Tegucigalpa. –Honduras comienza a enfrentar los efectos adversos de las políticas públicas del gobierno de El Salvador, impulsadas por el presidente Nayib Bukele contra estructuras criminales de maras y pandillas, quienes han comenzado a buscar refugio en el país, obligando al gobierno de Xiomara Castro a establecer nuevas medidas.
En junio de 2019, el presidente de El Salvador anunció su política de seguridad a través del “Plan Control Territorial”, encaminado supuestamente a reducir los altos índices de violencia en aquella nación centroamericana.
Al poner en marcha un plan de militarización de la ciudadanía, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las Fuerzas Armadas de El Salvado (FAES) comenzaron operativos en 12 municipios controlados por maras y pandillas.
Para 2018 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 52,02 según datos de la PNC; en 2019 disminuyó a 35.6, siendo la más baja en la última década; en 2020 las muertes violentas se redujeron a 20 por cada 100,000 habitantes, por las medidas de confinamiento a causa de la pandemia del SARS-CoV-2 y para 2021, que se consideró el “año más seguro”, se cerró con 18 homicidios por cada 100,000.
Pese a que en los primeros tres meses del 2022 El Salvador vivió una relativa calma, el pasado 26 de marzo registró un récord de asesinatos en un solo día con 62 homicidios, la cifra más alta en las últimas décadas.
En respuesta al incremento de la violencia, Bukele atribuyó la responsabilidad a las maras y pandillas que se calculan cuentan con al menos unos 70,000 integrantes, por lo que solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar un régimen de excepción que vulnera y violenta los derechos y libertades civiles.
La medida contempla interceptar comunicaciones, prohibir manifestaciones, reuniones, capturar a personas tatuadas con símbolos de las estructuras criminales (Mara Salvatrucha (MS-13 y Barrio 18) y le da potestad al gobierno de iniciar procesos judiciales de manera desmedida y a su antojo.
Además, el pasado jueves 31 de marzo, entró en vigor una serie de reformas al Código Penal salvadoreño, la Ley Penal Juvenil y la Ley Antiterrorismo que incluyen aumentar las penas entre 40 a 45 años de prisión para jefes de estructuras criminales y que adolescentes mayores de 12 años puedan ser juzgados como adultos.
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Las medidas represivas que vulneran los derechos humanos han sido cuestionadas por organismos tanto de sociedad civil de la vecina nación como instancias internacionales que reprochan que se ataque la violencia con medidas de mano dura y no abordando las causas que la originan.
El propio Bukele reconoció que ha recibido advertencias que asesinarán a civiles como consecuencia de la ofensiva que ha impulsado por lo que amenazó a las maras y pandillas que, si eso sucede, “no tendrán ningún tiempo de comida”.
“No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a esos pandilleros si tanto los quieren, se los entregamos al dos por uno”, expresó en cadena nacional.
Según cifras del gobierno de El Salvador, alrededor de 6,000 pandilleros han sido capturados desde que se instauró el régimen de excepción y más de 15,000 guardan prisión.
CONSECUENCIAS PARA HONDURAS
Lo anterior también repercute en Honduras al ser un país fronterizo con El Salvador, entre sus departamentos de Lempira, Intibucá, Ocotepeque y La Paz, en el occidente y Valle, en la zona sur.
Honduras comparte dos puntos aduaneros con El Salvador: aduana El Poy, ubicada en la aldea San Rafael, municipio de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque y la aduana El Amatillo, en el municipio de Goascorán, departamento de Valle.
Miembros de la Policía Nacional de Honduras confirmaron las primeras capturas de pandilleros salvadores que huyen de su país con destino a otras naciones de la región.
El inspector de la policía en Ocotepeque, Yesther Fernández reportó el lunes la captura de un miembro de la Mara Salvatrucha que pretendía refugiarse en Honduras y que ingresó por puntos ciegos en la aldea de El Poy.
Además, autoridades hondureñas entregaron a la PNC a Daniel Alvarado, quien ingresó al país de forma ilegal, en el municipio de Santa Rita, departamento de Copán. El capturado, a quien se identificó con el seudónimo de “Dolphins”, es miembro de la Mara Salvatrucha y existe una orden de captura en su contra por delitos de acoso sexual.
Históricamente, Honduras y El Salvador han sido naciones penetradas por las maras y pandillas que surgieron en California, Estados Unidos y migraron a causa de las deportaciones de ciudadanos que se involucraron en las estructuras criminales y se aprovecharon de la pobreza, crisis económicas y exclusión social de los países.
Un estudio de la situación de maras y pandillas en Honduras, elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indica que la MS-13 y la Pandilla 18 surgieron en Honduras en la década de los noventa, siendo la devastación que dejó el huracán Mitch el detonante a raíz de la crisis económica.
Tanto Honduras como El Salvador han figurado como los países más violentos del mundo, sus principales ciudades San Salvador, San Miguel, Tegucigalpa, San Pedro Sula, han sido catalogadas como las ciudades más violentas de América Latina pese a no ser países sumergidas en conflictos bélicos.
En entrevista con Criterio.hn, el experto en temas de seguridad, Carlos Sierra, expuso que este fenómeno de migración de personas vinculadas a la criminalidad no es nada nuevo y ha ocurrido en diferentes momentos cuando gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras han establecido políticas de seguridad coercitivas.
“Alrededor de estos puestos fronterizos hay una gran cantidad de puntos ciegos, casi públicos, que facilita el ingreso no documentado de personas de otros países, obviamente estos puntos son aprovechados por la criminalidad”, consideró Sierra.
Para Sierra el Estado de Honduras debe tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de todos los hondureños siendo una prioridad atacar estas estructuras criminales sin caer en un elemento de persecución de la migración, pues se debe respetar los derechos humanos inherentes a cada persona.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, anunció que se han duplicado las medidas de seguridad en las zonas fronterizas con El Salvador para evitar que Honduras sufra las repercusiones de las medidas impuestas por Bukele que desplazan a estructuras criminales.
“Patrullajes policiales y retenes en las zonas fronterizas entre El Salvador y Honduras se redoblan ante las alertas de movimientos irregulares de miembros del crimen organizado. Se refuerza a nivel general las fronteras”, dijo.
Durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) se implementó la medida de “mano dura” contra miembros de maras y pandillas, mediante una reforma al artículo 332 del Código Penal, conocida popularmente como “ley antimaras”, que establecía penas de 20 a 30 años para los integrantes de asociaciones ilícitas.
La reforma criminalizó a ciudadanos tatuados con símbolos de las estructuras criminales o personas que se reunieran en las calles en grupos, situación que vulneró las garantías constituciones y al final, como medida de seguridad, resultó en un fracaso rotundo.
De hecho, las detenciones masivas llenaron las cárceles de pandilleros, ocasionando hacinamientos, que luego detonaron en incendios en centros penales en los que murieron decenas de miembros de maras y pandillas.
En abril de 2003, un enfrentamiento entre las pandillas rivales MS-13 y 18— en el centro penal de El Porvenir, Atlántida—produjo la muerte de 69 privados de libertad y más de 30 heridos.
Asimismo, el 17 de mayo de 2004, en un incendio, fallecieron 107, la mayoría de la Mara Salvatrucha y 26 resultaron heridos en el centro penal de San Pedro Sula, zona norte.
