Un narcotraficante colombiano, que actualmente cumple condena, confesó haber entregado 2.4 millones de dólares a Juan Orlando Hernández a través de un alto funcionario del gobierno de Porfirio Lobo Sosa
La defensa intentó presentar evidencia exculpatoria, pero, por falta de acreditación, fue desestimada por el juez Kevin Castel
Tegucigalpa, Honduras.- En el último desarrollo del juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el sexto testigo presentado por la Fiscalía, el colombiano de seudónimo «Luis Pérez», un narcotraficante con vínculos con el cártel de Sinaloa, declaró este lunes que entregó 2.4 millones de dólares a Hernández como financiamiento para su campaña previa a las elecciones generales de 2013.
Durante el interrogatorio liderado por la fiscal Elinor Tarlow, Pérez, quien se trataría de Alexander Monroy Murillo, según informó el periodista Jeff Ernst, confesó haber contribuido con pagos para la campaña de Hernández. «Sí, en 2013. Pagué 2.4 millones de dólares», admitió.
Pérez además detalló haber utilizado Puerto Cortés, principal puerto de Honduras, para transportar droga hacia Estados Unidos antes de conocer a «Mario», el «segundo funcionario de mayor rango en el lugar». Aunque no se especificó, extraoficialmente se trataría de Mario Coto, quien se desempeñó, durante ese período, en que gobernaba Porfirio Lobo Sosa, como subgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
El narcotraficante colombiano, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015, declarándose culpable y siendo sentenciado a 75 meses, aseguró que el contacto con el alto funcionario hondureño se lo facilitó el exdiputado del Partido Liberal, Fredy Nájera, y Fabio Lobo, hijo del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa.
Tanto Nájera como Fabio Lobo cumplen condena en Estados Unidos tras haberse declarado culpables por cargos de narcotráfico, en 2020 y 2016 respectivamente.
El testigo de la Fiscalía afirmó que «Mario» solicitó ayuda económica para la campaña de Hernández en 2013, pidiendo un millón de dólares, cantidad que Pérez entregó en dos pagos de 500,000 mil dólares cada uno. Miguel Arnulfo Valle Valle, miembro del clan Los Valle, sirvió como intermediario.
Durante el interrogatorio, Pérez también admitió haber transportado 200,000 kilos de cocaína a través de aviones, helicópteros y lanchas rápidas, asegurando haber obtenido ganancias de 50 millones de dólares.
Al cuestionarle sobre su afiliación, Pérez afirmó ser miembro del cártel de Sinaloa, trabajando directamente para quien fue su máximo líder, el narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, y para narcotraficantes hondureños. El narcotraficante, que habría financiado la campaña de Hernández, aseguró haber conocido personalmente a Guzmán. «Sí, viví en Sinaloa por algunos meses. Entre 2011 y 2012», agregó.
OTROS PAGOS DEL NARCO A JOH
En lo que va del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, que inició el pasado 20 de febrero, no es la primera vez que se habla de pagos de sobornos procedentes del cártel de Sinaloa o de otros narcotraficantes a cambio de protección.
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El narcotraficante hondureño y exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, también declaró en días previos haber pagado a Hernández un millón de dólares en 2009 a cambio de impedir que la Fiscalía hondureña lo investigara.
Además, en 2013, Joaquín «El Chapo» Guzmán entregó a Juan Antonio «Tony» Hernández un millón de dólares para la campaña presidencial de su hermano mayor, luego de que Hernández prometiera garantías de seguridad para asegurar el trasiego de cargamento de cocaína hasta la frontera entre Guatemala y México, en caso de que el Partido Nacional ganara las elecciones generales de 2013.
Durante esa reunión entre «Tony» y «El Chapo» estuvo presente Alexander Ardón, el oficial de la Policía Nacional y primo de los hermanos Hernández, Mauricio Hernández Pineda, que recientemente se declaró culpable por cargos de narcotráfico, y otro oficial de alto rango dentro de la jerarquía policial de Honduras.
DURO REVÉS A LA DEFENSA DE JOH
Este lunes se desarrolló el quinto día del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien está acusado por tres cargos de narcotráfico.
En las primeras horas de la sesión de este lunes, la defensa de Hernández intentó presentar como evidencia exculpatoria un informe de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) relacionado con la detención de Magdaleno Meza y su esposa Erika Bandy, con fecha 18 de octubre de 2018, pero el juez Kevin Castel lo desestimó al considerar que existía una falta de autenticación.
A pesar de lo anterior, y contrario a algunos confusos reportes de varios medios de comunicación, el juez Castel sí permitió que la Fiscalía presentara fotocopias de los cuadernos de contabilidad de Magdaleno Meza, que incluían pagos en dólares a Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández.
A través de la presentación del informe en cuestión, los abogados defensores intentaron probar que el exmandatario hondureño no estaba relacionado con las actividades de lavado de activos y narcotráfico que desempeñaban Meza y Bandy.
El informe del Ministerio Público, aparentemente escrito en nombre de la exdirectora de la DLCN, Soraya Cálix, detallaba el operativo de arresto de cinco personas, entre ellas Magdaleno Meza o Nery Orlando López, y Erika Bandy.
Sin embargo, los fiscales estadounidenses solicitaron al juez Castel no admitir dicho informe, porque el agente «Miguel Reynoso», de la DLCN, no podía autenticar el informe, ya que no es su autor y no puede confirmar cómo se generó.
«Miguel Reynoso» (seudónimo), testigo de los fiscales estadounidenses, fue la persona que decomisó los cuadernos, conocidos como «narcolibretas».
El informe que presentó la defensa, dijo la Fiscalía, carece de certificación de autenticidad, contiene información irrelevante, acusaciones no relacionadas con el juicio y referencias confusas a otras investigaciones.
Además, argumentaron que el valor probatorio del informe, al no mencionar al acusado Juan Orlando Hernández, podía inducir a error al jurado.
Asimismo, el equipo de fiscales sostuvo que el informe debía ser descartado como rumores inadmisibles, ya que no cumple con los requisitos de autenticidad y no se ajusta a la Regla 803(8) al no provenir de un «registro público».
También señalaron la falta de firma en el informe, cuestionando su validez y confiabilidad, por lo que el juez Kevin Castel excluyó el informe, por falta de autenticación.
Durante el contrainterrogatorio, el agente de la DLCN, «Miguel Reynoso», aseguró que sí conocía el informe presentado, pero que no había participado en su redacción, dejando entrever que las líneas de investigación relacionadas con el arresto de Magdaleno Meza y Erika Bandy, que incluía las «narcolibretas» que incluyen a «Tony» y Juan Orlando Hernández, fueron asumidas exclusivamente por la exdirectora de la DLCN, Soraya Cálix, unos de los brazos derechos del exfiscal general Óscar Chinchilla, persona cercana a Juan Orlando Hernández.
Magdaleno Meza murió apuñalado en 2019, dentro de la cárcel de máxima seguridad El Pozo, localizada en Santa Bárbara, occidente de Honduras, y su esposa, Erika Bandy, fue acribillada por un sicario en 2023 dentro de una panadería en San Pedro Sula, Cortés.
Durante el quinto día del juicio contra Juan Orlando Hernández, la Fiscalía presentó a dos testigos más: «Manuel Prado», un traductor peruano que interpretó el contenido de las «narcolibretas», y «Jennifer Taul», una agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, siglas en inglés).
El primer testigo tradujo el contenido de las nueve fotocopias de las «narcolibretas» que se presentaron este lunes durante el juicio contra Juan Orlando Hernández, y explicó estar trabajando durante este caso, en la traducción de contenidos de audio, video y texto.
Durante el contrainterrogatorio al agente de la DLCN, «Miguel Reynoso», y al traductor «Manuel Prado», la estrategia de la defensa se centró en intentar convencer al jurado de que las «narcolibretas» pudieron haber sido manipuladas o que incluyen maliciosamente al expresidente Juan Orlando Hernández, con argumentos que cuestionaban la forma, más no el contenido, de las mismas.
Los abogados defensores, Renato Stabile y Raymond Colon, argumentaron que aparecía escrito «Hernandes» y no «Hernández», cuestionaron el pronombre «la» escrito antes de las siglas JOH, dejando entrever que podría tratarse de una mujer, o la sugerencia de que «JOH» podría significar Jorge Óscar Hidalgo y no Juan Orlando Hernández.
Desde que comenzó el juicio contra Hernández, la Fiscalía ha presentado seis testigos. El primero de ellos fue «José Sánchez», contador de la empresa Graneros Nacionales, propiedad del fallecido Fuad Jarufe, y que sirvió para el lavado de activos y financiamiento para la campaña de al menos tres presidentes hondureños, según el testigo: Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Posteriormente, se presentó a Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, y narcotraficante cercano a los hermanos Hernández; a «Miguel Reynoso», agente de la DLCN; a «Manuel Prado», un traductor; a «Jennifer Taul», agente de la DEA; y a «Luis Pérez», exmiembro del cártel de Sinaloa.
