Tegucigalpa. – Este día inició la repetición del caso de corrupción “Caja Chica de la Dama”, en la fase de juicio oral y público, donde está implicada la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla y quien fue su secretario privado y asistente, Saúl Fernando Escobar.
Al momento de su llegada, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rosa Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), manifestó que el primer juicio en su contra “fue una ilegalidad total”, donde lastimosamente hubo presiones, principalmente sobre los jueces.
No obstante, señaló que ahora inicia una nueva etapa, con un nuevo tribunal, donde espera que la dejen defenderse y le hagan justicia. Además, apuntó que, sin duda alguna, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) la utilizó como trofeo durante este caso.
Rosa Bonilla mencionó que el recurso de casación presentado en 2019, logró que la mayoría de los delitos fueran eliminados, a su vez, señaló que no era funcionaria pública y quiere demostrar que tampoco tomó dinero. Según ella solo “nos hicieron una mala jugada”, pero ahora podrán defenderse porque “gracias a Dios ya se fue JOH”.
La MACCIH fue un ente internacional de cooperación creado el 19 de enero de 2016 por medio de un acuerdo firmado en Washington D. C., entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras presidido por Juan Orlando Hernández.
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CELEBRAN TERMINO DE GOBIERNO DE JOH
El expresidente Lobo Sosa, quien acudió al reinicio del juicio, apuntó que Juan Orlando Hernández tenía un convenio con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, donde a cambio de entregar a ciertos líderes del Partido Nacional, lograba eximirse él y su familia.
Lobo destacó que las pruebas son las mismas, pero aseguró que algunas fueron desestimadas por la Sala Penal, para no juzgar dos veces por un mismo delito, además espera un “juicio justo” tras salida del gobierno de Hernández y aseguró que las cosas ahora serán distintas, pues era el ex gobernante quien quería ver en prisión a su esposa Rosa Bonilla.
Sosa reiteró que el delito de fraude solo puede cometerlo un funcionario público, cargo que, según él, Bonilla nunca fungió, como lo dijo la Sala Penal en sentencia firme por unanimidad.
“Este fue un invento en un momento que querían linchar gente para justificar su trabajo”, justificó el exmandatario, al tiempo que dijo que es falso que los fondos de 12 millones que el Ministerio Público menciona se desviaron del despacho de la primera dama a sus cuentas personales de Bonilla. En contraste, Lobo Sosa señaló que la primera dama entregó 30 millones en uniformes y zapatos escolares.
Sobre el inicio del gobierno de Xiomara, Lobo señaló estaba cansado de tanto abuso del gobierno de Hernández sobre todo contra la gente pobre y muchas mujeres que están en prisión de manera injusta.
Resaltó que Edmundo Orellana fue el primer fiscal de la República, un hombre de conocimientos y principios que debe conducir y asesorar una vez que ingrese la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), porque no conocen nuestras leyes. A su vez, Lobo aconsejó fortalecer el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Saúl Escobar, el otro involucrado en el caso de corrupción “Caja Chica de la Dama”, expresó que en este juicio se “dará a conocer que nosotros somos inocentes”. Escobar se presentó ante la CSJ y está acusado de tres delitos de fraude y apropiación indebida.
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SE ANULÓ JUICIO DONDE CONDENARON A BONILLA 58 AÑOS DE CÁRCEL
El cinco de septiembre de 2019, la ex primera dama, en ese entonces de 53 años había sido condenada a 58 años de prisión, sin embargo, fue liberada luego que la CSJ anuló el juicio donde la señalaban por apropiación de fondos públicos.
Las fuentes judiciales señalaron que Bonilla debía someterse a otro proceso judicial. De esa forma, salió de la cárcel de mujeres de Támara, ubicada 20 kilómetros al norte de la capital de Tegucigalpa donde guardaba prisión desde su captura en su residencia el 28 de febrero de 2018.
En un principio había sido acusada por la fiscalía por violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos, porque la señalaban del desvío de 12 millones de lempiras, es decir, unos 500 mil dólares de fondos públicos a sus cuentas personales. Los fondos mencionados habían sido donados por el gobierno de Taiwán para uso en proyectos sociales.
Según la apoderada legal de Bonilla, Deisy Banegas, la Sala de lo Penal de la CSJ anuló la sentencia porque “ella no es funcionaria, ni lavó activos”. En ese entonces, el documento de fallo destacaba que los cinco jueces por unanimidad revocaron la medida cautelar de prisión preventiva y el Poder Judicial debía nombrar otro tribunal para el nuevo juicio.
En conclusión, Banegas explicó que la Sala de lo Penal no pudo probar el desvío de los fondos, puesto que, cuando Bonilla dejó su cargo el 27 de enero de 2014, liquidó siete millones de lempiras y la entregó a Casa Presidencial junto a otros cinco millones.
