La nueva prolongación del cuestionado estado de excepción estará vigente hasta el viernes 17 de noviembre de 2023, y abarca 158, de los 298 municipios hondureños. La medida inició el 6 de diciembre de 2022, como un mandato de la presidenta Xiomara Castro que, aquél entonces, declaró el inicio de la guerra contra las maras, pandillas y narcotráfico
Portada: Jorge Burgos
Tegucigalpa, Honduras.- Amparados en el argumento que los homicidios han experimentado una leve reducción este 2023, en comparación a las cifras de 2022, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 17 de noviembre el estado de excepción parcial en varios municipios hondureños, catalogados como los más peligrosos.
El comisionado Miguel Martínez Madrid, jefe del departamento de comunicaciones de la Policía Nacional, vaticinó, en conversaciones con Criterio.hn, que está medida seguirá siendo prolongada consecutivamente por el resto del año, por los resultados positivos que han logrado, postura que no es compartida por defensores de los derechos humanos.
“El estado de excepción parcial tendrá una vigencia de 45 días más (hasta el 17 de noviembre de 2023) y, ese tiempo, esperamos que nos sirva para efectuar los mecanismos de acción e implementar operaciones que están por llegar, previo a diciembre y antes de las fiestas navideñas”, mencionó el uniformado.
“Con esto damos a conocer que, algo que se practique y tenga efectividad no debe ser cambiado. ¿Por qué tener que cambiar algo que está teniendo mucha efectividad y que no ha perjudicado a ninguna persona honesta (…) los únicos que están contrarrestando las actividades de seguridad son los delincuentes”, agregó Madrid?
Lo expuesto por Madrid, relacionado con la baja en las muertes, coincide con las cifras oficiales que maneja el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), mismas que apuntan que la reducción es de un 25%, hasta la fecha. Hasta el 8 de octubre de este año han asesinado a 2, 279 personas y en 2022, en los mismos meses, ultimaron a 2, 854.
“El estado de excepción será utilizado para bajar la incidencia de muertes; bajar la incidencia delictiva; incrementar el número de detenidos, no sólo por extorsión, sino que también por delitos conexos que atentan contra la ciudadanía”, planteó Martínez Madrid.
Además, desde la institución armada, sostienen que, gracias al estado de excepción parcial, se han logrado ejecutar más allanamientos de vivienda y arrestos porque con esta medida se suspenden algunas garantías establecidas en la Constitución de la República.
Sin embargo, desde Criterio.hn hemos conocido que, si bien es cierto están ejecutando más allanamientos de viviendas en las que presuntamente viven supuestos integrantes de maras y pandillas, algunos de estos carecen de efectividad, ya que no se logran ejecutar las capturas.
Por ejemplo, en distintas colonias ubicadas al sur de la capital –de las que omitiremos los nombres-, la Policía ejecutó distintos allanamientos de viviendas en la que no encontraron ni al presunto delincuente y tampoco ningún tipo de evidencia.
La Policía Nacional hasta abril de este año, informó que habían ejecutado 2, 456 allanamientos de vivienda, cifra superior a los que se desarrollaron en todo 2022, que fueron 205, según sus propios datos.
Las garantías están establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 que, en palabras sencillas, faculta a la institución liderada por el general Gustavo Sánchez, que llegó a sustituir a Ramón Sabillón, a ejecutar allanamientos y arrestos sin contar previamente con la autorización de un juez.
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MEDIDA NO DEBE SER PERMANENTE
Para la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, el estado de excepción no tendría que seguir siendo postergado, ya que es una clara violación a los derechos humanos y los resultados no están siendo tan efectivos como los presentan desde la Policía Nacional.
“Las autoridades manejan como logros desde que comenzó el estado de excepción que ha hecho decomisos de armas, drogas y otras cosas, pero para eso no se necesita un estado de excepción, esos son resultados normales que debe tener la Policía”, opinó la congresista.
“Desde que se suspenden garantías constitucionales se están violentando los derechos humanos. Desde que se les faculta a las autoridades de seguridad en hacer allanamientos o hacer arrestos sin ningún tipo de orden se vulneran los derechos humanos de la población”, cuestionó.
Ramos sostiene que el acecho y gobernanza del crimen organizado y narcotráfico continuará sobre el país, pese a que el estado de excepción lo prolonguen las veces que, desde el Poder Ejecutivo, lo consideren conveniente.
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Lo expuesto por Ramos está sustentado en el reciente cuestionamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIHD) que, durante una visita in loco, apuntó que el estado de excepción debe tener una fecha final, “no puede volverse un estado de normalidad”.
Además de violentar los derechos humanos, otra arista que podría en tela de juicio el estado de excepción, es que desde el pasado 19 de julio de 2023 no ha sido ratificado por el Congreso Nacional, ya que las sesiones legislativas se mantienen empantanadas por el proceso de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP).
Desde hace varios meses varios diputados de oposición, al igual que Ligia Ramos, dudan de apoyan la ratificación de esta medida por los antecedentes antes descritos.
