Aunque el presidente del Poder Legislativo es Luis Redondo, el diputado oficialista Carlos Zelaya tenía la última palabra, imponiendo agendas y ejecutando estrategias políticas bajo las directrices de su principal aliado y hermano: José Manuel Zelaya, expresidente de Honduras (2006-2009) y actual asesor presidencial.
Tegucigalpa, Honduras.- La renuncia de Carlos Zelaya al puesto de diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrante de la Junta Directiva del Congreso Nacional en la función de secretario, para ser investigado por el Ministerio Público (MP) debido a presuntos vínculos con el narcotráfico, representa un golpe a la familia presidencial, de acuerdo con analistas consultados por Criterio.hn.
Por ejemplo, para el analista político Arístides Mejía, aunque Carlos Zelaya, hermano del expresidente de Honduras (2006-2009) y actual asesor presidencial, José Manuel Zelaya, no ostenta la presidencia de ese poder del Estado, destacó por ser quien llevaba las riendas en la construcción de consensos entre los tres partidos políticos mayoritarios, opacando el rol del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
“Esto no es solo una consecuencia para el partido, sino que también para la familia en el poder. Carlos Zelaya, es quien en realidad manda en ese poder; quien llevaba la voz cantante. La salida es un tropieza, para el oficialismo, incluso más significativo que una posible caída de (Luis) Redondo, porque el verdadero jefe es Carlos Zelaya”, valoró Arístides Mejía.
Un antecedente que respalda la postura de Mejía, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es que durante la crisis legislativa que comenzó a mediados de 2023 y finalizó a principios de 2024 por la elección del fiscal general y del fiscal adjunto de la Fiscalía, Carlos Zelaya encabezó las reuniones entre los jefes de bancada en las que se repartió impunidad a cambio de concretar los procesos de elección, no solo del MP, sino también de varias otras instituciones.
Aunque la renuncia de Carlos Zelaya representa un golpe certero a los Zelaya Castro, ya que era quien imponía, a través de la agenda política, en el Congreso Nacional la voluntad de la familia presidencial, Mejía considera que fue una decisión acertada para ser investigado por posibles vínculos con el narcotráfico.
“La actuación de Carlos Zelaya, aunque es una consecuencia de los errores de cálculo de Libre, fue correcta. No adoptó la postura radical de los cachurecos (miembros del Partido Nacional), quienes se mantuvieron en el poder a pesar de las denuncias y evidencias que los involucraban en actos ilícitos”, precisó.
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Para el abogado Oliver Erazo, la renuncia de Carlos Zelaya al cargo de diputado y, por ende, a su puesto como secretario del Congreso Nacional, podría ser una estrategia política orquestada por el oficialismo para retrasar la aprobación del presupuesto general destinado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones primarias de 2025.
“Libre, con esta renuncia, podría perder una pieza clave en el Congreso, pero no necesariamente en beneficio de la población. Ellos (la cúpula oficialista) promueven una agenda política inclinada a favorecer a la clase política, especialmente a su partido, en lugar de aprobar leyes que realmente beneficien a la ciudadanía. Esto podría ser una maniobra para evitar la aprobación del presupuesto del CNE”, opinó Erazo.
Es decir, según Oliver Erazo, debido a la renuncia de Zelaya, las próximas sesiones legislativas estarán enfocadas en elegir a su reemplazo en el cargo de secretario. Esto podría desviar la atención y retrasar la aprobación del presupuesto del CNE para las elecciones primarias antes del 8 de septiembre del presente año. Como resultado, se podría generar una crisis que obligue a emitir un decreto de emergencia, permitiendo al CNE realizar compras directas y, de esa manera, facilitar un posible fraude electoral.
Para llevar a cabo los comicios internos y generales de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó al Congreso Nacional la aprobación de un presupuesto de 1,492 millones de lempiras. Sin embargo, el proyecto de ley, presentado a finales de julio, aún no ha sido aprobado debido a discrepancias entre los diputados de oposición y el oficialismo.
Las bancadas opositoras han denunciado que el artículo tres del presupuesto establece un mecanismo para el sistema de identificación del votante que podría facilitar un fraude electoral en favor del candidato del partido Libertad y Refundación. A pesar de estas preocupaciones, el oficialismo no ha propuesto reformas o modificaciones al respecto, manteniendo el proyecto en un estado de estancamiento.
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La inesperada renuncia de Zelaya, presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la tarde de este lunes, se produjo por haber sido mencionado por parte de narcotraficantes en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández.
Durante el juicio de Hernández, el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como “El Cachiro” y exjefe del clan narcotraficante “Los Cachiros”, declaró desde el estrado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que entregó sobornos a Carlos Zelaya por montos de entre 100 mil y 200 mil dólares.
Asimismo, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo, afirmó que en 2010, cuando Libre era la oposición, Carlos Zelaya coordinaba aterrizajes de aviones con drogas en pistas clandestinas en el departamento de Olancho.
Ambas acusaciones fueron de inmediato desmentidas, no solo por el propio Carlos Zelaya, sino también por el aparato estatal mediático, que argumentó que el objetivo de vincularlo con el narcotráfico era continuar desprestigiando a la familia en el poder
Sin embargo, el sábado pasado, después de comparecer ante la Fiscalía por ser mencionado en el juicio de JOH, Carlos Zelaya aceptó que en 2013, en un sector llamado Río de Piedras en San Pedro Sula, Cortés, se reunió con Ramón Matta Waldurraga, uno de los líderes de “Los Cachiros” y el actual aldea de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, quienes le ofrecieron apoyar su campaña política.
Además, Zelaya mencionó que esa reunión fue sugerida y concretada por el actual jefe de bancada del oficialista Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, quien de manera preliminar solo le anticipó que unas personas querían reunirse para sumar económicamente a la campaña proselitista.
“Hace 11 años, en 2013, se me invitó a participar en una reunión donde se me informó que había un grupo de empresarios dispuestos a hacer una aportación a la campaña. Esto fue coordinado desde el departamento de Olancho por el abogado Carlos Muñoz y por el abogado Rafael Sarmiento, con quienes trabajé en la campaña”, comenzó diciendo Zelaya.
Agregó que “Realmente, no hubo entrega de dinero y nunca la hubo. Hoy quiero decir esto porque estoy convencido de que la reunión fue grabada; caí en una trampa. Aparentemente, existe un video (…) al único a quien pude conocer fue al señor Ramón Matta, pero ahora reconozco que estaban el señor Cachiro y Adán Fúnez”.
Sin embargo, el jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, desmintió públicamente lo expuesto por Zelaya, sobre que él había sido el responsable de coordinar la reunión con narcotraficantes y el alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez.
“En relación con las declaraciones de mi compañero Carlos Zelaya, en las que afirmó que coordiné una reunión con personas vinculadas al narcotráfico, quiero aclarar que no coordiné ninguna reunión. No tengo ningún vínculo con actividades ilícitas. Creo que mi compañero está confundido debido a la cantidad de actividades que se llevaron a cabo durante la campaña”, dijo en medios de comunicación.
TRATADO DE EXTRADICIÓN
De igual manera, la renuncia de Zelaya por sus posibles nexos con el narcotráfico está sucediendo en el contexto que hace pocos días la presidenta Xiomara Castro, porinjerencias de la embajadora Laura Dogu, denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, acción que despertó sospechas de encubrimiento a varios integrantes del actual gobierno.
Sin embargo, a pesar de haber denunciado el tratado, una decisión que varios sectores consideran errónea debido a sus posibles consecuencias, el gobierno estadounidense podrá solicitar la extradición de personas vinculadas con el narcotráfico hasta febrero de 2025.
Durante estos seis meses adicionales, Honduras estará obligada a cumplir con tales solicitudes y extraditar a los individuos involucrados para que sean juzgados en Estados Unidos, aunque sean parte de la familia presidencial o miembros de la cúpula del poder.
