Por: Marcia Perdomo
Tegucigalpa. En Arizona, departamento de Atlántida, ya tienen tres plantas hidroeléctricas instaladas en su municipio. No, sus facturas de energía eléctrica no son menores al resto del país.
En cambio, viven una crisis por escasez de agua, y para colmo, desde hace cinco años empresarios de forma inconsulta pretenden construir una cuarta planta hidroeléctrica en el río Jilamito, el único afluente que queda para consumo de agua a más de 15 comunidades aledañas al mismo.
Con motivo del quinto aniversario de resistencia y lucha comunitaria a través del campamento de Jilamito contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Jilamito, Criterio.hn entrevistó al abogado Lester Castro, del área de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Castro contó que los “liderazgos han sido claros en determinar que no van a permitir que este proyecto se construya” y en cambio sostienen que el río Jilamito debe ser usado para proveer agua para consumo humano a las comunidades.
Una decisión y planificación comunitaria que ya ha sido planteada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia parte de este proyecto; el Estado de Honduras; y a la empresa Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (INGELSA).
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“Desde hace varios años, [las comunidades] han venido impulsando un proyecto de agua que va a suministrar tanto las comunidades aledañas al río como también al municipio, el cual sufre desde hace varios años una crisis de agua. No es admisible para el Estado de Honduras, pero tampoco para las comunidades que este río sea destinado para generación de energía o para generación económica de estos empresarios, mientras las comunidades tienen este problema de agua”, compartió Castro.
Como plantea el MADJ, construir una cuarta planta hidroeléctrica sólo beneficiaría a un “reducido grupo económico”, que ya cuenta con una planta hidroeléctrica en funcionamiento en Arizona, el Proyecto Hidroeléctrico de Mezapa.
Castro señaló que el MADJ tiene detallado cuáles son los montos que perciben en ganancias las empresas involucradas, y estas distan desproporcionadamente con relación al tributo que realizan al municipio de Arizona por la instalación y funcionamiento de estas hidroeléctricas.
“Las cifras se dieron a conocer en un cabildo abierto que celebró la municipalidad de Arizona y se pudo advertir que las ganancias que tienen estos proyectos extractivos es muy superior al beneficio que le dejan a las comunidades ya que reportan aproximadamente en tributo un 1%, o menos del 1%, de lo que ellos ganan anualmente en concepto de generación de energía”, declaró el integrante del área de Asuntos Jurídicos y DD. HH. del MADJ.
LOGROS Y RETOS A LO LARGO DE 5 AÑOS DE LUCHA
A lo largo de estos cinco años, las comunidades y sus liderazgos han alcanzado importantes retos como el retiro del financiamiento al proyecto hidroeléctrico Jilamito por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).
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La DFC había prometido un préstamo por US $35,750 millones, correspondiente al 47.3% del total del capital requerido, el cual en 2021 tenía un costo total de US $75,561 millones.
No obstante, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su rama empresarial BID-Invest, continúa respaldando el proyecto y hasta el año pasado tenía previsto financiar la construcción de la represa hidroeléctrica Jilamito mediante un préstamo de US$ 20,250 millones, correspondiente al 26.8% del costo total.
Esta decisión – por parte del BID-Invest- de mantener el aporte crediticio a favor del proyecto ocurre pese a “que se han constatado diferentes violaciones de derechos humanos e irregularidades en el otorgamiento de la concesión”, manifestó Castro.
En 2020, el MADJ presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigara el contrato que suscribió INGELSA con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la generación de energía eléctrica, así como el irregular proceso de licenciamiento ambiental realizado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.
Castro refirió que, hoy, el Ministerio Público a pesar de tener la documentación y constatar las ilegalidades en las que se han incurrido sigue sin dar respuestas. En cambio, sí se ha iniciado un proceso de criminalización contra cinco liderazgos de las comunidades, quienes desde hace cinco años están acusados por el delito de usurpación en los Juzgados de Tela.
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“Esperamos que el Estado de Honduras reconozca la condición de líderes sociales, sobre todo defensores del ambiente, y que a través de la Procuraduría General soliciten el sobreseimiento definitivo a favor de nuestros compañeros que se han mantenido criminalizados todos estos años”, compartió a Criterio.hn el abogado Castro. Mientras que desde el Congreso Nacional esperan que se reviertan todas las concesiones otorgadas de forma ilegal.
Además, presentaron una acción de nulidad en contra de la licencia ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, por violentar los derechos de participación política que tienen las comunidades. Estas en tres ocasiones se han pronunciado en cabildo abierto que no están de acuerdo con que se desarrolle el proyecto y pese a esto MI AMBIENTE no revierte la licencia.
