Tegucigalpa, Honduras. -Representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) señalan que la reforma al artículo 232 constitucional está encaminada a otorgarle a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), facultades para combatir este flagelo que ha dejado graves perjuicios económicos al país.
Mientras el oficialismo defiende esta reforma, diputados y actores de sociedad civil afirman que la modificación al texto constitucional no es necesaria, ya que en el Congreso Nacional no existe el ambiente y consensos para aprobarla con 86 votos (mayoría calificada) y posteriormente ratificarla en una siguiente legislatura.
El artículo 232 dice textualmente que le corresponde al Ministerio “el ejercicio oficioso de la acción penal pública. En los asuntos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General de la República (PGR) y a las acciones que corresponda en su caso los particulares. Así mismo tiene el Ministerio público la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense”.
Dicha modificación al texto constitucional fue propuesta en 2022 por la diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Hortensia Zelaya, quien asegura que con la aprobación de la reforma la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH) tendrá la potestad de investigación independiente y de presentar acciones criminales públicas de oficio directamente a los tribunales hondureños.
La congresista ha defendido en diferentes ocasiones que la reforma constitucional es una necesidad para que a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) no le suceda lo mismo que a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que no tuvo autonomía para actuar con independencia en la persecución penal.
Sin embargo, la reforma ha sido engavetada en el Congreso Nacional, ya que no ha sido sometida ante el pleno.
Al respecto el canciller, Eduardo Enrique Reina, dijo que eventualmente el Congreso Nacional debe aprobar reformas que contribuyan al trabajo de la Comisión Internacional contra la Corrupción que el gobierno de Honduras busca instalar en los próximos meses.
Durante la conferencia de prensa brindada este lunes 14 de agosto en uno de los salones de la Secretaría de Relaciones Exteriores el canciller se refirió a la propuesta de la legisladora, Xiomara Hortensia Zelaya, el cual está “encaminado a otorgarle a la CICIH precisamente facultades específicas en el tema de lucha contra la corrupción”.
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NO ES NECESARIA LA REFORMA
Para el congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, la reforma constitucional no es necesaria la reforma al artículo 232 de la Constitución de la República, ya que lo ideal es otorgarle la figura del querellante adhesivo.
“La gran mayoría de los diputados que estamos luchando contra la corrupción, no estamos de acuerdo que a la CICIH se le dé un rango constitucional porque no es necesario. Si se hace una reforma constitucional eso implicaría que no se va a instalar este año y sino hasta que lo ratifiquemos”, puntualizó.
En una entrevista a Criterio.hn explicó que existe otra opción, más rápida y que no necesita la mayoría calificada, la cual implica una reforma al artículo 6 de la Ley del Ministerio Público y al artículo 25 del Código Procesal Penal e integrar la figura del querellante adhesivo para que la Comisión Internacional trabaje junto con la Fiscalía.
Sin embargo, esta vía generaría inseguridad en la permanencia de la CICIH, pues se podría eliminar con mayoría simple -65 votos- y se repetiría lo sucedido con la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
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La opinión es compartida por la fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, quien expone que de hacerse alguna reforma debería de ser en el Código Procesal Penal y no a la Constitución de la República.
“Es más viable la reforma al Código Procesal Penal, que obtener los 86 votos que requiere una reforma constitucional. Sumado a ello, el ambiente en el Congreso, difícilmente se llegaría a un consenso para hacer una modificación a la Constitución”, declaró García.
La representante de sociedad civil argumentó que la reforma constitucional podría retrasar la llegada del mecanismo anticorrupción al país. “Además es totalmente innecesario porque de hecho en el momento en el que el Gobierno de Honduras suscribe un acuerdo o un tratado internacional con cualquier organismo este es remitido al Congreso Nacional donde debe ser también ratificado y en ese momento pasa a ser parte de la normativa nacional”, analizó.
García señala que en el mismo convenio que se firmará con Naciones Unidas, donde se establecerá las condiciones y la manera en la que trabajará esta comisión contra la corrupción se debe detallar si tendrá la figura de creyente adhesivo o la de querellante privado.
