Equipo legal de las cinco personas defensoras del agua se mantendrá vigilante ante la presentación del recurso de casación por parte del Ministerio Público, con el objetivo de asegurar la contundencia de la victoria y que esta no sea revertida
Fotos: MADJ
Tegucigalpa. – Sobreseimiento definitivo dictó el Tribunal de Sentencias de Tela, Atlántida, a favor de las cinco personas defensoras del río Jilamito en el municipio de Arizona, acusadas por el delito de detentación de espacios públicos.
Las personas defensoras sobreseídas son: Elena Gaitán, integrante de la Asociación de Habitantes del municipio de Arizona; Carlos Arnaldo Chacón, alcalde de Arizona; Tulio Laínez, presidente del patronato de Jilamo Nuevo; Julio Leiva y Claudio Ramírez, ambos residentes de la comunidad de Jilamo Nuevo.
La sentencia fue dictada la mañana del segundo día de audiencia de la reanudación del juicio que inicio en febrero de este año, pero que fue interrumpido luego que el Ministerio Público cambio el delito inicial que era detentación de espacios públicos por usurpación, a la vez que amplio las acusaciones a coacciones y manifestación ilícita.
La acción fue impulsada por el Ministerio Público pese a que la Procuraduría General de la República (PGR), quien era la parte agraviada por el delito inicialmente imputado, desautorizó a la Fiscalía para continuar la acusación.
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La figura de detentación de espacios públicos —derogada en el nuevo Código Penal— tiene un largo historial de ser usada para criminalizar a las personas que se oponen a proyectos extractivistas y que se movilizan en defensa de la tierra, territorio y ambiente.
ATLÁNTIDA VIVE UN ACELERADO PROCESO DE DESERTIZACIÓN
Al inicio de la jornada, pobladores de las comunidades de Arizona que se oponen al proyecto hidroeléctrico Jilamito de la empresa Inversiones de Generación Eléctrica, Sociedad Anónima (Ingelsa), se apostaron fuera del Tribunal para exigir la libertad de los defensores del agua, mientras gritaban consignas “¡Jilamito unido, jamás será vencido”, “Pueblo de Arizona, presente”, entre otras
El departamento de Atlántida, en el Caribe hondureño, vive un acelerado proceso de desertización producto de varios factores, entre ellos la concesión indiscriminada de los recursos hídricos.
El ingeniero ambiental, Juan Mejía, expresó desde una transmisión en vivo afuera del Tribunal que, si bien el cambio climático es un fenómeno mundial, no hay duda de que los empresarios que se benefician económicamente con la tala de los bosques, la destrucción de las fuentes de agua, así como los cerros y colinas, son quienes profundizan la problemática que afecta en mayor medida a los pobres, a los campesinos y a los pueblos indígenas.
“El Estado no está haciendo nada, pero aún lo poco que está haciendo es en contra de la naturaleza, del mismo Estado, los bienes naturales y contra el pueblo de Honduras, porque el Estado esta manipulado por estas grandes empresas hidroeléctricas, mineras, de agricultura [industrial], y ganadería extensiva. Son [ellas] las que dictan justicia aquí en el departamento de Atlántida y en el país”, comentó Mejía.
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El ingeniero ambiental sostuvo que el río Jilamito es el único afluente disponible en Arizona para el consumo de agua de al menos dieciséis comunidades, debido a que los demás ya cuentan con proyectos hidroeléctricos instalados.
VICTORIA PARA EL RÍO JILAMITO Y LA POBLACIÓN DE ARIZONA
Mientras la población se organizaba en las afueras del Tribunal en Tela, dispuestos a dormir en la intemperie de ser necesario, de pronto inició la algarabía y cantos de “Sí se pudo, sí se pudo”; “El pueblo unido jamás será vencido”; e “Ingelsa, fuera”. Celebrando el sobreseimiento de las personas defensoras imputadas, quienes fueron bajando una a una las gradas.
Los primeros en bajar fueron Julio Leiva, maestro; seguido de Arnaldo Chacón, alcalde de Arizona; y posteriormente los otros tres defensores acompañados por el equipo legal del Bufete Estudios para la Dignidad (BED) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
“La lucha no ha sido en vano. Hoy se hace justicia una vez más para los defensores de la vida”, fueron las primeras palabras por parte del coordinador del MADJ, Martín Fernández. “A nuestros compañeros agradecemos e invitamos a seguir porque la lucha por el país no termina hoy con un proceso, con un fallo. La lucha por rescatar la institucionalidad recién comienza, compañeras y compañeros”, compartió.
Martín Fernández recordó que los proyectos extractivos son lesivos y ejemplificó esta afirmación planteando que tres de las empresas hidroeléctricas ya operando en Arizona —una de ellas Sociedad Eléctrica Mesoamericana Sociedad Anónima de Capital Variable (Semsa), que comparte accionistas con Ingelsa— han acumulado al menos 1,500 millones de lempiras en diez años, pero únicamente han dejado cuatro millones de lempiras a la municipalidad.
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“¿Qué municipalidad puede desarrollarse para beneficiar a 30 mil habitantes con cuatro millones de lempiras? […] No se puede seguir aspirando a que el sector empresarial de esta naturaleza es el que va a generar desarrollo en las comunidades, definitivamente, eso es oprobioso”, sostuvo el coordinador del MADJ.
DEFENSA DEL RÍO JILAMITO CONTINUARÁ AFIRMAN DEFENSORES SOBRESEÍDOS
La defensa del agua es un derecho humano, y es un líquido que las futuras generaciones necesitarán, planteó Elena Gaitán, integrante de la Asociación de Habitantes del municipio de Arizona, quien agradeció el acompañamiento recibido.
Julio Leiva, residente de Jilamo Nuevo, expresó que ha sido una lucha fuerte que han vivido por seis años, en los que han llenado los cuadernos únicos, “páginas tras páginas”, de los Juzgados de Arizona. Afirmó que no están en contra de los empresarios, pero si en contra de exoneraciones que son aplicadas de forma desigual, afectando a los más pobres.
Tulio Laínez, presidente del patronato de Jilamo Nuevo, celebró la finalización del injusto proceso, afirmando que fue incomodo porque para ir a firmar el libro al juzgado debieron dejar de hacer sus quehaceres. Sostuvo que la lucha sigue hasta no se cancele la concesión del río Jilamito, no importando que se siga criminalizando a la población por oponerse al proyecto hidroeléctrico.
Claudio Ramírez, otro residente de Jilamo Nuevo criminalizado, agradeció a todos el acompañamiento y admitió que pensó que nunca finalizaría el injusto proceso que creo una serie de problemas en sus vidas. Reitero que la lucha en defensa del agua continuará.
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Carlos Arnaldo Chacón, alcalde de Arizona, calificó como una tortura la firma del libro del Juzgado en los últimos seis años e incluso en tono jocoso compartió situaciones en las que recibieron llamados de atención por parte de la jueza de Arizona cuando olvidaban ir a firmar.
Al igual que sus compañeros sostuvo que la lucha continuará y agradeció a los abogados el trabajo realizado, señalando que no tiene duda que hace años habrían sido declarados culpables de no ser por su trabajo, puesto que ellos y la ciudadanía no son competencia al capitalismo y los tentáculos que este mueve.
“Nosotros lo único que hemos hecho es defender nuestro río Jilamito. En ningún momento, se le ha impedido el paso a nadie. Todo el que quiera, puede ir a bañar, a tomar agua. A los que se les niega es a estas empresas transnacionales que vayan a destruir lo que por derecho nos corresponde y estamos defendiendo. Los recursos naturales hay que defenderlos, ellos no se defienden solos”, planteó el alcalde de Arizona.
ABOGADOS VIGILANTES A RECURSO DE CASACIÓN
“Hoy además de resistir, Jilamito esta victorioso”, aseveró el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía, quien explicó que el juez Rolando Zúniga abrió la audiencia resolviendo los recursos judiciales interpuestos por el MP y la defensa privada.
Expresó que el juez Zúniga declaró sin lugar la solicitud del MP de ampliar la causa de una acusación a tres, señalando que “no advierte hechos o circunstancias que hagan merito a ampliar esa acusación”.
También resolvió los recursos interpuestos por el BED, entre los que destaca la petición de archivar el caso bajo el argumento que la PGR desautorizó al MP para continuar la acción penal, solicitud que fue negada por el juez Zúniga.
A la vez que resolvió a lugar la petición relacionada a que el delito de usurpación en modalidad de detentación del espacio público fue derogado en 2019 con la entrada en vigor del nuevo Código Penal y por lo tanto no hay delito alguno, cerrando el archivo y ordenando dictar sobreseimiento definitivo.
El abogado explicó que, frente a esta resolución, el Ministerio Público tiene todavía vigente el recurso de casación que será presentado ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que se mantendrán vigilantes para que esta victoria sea contundente y no sea revertida.
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El abogado Lestter Castro recordó que estaban presentes en el Juzgado de Tela “porque existe un empresario corrupto y violento que induce al Ministerio Público y conduce a fiscales dóciles, digamos, a quebrantar la ley para que finalmente presenten acusaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Este es el caso clásico de criminalización que ha ocurrido en Pajuiles, en el pueblo Tolupán y en Jilamito, y que ocurren en otras partes del país”.
Finalmente, el coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Víctor Fernández, concluyó que “una de las principales victorias es que vamos fundando, vamos consolidando nuestro proceso de resistencia que no siempre tiene victorias. Nosotros tenemos 15 años de existir como organización y tenemos muchas derrotas también”.
Fernández apuntó que es una derrota los compañeros que fueron asesinados y no están presentes en esta victoria. Recordó que estas victorias tienen un alto costo, que en el mismo Jilamito hay una derrota, la ausencia de Ramón Fiallos, coordinador local del MADJ en Arizona, asesinado el 22 de enero de 2018.
