El expresidente de DESA cumple actualmente una condena de 22 años de prisión por su coautoría en el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres
Tegucigalpa, Honduras. – Cinco años de prisión para Roberto David Castillo Mejía fue el fallo del Tribunal de sentencia que conoció la causa Fraude sobre el Gualcarque, en el que fue encontrado culpable por los delitos de fraude a título de cómplice y uso de documento falso a título de autor.
Además, deberá pagar una multa por 380 mil 795 lempiras con seis centavos, y permanecerá inhabilitado por diez años para empleo o cargo público, indicó la jueza del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Castillo quien presidió la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), previamente fue condenado a 22 años de prisión en junio de 2022, tras ser declarado culpable como coautor en el asesinato de la lideresa lenca Berta Isabel Cáceres.
Con respecto a si cumplirá esta nueva condena a prisión de manera simultánea a la primera o de forma sucesiva, una vez cumpla la primera, el abogado Pedro Mejía, quien representa a la acusación privada, señaló que esto se definirá una vez que las sentencias queden firmes.
Por la causa Fraude sobre el Gualcarque, también fue condenada, a cinco años de prisión, Carolina Lizeth Castillo Argueta por la comisión del delito de fraude, una multa por 380,795 lempiras con seis centavos y 10 años de inhabilitación para optar u ostentar empleo o cargo público.
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Raúl Pineda Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, fue condenado a dos años de prisión por el delito de falsificación de documentos públicos y permanecerá inhabilitado por seis años para empleo o cargo público dentro de corporaciones municipales por seis años.
En los casos de Carolina Lizeth Castillo y Raúl Pineda Pineda, estos mantienen las medidas distintas a la prisión preventiva, deberán presentarse cada 30 días ante la secretaría del Tribunal de Sentencia, y no podrán salir del país, hasta que la condena quede en firme. No así, David Castillo quien guarda prisión tras ser condenado por su participación en el asesinato de Berta Cáceres.
Tras darse a conocer las sentencias durante la audiencia de individualización de penas, Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), indicó que una vez más Berta Cáceres y Río Blanco confirman su verdad.
ORIGENES DE LA CAUSA FRAUDE SOBRE EL GUALCARQUE
Previo a su asesinato, Berta Cáceres, entonces coordinadora general del Copinh, denunció en varias ocasiones las irregularidades e ilegalidades detrás del concesionamiento del Río Gualcarque a DESA para la construcción de una hidroeléctrica.
La causa Fraude Sobre el Gualcarque fue construida a partir de estas denuncias y evidencias presentadas ante el Ministerio Público por Cáceres. El caso fue presentado en marzo de 2019 por la desaparecida Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con la colaboración de la extinta Misión de apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El Ministerio Público, mediante un comunicado emitido este viernes 15 de noviembre, indicó que mediante las pruebas presentadas se “demostró el grave conflicto de intereses, ya que el presidente de DESA ocupó simultáneamente un cargo en la ENEE [Empresa Nacional de Energía Eléctrica] lo que le dio la oportunidad de asistir a las diversas sesiones de la junta directiva en calidad de invitado”.
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El requerimiento fiscal en su versión original involucró a dieciséis personas, entre estos funcionarios publicos, por suponerlos responsables de delitos cometidos para la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque. Sin embargo, en noviembre de 2021, el entonces Tribunal en Materia de Corrupción decretó la apertura del juicio con solo seis de los dieciséis implicados.
En mayo de este año fueron declarados culpable Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta y Raúl Pineda Pineda. Mientras que Roberto Aníbal Martínez Lozano, titular de la ENEE al momento que se suscribió el contrato del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ); Luis Eduardo Espinoza Mejía, exdirector general de Recursos Hídricos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna); y José Mario Carbajal Flores, exjefe de Hidrología y Climatología de Serna, fueron absueltos de la acusación por fraude.
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El proyecto Agua Zarca fue concesionado a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo principal capitalista es inversiones Jacarandas S.A., propiedad de la familia Atala Zablah.
En 2022, David Castillo fue designado en la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos, también llamada Lista Engel, por la comisión de actos de corrupción relacionados a contratos gubernamentales en los que usó su posición en la ENEE para beneficiar una empresa en la que tenía interés financiero. El Copinh indicó que el caso en mención refiere a la corrupción detrás de la aprobación de contratos del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.
