Tegucigalpa, Honduras. – Aunque el estado de excepción, que se ha ido prolongando por periodos de 45 días, no ha sido ratificado en el Congreso Nacional desde julio de 2023, lo que podría desencadenar consecuencias, según analistas consultados por Criterio.hn, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aprobó nuevamente una extensión, que inició el uno de enero y concluirá el 15 de febrero de 2024.
La prórroga al PCM- 46-2023, que le da vida a la suspensión de seis garantías ciudadanas establecidas en la Constitución de la República, para que efectivos de la Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público (PMOP) ejecuten medidas radicales, fue aprobada el pasado 28 de diciembre de 2023 por el consejo de ministros que lidera la mandataria Xiomara Castro.
En esa reunión celebrada en casa de gobierno, también extendieron el PCM que mantiene al sistema sanitario en emergencia por lo que pueden hacer compras directas sin necesidad de hacer una previa licitación, algo que podría continuar promoviendo la corrupción, al permitir que se hagan compras sobrevaloradas, como lo denunció el extitular de Salud José Manuel Matheu.
Con la vigencia de este estado de excepción parcial, del que se abanderan las autoridades por la reducción de homicidios en el país durante el 2023, se suspenden las garantías establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución hondureña, permitiendo que los uniformados continúen con la facultad de hacer arrestos y allanamientos, sin un tener un requerimiento fiscal y el acompañamiento de un juez.
Por lo anterior, es que es sumamente importante la ratificación de esta medida por el pleno del Congreso Nacional, porque al no ser validada, estas acciones, que violentan los derechos humanos, caen en completa ilegalidad, según la opinión de Mirna Flores, investigadora de asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
“La ratificación del estado de excepción en el Congreso Nacional es un paso ineludible, esta medida tiene varias debilidades y esa es una de las principales, ¿por qué?, cualquier persona que fue capturada sin una orden previa, puede decir que el Estado está atentando en contra de sus derechos humanos, por el simple hecho que falta el eslabón de la validación del Congreso”, valoró Flores.
Además, Flores aseguró que otra debilidad de esta medida es el tema de la temporalidad, porque se planteó como un plan temporal, pero el Poder Ejecutivo la ha ido prolongando por más de un año, sin tener algún tipo de positividad en los resultados.
“Esta medida tiene más de un año de ser aprobada, dejó de ser excepcional, los ciudadanos no perciben que los resultados sean efectivos o que viven en un país un poco más seguro, este pasó de ser un tema de seguridad nacional a político”, mencionó.
Agregó que “ya no se habla de retomar la estrategia planteada por el gobierno inicialmente de reforzar a la Policía Nacional, porque tenemos una institución débil, ahora lo que han hecho es reforzar a los militares, miremos el caso de las cárceles”.
Lo expuesto por Flores tiene sentido. Durante la campaña proselitista Castro prometió desmilitarizar la sociedad, sin embargo, dos años después, se evidencia lo contrario, pues ahora la institución castrense dirige operativos, evadiendo lo que manda la Constitución, acompaña a la Policía Nacional en las operaciones durante este estado de excepción y hasta le han entregado el control de los centros penales.
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¿POR QUÉ EL CONGRESO NO RATIFICA EL ESTADO DE EXCEPICÓN?
La ratificación del estado de excepción, de subsidios, aprobación de leyes en materia de seguridad, contra la corrupción y derogación de pactos de impunidad han estado estancados porque los diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) se rehúsan a convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias por más de tres meses por la falta de consensos para escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), que tuvieron que ser electas desde el uno de agosto de 2023.
El pasado 31 de octubre terminó la segunda legislatura, correspondiente al 2023 y, varios días después, precisamente en diciembre, el presidente del Congreso Luis Redondo, a través de la Comisión Permanente, convocó a una sesión extraordinaria para aprobar algunas amnistías, pero no incluyó la ratificación de estado de excepción, siendo la última en julio de 2023.
Aunque Redondo, que lidera la Comisión Permanente integrada por nueve diputados oficialistas, convocó a sesión extraordinaria y la mayoría de congresistas se presentaron al hemiciclo, las iniciativas no fueran apoyadas, ya que, según la oposición, votar a favor o en contra de lo planteado, sería darle validez a una Comisión Permanente que fue nombrada al margen de la Constitución, bajo el objetivo de poner autoridades interinas en el ente investigador y otras instituciones que entran en proceso de elección de segundo grado.
Criterio.hn trató de comunicar con diputados de las diferentes bancadas que integran la Comisión de Seguridad del Congreso, para conocer el motivo del por qué no presionaron a la Junta Directiva para presentar la ratificación en 2023 y, si entre sus planes está hacerlo en esta tercera legislatura, pero nadie ninguno contestó ni llamadas ni mensajes.
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RESULTADOS DEL ESTADO DE EXCEPICÓN
El 6 de diciembre de 2022, comenzó el estado de excepción en Honduras, siendo aplicado sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las principales ciudades, denominadas en este entonces las más violentas y tuvo efecto hasta el 6 de enero de 2023. Luego el Poder Ejecutivo lo extendió hasta el 20 de febrero de 2023 y pasó a abarcar 73 municipios. Mientras que la segunda prórroga fue del 20 de febrero al 6 de abril, en el mismo espacio establecido.
La tercera fue desde el 7 de abril hasta el 21 de mayo en los mismos municipios y, la cuarta extensión, inició el 22 de mayor y terminó el 5 de julio, siendo ese el último periodo que el Congreso Nacional ratificó el estado de excepción que se ha ido prolongando por espacios de 45 días.
De acuerdo con la Policía Nacional, mantienen extendiendo el estado de excepción porque han identificado que los homicidios han disminuido de manera abismal en el país, en comparación a los números de 2022 que no estaban ejecutando esta medida.
Y, en efecto, los homicidios registraron una baja en 2023, según los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), sin embargo, estos números podrían estar manipulados porque la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, el 27 de agosto de año anterior, denunció, a través de este medio de comunicación, que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, es el encargado de cuantificar los datos estadísticos.
Aunque los números que estén subidos a Sepol sean reales, el talón de Aquiles del estado de excepción en 2023 fue los asesinatos múltiples y las muertes violentas de mujeres, ya que las cifras superaron a las de 2022.
