Santos Rodríguez Orellana firme frente a una justicia torcida

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Un escenario tenso y crispado ha tenido por desenlace la audiencia de conciliación planteada en la querella interpuesta contra el capitán Santos Rodríguez Orellana por parte del secretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya, quien a su salida de la audiencia realizada en el recinto de los tribunales capitalinos se retiró visiblemente molesto sin dar ninguna declaración a la prensa y luego de ser abucheado por una multitud que le gritó: “narco, narco, narco”…

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Hoy se llevó a cabo la audiencia de conciliación convocada por los Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa para darle trámite legal a la querella que el funcionario de la administración Hernández interpuso contra Rodríguez Orellana por acusarlo frontalmente de estar involucrado en el narcotráfico. Al capitán se le supone responsable de 16 delitos de calumnia supuestamente emitidas contra Díaz Zelaya.

Luego de varias horas de permanecer al interior de las salas de los Tribunales de Sentencia del Poder Judicial, las partes involucradas concluyeron la cita judicial sin llegar a una salida conciliatoria dejando un escenario de tensión.

Firme en su decisión de no retractarse, el capitán Santos Rodríguez Orellana, se presentó antes de la hora indicada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa que días atrás había citado a ambas partes a las 9:00 de la mañana.  

“Lo que he dicho en todo este tiempo atrás es la verdad y la vamos a seguir manteniendo”, expresó Rodríguez Orellana en un tono confiado minutos antes de ingresar a las oficinas del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras se preparaba a entrar al inmueble judicial, minutos después que ingresará la parte acusadora, Santos Orellana, quien además era acompañado por su equipo de abogados y la solidaridad de un concurrido grupo de simpatizantes, dijo seguir firme en su posición de no retractarse, aunque eso implique enfrentar un largo proceso judicial en condiciones de “desigualdad”.

Porque “la verdad no se puede conciliar, la verdad no se puede querellar”, insistió, aclarando además que previó a la audiencia de conciliación de este jueves no se había hecho presente a los tribunales capitalinos, ya que “no había sido citado en legal y debida forma”, comentó en relación con la orden de aprehensión en su contra que circuló hace algunos días ordenada por parte de un juez unipersonal de Tegucigalpa.

Santos Rodríguez Orellaana
Santos Rodríguez Orellana fue despojado de sus insignias y uniforme militar el 21 de octubre de 2016 luego de recibir la baja deshonrosa, casualmente después de denunciar que Juan Antonio «Tony» Hernández estaba involucrado en el narcotráfico. Ahora luce como cualquier civil, es por eso que hoy llegó a los tribunales de justicia con un saco negro y camisa, como cualquier otro civil. Adelante de él, su esposa y apoderada legal, Jennifer Bonilla.

Mientras se desarrollaba la audiencia de conciliación al interior del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el grupo nutrido de manifestantes acuerpó a Rodríguez Orellana hasta el final de la audiencia que concluyó después de casi dos horas. 

“Él (Díaz Zelaya) expresó que querían llegar a una conciliación, que le pidiera disculpas en los medios de comunicación”. No obstante, “voy a seguir manteniendo mi posición porque sí se han cometido delitos de narcotráfico en las Fuerzas Armadas”, comunicó a Criterio.hn Santos Rodríguez Orellana tras salir de la audiencia.

De hecho “¿Por qué no se encarga (Díaz Zelaya) de esclarecer esa avioneta que apareció en Colombia?, porque estaba bajo la custodia de las Fuerzas Armadas en las pistas de aterrizaje militares”, añadió en alusión a los nuevos sucesos internacionales que vuelven a poner en jaque la credibilidad de la institución militar hondureña.

Tras varios minutos a la espera de su salida, el secretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya, acompañado por sus representantes legales y bajo la custodia de un grupo de guardaespaldas, salió del Tribunal de Sentencia, seguido por el abucheo del grupo de manifestantes, quienes entre gritos y silbidos recriminaron el actuar del funcionario, precisamente por querellar Santos Rodríguez Orellana.  

Simultáneamente del abucheo del grupo de manifestantes, la prensa insistió en obtener la versión de Díaz Zelaya, pero el funcionario-militar se negó a comparecer ante las múltiples interrogantes. Y en un descuido, el grupo de guardaespaldas arremetió violentamente a empujones y patadas en contra del grupo de periodistas, provocando un forcejeo hasta escudar a Díaz Zelaya, quien tras escapar salió visiblemente molesto en un vehículo sin brindar ninguna declaración.

Ante eso, Criterio.hn intentó interrogar a la representante legal de Díaz Zelaya, sin embargo, se negó a brindar declaraciones y a su salida del recinto judicial arremetió contra el grupo de manifestantes responsabilizando a Santos Rodríguez Orellana de haberles contratado.

Tras el polémico desenlace de la audiencia conciliatoria, la abogada Jennifer Bonilla, esposa y defensora del equipo legal de Rodríguez Orellana, dijo a Criterio.hn que como parte de la defensa presentarán acciones legales en los próximos días.  

Justamente, “vamos a presentar un amparo con suspensión del acto reclamado esperamos que así lo admita la Suprema Corte de Justicia”, detalló Bonilla.

Bonilla explicó que se preparan para un largo proceso en él que, según manifestó, se advierte que enfrentarán condiciones desiguales, sobre todo, porque “no sabemos quiénes van a ser los jueces, y es muy difícil que el juez sea imparcial e independiente”, añadió Bonilla temiendo la influencia de Díaz Zelaya.

Santos Rodríguez Orellana
El secretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya, esquivó dar declaraciones a la prensa. A su salida de los Tribunales de Sentencia utilizó de mampara a varios periodistas, que lo intentaban entrevistar, para escurrirse ante un potente grito de una multitud de manifestantes que coreaba: «narco, narco, narco, corrupto».

El 2 de septiembre el Tribunal de Sentencia admitió la querella presentada por Díaz Zelaya, en la que la parte acusadora sostiene que el capitán ha manifestado más de 30 veces ante medios de comunicación que el también general en condición de retiro, Díaz Zelaya, ha incurrido en delitos de narcotráfico en todas sus formas.

En reiteradas ocasiones Rodríguez Orellana ha sostenido que las estructuras del tráfico de drogas en Honduras siguen intactas gracias a que operan con la complicidad de las autoridades militares. Además de mencionar el involucramiento Diaz Zelaya también ha señalado a Juan Rubén Girón Reyes y Juan Mejía Espinoza, actuales coroneles de las Fuerzas Armadas.

Santos Orellana fue separado el 21 de octubre de 2016 del servicio activo de las Fuerzas Armadas, de forma deshonrosa. En esa ocasión se argumentó que estaba siendo investigado por Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado, sin embargo, el señalamiento nunca fue confirmado.  

La separación de Santos Orellana aconteció luego que denunciara las actividades ilícitas de Juan Antonio “Tony” Hernández, declarado culpable en octubre de 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico. A raíz de esas denuncias, Rodríguez Orellana fue acusado por el Ministerio Público, por los supuestos delitos de allanamiento de morada y torturas en contra de pobladores de la comunidad de Brus Laguna en el departamento de Gracias a Dios, pero en noviembre de 2018 fue absuelto de ambos cargos al no poder probarse la acusación.   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido en reiteradas ocasiones al Estado de Honduras que despenalice los delitos contra el honor. A partir del 25 de junio con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, las penas por dichos delitos han sido reducidas. Para el caso los delitos por calumnia, que se originen a través medios de comunicación y redes sociales, tienen penas que van de seis meses a un año de prisión.

Mientras que las penas por el delito de injurias van de doscientos a quince días (si fueran efectuadas con publicidad), y de una multa 100 a 200 días de salario mínimo.  

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