Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Rolando Edgardo Argueta Pérez, en su desesperación por limpiar su gestión a la cabeza del Poder Judicial intenta desvincularse del expresidente y extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández Alvarado y de varios proyectos que impulsó desde la silla del Ejecutivo.
Según declaraciones que brindó ayer al presentarse a un medio local, dejó entrever que Hernández en ningún momento impuso mociones a su conveniencia y que, incluso, él como titular del Poder Judicial mantuvo su postura en contra de proyectos costosos por motivos de austeridad.
Sin embargo, Argueta opta por esta postura mientras múltiples sectores, entidades y organizaciones cuestionan que el Poder Judicial ha sido permisivo con la corrupción y que incluso estuvo coludido sirviendo de tapadera del anterior gobierno en la ejecución de acciones irregulares.
Argueta sostuvo que el Poder Judicial no estuvo al servicio del exmandatario, señalando que tienen independencia y objetividad. De hecho, fue más allá y apuntó que cuentan con documentación que acredita que se opusieron a muchas mociones impulsadas por el gobierno pasado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, integrado por los tres poderes del Estado, el Fiscal General, el secretario de Defensa y el secretario de Seguridad.
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“NOS OPUSIMOS”
Según el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se opusieron cuando hubo una moción para adquirir un préstamo para refinanciar deudas de la tasa de seguridad por 4 mil millones de lempiras de la banca nacional, presentada ante el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
Asimismo, dijo que mostraron su desacuerdo a dar continuidad al arrendamiento de 10 vehículos blindados para el Poder Judicial; de la misma forma, al uso de más de 300 millones de lempiras para equipar a la Policía Nacional por cuenta de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
Continuó justificando su gestión, al mencionar que se resistieron a la aprobación de 236 millones de lempiras para el presupuesto anual de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
De igual forma, señaló que se negaron al pago de 27 mil dólares mensuales para la renta de edificio donde se hospedaba la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Según Argueta, siempre percibió el respeto de los otros miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad cuando se oponían a determinados temas de la Policía, Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, debido a la insolvencia presupuestaria y otros motivos de priorización de los recursos.
Sobre el proceso de extradición de Hernández, insistió ante cualquier cuestionamiento que no hubo privilegios y que se le trató como a otros extraditados. Además, pese a que la opinión pública dice que JOH imponía su voluntad, Argueta sostuvo que el extitular del Poder Ejecutivo era respetuoso.
Por lo anterior, es importante recordar que, durante la audiencia de evacuación de la prueba en la solicitud de extradición contra el expresidente Juan Orlando Hernández, Argueta permitió que, desde su silla, en la sala de uso exclusivo de los magistrados de la Corte, el reo (Juan Orlando Hernández) tuviera la prioridad de dirigir su discurso de victimización a la población.
Hernández también aprovechó para alegar violaciones a sus derechos humanos y solicitar trato privilegiado, ajenos a los que tuvieron otros procesados por extradición.
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Argueta defendió que se ha demostrado el cumplimiento de la ley y excusó que puede haber algunos casos aislados que puedan salirse de la regulación legal y ética, mencionando que para eso están los mecanismos internos de la supervisión nacional de tribunales y del Ministerio Público (MP) donde han remitido algunas acciones delictivas para realizar las investigaciones penales o administrativas o civiles.
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Para Argueta es inaceptable llamar corrupto al Poder Judicial, pues dijo que han procurado transparencia en cada acción y que están sujetos a cualquier información que se les solicite por parte de los entes controladores del Estado.
La semana pasada, durante un foro de transparencia, el titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado, señaló que tanto la cabeza de la Corte Suprema de Justicia como la de Fiscalía están podridas.
Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía han actuado de manera arbitraria y negligente al momento de desarrollar distintos casos, por ejemplo, cuando se trata de violaciones o el asesinato de defensores de derechos humanos, territorio y ambiente.
Cabe recordar también que, muchos sectores recriminaron que el Poder Judicial en su momento también apoyó el establecimiento de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aunque esto significara pasar con encima de la Constitución de la República.
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EXTRADICIONES
“En tema de extradiciones tenemos cero moras”, apuntó, al tiempo que desglosó que existen 80 solicitudes de extradición, 106 personas solicitadas, 35 personas extraditadas, 4 en proceso, 30 pendientes y 37 entregados a la justicia estadounidense.
La Comisión del Congreso Nacional que investiga el tema de extradiciones, presidida por el diputado Ramón Barrios, realizó un informe a mediados de mayo donde afirman tener suficiente carga probatoria para recomendar al Legislativo someter a juicio político al presidente de la Corte y al Fiscal General, Óscar Chinchilla por implicaciones en la criminalidad y engavetar casos de alto impacto, algunos relacionados al tema del narcotráfico.
Además, la Comisión de Extradición señaló que el Poder Judicial no había entregado completa la documentación del tema de extradiciones.
Un comentario
Argueta era un vulgar desconocido y lacayo de JOH que surge por el apoyo de este criminal.
Ahora con el agua hasta el cuello dice que se oponía a ciertas movidas de JOH.
Así va decir dentro de poco la Reina del Sur. Criminal que desde el Congreso legisló para JOH.
De USA el tío Sam sabe que pasó y que está pasando. Nuevos capos caerán.