Choluteca bastión revolucionario de orgullo y dignidad

Presidente Hernández

Por: Oscar Miguel Marroquín

En sus torpes pensamientos, el dictador Juan Orlando Hernández cree que puede dominarse a un pueblo a fuerza de balas y sangre, tras esto, es fácil inducir que toda la capacidad de raciocinio de este mal logrado nacionalista, bien cabe en la cabeza de un alfiler, en otras palabras, una bacteria seguramente tiene más capacidad de razonamiento que este pobre imberbe abogado salido de la más inmunda cloaca que pueda imaginar ser humano alguno, digo todo esto con el perdón de la naturaleza quien le regaló un poco de oxígeno al nacer.

Los pueblos son la esencia de una nación, y cuando estos se levantan contra una dictadura no existe poder militar alguno que pueda detenerlos, justo por esa razón es que los hombres y mujeres de Choluteca no callan, no se rinden, no se venden, no doblegan sus rodillas ante los gatilleros a sueldo que en ocasiones se hacen llamar Policía Militar, pero que no son más que sicarios al servicio de un ladrón, capaces de asesinar, torturar, desaparecer a quien sea necesario a cambio de unas cuantas migajas.

De tras de estos batallones militares, existen generales y coroneles cuyos uniformes son la más fiel representación de la inmundicia humana, nada de dignidad hay en ellos, nada de orgullo, pero si mucho servilismo ante la corrupción y el narcotráfico, por más que quieran esconderlo, es imposible; la sangre de muchos hombres y mujeres que han caído frente a las balas asesinas del ejército, son la mancha que llevaran los militares sobre sus fatigas, hasta que el pueblo decida eliminar para siempre este cáncer que mata lentamente a la nación hondureña.

Afirmo lo anterior con un poco de historia de lo que ha sido el ejército catracho; por cierto, un ejército lleno de militares cobardes que en aquella guerra contra sus iguales de El Salvador, escondieron la cola entre las patas, y no cabe duda alguna que ante el avance de los salvadoreños hacia suelo hondureño, los generales y coroneles cambiaron sus trajes de gala por coloridas naguas, en un intento por esconderse de los guanacos, pero cuando de asesinar al pueblo se trata, entonces sí son valientes y altivos.

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Por todo lo anterior, los embravecidos hijos e hijas de Choluteca siguen luchando de pie, aun cuando algunos de ellos caen asesinados por las órdenes del rufián dictador; quien cree que no será alcanzado algún día por la justicia, por toda la corrupción, lavado de activos, asesinatos selectivos contra el pueblo, narcotráfico y otros tantos delitos, más equivocado no creo que pueda estar este lampiña nacionalista, pues hay que recordarle que otros ladrones y asesinos como Elías Antonio Saca y Francisco Flores, ambos expresidentes de El Salvador ya fueron sentados ante el banquillo de los acusados y, vistos por el pueblo como vulgares ladrones. No olvide pues el dictador catracho que no siempre lo protegerán sus guaruras y, que más temprano que tarde tendrá que ser apresado, juzgado y sentenciado a vivir tras las rejas.

Solo entonces los gritos combativos de hombres y mujeres del pueblo de Choluteca, se alzarán en cantos de libertad y victoria, y los nombres de los caídos serán escritos en las paredes de este hermoso lugar; entre tanto el zángano dictador Juan Orlando Hernández no volverá a conocer jamás la libertad de transitar por calles y veredas de toda Honduras.

Lanzan iniciativa anticorrupción y por la transparencia “HondurACTion»

anticorrupcion

Tegucigalpa.-En los últimos años, el pueblo hondureño se movilizó como nunca antes en contra de la corrupción institucionalizada en el país. Las masivas protestas de los indignados ocuparon las calles por semanas consecutivas, exigiendo poner fin a la impunidad que rodea a estos actos lesivos a la probidad estatal.

A pesar de estas movilizaciones, Honduras pasó de la posición número 123 a la 135 en el «Índice de Percepción de la Corrupción de 2017», según la organización Transparencia Internacional (TI).

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La Corrupción se ha convertido en una de las cargas más pesadas para el hondureño/a. En la práctica, ha significado menos educación, menos acceso a salud, menos construcción de obras públicas y una tasa de pobreza de 74.3 por ciento según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

En ese contexto, con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE y Christian Aid (CAID), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH), el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras, (OCDIH) y el Centro Desarrollo Humano (CDH) están presentando hoy a la sociedad hondureña el proyecto «Honduras en Acción Contra la Corrupción y por la Transparencia, HondurACTion».

Antocorrupción
El coordinador de HondurACTion, Héctor Longino Becerra, explica a los presentes el propósito del proyecto.

La iniciativa, de 4 años de duración y con un presupuesto de 3, 889,776.34 millones de euros, tiene como objetivo «Contribuir al ejercicio pleno del derecho de participación ciudadana efectiva en la lucha anticorrupción y por la transparencia».

El proyecto promete trabajar en el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y los movimientos juveniles e indígenas para que cuente con las herramientas para reforzar su labor de auditores sociales anticorrupción. Además, se realizará un trabajo decidido de fortalecimiento del periodismo investigativo independiente, que permita mejorar la calidad de las investigaciones en temas de corrupción.

Adicionalmente, se realizará un trabajo con centros educativos dirigido a lograr una mayor concienciación sobre el tema de la corrupción desde la más temprana edad. Por último, se realizarán diferentes campañas, protagonizadas por la juventud hondureña, sensibilizar a la población sobre la importancia de anticorrupción.

Las cuatro organizaciones que implementarán el proyecto cuentan experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, en las cuatro regiones donde se ejecutará la acción: Centro/Tegucigalpa; Centro Occidente/La Paz; Occidente/Copan y Lempira, y Sur/Choluteca y Valle.

anticorrupción
Al evento se hicieron presentes funcionarios públicos y de organizaciones de sociedad civil ligadas a instituciones que trabajan en temas de transparencia y combate a la corrupción.

La acción está sustentada en cuatro pilares fundamentales que muestran las líneas de trabajo que se deberán seguir durante la ejecución del proyecto y son las siguientes:

  1. a) Trabajo directo con jóvenes a través de sus organizaciones, en concreto se hará énfasis en la inclusión y el liderazgo de los jóvenes indígenas;
  2. b) Trabajo con medios de comunicación independientes a fin de facilitar su papel de «watch-dog» de la situación en Honduras creando un referente informativo de calidad que sirva para incidir ante el Estado y exigir la transparencia de las instituciones y control de la corrupción y el fin de la impunidad;
  3. c) Un enfoque de género que parte de las dificultades que las mujeres jóvenes tienen para expresarse, participar y ser reconocidas como agente de cambio;
  4. d) Creación de evidencia que sirva como referente de actividades y acciones dentro y más allá de esta.

Investigación anticorrupción en Honduras implica a presidente y oposición

Tomado de InSightCrime

Las autoridades de Honduras han acusado a docenas de funcionarios y colaboradores del desvío de millones de dólares de recursos públicos con fines políticos, incluyendo la campaña de 2013 del presidente Juan Orlando Hernández. Pero las explosivas denuncias bien pueden generar un fuerte rechazo de los sospechosos y sus aliados, que pueden obstruir el avance del caso.

El 13 de junio, como parte de una investigación por corrupción denominada “Caso Pandora”, los fiscales de una unidad especial de la Fiscalía General de Honduras y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con aval internacional, presentaron ante la Corte Suprema del país información sobre 38 representantes del gobierno y otras personas acusadas de malversación de más de 282 millones de lempiras (cerca de US$12 millones) de dineros del gobierno.

Los acusados presuntamente se apropiaron de dineros públicos destinados a proyectos de desarrollo agrícola, y los canalizaron por medio de varias fundaciones y organizaciones no gubernamentales antes de usar el dinero con fines políticos.

Parte de los fondos presuntamente contribuyeron a financiar un programa ofrecido por el entonces candidato Hernández en 2013, llamado la “tarjeta Cachureca” (“Cachureca” es un término popular hondureño que denota a las personas de tendencia política conservadora). El programa permitía a los usuarios de las tarjetas recibir descuentos considerables en los negocios afiliados.

También se desviaron otros dineros para apoyar campañas políticas para el opositor Partido Liberal y otro partido más pequeño conocido como el Frente Amplio.

Los fiscales no revelaron los nombres de los sospechosos, pero artículos noticiosos locales señalan que los implicados incluyen varios diputados del Partido Nacional, de Hernández, y un excandidato presidencial el Partido Liberal, entre otros.

El Partido Nacional respondió a las acusaciones afirmando que el partido cooperaría con la investigación, pero que la “responsabilidad es individual”.

En comentarios reproducidos por La Prensa, el presidente Hernández dijo que, “Es fundamental que se haga justicia, nadie está por encima de la ley, pero de igual manera el principio del estado de derecho, el principio de inocencia es lo que todos debemos de buscar”.

Las nuevas denuncias se conocen luego de que se declarara a Hernández vencedor, en noviembre de 2017, de unas elecciones seriamente cuestionadas por la oposición y por observadores internacionales debido a indicios creíbles de fraude.

Análisis de InSight Crime

Desde hace algún tiempo, las élites de Centroamérica emprendieron una ofensiva total contra las iniciativas anticorrupción. Ante tal embestida, no es claro cuánto logre avanzar el caso contra Hernández y otros funcionarios públicos en Honduras.

Charles Call, líder del equipo de investigaciones especiales sobre la MACCIH y las iniciativas contra la impunidad en Honduras, en American University, comentó a InSight Crime que es “muy prematuro decir (…) qué implicaciones vaya a tener este caso”.

Sin embargo, señaló que la experiencia previa indica que las élites alineadas contra las iniciativas anticorrupción pueden parar el caso.

“Las cortes y el Congreso han hallado formas de eludir este tipo de acusaciones en el pasado, y es posible que puedan hacerlo de nuevo”, señaló Call.

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Christine Wade, experta en Centroamérica y profesora de ciencia política en Washington College, comentó a InSight Crime que es “difícil ser optimista” sobre el futuro de las iniciativas anticorrupción en Honduras.

“Durante los últimos años, las élites de Honduras no han mostrado más que desdén por la MACCIH y han tratado de socavar completamente su capacidad investigativa”, opinó Wade.

De hecho, recientemente los legisladores atacaron la constitucionalidad de la MACCIH. Aunque la Suprema Corte determinó posteriormente la constitucionalidad del organismo, su fallo también limitó la colaboración entre la MACCIH y una unidad especial con la que esta trabaja para preparar los casos por corrupción, lo cual podría afectar por completo la efectividad del ente anticorrupción.

También, a comienzos de este año varios legisladores de Honduras aprobaron una reforma denominada “pacto de impunidad”, que básicamente despojaba a la Fiscalía General de su facultad de investigar la malversación de dineros públicos.

Honduras

Sin embargo, Eric Olson, director del programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, señaló a InSight Crime que es importante reconocer que a pesar de esos obstáculos la MACCIH y la Fiscalía General decidieron seguir adelante con la investigación.

“El escenario es increíblemente adverso para la Fiscalía General y las iniciativas contra la corrupción en Honduras, pero de todos modos dieron el paso”, concluyó Olson.

Todo esto ocurre en el contexto de la creciente preocupación entre organizaciones de la sociedad civil por la iniciativa anticorrupción con la proximidad de la designación de un nuevo fiscal general este año. La MACCIH aún no tiene un líder permanente, luego de la renuncia de Juan Jiménez Mayor, en febrero último, debido a lo que señaló como falta de apoyo institucional.

Además, el presidente Hernández es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Centroamérica. Washington no le ha retirado su respaldo ante otras denuncias, por corrupción, lo que le ha dado cierto refugio político de múltiples escándalos.

Tanto Olson como Wade coincidieron en que la nueva investigación por corrupción seguramente tropezará con innumerables obstáculos. Según Wade, “las élites de Honduras tienen poco o ningún interés en juzgarse a sí mismas”.

Élites en Honduras y Guatemala mantienen su campaña para dejar sin dientes a las comisiones anticorrupción

Tomado de InSightCrime

Élites en Honduras y Guatemala mantienen su campaña para dejar sin dientes a las comisiones anticorrupción en sus respectivos países con una serie de nuevas medidas que buscan librarse de los organismos independientes o entorpecer gravemente sus facultades.

El 18 de marzo, el ministro de gobernación de Guatemala Enrique Dagenhart anunció el traslado de 11 agentes que trabajaban con el organismo anticorrupción avalado por las Naciones Unidas, conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En respuesta, el comisionado de la CICIG Iván Velásquez emitió un comunicado dirigido a Dagenhart donde solicitaba el regreso de los agentes y una explicación sobre el traslado. El 21 de marzo, Dagenhart replicó que la medida sería “temporal”.

En la vecina Honduras, noticias recientes en los periódicos revelaron que a comienzos de este mes un grupo de abogados, en representación de cinco diputados anteriormente sindicados de corrupción, presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Adicionalmente, el 20 de marzo, el congreso aprobó una ley que reformaba los procedimientos de privación de dominio de activos para impedir su aplicación retroactiva, entre otras cosas. Los opositores argumentaron que esa ley se diseñó para proteger a las élites corruptas de la privación de dominio, por parte de las autoridades, de ganancias de origen ilícito.

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Análisis de InSight Crime

Los recientes intentos de élites bien establecidas de socavar la CICIG y la MACCIH son una continuación de la intensificación de las maniobras observadas en los últimos meses, que buscan sabotear las iniciativas anticorrupción.

Una ley aprobada por Honduras en enero básicamente despojaba a la Fiscalía General de la República de la facultad de investigar el manejo de fondos públicos. La aprobación de esa ley motivó la renuncia del jefe de la MACCIH Juan Jiménez Mayor, quien llamó esto un “pacto de impunidad”.

El intento más reciente de impugnación de la constitucionalidad de la MACCIH puede terminar por completo la comisión. El futuro de la MACCIH está ahora en poder de la Corte Suprema, llena de aliados del actual presidente Juan Orlando Hernández, quien ha encarado denuncias de corrupción.

Una tendencia similar se ha observado en Guatemala, donde las élites corruptas han intensificado los intentos por frenar investigaciones por corrupción en altas esferas.

Una de las acciones recientes que evidencia los ataques contra la CICIG sucedió a finales de 2017, cuando el presidente Jimmy Morales trató infructuosamente de expulsar del país a Velásquez, cabeza del organismo.

Desde entonces, la administración de Morales ha hecho otros intentos por socavar las iniciativas anticorrupción, entre ellos la destitución del superintendente tributario de Guatemala, Juan Francisco Solórzano Foppa, quien dirigía investigaciones de corrupción de alto perfil contra miembros de la plana mayor en Guatemala. Y en marzo, la destitución del director de la policía nacional Nery Ramos y Ramos, junto con varios de sus principales asesores, por parte del ministro de gobernación Degenhart, una medida que motivó amplias condenas, como un intento de interferir con investigaciones en curso sobre malos manejos.

Almagro presencia entrega de listado de jueces anticorrupción

Por: Redacción CRITERIO

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El secretario general de la OEA reconoce que en Honduras la corrupción es sistémica y de dimensiones inéditas.

Tegucigalpa.-En presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, recibió este miércoles el listado de los jueces y magistrados anticorrupción.

La lista está integrada por 17 candidatos, de los que posteriormente se seleccionarán 10 jueces y magistrados (cuatro jueces de sentencia, cuatro de apelaciones y dos de letras.

En su intervención, Almagro manifestó que la creación de una jurisdicción penal especializada en combatir la corrupción “es un gran paso adelante en Honduras. Tal como abogó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH)”.

También dijo que la corrupción es un crimen perverso que debe tener la mayor atención de los gobiernos y “en Honduras la población se manifestó masivamente en contra de la corrupción y hoy aquí estamos presenciando esta iniciativa para construir la institucionalidad que permita enfrentarla con convicción y eficacia”.

Según Almagro, el nuevo esquema judicial “encaja en una Honduras que enfrenta un fenómeno de corrupción sistémica y de dimensiones inéditas, que debe combatirse mediante la conformación y posterior actuación conjunta de tribunales, procuradores y fiscales especializados en delitos contra la administración pública.

Consideró además que la iniciativa permitirá el procesamiento de redes de corrupción y conducirá a  la recuperación de los bienes y activos  que pertenecen al pueblo hondureño.

“Con la creación de esta jurisdicción penal, esperamos que, ahora sí, los resultados para investigar y sancionar a los corruptos puedan hablar por sí mismos. Esta iniciativa debe suponer el comienzo del fin de la impunidad”, expresó Luis Almagro.

La MACCIH elaboró el protocolo de selección de jueces, que fue aprobado mediante acuerdo del Poder Judicial N°1, el 26 de mayo de 2016. El protocolo contiene las distintas etapas del proceso, que han estado bajo la responsabilidad de una comisión especial integrada por:

El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Bustillo;

La magistrada de la Sala de lo Laboral, María Fernanda Castro;

El representante y vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor;

El representante de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y de la Sociedad Civil, Carlos Hernández.

Al recibir el listado de los 17 candidatos, el presidente del Poder Judicial, manifestó que los preseleccionados participaron en un riguroso proceso, alejado de los sesgos políticos, ya que, según él, se antepuso la meritocracia de los aspirantes que fueron sometidos a cuatro procesos.

Inicialmente, 105 candidatos fueron sometidos al proceso, lista que se fue depurada a medida avanzaba el concurso de selección, basado en evaluaciones  de conocimientos jurídicos, pruebas de confianza, patrimoniales y de polígrafo.

Los seleccionados recibirán como beneficios: 15 salarios anuales, seguridad personal y para su núcleo familiar, vehículo blindado y conductor, servicio de telefonía móvil, seguridad social, seguro médico hospitalario y odontológico titular y dependientes, seguro de vida titular, plan de jubilación y pensiones, vacaciones anuales y capacitación permanente.

El proceso avalado por la MACCIH, estuvo coordinado por  la Comisión de Selección de Jueces y Magistrados de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, integrada por miembros del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ).

ASJ participará en conferencia internacional anticorrupción en Panamá

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa. Una delegación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) viajará esta semana a la República de Panamá para participar en la Decimoséptima Conferencia Internacional contra la Corrupción, organizada por Transparencia Internacional (TI).

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La Conferencia Internacional tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre del presente año en la ciudad de Panamá, Panamá, donde destacados expertos de las más diversas disciplinas analizarán la mejor forma de seguir avanzando en la lucha contra la corrupción bajo el tema: “Tiempo de justicia: Equidad, seguridad y confianza”.

La delegación hondureña será presidida por Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la ASJ y representante de TI en Honduras. Asimismo, formarán parte de la comitiva: Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ); Lester Ramírez, coordinador de Investigaciones de la ASJ; Maribel Muñoz, coordinadora de Planificación de la ASJ; Héctor Salgado, coordinador del Programa de Seguimiento a la Iniciativa Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica; Keila García, coordinadora del Programa de Seguimiento al Convenio de Colaboración y de Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad, suscrito entre el Gobierno de la Republica, Transparencia Internacional y la ASJ; y German Reyes, priodista de Investigación de Revistazo.

El evento de cuatro días contará con la presencia del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, y el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, quienes hablarán en la ceremonia de apertura.

La conferencia espera recibir a más de 1,500 participantes de todo el mundo y, en esta edición, se centrará particularmente en los factores que facilitan la corrupción y en el periodismo de investigación, e incluirá un análisis profundo del tema Papeles de Panamá (Panama papers).

Durante cuatro días, los asistentes podrán participar en más de 40 talleres y cinco sesiones plenarias, así como también el anuncio del Premio contra la Corrupción 2016 (entre una lista de cuatro finalistas) y del Premio al Periodismo Latinoamericano de Investigación 2016.

Por primera vez, la Conferencia Internacional contra la Corrupción también será sede de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), así como del festival de Cine por la Transparencia, durante el cual se proyectarán 16 películas en tres sedes en la ciudad de Panamá a partir del 29 de noviembre de 2016.

Este año, la Conferencia Internacional contra la Corrupción también recibirá a músicos con consciencia social de Liberia, Ecuador y Túnez que ganaron el concurso musical anticorrupción “Fair Play Anti-Corruption Music”.

Entre los oradores internacionales que estarán presentes en los distintos eventos figuran: Magdy Martínez-Solimán, subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); Michel Forst, relator especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU; Yury Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI); Sanjay Pradhan, director ejecutivo de Open Government Partnership; Sarah Chayes, autora de Thieves of State; Marina Walker Guevara, subdirectora del International Consortium of Investigative; y Lawrence Lessig, profesor de Derecho Roy L. Furman de Harvard Law School, entre otros.

34 abogados a última entrevista para escoger 15 jueces y magistrados anticorrupción

Proceso es apoyado y supervisado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. Un total de 34 profesionales del derecho serán sometidos a entrevistas para ocupar los cargos de jueces y magistrados de lo Penal en materia de Corrupción tras aprobar la evaluación de conocimientos jurídicos, según información proporcionada por miembros de la Comisión de Selección.

Los postulantes se presentaron el lunes a la evaluación, la tercera de las siete etapas del proceso de selección iniciado en agosto pasado. De los 58 que habían aprobado el análisis curricular previo, 27 mujeres y 22 hombres se sometieron al examen escrito que incluyó interrogantes sobre derecho constitucional y tratados internacionales, ética y carrera judicial, derecho penal y derecho administrativo.

 Entre los 34 aprobados, 16 se postulan como magistrados, 11 como jueces de sentencia y 7 como jueces de letras. Los aspirantes serán citados nuevamente para entrevista, la cual –igual que en las etapas anteriores deberán aprobar con 70% para continuar en el proceso. Quienes sigan entre los elegibles, deberán someterse posteriormente a pruebas patrimoniales y de confianza.

 “Se ha evaluado los perfiles, se ha evaluado su currículum vitae y sus antecedentes laborales, se ha sido transparente y se les ha dado a cada uno de los candidatos tanto a los que han aprobado y los que no, la oportunidad de que se les brinde una revisión en caso de que ellos tengan interrogantes”, expresó Lester Ramírez, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en el país que funge como secretario del proceso.

Por su parte, Mario Díaz, quien participa como veedor, señaló que “una vez que estén estos resultados se van unir todas las calificaciones que hayan tenido y luego van a ser seleccionados en base a los que alcances los mejores méritos, es decir los mayores puntajes en las pruebas que vayan asumiendo”.

Los aspirantes concursan por dos cargos de Juez de lo Penal, cuatro cargos de juez de Tribunal de Sentencia, tres cargos de magistrado de Corte de Apelaciones y uno de magistrado integrante de Corte de Apelaciones.

Aplican prueba de conocimientos a postulantes a jueces y magistrados anticorrupción

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Ciento cinco postulantes a jueces anticorrupción y antiextorsión, están siendo sometidos este lunes a una prueba de conocimientos jurídicos mediante un proceso escrito.

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Los 105 candidatos se presentaron esta mañana a las instalaciones de una universidad privada, simultáneamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, luego de una ampliación en el periodo de inscripción en septiembre pasado.

Anteriormente habían sido sometidos a una primera etapa, consistente en  un análisis curricular y hoy continuaron con la evaluación de conocimientos jurídicos, la cual se lleva a cabo mediante un examen escrito.

Entre los inscritos, 41 aspiran a convertirse en jueces de Letras, 26 en jueces de Sentencia y 38 en magistrados de la Corte de Apelaciones. De estos, más de la mitad son mujeres. Figuran entre los postulantes, profesionales de 27 hasta los 63 años, originarios principalmente de Francisco Morazán.

La evaluación se realiza por etapas y es necesaria una calificación de 70 por ciento mínimo (de 100) para aprobar cada una. En caso de aprobar el examen escrito, los candidatos deberán someterse a entrevistas y posteriormente a las pruebas de confianza.

Los aspirantes concursan por dos cargos de Juez de lo Penal con localización geográfica en las ciudades Tegucigalpa y San Pedro Sula, cuatro cargos de juez de Tribunal de Sentencia con sede en Tegucigalpa, tres cargos de magistrado de Corte de Apelaciones y uno de magistrado integrante de Corte de Apelaciones para la capital hondureña.

Los seleccionados recibirán como beneficios: 15 salarios anuales, seguridad personal y para su núcleo familiar, vehículo blindado y conductor, servicio de telefonía móvil, seguridad social, seguro médico hospitalario y odontológico titular y dependientes, seguro de vida titular, plan de jubilación y pensiones, vacaciones anuales y capacitación permanente.

El proceso está siendo avalado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), bajo coordinación de la Comisión de Selección de Jueces y Magistrados de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, integrada por miembros del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ).

José María Diaz
                                    José María Diaz

El presidente del CAH, José María Díaz, explicó que hoy se está aplicando  un examen de conocimiento jurídico, no solo en el área penal y procesal penal, sino que en temas de ética, carrera judicial y leyes administrativas y que los resultados estarán listos el próximo miércoles.

Asimismo que la prueba es un segundo filtro  que conllevará a la tercera y última etapa para aplicar las pruebas de confianza, sicométricas, sicológicas, toxicológicas y patrimoniales.

Detalló que la etapa final estará en las manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSI), Rolando Argueta, quien escogerá de una amplia lista de preseleccionados a los candidatos que ocuparán los puestos ya establecidos.

Según el presidente de los abogados, el proceso es sui generis y transparente, totalmente diferente a otros que se han registrado en el pasado  en el Poder Judicial.

“El pueblo hondureño debe estar tranquilo y confiado que al final de todo se seleccionarán las mejores mujeres y hombres para que puedan desempeñar estos cargos y ser la primera línea contra la corrupción e impunidad en el país”, apuntó Díaz.

En tanto el presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, destacó que el proceso se ha realizado con mucha transparencia, demostrando que en Honduras se pueden hacer las cosas bien. “Estamos satisfechos, el Poder Judicial de manera responsable ha reaccionado en este tema”, expresó Hernández, que es además el secretario de la Junta de Selección de Jueces y Magistrados Anticorrupción.

 

 

Organizaciones civiles hondureñas proponen crear grupo anticorrupción

MARCHAS

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) propone la Acción Anticorrupción en Honduras (AACH), que podría brindar respuestas inmediatas a cubrir las falencias del sistema de justicia para combatir casos de corrupción e impunidad.

Durante el último mes, gran parte del sector popular y de cierto sector político y empresarial han demandado la implementación e instalación en Honduras de procesos y órganos internacionales, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para el combate de la corrupción y la impunidad.

“No podemos esperar, no hay tiempo que perder necesitamos una Acción Anticorrupción en Honduras, que actúe con celeridad en los casos de corrupción”, declaró Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y miembro de la APJ.

La propuesta de APJ contempla tres pilares fundamentales: conformación de un Grupo Internacional de Fiscales que trabajen e investiguen en casos de corrupción, además la instalación de la Comisión Ciudadana Contra la Corrupción en Honduras (CCCCH) y que se impulse un Paquete Integral de Reformas que abarque la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, Ley de Contratación de Estado, Ley del Tribunal Superior de Cuentas y Poder Judicial, entre otros.

“Necesitamos intervención inmediata, aprovechar el momento para enfrentar la impunidad y combatir la corrupción, pero también para promover un paquete de reformas que reduzca la impunidad”, reiteró Hernández.

La Sociedad Civil considera que “esta propuesta podría constituirse en una respuesta inmediata a los graves problemas de corrupción que vive nuestro país; sin lugar a dudas, es una opción que podría implementarse de forma rápida, con costos menos elevados que la CICIG y más efectiva en la sanción de los corruptos y bandas del crimen organizado que drenan el erario nacional” destacó por su lado Omar Rivera, Coordinador de la APJ.

La APJ considera que la AACH podría concretarse, existiendo voluntad política, en 60 días y a un costo más bajo.

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