El cambio de medidas a Rosa Elena Bonilla devela los excesos de la Corte Suprema de Justicia liderada por Rolando Argueta
Tegucigalpa. – La exprimera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, salió hace unas semanas del Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) donde se encontraba recluida, ahora permanece en su acogedora y lujosa casa, luego que la Sala de lo Penal le otorgara un cambio de medidas y la enviara a arresto domiciliario, argumentando una condición de salud.
Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, fue sentenciada a 14 años de prisión al ser declarada culpable por los delitos de fraude continuado y apropiación indebida.
El pasado 15 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presidida por Rolando Argueta y justamente a dos días de vacar en su mandato, anunció a través de su cuenta de Twitter, sobre el cambio de medidas a favor de la esposa de Lobo Sosa, quien en el pasado reciente fue mencionado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de haber recibido sobornos de narcotraficantes.
El Poder Judicial anunció además que, Bonilla deberá pagar una caución a favor del Estado por 13 millones de lempiras.
Rosa Elena Bonilla regresó, la misma noche del 15 de febrero, a su acogedora casa, en un lujoso apartamento de la Residencial San Ignacio, una exclusiva zona de la capital hondureña.
La exprimera dama es privilegiada, pues antes vivía en una mansión en la comunidad de El Chimbo, en la carretera que conduce al turístico municipio de Santa Lucia, en Francisco Morazán, a unos 10 kilómetros de Tegucigalpa. Sin embargo, esta casa fue asegurada el 3 de abril de 2018 por la Oficina Administradora de Bienes Incautados.
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LA FRASE
“Sala de lo Penal de la CSJ, con base al informe oficial del Departamento de Clínica Forense de la Dirección de Medicina Forense, resolvió modificar la prisión preventiva a la exprimera dama Rosa Bonilla de Lobo por arresto domiciliario dada su condición actual de salud”.
En ese sentido Criterio.hn realiza la verificación sobre el proceso que se desarrolló sin la presencia de fiscales de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), unidad del Ministerio Público (MP), encargada de investigar y requerir a los responsables por la comisión de delitos relacionados con la corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción, y además dar seguimiento a las investigaciones de casos que fueron judicializados por la desaparecida Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), formada por la también extinta Misión de Apoyo Contra La Corrupción y la Impunidad (MACCIH).
El anuncio de la Corte Suprema de Justicia despertó cuestionamientos en una parte de la población hondureña, ¿prisión preventiva, si tiene una condena? ¿la condena es firme? ¿la defensa presentó algún recurso? ¿se pueden cambiar medidas a una persona recién condenada? ¿a qué obedece el cambio de medidas? ¿por qué el cambio de medidas justo antes de vacar la CSJ?, Fueron algunas de las preguntas que surgieron en torno al cambio de medidas de Rosa Elena Bonilla.
¿ES O NO PRISIÓN PREVENTIVA?
El artículo 178 del Código Procesal Penal determina como prisión preventiva “la privación de libertad que se produzca, durante el proceso, en cumplimiento de la orden emitida por el órgano jurisdiccional competente, hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme”.
Para ordenar la prisión preventiva, el artículo 178 establece que deberá concurrir algunas circunstancias como peligro de fuga del imputado, la posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva a la que hay sospecha que pertenece y, utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados; y el riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante.
Para el abogado Alex Navas, el Poder Judicial se ha equivocado con el cambio de la medida del cárcel por arresto domiciliario a favor de Rosa Elena Bonilla, porque la encausada ya tiene una sentencia y que estaba cumpliendo en la cárcel de mujeres.
Rosa Elena Bonilla, fue condenada, en septiembre de 2019, a 58 años de cárcel después que el Tribunal de Sentencia la declarara culpable por apropiación indebida y ocho delitos de fraude. Sin embargo, este juicio fue anulado, luego que la defensa presentara recursos por inconsistencias en el proceso y se ordenó repetir el juicio. Bonilla fue liberada el 23 de julio del 2020.
Posteriormente, en septiembre de 2022, el Tribunal de Sentencia, mediante un nuevo juicio, la condenó a 14 años, un mes y cinco días de cárcel por los delitos de fraude y apropiación indebida.
“Ella está condenada por un tribunal de sentencia, por lo tanto, ella está cumpliendo una pena”, argumentó el abogado Alex Navas.
Por su parte el abogado penalista, Fernando Gonzales, dijo que el término de prisión preventiva es aplicable, si después de la sentencia, se presenta un recurso de casación o un recurso extraordinario de revisión.
Otra de las aristas, es si el caso se sometió al órgano internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el caso de Rosa Elena Bonilla se presentó un recurso de casación por violación al precepto constitucional porque se le acusó dos veces por los mismos delitos, explicó a Criterio.hn su abogado defensor, Juan Carlos Berganza.
En el segundo juicio a Rosa Elena Bonilla se le acusa por el delito de apropiación indebida, lo que a criterio de Berganza “son los mismos delitos de malversación de caudales públicos, por los que ya se había absuelta con una sentencia firme”.
El profesional del derecho aludió que su defendida no está purgando una pena porque es cambio de medidas cautelares lo que dictó la Sala Penal. Asimismo, que está bajo detención ilegal porque el plazo de la prisión preventiva se había vencido.
“Hay una detención ilegal, esta arbitrariamente presa, porque se había vencido la prisión preventiva”, dijo el jurisconsulto quien apunta que alrededor de este caso hay prevaricato.
“Una persona siempre mantiene su estado de inocencia mientras no haya una sentencia firme, en este caso no hay una sentencia firme, lo que ella estaba cumpliendo era una medida cautelar”, alegó
El Poder Judicial informó que con el cambio de medidas se ordenó, para asegurar la vinculación de Bonilla al proceso penal, una caución a favor del Estado de Honduras por un monto de 13 millones de lempiras, más la prohibición de salir del país, fijar su domicilio en territorio nacional y no comunicarse con vinculados al proceso.
EL JUEGO JUDICIAL QUE HA FAVORECIDO A LA EXPRIMERA DAMA
El 17 de marzo de 2022 el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), obtuvo un fallo de culpabilidad en el caso “Caja Chica de la Dama”, cuyo juicio oral y público se repitió tras una desacertada decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Bonilla fue acusada de apropiarse de más de USD 550.000 de donaciones internacionales y fondos públicos destinados a programas sociales, como el proyecto “Calzando a los niños de Honduras” que consistía en dotar de zapatos y uniformes a niños y niñas de familias pobres que asistían a la escuela.
Fondos que, Berganza, debatió pertenezcan al Estado, porque “no pasaron por la Tesorería General del Estado de Honduras”.
El Ministerio Público, luego de la declaratoria de culpabilidad, solicitó la prisión preventiva [recaptura], de Rosa Elena Bonilla Ávila y Saúl Fernando Escobar Puerto, se mano derecha en Despacho de la Primera Dama de Honduras.
Saúl Fernando Escobar Puerto fungió como secretario privado de la Primera Dama, fue encontrado culpable por fraude continuado y en el primer juicio se le dictó una pena de 48 años de cárcel, pero en el segundo juicio se le condenó a una pena de siete años 20 meses y 15 días por fraude continuado.
A Bonilla y a Escobar se les vinculó en el caso denominado “Caja Chica de la Dama”, procesado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Rosa Elena Bonilla y Saúl Fernando Escobar Puerto regresaron a prisión, el 17 de marzo e 2022, tras la anulación del primer juicio en su contra.
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¿A QUÉ OBEDECE EL CAMBIO DE MEDIDAS? ¿AL ESTADO DE SALUD O MAL MANEJO DE LA CSJ?
El abogado penalista, Fernando Gonzales citó el artículo 59 de la Constitución de la República que dice: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado”. En ese sentido, indica que en la defensa, en cualquier caso penal, se solicita que se señale una revisión de medidas menos gravosas, pero aclaró “siempre y cuando concurran en elementos que den fortaleza a lo que se está pidiendo”.
El jurista manifiesta que en la mayoría de casos que se solicita dicha revisión es por problemas médicos, por lo que se recurre a la evaluación de la Escala de KARNOFSKY, una normativa mundial para determinar la capacidad que pueda tener un enfermo (cáncer) para realizar tares rutinarias.
En el caso de un privado de libertad, Medicina Forense la utiliza para evaluar, ante la presunción de enfermedad, si la persona puede cumplir la pena en el recinto carcelario o se cambie la medida a casa por cárcel. Como el caso de la exprimera dama.
La Ley Especial Para Personas Privadas de Libertad con Enfermedades en Fase Terminal y Enfermedades Degenerativas del Sistema Nervioso, en su artículo 4, señala “para los efectos legales que en derecho procedan, para determinar si una persona privada de libertad o internada se encuentra padeciendo enfermedad grave incurable en fase terminal, se adopta el índice de actividad de Karnofsky”.
De acuerdo con el abogado penalista Fernando Gonzales, el cambio de medidas se da en enfermedades físicas o psiquiátricas que no puedan ser tratadas en el centro penal, por necesitar atención médica especializada, como el caso de una persona con insuficiencia renal, cáncer terminal u otras patologías.
Con relación a la resolución de la Sala Penal de “modificar la prisión preventiva a la exprimera dama Rosa Bonilla por arresto domiciliario dada su condición actual de salud”, el abogado Berganza apuntó que para este cambio de medidas plantearon dos argumentos, el primero que la detención fue ilegal y el segundo su condición de salud.
Al mencionarle que, de acuerdo con el Poder Judicial, el cambio de medidas era por problemas de salud, Berganza respondió disgustado. “El argumento, que por la salud, me parece espurio, ese es un argumento que utilizó la Sala de lo Penal, pero saben que tienen un problema mayor” indicó .
“Me parece una nimiedad que se cuestione el cambio de medidas cuando la señora tiene tres resoluciones que dicen que hay una detención ilegal por el vencimiento de la prisión preventiva”, alegó Berganza.
El jurista aseguró que la CSJ, desarrolló mal el principio de legalidad, y los criterios para imponer la prisión preventiva y los tiempos de caducidad de dicha medida.
Por otro lado, el abogado defensor, cuestionó las reacciones de la población y de la Uferco ante la decisión de la Sala Penal. “El cambio se debe a la detención ilegal y el deplorable estado de salud de ella, cuál es el problema con eso”, refirió sin dar detalles sobre la afección de Bonilla.
El 22 de junio de 2022, Rosa Elena Bonilla y su esposo, Porfirio Lobo Sosa, fueron sorprendidos con la noticia del asesinato de Said Lobo Bonilla, uno de sus hijos, quien fue acribillado junto a dos amigos a la salida de una discoteca en el bulevar Morazán de Tegucigalpa.
Ante este hecho, el ministro asesor para presos políticos del Gobierno de Xiomara Castro, Pedro Amador, pidió la sustitución de la medida de prisión preventiva a casa por cárcel, hecho que despertó el cuestionamiento y la crítica en varios sectores de la sociedad que discurrieron que la imputada no estaba privada de su libertad por razones políticas sino por delitos relacionados a actos de corrupción.
El cambio de medidas que favoreció a Bonilla, responde a un tercer intento de su defensa, en las primeras dos intervino la Uferco.
En ese sentido, el fiscal Luis Javier Santos, jefe de la Uferco, denunció que el cambio de medidas “se hizo al margen de los fiscales de esa Unidad y comentó que se citó a los fiscales de la Fiscalía de Impugnaciones, pero estos no hicieron la notificación con lo que imposibilitaron a la Uferco para presentar argumentos en contra.
“Cuando nos dimos cuenta fue cuando apareció en los medios que se le había revocado la medida”, precisó Santos.
¿DERECHOS HUMANOS, PRIVILEGIOS O PACTOS POLÍTICOS?
La suspicacia ante este cambio de medidas no se ha hecho esperar, por tratarse de la esposa de Porfirio Lobo Sosa, presidente de Honduras del 2010 al 2014. A quien Estados Unidos, en el 2021, le prohibió la entrada a su territorio, ya que sus acciones “de corrupción socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras”, informó, en julio de 2021, el secretario de Estado, Antony Blinken, en su cuenta de Twitter.
La Corte Suprema de Justicia anterior, liderada por Rolando Argueta, fue señalada en varias ocasiones de beneficiar a grupos de poder, lo que Alex Navas cataloga como “un sistema de justicia dominado por una red de corrupción que favoreció actos de corrupción de alto impacto”. Navas aludió a casos presentados por la desaparecida MACCIH como la Caja Chica de la Dama, Arca Abierta, Pandora, Red de Diputados y Narcopolítica en los que en la mayoría los imputados recibieron sobreseimientos.
De acuerdo con Navas, el perjuicio causado al Estado de Honduras y a la sociedad hondureña, sobre todo a la que está bajo la línea de la pobreza, “es muy grave”, por consiguiente, la decisión de la Sala Penal “me parece un exceso de la Corte Suprema de Justicia”.
El cambio de medidas que han favorecido a la exprimera son catalogadas por Alex Navas como una afrenta al sistema de justicia de Honduras, por lo que consideró oportuno que la nueva Corte Suprema de Justicia haga una revisión.
“Consideramos que no está justificado porque si a ella se le modificó las medidas por las causas que mencionan, perfectamente se le pueden modificar a otro porcentaje de privados de libertad”, externó el jefe de la Uferco.
El fiscal Luis Javier Santos, recordó que los mismos motivos ya habían sido alegados antes, sin embargo, los jueces mencionaron que no había motivos para revocar la medida.
“Los jueces dijeron claramente que si se dejaba en libertad a ella [Rosa Elena Bonilla], se debía dejar en libertad al 90% de privados de libertad porque todos pasan por depresión, es algo normal que les pasa”, enfatizó Santos.
El fiscal de la Uferco, manifestó que el cambio de medidas se dio porque se trataba de la exprimera dama, pero no hubiese sido lo mismo si se hubiese tratado de una persona común.
Ante este argumento, el abogado defensor Juan Carlos Berganza, indicó que al mencionar a los demás privados de libertad que pasan por una enfermedad, lo que se hace es “tergiversar la información”. “Bueno, que esas personas hagan lo mismo, que presenten una solicitud y presenten una caución”, acotó.
Criterio.hn concluye en esta verificación, que el argumento de la Corte Suprema de Justicia, publicado en las redes sociales, el pasado 15 de febrero, al aludir la condición de salud de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla para cambiar la medida de prisión por arresto domiciliario es un hecho engañoso porque se hizo al margen de los fiscales de la Uferco.
La decisión también deja entrever los privilegios y no la defensa de los derechos humanos como argumenta el equipo legal de la exprimera dama.
Rosa Elena Bonilla se encuentra en su casa, en un lujoso apartamento en la Residencial San Ignacio, una zona exclusiva de la capital hondureña, bajo la supuesta custodia policial. Criterio.hn visitó la zona, misma en la que habita la familia del expresidente Juan Orlando Hernández, sin embargo, no se observó la presencia de agentes policiales.
