Edmundo Orellana señala que esta normativa sería un adefesio jurídico, que además alargaría los plazos en el proceso de extradición
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. -El secretario de Transparencia y Anticorrupción Edmundo Orellana ve con preocupación la aprobación de una Ley de Extradición al considerar que es evidente que se busca beneficiar a personas que eventualmente el gobierno de Estados Unidos solicite en extradición.
Según lo manifestado por el funcionario, en una entrevista a Criterio.hn, la insistencia de la aprobación de la Ley de Extradición da la impresión que quienes la están promoviendo son los que están interesados en no ser extraditados y “eso es lo más sospechoso del caso”.
“Esos diputados que están siendo señalados en las cortes de Estados Unidos son los que van a votar por esa ley, ya se puede imaginar el adefesio que va a salir si esos congresistas son los que reglamentan y votan por esa normativa”, comentó.
En ese sentido, indicó que incluso varios legisladores que están imputados en los tribunales y que han emitido leyes para favorecerse a ellos mismos, votaron en la elección de la Corte Suprema de Justicia (2023-2030) teniendo prohibido hacerlo, según lo que manda la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
TRATADOS INTERNACIONALES
Orellana insistió en que es evidente que quienes han puesto en boca de la opinión pública el tema de la extradición son personas que no han leído sobre leyes e hizo énfasis en que la extradición no la regula el auto acordado, sino que los tratados internacionales.
En Honduras ya hay una ley que se refiera a la extradición y su trámite. Estas son normas interamericanas aprobadas por el Sistema Interamericano del Código de Derecho Internacional Privado conocido como Código Bustamante, refirió el funcionario.
Seguidamente, expuso que en esa normativa se establece cuáles son los requisitos, cuáles es el trámite que se debe realizar y en qué casos procede la extradición, de manera que lo único que se debería hacer en Honduras es sistematizar la normativa ya existente.
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NACIONALISTAS NO APOYARÁN LEY DE EXTRADICIÓN
Entre tanto el diputado nacionalista Eder Mejía aseguró que su partido no respaldará este proyecto de ley, sin embargo, dijo que si se llegará a considerar la aprobación de esta normativa se debe consensuar con representantes de Estados Unidos porque es con ellos que se tiene el auto acordado.
Seguidamente, aseveró que el auto acordado, que fue aprobado en el 2012, está funcionando bien, pues hasta el momento han sido 36 hondureños los que se han extraditado a Estados Unido.
Durante su intervención en un canal de televisión externó que la opinión del Partido Nacional es que en este momento no hay una necesidad de promover una Ley de Extradición.
“El Partido Nacional no puede acompañar algo así arrebatado, creo que este es un tema que se debe consensuar y se tiene que hablar con representantes de Estados Unidos porque es con ellos que se tiene este convenio”, expuso.
De su lado Edmundo Orellana apuntó que, en lugar de estar hablado de una ley de extradición, en el Congreso Nacional deberían enfocar sus esfuerzos en reformar el Código Penal, la Ley del Consejo de la Judicatura o la Ley de la Carrera Judicial.
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¿ES NECESARIA UNA LEY DE EXTRADICIÓN?
En opinión de varios abogados, es importante la creación de una Ley de Extradición que reglamente los procesos de solicitudes para extraditar hondureños a otros países para ser juzgados.
En ese sentido, el abogado penalista y exfiscal Omar Menjívar considera que debe existir una Ley de Extradición, pues las 36 solicitudes de extradición que han sido ejecutadas han sido ilegales, porque se han hecho sin una ley que respalde esa decisión.
El profesional del derecho explicó que las autoridades anteriores nunca quisieron aprobar esta normativa, “supongo que ellos tenían pensado que si les llegaba el momento alegarían eso, de que no hay una ley, por lo tanto, sería ilegal”.
No obstante, consideró que lo ideal sería que en Honduras no extraditará a nadie, sino que se trabajará en fortalecer el sistema de justicia, la investigación criminal y persecución del delito.
En ese orden de ideas, detalló que el ente acusador del Estado (Ministerio Público) debe ser capaz de investigar, enjuiciar y sancionar a quienes estén ligados a ese tipo de conductas.
Por su lado, el abogado especialista en derecho constitucional Joaquín Mejía Rivera valora que, aunque exista un auto acordado y un tratado internacional, este no es tan detallado, lo que hace necesario establecer los procedimientos y aprobar una Ley de Extradición.
