Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. –La primera caravana migrante del año salió de Honduras rumbo a los Estados Unidos, según circula en las redes sociales y medios de comunicación, que también recogen reacciones de los gobiernos de los países que están en la ruta y cuyas fronteras hoy parecen la extensión de los límites territoriales de la potencia norteamericana en el Triángulo Norte de Centroamérica.
La reacción de los gobiernos es que los desplazamientos humanos bajo la modalidad de caravanas migrantes, como sucede desde octubre de 2018 en Honduras, no tienen un origen natural al relacionarlas al tráfico de personas mientras las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que constituyen el reflejo de una crisis humanitaria latente que se vive en cada país del área.
Y aquí entran en juego ingredientes como el impacto económico-social del Covid-19, el ambiente de inseguridad persistente, como la ola de crímenes y encostalados en los primeros días del 2021, la pérdida de rumbo y desconfianza en las decisiones del gobierno que además enfrenta nuevas denuncias de corrupción en otra etapa de descrédito internacional que siembran en la mente de los jóvenes el deseo de abandonar el país.
Aún se desconoce si la caravana que se anuncia se fortalezca, pueda ingresar a Guatemala y México o se disuelva en las fronteras, lo cierto es que el caldo de cultivo se deriva de problemas relacionados con la salud, la economía y la inseguridad como retos formidables para los gobiernos de la región.
Falta ver la política migratoria del gobierno entrante del presidente electo Joe Biden, cuyos personeros anticipan el anuncio de una reforma migratoria para legalizar a 12 millones de indocumentados y extender el Estatuto de Protección Temporal, o TPS, contrario a la política de cero tolerancia y separación de familias comenzadas en el gobierno de Barack Obama y ahondó el cuestionado presidente Donald Trump.
Las caravanas migrantes plantean complicados problemas epidemiológicos y de seguridad para los niños y niñas, que los gobiernos argumentan son un tipo de pasaporte frente a un sueño americano que hoy se presenta como una pesadilla para los centroamericanos, tratando de ocultar las ondas raíces de la descomposición social y el fracaso de un gobierno autoritario, militarista y corrupto, en el caso de Honduras y Guatemala.
También exponen un cuestionamiento silencioso a las medidas que han tomado los gobiernos por reducir el desempleo, la desnutrición y la inseguridad, al mostrarlas como superficiales e insuficientes.
Las organizaciones pro migrantes cuestionan que los tratados, el muro y los acuerdos de país más seguro se han vuelto un tapón que funcionó en diciembre cuando Guatemala detuvo a más de 600 personas salieron desde San Pedro Sula en una caravana como consecuencia de los estragos del huracán Eta y la tormenta tropical Iota, sin que las causas que la generan, el desempleo y la inseguridad se tomaran en cuenta.
Una medida previsora son las advertencias lanzadas en días recientes por los gobiernos subyugados a Washington, en la imposibilidad de la travesía debido a la pandemia y los muros legales antiinmigrantes impuestos por la administración de Donald Trump.
Las imágenes de familias enteras, incluidos recién nacidos y niños que desde la terminal de buses de San Pedro Sula abandonan el país dejando atrás sus hogares destrozados y tierras devastadas, mientras relatan sus desgracias a los medios de prensa, no encuentran aliento en la propuesta de 4 mil millones de dólares en ayuda que el gobierno entrante en la Casa Blanca ha prometido para la región.
Esta vez Estados Unidos, su vecino México, y sus aliados en Centroamérica han endurecido los controles migratorios para no permitir el avance de una anunciada caravana migrante que partiría de Honduras.
«No se permitirá que los grupos de caravanas de migrantes avancen hacia el norte en violación de la soberanía, las órdenes de salud pública vigentes y las leyes de inmigración de las respectivas naciones de toda la región», fue la perorata categórica que sobre este tema enunció el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan.
Mientras tanto, a Honduras le espera un complicado año 2021 que estará marcado por las secuelas de la pandemia, la crisis económica, un ambiente político polarizado y el afán de permanencia del régimen nacionalista ante un eventual pedido de extradición de Juan Hernández Alvarado, por sus vínculos con el narcotráfico.
