Por: Barbara Unmüßig
BERLÍN – La pandemia del COVID-19 ha expuesto de manera despiadada las deficiencias del sistema alimentario global, y hoy nos enfrentamos a una gigantesca crisis de hambre que no para de crecer. Una cuarta parte de la humanidad carece de un acceso seguro a alimentos, mientras que una de cada diez personas está afectada por la severa inseguridad alimentaria y 811 millones de personas padecen hambre. Otra cuarta parte de la población mundial sufre diversas formas de malnutrición, entre ellas obesidad, con inmensos efectos negativos en la salud.
Ambas tendencias están en aumento, y ambas están directamente conectadas con la injusticia y la pobreza. No importa cuántos alimentos produzca el mundo, el hecho de que no se resuelvan los desequilibrios de poder en el sistema alimentario global hará que el hambre persista y las enfermedades transmitidas por los alimentos exploten.
Muchos esperan que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios en septiembre sea un catalizador para un cambio real. Pero es más probable que el encuentro legitime y cimiente el modelo desigual de producción alimentaria industrializada de hoy.
Eso sería una mala noticia para la gente que padece hambre en el mundo, que en su mayoría -418 millones de personas- vive en Asia. Más de 282 millones de personas viven en África, donde el hambre crónica afecta a una de cada cinco personas y aumenta más aceleradamente que en cualquier otra región.
El hambre es esencialmente un problema de accesibilidad. La gente padece hambre no porque haya alimentos insuficientes en el mundo, sino porque es pobre. Si no fuera por la injusticia y la desigualdad, la producción global récord de trigo en 2020-21 en teoría podría alimentar a 14.000 millones de personas. Pero los productos agrícolas van a parar a manos de quienes tienen la mayor capacidad para pagar –inclusive en la industria alimentaria y el sector de energías renovables- y no de la gente más vulnerable. El poder de mercado supera a la soberanía alimentaria.
Los conflictos violentos, el clima extremo debido al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la agitación económica causada por los confinamientos por el COVID-19 han empeorado la situación de las personas vulnerables. Y el agua se vuelve cada vez más escasa para los pequeños agricultores cuando los inversores más grandes la usan en esquemas de irrigación intensiva.
Todas estas crisis limitan la capacidad de la gente más pobre para comprar alimentos o producir lo suficiente como para autoabastecerse. Como resultado de ello, 155 millones de personas en 55 países padecieron hambre severa en 2020, 20 millones más que en 2019.
Desde la Revolución Verde en los años 1960 y 1970, hemos oído constantemente que aumentar la productividad agrícola es la clave para combatir el hambre y alimentar a la población del mundo. Hoy, corporaciones globales como Corteva (anteriormente la unidad agrícola de DowDuPont), Bayer/Monsanto y ChemChina/Syngenta promueven la productividad a través del uso de pesticidas químicos, fertilizantes artificiales y semillas híbridas alteradas genéticamente o cultivadas comercialmente que no se pueden reproducir. Pero esta agricultura muy intensiva en capital no les sirve a quienes carecen de lo esencial para una producción de alimentos segura: tierra, agua y sistemas de conocimiento de raíz regional.
Mientras tanto, casi dos mil millones de personas a nivel global hoy tienen sobrepeso o son obesas. México, donde alrededor del 73% de la población tiene sobrepeso, es un caso particularmente preocupante. Si los hábitos alimenticios actuales persisten, el 45% de la población del mundo podría sufrir de sobrepeso en 2050. Esto resultará en un estallido de los costos de la atención médica: se proyecta que los costos sanitarios relacionados con la dieta y vinculados con la mortalidad y las enfermedades no transmisibles excederán los 1,3 billones de dólares por año en 2030.
Una vez más, esta tendencia está siendo alimentada por poderosos intereses económicos. La industria de alimentos y bebidas se beneficia enormemente con la venta de alimentos procesados y bebidas azucaradas poco saludables. Después de todo, la grasa, el azúcar y los carbohidratos combinados con mucha sal son las calorías más baratas. En 2019, las cinco compañías de alimentos y bebidas más grandes del mundo –Nestlé, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev, JBS y Tyson Foods- tuvieron un ingreso combinado de 262.700 millones de dólares.
Las dietas saludables son mucho más costosas, de modo que la obesidad muchas veces es producto del poder adquisitivo bajo de las poblaciones más pobres. La Organización de Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimó que una dieta con suficientes calorías costaba 0,79 dólar por día en 2017, mientras que una dieta con suficiente nutrición costaba 2,33 dólares por día, y una dieta saludable costaba 3,75 dólares –lo que la torna inaccesible para más de tres mil millones de personas.
Científicos de todo el mundo han propuesto que los sistemas alimentarios futuros protejan la salud tanto de los seres humanos como del medio ambiente. La Comisión EAT-Lancet, por ejemplo, ha demostrado que es posible ofrecer una dieta saludable para diez mil millones de personas en 2050 sin destruir el planeta. El panel aconseja duplicar el consumo de frutas, verduras, frutos secos y legumbres, y reducir el consumo de carnes rojas y azúcar en más del 50%.
Lo que falta son líderes políticos que entiendan la urgencia de la crisis de los sistemas alimentarios e inicien las transformaciones necesarias. Al hacerlo, deberían enfrentarse a los poderosos intereses económicos y centrase en las necesidades de los más vulnerables.
La pandemia ha acelerado las demandas de un modelo más resiliente y diverso de agricultura y producción de alimentos. Las iniciativas populares basadas en decisiones comunitarias e ideas de acceso abierto pueden ayudar a desarrollar sistemas alimentarios locales que no sean víctimas de la apropiación empresarial, como cocinas comunitarias, centros de nutrición e iniciativas de agricultura urbana. Alrededor de 300 granjas urbanas influyeron en las decisiones alimenticias en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2020.
Desafortunadamente, la inminente Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios parece destinada a consolidar el status quo. La agenda deja poco espacio para cuestiones estructurales cruciales que están arraigadas en desequilibrios de poder y en la economía política. Y el lobby de la agricultura industrial bien puede buscar diluir la discusión de los temas científicos importantes en la agenda, entre ellos el acceso a semillas adaptadas localmente, las consecuencias de pesticidas altamente peligrosos y la regulación de la tierra y el agua.
Lo que necesitamos es una Cumbre de Sistemas Alimentarios popular que apunte a poner fin al hambre y la malnutrición, proteger los ecosistemas y ofrecer a los pequeños agricultores una subsistencia decente. Los más afectados por las consecuencias negativas de nuestros sistemas alimentarios actuales deberían desempeñar un papel vital en la discusión de cómo transformarlos.
Barbara Unmüßig es presidenta de la Fundación Heinrich Böll.
