Tegucigalpa. – La lucha contra la imposición de un proyecto energético en el municipio de Tocoa continúa, después que el Juzgado falló, esencialmente, en favor de la repetición de un cabildo abierto, boicoteado por el alcalde Adán Funez el 9 de diciembre de 2023.
La apoderada legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Rita Romero, pormenorizó que la extensa resolución en esencia especifica que no procede el derecho de amparo y por ende queda revocada la medida cautelar, con lo que se da la venía para realizar una nueva convocatoria a cabildo abierto.
Noticia relacionada: Denuncian manipulación y omisiones en la promoción del proyecto de generación eléctrica Ecotek
El objetivo del cabildo –de diciembre del año pasado– era abordar la instalación de una planta termoeléctrica a base de coque de petroleó, impulsado por el oficialismo como la solución a la problemática energética en la zona, pese a los perjuicios socioambientales en la zona, causados en el pasado por las empresas involucradas.
La planta termoeléctrica forma parte de uno de los siete componentes del ampliamente denunciado megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, y que involucra a las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del grupo Emco Holding, presidido por el empresario Lenir Pérez.
Romero afirmó a Radio Progreso que pese a la resolución de la jueza Zoé Guifarro, las y los pobladores de las comunidades que se encuentran en la zona de influencia del proyecto termoeléctrico continuarán luchando para acceder a la justicia. “Especialmente, las familias de La Lempira, porque tienen ese proyecto casi en su casa, las familias de Guapinol se sienten una vez más en el escenario que se sintieron cuando los compañeros de hogar de las defensoras estaban bajo una detención arbitraria. Es el mismo escenario”.
DENUNCIAN PARCIALIDAD A INTERESES EMPRESARIALES
La defensora e integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Juana Esquivel, expresó que lamentan que la jueza “careciera de conocimiento y de análisis desde un enfoque constitucional, de justicia constitucional donde se establece el derecho a la participación, y a la consulta de las comunidades”.
Agregando que con este fallo “no ha lugar” al amparo de las comunidades, se “está legitimando la violación a los derechos humanos, que en reiteradas ocasiones ha venido cometiendo la corporación municipal de Tocoa, que está favoreciendo los intereses empresariales de Inversiones Los Pinares”.
De interés: Adán Fúnez, el poderoso alcalde de Libre detractor de la lucha ambiental y amigo de los Cachiros
Esquivel manifestó que lamentablemente no les sorprende esta preferencia de favorecer al capital privado, debido a que Guifarro también es la jueza que conoció el caso de los ocho defensores que fueron privados de libertad arbitrariamente durante más de 900 días.
La defensora señaló que han presentado una manifestación ante la Corte de Apelaciones en La Ceiba, solicitando que el recurso sea conocido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Las comunidades seguimos trabajando en organización, seguimos articulándonos y vamos a hacer acciones locales y nacionales para seguir manifestando nuestro rechazo a estos procesos ilegales y esta imposición de estos proyectos nocivos para la salud, para el ambiente, para la vida de las comunidades, para el derecho humano al agua”, comunicó Esquivel.
El 9 de diciembre del año pasado, tras la cancelación de la consulta de forma unilateral por parte de Funez, la población presente optó por autoconvocarse a una asamblea popular, en presencia de seis regidores y un notario, en la que rechazaron el componente energético del megaproyecto minero.
Una semana después, el 14 de diciembre, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa presentó el acta notarial en la que evidenciaron el rechazo al proyecto de energía termoeléctrica ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
El 15 de enero de 2024, la Corporación Municipal de Tocoa no solamente optó por no homologar el acta notarial levantada durante la asamblea popular, sino que además se aprobó la celebración de un nuevo cabildo abierto para abordar nuevamente la aprobación del proyecto eléctrico Ecotek, con capacidad de generación de unos 25 Megas.
