_{Las leyes que alientan la corrupción son la principal barrera de la misión internacional, así como la voluntad política del gobierno para que la instancia trabaje de manera independiente}

Tegucigalpa.- Aunque se firme el memorando de entendimiento entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de instalar una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras, el mecanismo anticorrupción que vendrá al país se encontrará con un camino empantanado.

Desde leyes que constituyen pactos de impunidad edificados en el Congreso de la República, hasta un Ministerio Público y un Poder Judicial, que históricamente han sido permeados por la influencia que ejercen las redes de corrupción y el crimen organizado en Honduras.

De hecho, la firma del memorando de entendimiento, que anunció el Gobierno que se realizará antes de que concluya 2022, no garantizará que la CICI vaya a llegar al país. El memorando de entendimiento habla de dos fases, pero la más importante es la primera, porque ahí se establece que un equipo de expertos, enviado por la ONU, realizará un diagnóstico de los instrumentos, las instituciones y las capacidades nacionales existentes, en materia de combate a la corrupción y la impunidad.

En sus conclusiones, el equipo de expertos podrá sugerir la reforma, abrogación, derogación y aprobación de leyes y códigos. Cuando la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) operó entre 2016 y 2020, en el Congreso Nacional se aprobó un nuevo Código Penal, que favorece a corruptos, y también leyes lesivas como el decreto 116-2019, que le impide al Ministerio Público ejercer acción penal contra diputados o funcionarios investigados por actos de corrupción.

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Bajo el decreto 116-2019, varios diputados, exdiputados y exfuncionarios, señalados en casos como Arca Abierta y Pandora, se han visto favorecidos con impunidad. Sin embargo, desde el Legislativo se le continúa dando vigencia a este decreto, al igual que a otros como el 57-2020 y el 93-2021 que contemplan reformas al Código Penal que favorecen el delito de lavado de activos y otros.

“El Congreso tiene la obligación de derogar ese decreto, el que rige los fondos departamentales, pero, al contrario, solo pretenden cambiarle el nombre”, dijo a Criterio.hn la representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen.

INSTITUCIONES DÉBILES

Además de ello, la CICI que llegue al país se topará con una débil institucionalidad, sobre todo a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial. En ese sentido, el exfuncionario de la Maccih, Álex Navas, manifestó que el mecanismo anticorrupción deberá “venir con la intención de fortalecer la institucionalidad, con mecanismos de autonomía de las instituciones, y formar equipos integrados entre las instituciones y la fuerza internacional”.

Además, se refirió a que antes de hablar de una CICI, las autoridades tienen la obligación de contribuir a una institucionalidad fuerte. “El gran reto para el Estado hondureño es fortalecer la institucionalidad, ahí está el gran dique de la involución de la sociedad hondureña. Necesitamos jueces y fiscales capaces, porque la justicia es un eje transversal y, por lo tanto, no se puede construir una democracia si no hay justicia plena”.

Durante 2023, el Congreso de la República elegirá a las 15 personas que integrarán la Corte Suprema de Justicia entre 2023 y 2030, al igual que al o la fiscal general que hará lo propio desde 2023 hasta 2028, sin embargo, este tipo de elecciones siempre se han visto marcadas por la connotación política.

“Por ello esta selección debe basarse en meritocracia y no en la filiación política partidaria de estos sujetos”, opinó el analista político y excoordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Josué Murillo.

ESCASA INFORMACIÓN

Otro de los grandes retos que tendrá la CICI, según los analistas consultados, está relacionado con la información que rastreará el mecanismo anticorrupción durante sus investigaciones. “Uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado nuestros operadores de justicia es la escasa capacidad para rastrear información, sea del Tribunal Superior de Cuentas, del Poder Judicial o de la Policía Nacional, y debemos tener claro que la CICI también se enfrentará a ese valladar”, opinó Álex Navas.

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Por su lado, Josué Murillo se mostró optimista y declaró que, aunque ello representará una dificultad para la CICI, su buen desempeño dependerá de “cómo realice su trabajo (…) si es un trabajo objetivo, de altura y apegado a derecho, estoy seguro de que todas las redes de corrupción apuntarán sus armas contra la CICI y van a intentar dificultar el camino lo mayor posible, pero para ello deberá haber voluntad del Gobierno y un acompañamiento de la sociedad”, mencionó.

Uno de los legados más importantes de la Maccih fue la creación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), no obstante, esta unidad fiscal no ha recibido el suficiente respaldo del actual gobierno, ni del anterior, mucho menos del Congreso de la República, en donde se preservan leyes que frenan su efectividad.

PANORAMA DE LA CICI

La llegada de la CICI a Honduras ha sido un clamor ciudadano desde años atrás. El 27 de enero de 2022, cuando Xiomara Castro asumió la presidencia, prometió que intercedería ante la ONU para su instalación. De momento, hay varios aspectos que se discuten, como ser la figura que tendrá el mecanismo anticorrupción (si será un querellante adhesivo o si se le dará rango constitucional), si los funcionarios serán nombrados por el Estado y de dónde provendrá su financiamiento.