar a los patronos a que en sus empresas, suministren de mascarillas a su personal laboral. Asimismo, el promover una campaña por el uso de mascarilla. Igualmente, la sugerencia de exceptuar del uso obligatorio de mascarilla a personas que presenten algunas patologías que le impida usar el tapaboca.

Ante presiones por combatir la corrupción oficialismo amenaza con paralizar el Congreso de Honduras

Congreso de Honduras
Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional de Honduras.

Diputados ya no quieren ejercer sus funciones por miedo, dice secretario del Congreso

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El secretario del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, amenazó con paralizar las actividades en ese poder del Estado y con ello paralizar el país.

Zambrano, quien fue sobreseído por los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y delito contra la forma de Gobierno por su involucramiento en el caso conocido como “fe de erratas”, argumentó el hecho en que los congresistas se sienten sin protección en el ejercicio de la función legislativa.

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Curiosamente la advertencia del funcionario se originó luego que la embajada de los Estados Unidos instará a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al gobierno de Honduras a extender el mandato de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), vigente hasta el 19 de abril de 2020, y a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz

Descargue aquí  la Declaración de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras sobre la Extensión del Mandato de la MACCIH y la Ley de Colaboración Eficaz

“Si seguimos como se viene realizando la función legislativa estas últimas semanas, estoy casi seguro que se va a paralizar este Congreso Nacional y sin el Congreso, se paraliza el país también, porque aquí damos el respaldo y apoyo a todas las instituciones del Estado, desde presupuestario…en  leyes…”, advirtió Zambrano.

Además de la extensión de la vigencia del convenio de la MACCIH y la Ley de Colaboración Eficaz, la embajada de los Estados Unidos urgió hace tres semanas al Congreso para que procediera a la aprobación de las reformas electorales.

Con lo expresado por el secretario del Congreso Nacional, es evidente que el oficialismo, que se impone en el Poder Legislativo, no está dispuesto a aprobar lo planteado por el gobierno estadounidense.

Tomás Zambrano, quien es parte del círculo de poder en el Congreso, insistió en que las actividades en el Poder Legislativo están a punto de ser paralizadas porque los diputados ya no quieren participar en las sesiones y mucho menos firmar dictámenes de ley porque tienen miedo.

Zambrano hizo el señalamiento en la sesión de ayer jueves al dirigirse a los congresistas que estaban presentes.

El diputado del Partido Nacional ahondó que hay muchos diputados que ya no quieren llegar al Congreso y otros que tienen miedo o ya no quieren votar, e incluso, reveló que otros le presentan los decretos a la Secretaría sin firmar, porque le confiesan que tienen miedo de hacerlo.

Zambrano no detalló en qué estriba el miedo de los congresistas, sin embargo, aseguró que la mayoría le ha manifestado que se sienten sin protección en el ejercicio de la función legislativa.

En febrero pasado, en una entrevista brindada a CRITERIO, el diputado por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Luis Redondo, dijo que en casi todas las sesiones, Tomás Zambrano ha venido repitiendo que casi nadie quiere firmar por miedo.

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En aquella oportunidad, Redondo denunció que en virtud que los diputados propietarios no quieren firmar, la directiva del Congreso está delegando esa función a diputados suplentes, pagándoles sueldos como si fueran propietarios.

De acuerdo al análisis del diputado opositor, el nerviosismo se debía, en aquel entonces, al miedo de aparecer en la Lista Magninsky, en las investigaciones de la MACCIH y en las líneas de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

En enero de 2018 el entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, reveló que en Honduras existía una red de al menos 160 diputados corruptos que drenaban fondos del Estado para uso particular. El juez peruano precisó que en la lista se encontraba el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Hasta el momento la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) ha presentado, con el acompañamiento de la MACCIH, varios requerimientos fiscales contra diputados por diferentes actos de corrupción.

Por segunda vez Congreso de Honduras nombra comisión dictaminadora de Ley de Colaboración Eficaz

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Congreso Nacional nombró este martes una comisión dictaminadora de la Ley de Colaboración Eficaz, que ese poder del Estado se ha negado en aprobar durante los últimos dos años pese a las presiones de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La comisión se nombró luego que este día el Poder Ejecutivo remitiera un nuevo texto, consensuado entre la Unidad Gubernamental de Acompañamiento y Respaldo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras –UGAR-MACCIH y expertos de esa misión de la OEA.

La junta dictaminadora quedó integrada por los diputados, Mario Pérez, quien fungirá como presidente. Asimismo, por Rolando Dubón Bueso, Francisco Rivera, Yuri Sabas, Felicito Ávila, Dunia Ortíz, Raúl Bulnes, Nery Reyes y Edgardo Casaña.

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El 18 de septiembre de 2017, se nombró una primera comisión presidida por el diputado José Tomás Zambrano (PN) e integrada por Carmen Esperanza Rivera (PN), Samuel Armando Reyes (PN), Jaime Enrique Villegas (PN), Yuri Christian Sabas (PL), Virgilio Iván Cálix Raudales (PAC), Eleazar Alexander Juárez (Libre), Edwin Roberto Pavón León (UD) y Héctor Enrique Padilla (Vamos).

La Ley de Colaboración Eficaz, que ha sido urgida por la MACCIH, se ha introducido al Congreso al menos en cuatro oportunidades.

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El proyecto de ley consta de 42 artículos, y tiene como objetivo regular los procedimientos, requisitos, circunstancias y beneficios que podrán gozar personas en libertad, investigadas, procesadas o sentenciadas por la comisión de un delito.

La normativa contempla la desarticulación de redes criminales y corruptas, para llegar a aquellas personas que son líderes de las organizaciones y que muchas veces operan en la secretividad y clandestinidad.

De aprobarse la ley, en Honduras, se sabrá quién da las órdenes y quién está detrás de estas organizaciones y quiénes las conforman y de esa manera se podría llegar a las cúpulas corruptas y criminales.

Presentan ante el Congreso de Honduras ley para prevenir y atender a personas desplazadas

Según el Conadeh, en los últimos 15 años al menos 250 mil personas han sido desplazadas forzadamente en Honduras

 

Congreso de HondurasPor: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Un proyecto  de ley para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas forzadamente, fue presentada hoy ante el Congreso Nacional de Honduras.

El proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente, fue presentado por la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV)  a través de la Secretaría de Derechos Humanos.

Congreso de Honduras
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres.

A la entrega del documento asistió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, quien reveló que entre el 2004 y el 2018 fueron desplazadas forzadamente unas 250 mil personas.

En su intervención, el ombudsman hondureño recomendó, al Congreso Nacional, que priorice en su agenda legislativa, el trámite y discusión de la Ley e indicó que el desplazamiento forzado es una realidad en Honduras, que atenta contra la dignidad de la persona humana, la cual, Estado y sociedad, están obligados a salvaguardar.

Agregó que consciente de esa realidad, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh),  con la asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), puso en funcionamiento desde el 2016 la Unidad de Desplazamiento Forzado, para dar mayor visibilidad pública a este problema social y para capacitar, prevenir y contribuir a atenderlo.

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Desde el 2016, a la fecha, esa Unidad atendió alrededor de 2,515 casos que implican a unas 6,007 personas, de las cuales 665 son menores de 18 años.

De acuerdo a las denuncias atendidas se ha verificado que las causas prevalecientes del desplazamiento forzado son las amenazas a muerte, los asesinatos y las extorsiones, entre otras.

Acnur celebra presentación de proyecto de ley

La entrega del proyecto de ley ante el Poder Legislativo para su discusión y aprobación en los próximos días, fue celebrado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur).

Congreso de Honduras
Andrés Celis, jefe de la Oficina Nacional del Acnur en Honduras, al momento de dirigirse a los presentes.

“Entregar el proyecto de Ley a los miembros del Congreso es el punto de llegada de un proceso de más de tres años, así como el punto de partida de un sistema sólido de atención integral al desplazamiento forzado que facilitará la acción coordinada del Estado y le permitirá mejorar el impacto de las medidas de prevención del desplazamiento, proteger a las víctimas de este hecho y avanzar de manera más rápida y efectiva al encuentro de soluciones”,  manifestó, Andrés Celis, jefe de la Oficina Nacional del Acnur en Honduras.

Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad

La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, blindó mediante dos acuerdos ministeriales todo tipo de información concerniente al manejo de los fondos del Estado

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El gobierno de Honduras aprobó en diciembre pasado un nuevo “pacto de impunidad”, ahora mediante dos auerdos de la Secretaría de Finanzas que blindan la información concerniente al manejo de los fondos públicos.

El 8 de enero pasado fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los acuerdos 842-2018 y 843-2018. Dicho marco legal impide que las élites políticas y económicas sean objeto de investigación y auditoría por parte de la prensa y de organizaciones independientes que trabajan en los temas de transparencia y rendición de cuentas.

Con las nuevas disposiciones, que llevan la rubrica de la secretaria de Finanzas, Rocío Izabel Tábora Morales, se blinda toda la información concerniente a los ingresos y egresos del Estado y se protege a las élites económicas porque de ahora en adelante nadie podrá saber el monto o quiénes o qué empresas gozan de exoneraciones fiscales, ni el nombre de los inversionistas de los valores gubernamentales.

Los funcionarios públicos también son parte del blindaje porque la ciudadanía ya no tiene acceso a las declaraciones juradas ni a los pagos que reciban a través del Sistema SIAFI en lo relativo a sueldos, ya sea al nombre del empleado y deducciones personales.

La aprobación de este nuevo pacto de impunidad, que se suma a los otros tantos aprobados en el Poder Legislativo para favorecer la corrupción, atenta contra los bienes y los intereses del Estado, porque dentro de los reservas se incluye los nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de bienes inmuebles de gobierno y los saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República.

PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIAS

Algo alarmante es que el nuevo marco legal, determina como información reservada lo relacionado a las transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) “para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional”.

Lo anterior implica que las transferencias que se hagan para gastos policiales y militares, superarán lo establecido en el Presupuesto General de la República. Es decir que además de no rendir cuentas, como ocurre en la actualidad, estos dos rubros tendrán a su disposición dineros a manos llenas y todo será en el marco de la legalidad.

PRESUPUESTO

La reserva de información también abarca al Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación.

Lo antes mencionado implica que de ahora en adelanta se sepulta el derecho a la participación ciudadana durante la etapa de la formulación y socialización.

SEGURIDAD DEL ESTADO

Paradójicamente en los considerandos de los acuerdos anti transparencia se justifica el ocultamiento de la información por “la seguridad del Estado”, cuando ya la Constitución de la República y la misma Ley de Acceso a la Información Pública, establece los parámetros de lo que es verdaderamente ese principio, sin atentar contra la transparencia y la rendición de cuentas.

Los decretos, que son acuerpados por la Secretaría de Finanzas, se suman además a la ya cuestionada Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública que establece reservas de hasta 50 años.

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Sobre el tema, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) emitió una alerta este jueves denunciando la transgresión a la transparencia y rendición de cuentas y exigiendo la derogación de los acuerdos aprobados por el gobierno.

Gobierno de Honduras
Mauricio Díaz Burdet, director del Fosdeh.

Para el director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdet, las medidas adoptadas afectarán no solo la función periodística, sino que además el trabajo técnico que realiza dicha organización y otras que pretenden la mejor toma de decisiones sobre las políticas públicas, mediante la transparencia y la rendición de cuentas.

Conozca a detalle las reservas aprobadas mediante cada uno de los acuerdos.

El acuerdo 842-2018 establece reservas para la información siguiente:

  1. Las Resoluciones emitidas por esta Secretaría de Estado (Finanzas) que contienen información de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta y demás tributos del Sistema Tributario y Aduanero que estén relacionados para la determinación del patrimonio de los contribuyentes;
  2. El contenido de las Declaraciones Juradas determinativas, declaraciones Juradas Informativas, Informes solicitados a terceros por la Administración Tributaria, Administración Aduanera o por esta Secretaría de Estado en el ámbito de sus competencias,
  3. Los datos indicados en el Artículo 55 numeral 3 del Código Tributario, informes y antecedentes tributarios y aduaneros, así como la información contenida en las declaraciones, informes y estudios de los obligados tributarios presentados ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), Superintendencia Tributaria Aduanera, Administración Tributaria y Administración Aduanera, en los términos previstos en Ley;
  4. Los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria y Administración Aduanera concerniente a las declaraciones de Impuestos o Tasas Administrativas, así como los datos suministrados por los obligados tributarios o por terceros, así como la información obtenida en el ejercicio de las facultades de fiscalización en términos del Artículo 70 numeral 1 del Código Tributario;
  5. La información de los obligados tributarios que obran en la Plataforma Administradoras del Módulo de Exoneraciones de Honduras (PAMEH);
  6. Durante el proceso de evaluación de ofertas y/o propuestas, se mantiene la confidencialidad de todo el proceso de evaluación y adjudicación, incluida el acceso a las ofertas por parte de cualquier persona no perteneciente al comité evaluador;
  7. Configuraciones y detalles técnicos de componentes y equipos de seguridad, servidores, comunicaciones de redes y demás arquitectura tecnológica de uso exclusivo para sistemas de información y servicio de tecnología ofrecidos por la Secretaría de Finanzas.

El acuerdo 843-2018 establece reclasificar con carácter de reservado la siguiente información:

  1. Nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de Bienes Inmuebles de Gobierno;
  2. Saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República;
  3. Transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional;
  4. Registro de beneficiario: Todo lo relacionado al PIN y la información contenida en él ya que es de carácter personal;
  5. Pagos que se realizan a través del Sistema SIAFI en lo relativo a: a) Sueldos, en lo concerniente al nombre del empleado; y, b) Deducciones personales;
  6. Todo lo relacionado a órdenes judiciales de embargos sobre el sueldo de empleados públicos, excluyéndose de esta reserva los embargos sobre pagos a proveedores del Estado por tratarse de fondos de carácter público, salvo en el expediente judicial correspondiente se haya declarado secretividad o reserva;
  7. Los estados de cuenta de los montos retenidos por embargos y los movimientos bancarios de la cuenta de embargos, en lo se refiere a embargos decretados sobre personas naturales;
  8. Los nombres de los embargados;
  9. Constancia de: Pagos de sueldos de planilla de años anteriores, únicamente en lo concerniente al nombre de favorecidos por dichos sueldos;
  10. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación;
  11. El nombre de los Inversionistas de los valores gubernamentales; y,
  12. Los Productos de las Consultorías, Sistemas Informáticos y Bases de Datos de Uso exclusivo para la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

FE DE ERRATAS:

CRITERIO pide disculpas a sus lectores ya que por una imprecisión, el titular de esta noticia decía inicialmente: «Congreso de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad». Sin embargo, al cotejar la información se encontró que fue la Secretaría de Finanzas la que incurrió en la irregularidad, por lo que se procedió a cambiar el titular de la noticia, leyéndose de la siguiente manera: «Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad».

El 80% de los diputados del Congreso de Honduras tiene ONG’s para saquear fondos del Estado

Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció este jueves que el 80 % de los diputados al Congreso Nacional de Honduras cuentan con Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) para saquear fondos del Estado.

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Congreso de Honduras
“El monstruo más grande en temas de corrupción, hoy por hoy se llama Congreso Nacional de la República de Honduras”, expresó Castellanos al detallar que “más del 80 por ciento de los diputados y diputadas, que actualmente están legislando, tienen Organizaciones No Gubernamentales que sirven, básicamente, para sacar fondos de las diferentes instituciones del Estado”.

En enero pasado el entonces vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, denunció que en el país existe una red de al menos 140 diputados corruptos que han saqueado fondos del Estado para uso particular. El funcionario citó, entre los miembros de la red al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

La implicación de diputados en saqueo de fondos comenzó el 11 de diciembre del año pasado con el caso, bautizado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como, “Red de Diputados”. En este caso se presentó requerimiento fiscal contra los entonces diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleázar Juárez. Los congresistas se libaron de ir a la prisión.

La lista de congresistas se engrosó el 13 de junio pasado con el Caso Pandora donde se requirió a los diputados, Celin Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas y Elvin Santos, que al igual que la “Red de Diputados” fueron beneficiados con medidas distintas a la prisión. Recientemente, el martes 11 de diciembre surgió el caso “Arca Abierta”. En esta oportunidad se presentó requerimiento fiscal contra los diputados, Gladis Aurora López, Welsy Vásquez, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Juan Carlos Valenzuela Molina y Milton Jesús Puerto Oseguera y contra los exdiputados, Óscar Álvarez, Audelia Rodríguez, Carlos Humberto Bonilla, Edwin Pavón, Hernán Enrique Vindel Mourra y Fabricio Puerto Oseguera.

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Para evitar ir a la cárcel, los diputados acusados se han estado amparando en varios pactos de impunidad celebrados en el Congreso Nacional mediante aprobación de leyes y reformas al margen del derecho penal. Asimismo, por la colusión evidente que existe con el Poder Judicial.Para la directora del CNA, Gabriela Castellanos, el problema es grave porque es en el Congreso donde se legisla a favor de la impunidad, “donde se blinda las acciones pasadas y presentes de los congresistas”.

En medio de la corrupción, Congreso de Honduras retoma el Fondo Departamental para diputados

En una jugada magistral los diputados lograron un jugoso aumento salarial y ahora tendrán nuevamente a su disposición recursos para ejecutar obras sociales

Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-En medio de señalamientos por corrupción que salpica a la clase política, el Congreso Nacional de Honduras, aprobó el jueves el Fondo de Desarrollo Departamental para que los diputados manejen recursos del Estado con la supuesta finalidad de ejecutar obras de proyección social en sus comunidades.

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La creación del fondo se adoptó con base a un dictamen discutido y aprobado en un tercer debate esta tarde por los diputados de todas las bancadas a excepción del Partido Innovación y Unidad Social-Demócrata (PINU-SD) y de los diputados, Jari Dixon Herrera de del Partido Libre y Dario Banegas, del Partido Liberal, que se opusieron a la medida, que implica una reforma al artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La reforma no es más que la legalización de una “caja chica” que los parlamentarios vienen manejando desde el año 2006 y que en los últimos meses ha evidenciado la manera cómo los congresistas drenan los fondos públicos para uso particular.
De acuerdo a la Constitución hondureña la función del Poder Legislativo se limita a crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes del país.
El Fondo de Desarrollo Departamental, fue eliminado por el Congreso en julio pasado a raíz de los señalamientos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) que acusó públicamente a los congresistas de formar parte de una red de saqueadores del Estado, entre los que citó al presidente del Parlamento, Mauricio Oliva.
Desde el 2006 que se aprobó el Fondo se ha venido entregando anualmente a los diputados cantidades de dineros que se mantienen en la opacidad, alegando la ejecución de obras y la entrega de ayudas sociales para los sectores más vulnerables.
El Presupuesto General de la República de 2018 contemplaba inicialmente una partida de 400 millones de lempiras para el Fondo de Desarrollo Departamental. Sin embargo, con la eliminación en julio pasado se supone que los fondos quedaron en suspenso y en su lugar la Junta Directiva del Congreso aprobó incrementos salariales de hasta 73 mil lempiras para los jefes de bancada y de hasta 43 para los diputados en general.
En enero pasado, el Congreso Nacional publicó en el diario oficial La Gaceta una reforma a la Ley del Presupuesto, distinta a la aprobada por el pleno de diputados, quitándole la facultad de investigación penal al Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.
La MACCIH bautizó a la irregularidad como “Pacto de Impunidad” y reveló que estaba investigando a más de 160 diputados que habían drenado fondos públicos para fines particulares. Entre los investigados, la Misión citó al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Congreso de Honduras se niega a interpelar a director de la ATIC por crimen de estudiantes

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Congreso Nacional se negó este jueves a interpelar al director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Ricardo Castro, para que despeje las dudas sobre la participación o no de agentes de esa órgano de investigación en el rapto, tortura y asesinato de los dos estudiantes del Instituto Técnico Honduras (ITH).

La negativa del Poder Legislativo se dio ante una moción presentada por el diputado suplente del Partido Libertad y Refundación, Dario Morán, que exigió la interpelación de Ricardo Castro en el término de diez días por el secuestro, tortura y asesinato de los jóvenes Gerson Daniel Meza Medina (18) y Mario Enrique Suárez Gómez (19).

La moción de Morán no fue tomada en consideración por la cámara legislativa y pasó a ser engavetada.

Morán estableció que su moción es muy importante para establecer quiénes son los autores materiales e intelectuales del horrible crimen donde existe la sospecha sobre la participación de los agentes de la ATIC. Si ellos no fueron es

Gerzon y Mario, fueron sacados el miércoles 29 de agosto de una vivienda en el barrio Bella Vista de Comayagüela, por cuatro hombres vestidos con uniformes, pasamontañas y armas de la ATIC. Posteriormente, el viernes 31 fueron encontrados ejecutados en La Montañita.

ATIC

EE.UU. advierte al Congreso de Honduras que está vigilante en torno al artículo 184

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Heide Fulton, advirtió este jueves que está siguiendo de cerca las acciones del Congreso Nacional sobre la pretensión de reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal.

La representante diplomática hizo el señalamiento mediante un mensaje de Twitter donde dijo, además, que hace eco a la sociedad civil hondureña sobre el llamado de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para que evalúen las consecuencias negativas de la reforma para las tareas de combate a la corrupción.

En las últimas semanas el gobierno estadounidense ha anunciado la aplicación de la «muerte financiera» a todos aquellos funcionarios del Triángulo Norte de Centroamérica. Para dicho propósito el presidente Donald Trump firmó la semana pasada la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en ingles). La normativa incluye una disposición que requerirá que el Secretario de Estado proporcione al Congreso una lista de personas, incluyendo los funcionarios públicos, que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiamiento ilícito de campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

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La noche del martes el diputado del Partido Nacional, Marco Velásquez, presentó ante el seno del Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal que permita la sustitución de la prisión preventiva.

La reforma ha sido impulsada en las últimas semanas por parte de varios imputados en delitos de corrupción que alegan que el artículo violenta la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

REACCIÓN

Ante el mensaje de Heide Fulton, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, reaccionó diciendo que la reforma es una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque actualmente se violenta el principio de presunción de inocencia y adelantó que el Parlamento no someterá a votación ninguna iniciativa sobre este tema hasta escuchar a todos los sectores de la sociedad.

El pasado 3 de agosto, al concluir una visita in loco en Honduras, la CIDH planteó la revisión o derogación del artículo 184 del Código Procesal Penal, enfatizando en que se debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva.

El señalamiento de la CIDH ha provocado fuertes críticas en varios sectores de la sociedad hondureña, que consideran que la recomendación es un espaldarazo para los corruptos, que en las últimas semanas han venido exigiendo la reforma al artículo 184 para evitar ir a la cárcel.

Secretarios del Congreso de Honduras podrán cambiar lo aprobado y ratificado por el pleno de diputados

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El principio de representatividad que tienen los diputados de Honduras ha sido violado luego de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que faculta a los secretarios del Congreso Nacional para que cambien el contenido de lo aprobado y ratificado por el pleno de parlamentarios.

La reforma al artículo 82 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, se aprobó en la sesión de anoche con 57 votos a favor, ante una iniciativa presentado por el secretario del Congreso, el diputado del oficialista Partido Nacional, Tomás Zambrano.

El mocionante, argumenta la reforma en errores que se identifiquen en el proceso posterior a su aprobación y ratificación, por lo que se faculta a los secretarios del Congreso y a la Comisión de Estilo para que “mejoren el texto previo a su envío o sanción”. Esto significa que el pleno podría aprobar una ley o un decreto y los secretarios estarían facultados para trastocar el texto antes de mandarlo a sancionar al Poder Ejecutivo y consecuentemente antes de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

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La reforma estipula además que en aquellos casos en que no se haya aprobado en su totalidad, y se hayan aprobado y ratificado varios artículos de un decreto, pueda cualquier miembro del pleno contribuir con propuestas o reconsideración a los mismos.

ARGUMENTOS

De acuerdo a lo establecido en la reforma, en el momento que la Comisión de Estilo detecte inconsistencias jurídicas, se traería nuevamente al pleno y los diputados decidirán si cabe corregir errores.

Mediante la práctica de las reconsideraciones y fe de erratas se han cometido varios agravios en el Congreso hondureño, constitutivos de varios delitos, sin que hasta el momento se haya castigado con el peso de la ley a los responsables.

Congreso de Honduras
Tomás Zambrano

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Recientemente el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue imputado junto al diputado Román Villeda Aguilar, por los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documento y delito contra la forma de Gobierno, en el denominado caso “Fe de Erratas/Pacto de Impunidad”, por el que el primero fue absuelto y el segundo sigue con acusaciones en los tribunales de la República.

Para justificar la reforma, Zambrano argumenta que el pleno tendrá la última palabra para modificar los decretos ya aprobados antes de que se envíen a sanción y publicación cuando la Comisión de Estilo o los asesores detecten inconsistencias jurídicas.

 “Lo que se pretende es que después de que los diputados aprueben algún decreto, y este pase a revisión a la secretaría, y encontremos algún tipo de error, aunque haya sido ratificado en el acta, pero que no haya sido enviado a sanción o a su publicación, los secretarios o a la Comisión de Estilo puedan plantear ante el pleno corregir el error y si el pleno autoriza se hace la reconsideración del mismo”, apuntó el mocionante.

FE DE ERRATAS

En tanto el también diputado nacionalista y prosecretaroio del Congreso,  Mario Pérez, indicó que la reforma evitará la fe de erratas. “Los compañeros tuvieron más tiempo para analizarlo, pero el tiempo es corto. Cualquier diputado que detecte un error en cualquier tema podrá hacer uso de la reforma”, apuntó.

La reforma fue cuestionada por diputados de las bancadas de los opositores partidos Libre, Liberal y Pinu-SD, que la calificaron como un  absurdo y que despierta una enorme suspicacia y no descartaron que se trate de una nueva trama para seguir favoreciendo la corrupción.

Conozca el contenido de la reforma: