Tegucigalpa. Ante intentos de imposición de proyectos inconsultos desde la Alcaldía de Marcala, La Paz, la ciudadanía se pronunció con un no rotundo durante un cabildo abierto celebrado el viernes 11 de noviembre.
Los temas tratados incluyeron: el manejo de los residuos sólidos por una empresa privada, la tala ilegal de los bosques, la instalación de contadores de agua con el objetivo de privatizar el servicio, la minería a cielo abierto y la exigencia de respeto a los 18 acuerdos dados el 15 de febrero del 2020 en un cabildo abierto ambiental.
En el cabildo abierto participaron integrantes de la Comisión Lenca para la Defensa de los Bienes Comunes de Marcala, acompañadas por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, quienes acompañaron el proceso.
Noticia relacionada: Exigen un alto a planes de manejo forestal que desplazan a comunidades en Marcala, La Paz
Los miembros de la Comisión Lenca para la Defensa de Bienes Comunes de Marcala expresaron su rechazó a la instalación de proyectos inconsultos por parte de la Alcaldía Municipal de Marcala, La Paz, en el suroccidente de Honduras. Además, exigieron respeto al Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas.
NO MÁS PROYECTOS SIN CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA
La lideresa Lenca, Adalinda Gutiérrez, reiteró que ya es hora que la corporación municipal realice las consultas al pueblo Lenca como lo establece la OIT, a través de una Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), haciendo hincapié que la población de Marcala es Lenca y que sin consulta no pasan este tipo de propuestas, informó mediante un comunicado la Red de Defensoras.
En esta misma línea, Gutiérrez declaró que tanto la comisión, como el pueblo de Marcala, le dicen un no rotundo a la tala masiva de los bosques, y que pese a la persecución, criminalización y asesinato contra los liderazgos indígenas que defienden los bienes comunes, desean un cambio para las futuras generaciones.
Lea también: Manifestación contra las ZEDE, proyectos hidroeléctricos y otras formas de despojo en Honduras
“Le solicitamos a la Corporación Municipal de Marcala, que le solicite al ICF (Instituto de Conservación Forestal) la cancelación inmediata y definitiva de los planes de manejo del Borbollón y de Tierra Prieta, y solicitarles, que respeten los 18 acuerdos dados el 15 de febrero del 2020, por un mismo cabildo abierto ambiental, y solicitamos a la UMA y a la Corporación que toda actividad que realicen, tomen en cuenta a la comisión de ambiente y que sea en coordinación”, exigió Gutiérrez.
NO A PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Otro plan inconsulto que fue desestimado en cabildo abierto es el proyecto de residuos sólidos por parte de la empresa “Landfill Solutions” de origen español, el cual fue aprobado por la corporación municipal sin haber pasado por una Consulta Previa Libre e Informada a las comunidades.
La Comisión Lenca para la Defensa de Bienes Comunes de Marcala realizó un llamado a las y los funcionarios municipales a revisar la “Ley de Contratación, Licitación y Adquisición del Estado y su Reglamentación”, señalando que consideran que todos los procesos para el manejo de los residuos sólidos han fracasado por la falta de rendición de cuentas de dichos proyectos.
Conozca más: Extractivismo en Honduras está cimentado en vicios de inconstitucionalidad y nulidad
“Como documento legal (el proyecto), está bien estructurado, aquí el problema es que nuestros representantes municipales en ningún momento nos llamaron para sociabilizar esto”, señaló Jorge Zelaya, miembro de la Comisión Lenca para la Defensa de los Bienes Comunes de Marcala.
Entre los acuerdos alcanzados al finalizar el cabildo abierto, la Red de Defensoras de Derechos Humanos destacó en su documento: no a la privatización del agua, la solicitud por parte de la corporación municipal al ICF para la cancelación de los planes de manejo del Borbollón y Tierra Prieta, el respeto a los 18 acuerdos del cabildo abierto del 15 de febrero de 2020, no a la concesión de la basura en Marcala y la creación de una comisión de revisión a la propuesta de la concesión de la basura para verificar quién autorizó la aprobación del proyecto sin la consulta previa a las comunidades.
