Tegucigalpa.- El mayor reto que enfrenta Honduras de cara a las elecciones de noviembre próximo, es la construcción de un proceso democrático que rompa con las dinámicas que violentan los derechos humanos.
El cumplimiento de la ley es el principal factor para garantizar los derechos y garantías en todos los preceptos establecidos en los numerosos convenios internacionales que firmó el Estado hondureño.
“Si Honduras cumple con lo establecido en los convenios internacionales, los derechos humanos tendrán un ambiente más favorable y menos violento como el que actualmente existe”, explicó el analista político, Víctor Meza.
Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), señaló que el escenario para quienes hacen defensoría de derechos humanos en sus distintas prácticas, es un escenario de violencia institucionalizada y el involucramiento de los actores del narcotráfico con la política electoral y plantea un ambiente preocupante y muy adverso.
Nota relacionada: Honduras: violaciones de derechos humanos no se detienen: ACI-Participa
Meza detalló además, que frente al panorama electoral se podría repetir en mayor fuerza la crisis post electoral del 2017 y aseguró que existe una desconfianza en los actores políticos que están participando en la contienda y en las maniobras que realiza el actual gobierno para el control del proceso.
“Pero, la alternativa en la que está conformado, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuenta con la ventaja que el partido de gobierno no tiene ni la sombra del control total electoral, sin embargo, los organismos de gestión siguen siendo controlados por la cúpula partidaria y esto representa un riesgo”, expresó Meza.
La estructura del proceso electoral recae en un ambiente de mayor polarización y confrontación, por lo tanto, los defensores de derechos humanos van a estar en un escenario de constante vigilancia y, en un dado caso, demandar la disminución de ataques y que se respete la voluntad popular.
“Las condiciones que se han creado no son las mismas del 2017, son peores, existe una acumulación de desconfianza, descontento y un ambiente de miedo del sector que lidera Juan Hernández que se dedica a amenazar a la sociedad hondureña”, manifestó el padre, Ismael Moreno director de Radio Progreso y el ERIC-sj.
Nota relacionada: Informe revela manipulación política en redes sociales durante las elecciones primarias de Honduras
El sacerdote recalcó que uno de los principales propósitos de la intimidación es evitar que los hondureños acudan a los centros de votación para que el voto duro del Partido Nacional sea el que garantice el triunfo del continuismo.
“Mi llamado ferviente a la población es que se vaya masivamente a votar en contra de la dictadura para que podamos salvarnos un poco del peligro de unos resultados electorales bañados de fraude y violencia”, agregó Moreno.
El escenario de una violencia institucionalizada, el involucramiento del crimen organizado y el narcotráfico en la política electoral plantean un ambiente bastante adverso y preocupante, además, muchos de los hechos de violencia del último fraude electoral se encuentran en la impunidad.
“Hay un escenario muy desfavorable para los defensores de derechos humanos y el desafío es, que en medio de eso podamos recuperar un poco de esperanza y reconstruir otra institucionalidad con mayor credibilidad”, detalló el abogado, Víctor Fernández.
Hay un ambiente de alta tensión que no solo es en el marco del proceso electoral, hay un ambiente de notoria corrupción y altamente antidemocrático de mucho pulso y de muchos intentos de sabotaje a la voluntad del electorado que al final termina decantándose por diversas formas de violencia, dijo Fernández.
Por su parte, el sociólogo, José Armando Orellana dijo a Criterio.hn que las condiciones han cambiado a nivel de conciencia del ciudadano y existe mayor exigencia por un proceso transparente en el proceso electoral.
Pero, el sector oficialista se ve interesado en seguir manteniendo estrategias en contra de la voluntad popular como el orden clientelar con la compra de votos y la cantidad de recursos económicos que se manejan en la propaganda de forma irregular.
