“Sólo basta la suscripción de un convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU), ya que por su jerarquía está por encima de todas las leyes nacionales”: Raúl Pineda Alvarado
Tegucigalpa. – A casi dos meses que venza el plazo de la primera fase del memorándum de entendimiento firmado entre el Gobierno de Honduras y las Naciones Unidas, aun no se habla de la derogación o aprobación de normativas que faciliten el trabajo de la CICIH.
La llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) ha sido uno de los anhelos de la población hondureña, que busca saciar su sed de justicia contra aquellas personas que se han encargado de desfalcar las arcas del Estado. La firma del memorándum de entendimiento es una luz en medio de la oscuridad, que deja la impunidad que ha campeado en el país.
En los últimos días ha surgido un debate en cuanto a la propuesta de la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) de reformar el artículo 232 de la Constitución de la República y, de esa forma, retirarle al Ministerio Público la exclusividad de ejercer la acción penal.
El oficialismo defiende la postura que la modificación la reforma al artículo constitucional en cuestión le dará a la CICIH un poder superior, incluso, al que ostenta la Fiscalía hondureña. Sin embargo, los analistas y los representantes de sociedad civil aseguran que lo único que se logrará con ello será la demora innecesaria en la instalación del mecanismo anticorrupción.
Sin embargo, diversos abogados y representantes de sociedad civil insisten que no es necesaria una reforma al artículo de la Constitución de la República, ya que este cambio al texto constitucional requiere de mayoría calificada (86 votos) y la misma debe ser ratificada un año después con la misma cantidad de votos.
El abogado constitucionalista y analista político, Raúl Pineda Alvarado, dijo a Criterio.hn que no es necesario una reforma constitucional, y que ni siquiera es necesario una reforma legal.
Para el jurista es suficiente con la suscripción de un convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU), ya que por su jerarquía está por encima de todas las leyes con el mismo y lo que se requiere es voluntad y decisión política.
En cuanto a la derogación y aprobación de algunas leyes que han sido solicitadas por las Naciones Unidas, dijo “que lo que se necesita que los acuerdos con la CICIH tengan la relevancia de un tratado internacional, con la venia de la ONU y el Gobierno de Honduras, y con la aprobación del Congreso Nacional eso sería necesario reformar leyes secundarias, porque el tratado estaría por encima de la ley”.
Al igual que el analista Raúl Pineda, el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés) Luis León cree que no es necesaria una reforma constitucional para darle herramientas a la CICIH.
En una entrevista con Criterio.hn precisó que “es ilógico pensar que se ocupa una reforma constitucional entiendo que la diputada, Xiomara Hortensia Zelaya, propuso la modificación al artículo 232 para que la CICIH tenga rango constitucional, pero tampoco tiene sentido hacer eso, porque es un mecanismo pasajero”.
Según la perspectiva de León está propuesta de la congresista es parte del discurso político, para negociar si va a venir o no, “a estas alturas veo muy difícil la llegada de la CICIH”.
De igual manera, explicó que para aprobar o derogar leyes, que las Naciones Unidas ha pedido solo se ocupa mayoría simple, porque no son constitucionales. En ese sentido, afirma que hablar de la necesidad de una mayoría de votos para la modificación de normativas que han fomentado la corrupción “es mentirle al pueblo”.
León expone que una cosa es voluntad política en el Congreso Nacional para fortalecer el trabajo de la CICIH, y otra es el hay un discurso del oficialismo diciendo que es la oposición la que no quiere apoyar, y viceversa.
El economista lamentó que ninguna de las fuerzas políticas solicite la discusión de esos temas, como la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, la derogación del decreto 116-2019, entre otros, y no los introducen a la agenda legislativa es porque a nadie le interesa.
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Entre tanto la abogada constitucionalista y exministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, concuerda con los analistas ya mencionados.
Pineda concluye que no es necesaria una reforma a la Constitución de la República, ya que, además necesita ser ratificada en una siguiente legislatura. Por otro lado, expone que lo que se necesita en la derogación de todas estas leyes que impiden una investigación efectiva contra los delitos de corrupción.
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REFORMAS NECESARIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CICIH
En el memorándum de entendimiento señala en la primera fase que la ONU enviará a Honduras un equipo de expertos que realizará un diagnóstico de los instrumentos, las instituciones y las capacidades nacionales existentes, en materia de combate a la corrupción y la impunidad.
Este equipo de expertos apoyará y asistirá técnicamente con relación a las reformas legales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz; además, realizará un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema de operación de justicia.
De estas sugerencias, la mayoría no se han cumplido y las otras están a medio vapor, un claro ejemplo es la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz ha sido discutida y aprobada en un primer debate, sin embargo, en el Congreso Nacional no se ha agendado su segundo y tercer debate.
