Tegucigalpa.- Luego de derogarse la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos Oficiales, las solicitudes de información en las instituciones públicas se incrementaron, sin embargo, las respuestas en su mayoría son nulas al destruirse casi en su totalidad la información de la administración anterior regida por el conservador Partido Nacional.
Haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, el equipo de Criterio.hn solicitó al Instituto de Acceso a la Información Públicas (IAIP) la cantidad de solicitudes que se generaron en los últimos cinco años logrando evidenciar que, tras derogarse la lesiva normativa que blindaba a 16 instituciones estatales los requerimientos han aumentado.
En lo que va del primer semestre del año, el IAIP registra 5,524 solicitudes de información, de las cuales, 3,387 están en plazo, 374 en proceso, 1,344 no fueron respondidas y 419 se respondieron fuera de plazo. Las solicitudes de 2022 casi sobrepasan las efectuadas entre 2017 y 2021.
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Los entes con más solicitudes de información son: Secretaría de Salud con 397, Ministerio Público 262, Secretaría de Finanzas 226, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización 221, Secretaría de Educación 214, Poder Judicial 190 al igual que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Secretaría de Seguridad 174, Congreso Nacional 161, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con 103 y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con 101.
También, la Presidencia de la República con 80 solicitudes de información; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 65, Secretaría de Defensa 61, Servicio de Administración de Rentas (SAR) 71, el IAIP 70, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) 56 al igual que la Secretaría de Trabajo y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), mientras que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con 36 y los demás entes obligados tienen menos de 30 solicitudes.
En 2017, las solicitudes de información alcanzaron 3,051, en 2018, 4021; en 2019 aumentó a 6,115; en 2020 año de la pandemia de la covid, en que se denunció más casos de corrupción, fue de 6,304, siendo hasta el momento el año con más registros, mientras que en 2021 fueron 5,524.
En solicitudes no resueltas o sin respuesta: en 2017 fueron 576, en 2018 se duplicó a 1,03 en 2019 no se respondieron 1,948. En 2020, es hasta ahora el año con más solicitudes sin respuesta con 2,074 para 2021 bajó a 1,733 y, hasta junio de este año ya se contabilizan 1,344.
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Sobre recursos de revisión interpuestos en los últimos seis años: en 2017 sumaron 115, en 2018, 159; en 2019, 421; en 2020, 2017; en 2021, 308 y en 2022 ya se reportan 171, la mayoría están en trámite.
En referencia a los datos expuestos, el presente año registra un incremento en solicitudes ingresadas y no resueltas ya que apenas inicia el segundo semestre y ya se registran 845.
Existe un común denominador en aquellas solicitudes de información de la administración anterior y es que la documentación fue destruida de acuerdo a las respuestas de los oficiales de transparencia de las instituciones del Estado, quienes justifican que no existe información y que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) realiza investigaciones.
El propio director de la Uferco, Luis Javier Santos, confirmó que solo en Casa Presidencial “no dejaron ni tan solo un documento de la contabilidad, esa es una obstrucción a las investigaciones que ellos sabían estábamos realizando”.
Para el caso, el equipo de Criterio.hn ha realizado varias solicitudes de información al Congreso Nacional sobre el supuesto latrocinio que denunció el presidente del Poder Legislativo, Luis Rolando Redondo, en la administración de Mauricio Oliva (2018-2022) que superaría los 2,926 millones de lempiras, sin embargo, todas se respondieron sin entregar la información.
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La solicitud 761-2022 fue finalizada con la respuesta que “no se encuentra información física de los años enero 2018 a enero 2022, hechos denunciados ante el Ministerio Público. Asimismo, no se puede brindar información en la forma solicitada como se estableció anteriormente ya que dicha información se encuentra en etapa de investigación por parte de las autoridades competentes”.
Se presentaron varios recursos de revisión en diversas solicitudes hechas tanto a Casa Presidencial como al Congreso Nacional, pero la respuesta fue la misma, que no hay documentación debido a su destrucción, inclusive la Oficina de Transparencia del Poder Legislativo se contactó con el equipo de Criterio.hn para justificar la no entrega de la información. La oficial de información reiteró que “no existe información en físico de la administración anterior”, y argumentó que “la Uferco está investigando”.
Casi por unanimidad de los 128 congresistas, la noche del lunes 1 de marzo, se derogó la Ley de Secretos aprobada por el Congreso Nacional bajo el Decreto Legislativo 418-2013 que blindó instituciones estatales en la divulgación de información de carácter público y que permitió ocultar actos de corrupción durante los periodos de gobierno del extraditado exgobernante Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022).
