Por: Rodil Rivera Rodil
Reflexiones
No hay duda de que la racha de malas noticias de los últimos días, en especial, la tragedia de la cárcel de mujeres de Támara y la de Choloma, le ha caído de perlas a los promotores de la feroz campaña desatada desde hace casi un año contra la presidenta Castro, y que se ha vuelto la principal causa de que se mantenga viva la polarización social que nos agobia desde el golpe de Estado del 2009. Los conductores de los noticieros de la televisión, por más que traten, no pueden ocultar su satisfacción cada vez que presentan las malas nuevas con esa falsa cara de seriedad y no menos falso tono de imparcialidad que ahora emplean para sembrar en el televidente las dudas o sospechas sobre la culpabilidad del gobierno de todo lo malo que ocurre en el país.
La primera reacción de la ciudadanía a la devolución del manejo de los centros carcelarios a los militares fue negativa, lo que es comprensible dado que, en primer lugar, esta es tarea principalmente de especialistas en materia penitenciaria y no de policías ni soldados, y en segundo, por el repudiable papel que el ejército jugó durante el golpe de Estado y el gobierno de Juan Orlando Hernández. Pero tal impresión parece estar cambiando con las primeras capturas de pandilleros que podrían indicar que la presidenta ha optado por replicar, en lo que tenga sentido para Honduras, por supuesto, el modelo de seguridad de El Salvador.
Si así fuera, la aplicación de la experiencia salvadoreña debe hacerse con la férrea voluntad, el rigor, la integralidad y el buen juicio con que la puso en práctica el presidente Bukele, porque si el ensayo se frustra, la factura para el gobierno será simplemente impagable. Al igual que si tiene éxito, los beneficios serán incalculables, tanto para la tranquilidad de la población como para la reactivación a gran escala de la economía del país. Solo piénsese en los miles de negocios, pequeños y grandes, que tuvieron que cerrar por la extorsión a lo largo de todos estos años y que ahora podrían tener la oportunidad de reabrir y ampliarse con la reducción, si no desaparición, de este terrible flagelo social, y no digamos en los miles más que, sin temor alguno, podrán iniciar operaciones en el próximo futuro. Que es justo lo que está aconteciendo en El Salvador.
Repárese, asimismo, en que el buen suceso de Bukele exigió un gran esfuerzo nacional, cuya suprema dirección y responsabilidad fue asumida por él mismo personalmente, con el acompañamiento, desde luego, de los expertos en el tema. La presidenta Castro debe pensar en hacer algo similar, lo que transmitiría a todo el país la certidumbre de que no hay marcha atrás ni posibilidad de fracaso en esta crucial batalla por la sobrevivencia nacional. Los mismos pandilleros lo han vuelto imposible con su increíble barbarie. Y no digamos las “mareras” que, según relataron las sobrevivientes de la matanza de Támara, se destornillaban de la risa mientras disparaban, acuchillaban y achicharraban a sus compañeras de celda.
Pero también la nueva política de seguridad requiere de la depuración a fondo de los cuerpos de seguridad o, mejor todavía, de su completa reestructuración. Las masacres que estamos presenciando no tienen tanto que ver con conspiraciones como con la descomunal corrupción que los corroe hasta sus más hondas entrañas. La delincuencia organizada de Honduras, a semejanza de lo que ocurría en El Salvador, le ha perdido todo respeto a las autoridades encargadas de combatirla, entre otras razones, porque prácticamente las tienen a su servicio. Los entendidos señalan que un cuerpo de seguridad que está contaminado por la corrupción en un 60 por ciento o más es casi imposible de rescatar. Debe ser disuelto y organizado uno nuevo. La policía hondureña, desde hace no menos de una década, de acuerdo con estos especialistas, lo está en más de un 80 por ciento.
Pero hay más. Es evidente que los medios están aprovechando los infortunados sucesos para encubrir el éxito que se ha apuntado el gobierno con la contundente aprobación que le ha dado el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la supresión de los fideicomisos y a las medidas que ha tomado para paliar la crisis alimentaria que se nos viene encima, pero, muy especialmente, a la reforma tributaria y la reducción de las exoneraciones en que se halla empeñado, tal y como se desprende de la declaración que brindó a la prensa el señor Ricardo Llaudes, vocero de la misión del Fondo, cuyos párrafos pertinentes enseguida copio:
“La respuesta decisiva de las autoridades a las conmociones externas, incluso mediante el apoyo a los pequeños agricultores y el aumento de sus programas de asistencia social específicos, incluida la Red Solidaria, fue fundamental para proteger a los más vulnerables”.
“Los esfuerzos continuos de movilización de ingresos para ampliar la base impositiva y fortalecer la eficiencia de la recaudación de ingresos apoyarán estos esfuerzos. En este contexto, una reforma tributaria de gran alcance, que actualmente se debate en el Congreso, reduciría las extensas exoneraciones al impuesto sobre la renta al tiempo que salvaguardaría la competitividad de Honduras”.
“La eliminación de los fondos fiduciarios han sido un paso clave para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del gasto”.
En esta ocasión, y tal como suelen hacer con las noticias que no quieren destacar para que los lectores no las lean en detalle, los periódicos relegaron a un segundo o tercer plano las conclusiones de la misión del FMI y las titularon distorsionando su contenido o sacándolo de contexto. He aquí dos elocuentes ejemplos de cómo los más importantes diarios nacionales encabezaron las publicaciones sobre el informe del Fondo, esto es, tergiversando y pasando por alto su apoyo a las dichas reformas y proyectos:
El Heraldo: “Analistas coinciden que falta coherencia en la política fiscal que tiene Honduras”.
La Tribuna: “FMI: Hay altos niveles de pobreza, desempleo e inseguridad alimentaria”.
¡Qué tal! Ni Donald Trump, el gran maestro de las fake news y de la “verdad alternativa”, lo haría mejor.
¿Por qué estos medios no han ni siquiera mencionado la parte toral del informe del FMI que he transcrito? Pues por la sencilla razón de que desvirtúa totalmente la campaña de la élite empresarial hondureña para intentar demostrar que la reforma tributaria va a dañar la economía y alejar la inversión, pero en realidad, para que el Congreso Nacional no la apruebe y ella pueda mantener las exhorbitantes e injustificadas exoneraciones y privilegios de los que ha venido disfrutando desde hace muchísimos años, lo que ha sido una de las causas primordiales de la tremenda desigualdad que nos abate.
Los empresarios deberían recoger con buena voluntad el profundo mensaje que encierra la posición del Fondo Monetario, dar una tregua a su violenta oposición a los cambios, y sentarse a negociar de buena fe con el gobierno, no solo una concertación sobre la Ley de justicia tributaria sino sobre el nuevo rol que el Estado hondureño y ellos mismos pueden jugar con respecto a la economía y a la seguridad nacionales en la encrucijada en que nos encontramos, bajo el impacto de la pandemia, los huracanes, la insoportable violencia que vivimos y de la guerra de Ucrania. Tal como se está haciendo en otras naciones del mundo, desarrolladas y no desarrolladas.
Pero tampoco quiero dejar de referirme a la insólita torpeza, para decir lo menos, con que el gobierno le hace frente a la citada campaña. El comunicado que hizo público el Banco Central es tan pobre en su análisis del informe del Fondo Monetario que más parece redactado por el mismo COHEP que por los distinguidos funcionarios en materia monetaria con que cuenta la presidenta Castro, y quienes deberían figurar entre los más autorizados abanderados de las transformaciones que su régimen aspira a promover.
Tegucigalpa, 27 de junio de 2023.
