El tribunal constitucional vendría siendo un ente aislado de Poder Judicial y el objetivo sería continuar con la hegemonía de la Sala Constitucional, pero sin injerencia de la clase política que permanece en el Poder del Estado
Mucho se ha especulado sobre una posible reforma al reglamento interno del Poder Judicial para evadir la rotación en la presidencia y coordinación de las salas, pero la titular Rebeca Ráquel Obando desmintió la campaña de desinformación y especulación, y aseguró que el próximo 17 de febrero se harán los cambios
Tegucigalpa, Honduras.- En lugar de promover la especulación de la permanencia de un sólo magistrado al frente de las diferentes salas que integran el Poder Judicial durante los siete años por el que fueron electos, abogados constitucionalistas consideran que es más importante impulsar una reforma para crear un tribunal constitucional totalmente independiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El abogado constitucionalista Joaquín Mejía planteó que la especulación que rodeaba la rotación en la presidencia de la Sala Constitucional y la coordinación de las otras tres salas, trajo consigo la importancia de hacer una reforma al sistema de justicia constitucional del país.
“Esta aparente conflictividad alrededor de las rotaciones nos viene a mostrar una vez más la necesidad de una reforma profunda al sistema constitucional. La última vez que se realizó una reforma fue hace 20 años”, mencionó Mejía en un foro televisivo.
Agregó que “todas estas crisis que hemos tenido en los dos años de gobierno nos han indicado la necesidad de una reforma que incluya la creación de un órgano de cierre, de un tribunal constitucional que no forme parte de la Corte Suprema de Justicia”.
De acuerdo con el análisis de Mejía, para erradicar los conflictos entre los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es necesario la creación del tribunal constitucional, que sería único y último encargado de interpretar la Constitución de la República.
Por ejemplo, históricamente la Sala de lo Constitucional, presidida por magistrados afines a los partidos políticos mayoritarios, ha quedado en evidencia de cómo evita tomar decisiones y emitir dictámenes que, tomando en cuenta lo que manda la Constitución, jugarían en contra de los intereses mezquinos de la clase política y económica.
Muestra de la injerencia de la clase política, es que la actual Sala Constitucional encabezada por la magistrada Sonia Marlina Dubón, no se ha pronunciado sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto al decreto 04-2022, aprobado en 2022 para supuestamente beneficiar a perseguidos políticos durante el golpe de Estado de 2009.
Sin embargo, amparándose en algunos artículos lesivos que contiene este decreto, denominado “el nuevo pacto de impunidad”, varios exfuncionarios salieron de la cárcel y otros señalados de corrupción que habían huido, regresaron al país para ostentar onerosos cargos dentro del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, como lo es en el caso del asesor presidencial Enrique Flores Lanza, quien es el esposo de la titular de la Sala Constitucional.
De hecho, para que una posible misión anticorrupción venga a Honduras, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Castro derogar decretos como el 04-2022 y otros pactos de impunidad aprobados años atrás, cuando el Congreso Nacional lo presidia el diputado del Partido Nacional Mauricio Oliva.
Entonces, actualmente el partido político que sale más beneficiado con las decisiones que se toman y no se toman en la Sala de lo Constitucional, es el que tiene la mayoría en el número de magistrados que, actualmente, ostenta el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) con seis.
“De una u otra manera hay mecanismos para que no sea así (la concentración de poder), pero al final el Poder Judicial es el juez y parte de las decisiones”, mencionó Mejía.
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LAS ROTACIONES VAN
Para el caso, ante la especulación sobre la rotación en la presidencia y coordinación de las salas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (SJ), Rebeca Ráquel Obando, informó que las rotaciones se llevarán a cabo el próximo 17 de febrero, un año después de ser nombrados en sus cargos.
“En relación con las especulaciones sobre la rotación de la presidencia de la Sala de lo Constitucional y de la Coordinación de las otras salas de la CSJ suscitada en los últimos días, considero oportuno aclarar que es rotundamente falso que esta presidencia vaya a proponer la modificación de nuestro reglamento interno”, escribió la titular del Poder Judicial en X.
“Tengan certeza que desde esta Presidencia respetaremos y velaremos por el irrestricto cumplimiento a la Constitución de la República, sus leyes, reglamentos y demás normativa aplicable”, agregó.
Y es que los políticos de oposición días atrás comenzaron a denunciar que los magistrados oficialistas pretendían modificar el reglamento interno del Poder Judicial para evadir las rotaciones y, de esa manera, permitir que, precisamente, en la Sala de lo Constitución continuará Sonia Marlina Dubón para seguir dándole continuidad a la agenda de partido de gobierno.
