Por: Arabeska Sánchez
El modelo de seguridad que se estuvo desarrollando hasta la década del 2010, estuvo casi siempre basado en la nueva conceptualización de seguridad humana que habría sido globalizado en 1994 a través del informe de derechos humanos del PNUD, y básicamente fue un modelo que invitó a participar de la seguridad a casi todas las secretarias de gobierno y a disponer de cuanto recurso pudieron para tareas de prevención, salud, educación, etc.
Este modelo fue posible solo dentro de las llamadas mesas de prevención, convivencia y seguridad ciudadana que al menos una veintena de municipios pudieron llevar hasta sus propios espacios con la participación de cientos de voluntarios locales en representación de casi todos los sectores.
Desde ahí ha sido posible la identificación de problemas que corresponden a determinados territorios, el diseño de planes de seguridad y convivencia, la destinación de fondos ligados a estos planes, la ejecución de dichos planes y finalmente -como es de esperar- la evaluación final de dichas actividades ejecutadas en relación a las programadas-; la apuesta a todo ese esfuerzo vino de la mano amiga de la comunidad internacional que como siempre tiende a creer en las capacidades locales; mientras que, por otra parte y como complemento -si se valora con algo de justicia- también aparejados se aplican los panes de seguridad pública que responde solo a las responsabilidades de agencias de seguridad desde todas sus direcciones y especializaciones -ésta casi siempre se programa desde sus planes anuales institucionales y/o a través de política pública de seguridad en intervalos de cinco o más años, dependiendo de su visión de corto, mediano y largo plazo.
Aunque esto es precisamente lo que hemos podido ver en los últimos treinta años, ha sido la experiencia de observar como la preparación para introducir este giro a la seguridad que se dio en 2006[1] con la incorporación de planes de estudio sobre la seguridad humana dentro de universidades de la seguridad en donde uniformados y civiles tuvieron desde aquella primera promoción, la oportunidad de formarse para luego ir aplicando esta complementariedad a los planes, que aunque fueron de ejecución local, pasaron por certificaciones desde nivel central en el propio viceministerio de prevención.
A la fecha al menos un grupo de más de cien personas obtuvieron la oportunidad de mejorar su comprensión sobre este tema, y al revisar el último informe sobre la seguridad humana[2] que se emite cada cierto tiempo desde las naciones unidas, puede decirse que ha sido de gran ayuda su aplicación durante un año pandémico que exigió de planes muy similares o al menos estructuras locales muy similares para poder, desde ahí, ejecutar también los planes de vacunación que urgieron de apoyo de las tareas cotidianas de las fuerzas de la seguridad y defensa -que han ido desde acompañar brigadas médicas para entrega de medicamentos preventivos, vacunación de animales, servicios de revisión médica a cada barrio y colonia hasta apoyar brigadas de seguridad alimentaria haciendo llegar provisiones de canasta básica a lugares en donde esas necesidades fueron más sentidas, esta práctica se vio en casi todo el mundo no solo en nuestro país, por lo que se identifica ahí un rol de ambas instituciones que fue más que importante durante este tiempo-.
Mientras que, el mencionado informe nos deja también conclusiones sobre los esfuerzos regionales más amplios como acceso a vacunas por medio de COVAX, reflexiones sobre cambio climático y la seguridad ambiental, que permitieron el encuentro de varios países para poder acceder a determinado número de dosis de vacunas que se ajustaron a las compras que cada gobierno hizo desde sus propios recursos en el primer caso -sin dejar de entender que ha sido un tema que puso a las secretarias de la Salud como protagónicas y no a las de seguridad- mientras que en seguridad alimentaria ha sido consecutivo para el 2022 con la apertura del foro sobre seguridad alimentaria como inicio de un ciclo de conferencias internacionales que siguen en curso con la COP27.
También un fuerte énfasis en los contextos que la COVID ha sido expuesto, entendiendo que son temas de la salud. Puede coincidirse en el hecho de que dentro del concepto de seguridad humana este tiene vital importancia al igual que las restantes ocho dimensiones en donde opera esta conceptualización.
En fin, el informe deja una idea clara respecto a colocar los programas de vacunación -que han existido desde hace más de un siglo- en las manos de los expertos en la salud pública y la epidemiología como un tema de salud; mientras que la seguridad se vincula en todo caso a través de todo el conjunto de tareas que tuvieron que realizar las instituciones de seguridad y defensa para hacer posible que llegaran a todos los lugares y poblaciones las dosis por un lado, mantener la seguridad pública ante los cierres, la contención de crisis en las calles, y el acompañamiento de una campaña global como no se había visto desde los años 40s.
Entre las interrogantes que quedan luego de su revisión, están la posibilidad de que haya habido un cambio de paradigma con la introducción del concepto de seguridad humana luego de dieciocho años de darse a conocer, en contraste con un replanteamiento que en la práctica refleja un rol de las instancias de seguridad que por medio de la aplicación de este concepto ejecutaron modelos de seguridad ciudadana, policías comunitarias que se desprendieron de modelos japoneses y brasileños, etc. traídos al país mediante prácticas de benchmarking, y las mesas de convivencia, prevención y seguridad ciudadana desde los espacios de gobiernos locales implementadas desde el 2012, los que han operacionalizado la seguridad humana que además exigió la participación de toda una inter-institucionalidad e intersectorialidad que convocó a casi todas las oficinas regionales de las secretarias de estado entre las que sobresalieron las de: salud, educación, seguridad, defensa, desarrollo, derechos humanos, y oficinas locales de juventud, mujer y niñez.
Si el resultado ha sido positivo en la aplicación de la seguridad humana, es algo que solo una evaluación más precisa podría definirlo, pero por ahora, existen reducciones en indicadores cuyas tasas fueron ofensivas a la seguridad de todos y que jamás pudieron ser reducidas por la participación de una sola persona o un solo esquema de seguridad pública; es aquí en donde la complementariedad de estos dos modelos ha sido por demás bien recibido en los municipios en donde ha podido ser aplicado gracias a un fuerte voluntariado de quienes le han apostado a tener municipios con menores índices de violencia, esquemas a los cuales el BID denominó municipios seguros, el PNUD denominó políticas locales de seguridad ciudadana, y los hondureños simplemente llamaron Planes municipales de prevención y hoy mesas de participación ciudadana. Hasta la próxima entrega, que estemos bien.
[1] Secretaria de Seguridad, Policía Nacional de Honduras, Universidad Nacional de la Policía de Honduras; UNPH, Programa de Postgrado, Maestría en Seguridad Humana, 2006-2022.
[2] Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD, “2022 Special Report: New Treats for Human Security in the Antropocene; demanding greater solidarity”, Nueva york, Estados Unidos, 2022,
