Fallo reconoce los derechos transgeneracionales al agua, la salud y a un ambiente sano, de modo que se asegure que las decisiones presentes no comprometan la calidad de vida de las futuras generaciones.
Tegucigalpa. – La Sala de lo Constitucional falló una sentencia de amparo a favor del municipio de Sabá, ordenando la cancelación del proyecto minero Las Golondrinas, ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Montaña Botaderos, Carlos Escaleras Mejía.
La abogada del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Lisbeth Rodríguez, indicó que el fallo se dictó frente a los abusos y las violaciones realizadas por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), en pasadas administraciones.
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“La misma Sala de lo Constitucional reconoció la vulneración de los derechos de las comunidades, [ entre estos] el derecho al debido proceso, el derecho a la participación política de las comunidades, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua”, afirmó Rodríguez.
El Bufete Estudios para la Dignidad presentó en 2021 una acción de amparo para la tutela de los derechos de las comunidades de Sabá frente a la instalación del proyecto Las Golondrinas de la empresa Canteras y Más, que afecta directamente a 21 comunidades y sus fuentes de agua.
Calificado como una concesión minera arbitraria e ilegal, las comunidades de Sabá, Colón, se organizaron desde 2013 para reinvidicar su territorio y derechos.
El abogado del BED, Lestter Castro, apuntó que una de las temáticas significativas del fallo es el reconocimiento de los derechos que tienen las futuras generaciones de hondureños y hondureñas, al argumentar que, si este tipo de proyectos afectan la calidad del agua y el ambiente en el presente, es necesario que se tomen todos los mecanismos necesarios para evitar vulnerar estos mismos derechos que futuras generaciones deben gozar.
“Esto es un elemento que se ha venido recogiendo a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ahora lo contemplan en esta sentencia de la Sala de lo Constitucional”, compartió Castro en relación con el reconocimiento de los derechos transgeneracionales. Así como la preferencia o derecho que debe existir del agua para el consumo humano.
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El profesional del derecho abordó que el fallo también reconoce a la corporación municipal, por encima de cualquier interés empresarial –sea este privado o público–, para disponer del recurso hídrico en beneficio de la población.
El Bufete Estudios para la Dignidad destacó el reconocimiento y aplicación del Convenio de Escazú por parte de la Sala de lo Constitucional. El cual, si bien Honduras no lo ha suscrito, tiene “un abordaje mayor para garantizar los derechos de información y de participación de las comunidades”, comentó Castro
¿QUÉ SIGUE?
Lestter Castro dijo que la Sala de lo Constitucional destacó el principio de precaución, reconociendo que en ausencia de certeza científica sobre los impactos ambientales del proyecto minero Las Golondrinas, debe prevalecer la protección del medio ambiente y la salud de las comunidades.
“La Sala de lo Constitucional manda a revisar estas actuaciones, estos expedientes y que en caso de que se constante [la ausencia del principio de precaución], se cancele [el proyecto minero de Las Golondrinas]”, explicó.
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Indicó, además, que ahora deberán notificar a Serna e Inhgeomin y verificar que la concesión se encuentra en un parque nacional.
“Solo por ese hecho, la concesión debe ser cancelada y una vez que nosotros vayamos a Inhgeomin, a la Serna y acreditemos dónde está ubicado el proyecto, esta concesión debe ser revertida por parte de las instituciones del Estado”, concluyó.
El Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía, se encuentra entre los departamentos de Colón, Yoro y Olancho. Se conocen al menos tres empresas con concesiones mineras ubicadas en esta reserva ambiental, dos de ellas, Inversiones Los Pinares y Jamar Comercial Industrial se dedican a la extracción a cielo abierto de óxido de hierro.
Las prórrogas de ASP y ASP 2, ambos componentes mineros de Inversiones Los Pinares, recientemente fueron negadas por las actuales autoridades de Inhgeomin, quienes citaron la entrada en vigor del Decreto 18-2024, que prohíbe la minería en áreas protegidas como el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía.
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Mientras que la mina de El Venado, ubicada en Gualaco, Olancho, a nombre de Jamar Comercial Industrial, recientemente causó revuelo debido a la contaminación que causó en la Bahía de Trujillo y la Laguna de Guaimoreto, tras el derrame de sólidos y líquidos del óxido de hierro, almacenado en el Puerto de Castilla.
La concesión minera no metálica de Las Golondrinas fue otorgada a la Sociedad Mercantil Canteras y Más S.R.L. el 5 de septiembre de 2013. La sociedad es propiedad del empresario Rolando Enrique Barahona Kurwahn, padre del diputado independiente por el departamento de Comayagua, expulsado del Partido Nacional, Rolando Enrique Barahona Puerto.
