Tegucigalpa. En una carta de doce páginas, tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostraron su preocupación por el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador. A la vez que recordaron que la promoción y el respeto de los derechos humanos no es un asunto interno de país, sino un objeto del interés público internacional.
Los firmantes de la misiva son el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan; y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.
En el documento exponen que el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación expresó su preocupación en relación a la frecuente invocación de la protección de la soberanía del Estado «frente a la injerencia externa como razón para restringir la financiación extranjera o para emprender campañas difamatorias contra quienes reciben fondos del extranjero».
Ante estas observaciones, instaron al Gobierno de Nayib Bukele a que revise el proyecto de ley antes mencionada y abra un espacio público pluralista, que permita que todos los involucrados puedan participar de la discusión de su contenido, así como asignar tiempo adicional para garantizar que el mismo se alinee con las normas internacionales de derechos humanos.
Para esto invitaron al presidente salvadoreño a convocar a todas las partes interesadas y desarrollar procesos abiertos en los que participen las autoridades públicas, empresas privadas, académicos e investigadores, partidos políticos y órganos electorales, así como organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos, agencias de verificación de información, medios de comunicación y periodistas.
Los Relatores rememoraron que los Estados tienen como responsabilidad primordial el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
Argumentando su responsabilidad en lo que concierne a los mandatos que les fueron otorgados por el Consejo De Derechos Humanos, solicitaron la cooperación del gobierno salvadoreño en lo que concierne a la garantía -y cuáles serán las mismas- de que el proyecto de ley será compatible con las obligaciones de El Salvador en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
El Salvador no es el único país en Centroamérica en justificar la «necesidad» de la Ley de Agentes Extranjeros». A partir de septiembre de 2020 en Nicaragua, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros obliga a todo ciudadano nicaragüense que trabaja para «gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras» a registrarse, informar de sus gastos e ingresos, y notificar en qué gastarán los fondos extranjeros.
