Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –La Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), denunciaron la mañana de este martes que son víctimas de una “campaña criminal” por parte de la empresa Aura Mineral, subsidiaria de Minerales de Occidente (Minosa).
La semana pasada empleados de Minosa portaron pancartas y denunciaron públicamente que las tres organizaciones, que realizan trabajos de defensoría de derechos humanos, se están oponiendo “al desarrollo” de la comunidad de Azacualpa, en el municipio de La Unión, en el occidental departamento de Copán, donde se explota una mina.
En conferencia de prensa los representantes de las tres organizaciones señalaron que están siendo objeto de una embestida de amenazas, calumnias y campañas de odio, a partir de la defensa de los habitantes del municipio de La Unión, Copán que exigen se les respete y garantice el derecho humano a la soberanía comunitaria y a la cultura, por parte de la empresa minera, que pretende exhumar los restos humanos del cementerio comunal de Azacualpa, para continuar la explotación de los recursos de la zona.
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Recordaron que su trabajo siempre ha generado incomodidades a los grupos de poder nacionales e internacionales que abusan de los bienes y recursos de del país. Sin embargo, que en esta oportunidad sus detractores no se han valido de las campañas sucias tradicionales, sino que han recurrido a una campaña criminal, porque “se han valido de la compra de voluntades de pobladores, compra de espacios y periodistas para incentivar el odio, utilización de mecanismos oficiales para la declaratoria de “non gratos” a nuestras organizaciones, y el señalamiento con nombres y apellidos de los representantes de nuestras organizaciones”.
Acusaron directamente a Minosa de haber movilizado gente el pasado 14 de agosto a la carretera internacional CA-4, a la altura de la comunidad de Cucuyagua. Estas personas portaban ese día pancartas y mensajes claros que “estigmatizan y criminalizan el trabajo de las y los defensores”, señalaron las organizaciones.
Asimismo, denunciaron la supuesta complicidad de la Municipalidad de La Unión en la campaña de criminalización en su contra y la complicidad en la destrucción de los recursos naturales del municipio de La Unión por parte del Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaria de Recursos Naturales.
A juicio de los denunciantes, las autoridades de las instituciones antes citadas, tienen un concepto acomodado del desarrollo, una visión entreguista de los recursos que le pertenecen a la colectividad de la población y de exigencia a la población a que se conforme con las migajas y el despojo que provocan las empresas mineras.
Asonog, Ciprodeh y MADJ, denunciaron, además, que la contaminación generada por la actividad minera ha ocasionado la pérdida 14 fuentes de agua en la zona, de acuerdo a un estudio del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Asimismo, que existe desde 2012 una prohibición de la población de La Unión para que la minera explote el territorio del cementerio (confirmada en Cabildo Abierto en 2015), y que había una aceptación por parte de Minosa que posteriormente incumplió y que ante la denuncia y protesta de los mismos pobladores 19 personas fueron procesadas en 2014.
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Demandaron a los medios de comunicación que se han prestado para difundir la campaña de odio y criminalización, brinden los espacios correspondientes para exponer los argumentos técnicos que están negando la exhumación de cadáveres a Minosa.
Finalmente, responsabilizaron a Minosa y a las autoridades hondureñas por cualquier atentado en contra de sus organizaciones y sus integrantes, así como de los pobladores de la Unión opuestos a las pretensiones de exhumación de la minera.
Asimismo, exigieron responsabilidad y respeto a los países y a las casas matrices de las empresas internacionales involucradas en la actividad extractivista y la aplicación del rigor legal de los Estados a fin de castigar las violaciones a los derechos humanos que las empresas generan en Honduras.
