Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Catorce defensores y defensoras del municipio de Manto, Olancho, recibieron el sobreseimiento definitivo después de cinco años de estar procesados judicialmente por oponerse a la explotación forestal de su comunidad.
El juicio oral y público al grupo de defensores estuvo acompañado por pobladores que realizaron una protesta en las afueras del juzgado y que los recibieron con aplausos después de conocerse el veredicto del juez.
Tres mujeres estaban en el grupo de defensa del bosque y del agua que durante cinco años sufrió persecución judicial por oponerse a un plan de manejo forestal otorgado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Las protestas desde entonces fueron dirigidas a evitar el proyecto de comercialización del bosque en el área protegida conocida como Boca del Monte, que abastece de agua a unas 14 comunidades del norte de Manto.
El proceso de criminalización empezó en febrero de 2016, cuando el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras de Juticalpa contra Manuel Enrique Fúnez Zavala, Ángel Raúl Ruiz López, Lilian Argentina Hernández, Álvaro Bernardo Hernández Andrade, Elsy María Banegas, José Humberto Castellón Ávila, María Albertina Nájera Banegas, Olvin Wilfredo Chirinos Chirinos, Héctor Manuel Banegas, Purificación Meza, Delix Adalid Salgado Carías, Abraham Banegas y Jorge Gustavo Martínez.
Fueron acusados de obstaculizar la ejecución de un Plan de Manejo en perjuicio de Rodolfo Ernesto Díaz Valle, Julio Gonzáles Díaz Valle, Erick Rodolfo Díaz Miralda y María Concepción Lila Varela.
El requerimiento fiscal fue admitido y los defensores se negaron a declarar, tras lo cual se les decretaron medidas cautelares.
Los trece defensores, integrantes de la junta central de agua de su municipio, debían firmar cada 15 en el juzgado.
Cinco años después celebran el triunfo de la justicia, pero la lucha en defensa del agua, el bosque y los territorios continúa.
Y es que como señala el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), “la zona productora de agua (en Manto) es constantemente amenazada por los ganaderos, depredadores del bosque y empresas mineras”.
Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, señala el Cespad, se incrementó el concesionamiento de ríos y fuentes de agua para la generación de energía eléctrica.
El más reciente zarpazo a los recursos naturales es el decreto PCM-138-2020, que aprueba un millonario fideicomiso para la generación de energía con la construcción de 14 represas, mediante la constitución de alianzas público-privadas.
Los pobladores que defendían a unas 14 comunidades fueron judicializados al oponerse a un plan de manejo forestal
Tras Juicio Oral y Público Juzgados absuelven a 14 ambientalistas que llevaban 5 años acusados y procesados, por oponerse a explotación forestal, en el municipio de Manto, Olancho.
