Tegucigalpa.- La ausencia de la Fiscalía en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque fue la causa oficial para la reprogramación del juicio contra el suboficial de Kevin Yasser Saravia Ortíz, acusado por tentativa de homicidio contra el líder Lenca Allan García.
El juicio que debió iniciar el lunes 19 de octubre de 2022 fue pospuesto para el 13 de enero de 2023, extendiéndose las audiencias hasta febrero, y se desarrollará entre las ciudades de La Esperanza en Intibucá, y Siguatepeque en el departamento de Comayagua.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) a través de un tuit manifestó que continua el incumplimiento de justicia en el caso de Allan García. Además, manifestaron que tanto la organización, como el pueblo Lenca, “exigen una pronta resolución al juicio contra el suboficial Kevin Saravia por la tentativa de homicidio contra Allan García”.
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En el documento extendido por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, en el que se informó la reprogramación, también se notificó que se habilitan los medios electrónicos para la realización del juicio.
ANTECEDENTES DEL CASO
El caso involucra las acciones del suboficial del Batallón de Ingenieros durante una manifestación en contra de la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. Por estas acciones Saravia fue declarado culpable por el delito de homicidio simple contra Tomás García en el juicio de 2015.
No obstante, fue absuelto por la tentativa de homicidio en contra de Allan García. El Tribunal argumentó que en el caso de Allan solo fueron “faltas”, y que “no era su intención matarlo”, dándole una pena de 30 a 90 días de prisión.
Ante este fallo, la acusación privada presentó un recurso de casación que resultó en la repetición del juicio en lo que concierne a la querella correspondiente a los hechos ocurridos contra Allan García, indicó previamente a Criterio.hn uno de los abogados del Bufete Estudios para la Dignidad, que lleva el caso.
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La parte acusadora, en su recurso de casación, manifestó que Saravia no era culpable por el delito de lesiones sino por el delito de tentativa de homicidio porque la intención del disparo no era lesionarlo o herirlo, sino matarlo, señaló el abogado.
CONSECUENCIAS DE LA IMPOSICIÓN DE UN PROYECTO EXTRACTIVO
En diciembre de 2015, al finalizar el juicio, la lideresa Lenca Berta Cáceres manifestó: “Queremos decirles que nuestra posición como Copinh, como pueblo Lenca de Río Blanco, va a ser continuar defendiendo la vida y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se aplique justicia”.
Cáceres fue asesinada la noche del 2 de marzo de 2016 por su liderazgo en el Copinh y por señalar la red de corrupción que operó para la concesión del río Gualcarque para la construcción de un proyecto hidroeléctrico por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
A partir de sus denuncias, ignoradas en su momento por el Ministerio Público, la UFECIC-MACCIH construyó el caso Fraude Sobre el Gualcarque, por el que actualmente está pendiente la sentencia contra seis exfuncionarios.
La imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca resultó en una oleada de violencia contra la población indígena Lenca que se oponía al esquema y en el que no hubo una consulta previa, libre e informada.
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“Durante años el Copinh y la comunidad indígena de Río Blanco han sufrido amenazas de muerte y ataques físicos a manos de la Fuerzas Armadas de Honduras”, publicó la organización en uno de sus recientes posteos relacionados al caso de Allan García.
Agregaron que “los actos de violencia contra defensores de sus territorios ancestrales, tal como el caso de nuestro compañero Tomás García y Allan, no solamente violan sus garantías individuales, sino también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad de las Fuerzas Armadas de Honduras”.
