Reactivación económica para los pobres, no solo para los ricos

De lo que se trata es de que el pueblo tome en sus manos la solución de este problema, con mucha organización. Esperar solución del régimen es fantasía. Si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros

Por: Tomas Andino Mencía

El gobierno se prepara para lo que llama una “salida inteligente para reactivar la economía”, autorizando la apertura gradual de centros de trabajo para una parte de la población, entre estos a los obreros(as) de ciertas ramas económicas, algunos empleados públicos y pequeños negocios. Pero al mismo tiempo el SINAGER aprobó una disposición que amplía el periodo de la “cuarentena” para circular cada 15 días y no cada semana como antes, según comunicado del 3 de mayo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué a unos les autoriza a ir a trabajar y a otros los obliga a estar más tiempo encerrados?

Estas medidas contradictorias se explican, porque la reapertura no se hace pensando en el bienestar de la población, de los pequeños productores o de los consumidores, sino en los beneficios de las grandes empresas, que necesitan poner al día sus ganancias.

LA BURGUESÍA SALVA SUS GANANCIAS A COSTA DE LA SALUD OBRERA

Recordemos que JOH tiene un plan de 20 años que anunció en su discurso del 7 de abril, que incluye reorientar la actividad de la gran burguesía a cuatro áreas:

1) la exportación de insumos, materiales y equipos de salud para la emergencia mundial del Covid-19, a través de la producción de maquila;

2) la producción de granos básicos a manos de los agroexportadores grandes, en desmedro de los campesinos pobres quienes no tendrán apoyo del Estado;

3) la reactivación de la industria de la construcción para edificar los centros asistenciales de salud privatizados o tercerizados aprobados en la “Ley Especial de Aceleramiento de la Economía” los que deberían estar listos dentro de 5 a 11 meses (obviamente no pensados para esta emergencia); y

4) abrir grandes negocios de plataformas informáticas.

Para ese fin, tiene destinados L. 10,400 millones aprobados en marzo de este año, equivalentes a US $420 millones, originalmente prometidos para combatir la pandemia y luego desviados a esos objetivos.

JOH necesita que una parte de la población salga de la cuarentena para poner en marcha ese plan. Tiene planificado que iniciará en el mes de mayo y que se normalizara todo en junio. Pero, un momento ¿Y el Covid-19? Aunque Usted no lo crea, se ejecutará precisamente en el momento cuando la curva de contagios por Covid-19 comience su ascenso exponencial, la que durará al menos dos o tres meses. O sea que escogió el peor momento para hacerlo. Según pronósticos de epidemiólogos de la UNAH, los contagios ascenderán exponencialmente en los próximos tres meses, alcanzando un máximo de 2.8 millones de personas a nivel nacional; pueden ser menos porque ningún pronóstico es exacto, pero la cifra esperada es tan alta que por conservador que fuese implicaría el contagio de centenares de miles de personas, miles de ellas con alto riesgo de morir. Pero eso no le importa la narcodictadura.

El régimen y la gran burguesía bancaria, industrial, comercial y agroexportadora piensan llevar adelante este plan, aun cuando esto tenga como consecuencia la diseminación de la Covid-19 entre los obreros y obreras y sus familias. Para sus gerentes estos solo son carne de cañón para sus metas de producción; objetos desechables y reemplazables por otros, aprovechando que hay un gran desempleo en el país. Lo importante es cumplir con los contratos que ya están haciendo en el mercado externo. Es hacia esto que apunta la “reapertura inteligente” de la economía y es la razón de su prisa para que las trabajadoras y los trabajadores se reincorporen ya a sus empleos.

¿AYUDA A LAS MYPIMES O A LA BANCA?

Para aparentar ser un gran “benefactor”, introduce en el combo el apoyo a la micro y pequeña empresa incluida la agricultura, en especial los cafetaleros. Pero a diferencia de la gran empresa, aquí no hay un apoyo concreto sino la creación de un “Fondo de Garantía” que es una forma de apalancamiento para que estos sectores acudan a los bancos a sacar préstamos.

El problema es que casi todas las micro y medianas empresas en las ciudades y los productores en el área rural están muy endeudadas casi arruinadas, precisamente por el acoso de los bancos, las empresas de servicios públicos, las telefónicas, etc. Basta ver el caso de don Roberto Contreras, el pequeño empresario que se puso en huelga de hambre porque no soportaba los cobros de la EEH. El Fondo de Garantía, si se cumple, podría ayudar a los agricultores a aliviar sus deudas, pero eso no garantiza que mejorará su situación. En lo que menos piensa la banca es en beneficiar a nadie. Lo primero que hacen los bancos es deducir del préstamos lo adeudado por los productores, siendo las instituciones financieras al final las únicas gananciosas. Así que esto parece más bien una jugada para favorecer al capital financiero que no sabía cómo lograr que los agricultores amortizaran sus créditos y, a la vez, lograr nuevos clientes.

El caso de los cafetaleros es peor. El Fondo de Garantía pomposamente anunciado para este sector no es algo nuevo, ya existía desde 2018 en un monto de L. 300 millones del cual se destinaron L. 162 millones a readecuaciones y refinanciamientos por esos años, quedando un remanente de L. 138 millones; ahora el gobierno autorizó que L. 95 millones de ese saldo fueran destinados a estar disponibles para ese sector, como si fuera algo nuevo, queriendo tomarle el pelo al público. Si esto pasa con ese fondo, muy probablemente ocurre algo similar con las otras ayudas anunciadas para otros sectores. Al menos en este caso, el régimen saluda con sombrero ajeno, saqueando fondos de los cafetaleros para entregarlos (no se ría) a los cafetaleros.

LOS POBRES, EXCLUIDOS DE LOS BENEFICIOS

Lo que no dicen los voceros del régimen es que su plan no incluye el apoyo a las obreras y obreros, a los micro y pequeños cuentapropistas tanto urbanos como rurales, ni a los desempleados(as), para que sean aliviadas sus dificultades económicas.

Honduras es el país más empobrecido de Latinoamérica, donde el 65% de la población vive en la pobreza y 61% en la informalidad económica (INE, 2019). Esta gran masa de personas son micro pulperos, vendedores ambulantes y estacionarios de mercados populares, albañiles, artesanos, etc., que sobreviven de micro ventas de pequeños artículos, víveres y servicios o de la producción artesanal. En el área rural sobreviven de chapear, cuidar haciendas, pastorear animales, cosechar en haciendas, preparar la tierra o sembrar; otras y otros viven de la mendicidad y otros “mil usos”.

A ellas y ellos apenas les ajustan sus ingresos para comer. Viven al día. Son la mayoría de la población, pero poquísimos de ellos aplican para un préstamo a un banco ni tienen trabajo formal. Por tanto, no podrán ser objeto de beneficios de la pomposa propuesta del régimen.

Estas personas no han podido hacer ni un centavo en estos días de cuarentena, y si lo han hecho atreviéndose a vender algo o brindar algún servicio, ha sido desobedeciendo el Toque de Queda, a expensas de ser llevados a prisión. Más de 12,000 compatriotas han sido detenidos y tratados como delincuentes por buscar alimento en las calles, según la Policía. Este es el sector que más necesita ser “rescatado” o “aliviado” con el apoyo estatal, pero en lugar de ayudarles, son excluidos de todo beneficio y adicionalmente el régimen les “ordena” que se queden en sus casas aguantando la cuarentena, mientras los grandes empresarios continúan enriqueciéndose.

Por su parte, la clase obrera y empleados públicos que saldrán a trabajar se han endeudado en estos días hasta mas no poder, y muchísimos de ellos (entre 70 mil a 150 mil) han sido cesanteados o suspendidos por varios meses. Este sector tampoco es beneficiado de ninguna forma con el nuevo plan.

Pedirle a esta población vulnerable que soporte otros meses más una cuarentena sin apoyo real, es someterlos a una tortura indescriptible. Su desesperación es tal que comienzan a darse suicidios por esta razón[1]. Para los más pobres, el dilema no es si encerrarse o exponerse al virus, sino exponerse al virus o ver desfallecer o morir a sus hijos e hijas de hambre o enfermedades, o a que los saquen a la calle los arrendatarios. A eso se enfrentan con la Cuarentena.

¿CUARENTENA O CAMPO DE CONCENTRACIÓN A CIELO ABIERTO?

Aclaro: La cuarentena en si misma es una medida correcta. En un país organizado en función de la población, sirve como buena práctica preventiva para disminuir los contagios, mientras se logra una vacuna. Utilizada con inteligencia, también puede servir para dar tiempo a que la población logre la “inmunidad de rebaño”, protegiendo a los más ancianos y a quienes tienen estados de salud que los vuelven vulnerables, sin congestionar el sistema de salud pública. Esa estrategia permitió a algunos países como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y otros aplicar una cuarentena o confinamiento donde esta era necesaria y permitir el funcionamiento de la economía con medidas más moderadas de “distanciamiento social” en donde no era necesaria. Ahora esos países pueden reactivarse sin riesgos.

Sin embargo, para que sea efectiva y no se vuelva dañina a las personas y a la economía, la cuarentena requiere, en primer lugar, que el gobierno garantice de verdad el sostenimiento de todas las personas, algo que en Honduras no se cumplió. La otra condición es que tenga un sólido sustento técnico, en el conocimiento preciso de las rutas y las dimensiones reales de la pandemia, es decir, de saber cuántos infectados hay, donde estan y como se mueven, y esto solo es posible haciendo pruebas masivas, sistemáticas y representativas a la población, con criterio científico. Esto a su vez requiere que las y los mejores profesionales de la salud y de economía diseñen y guíen el cumplimiento de esta estrategia.

Pero en Honduras el gobierno despreció la asesoría del Colegio Médico y la cuarentena no tiene como base un estudio sistemático de la distribución de la enfermedad basado en prueba científica. La dictadura solo ha aplicado 4881 test al 3 de mayo, siendo el país que menos aplica en el continente. Por eso los brotes sorprenden aquí y allá, ya que no hay manera de saber cuántos infectados hay ni por donde se mueve el virus. De esa forma, las autoridades sanitarias no se adelantan a la enfermedad, sino que van detrás de esta. Si el problema fuera la escasez de recursos para obtener las pruebas, el gobierno tendría un pretexto, pero con tantos fondos a su disposición, lo único que esto refleja es el desinterés porque el problema se solucione, o más exactamente, su interés para que el problema se complique. Tan es así, que supuestamente “extravió” los kits de aplicación de 20 mil test donados por el BCIE y de 250 mil compradas a Corea del Sur.

Por otro lado, el régimen desinforma a la población. La desinformación conviene al régimen porque así justifica sus decisiones políticas. Los números, las gráficas y los mapas que nos presentan las cadenas de radio y televisión del gobierno llevan un retraso de hasta dos semanas y ni siquiera reflejan la verdadera proporción del problema. No hace mucho JOH nos decía que “lo peor está por venir” y ahora nos sale con que estan disminuyendo los casos, para justificar el retorno al trabajo. Pero la realidad lo desmiente. Por ejemplo, el 4 de mayo SINAGER reportó la muerte de 82 personas acumuladas, y esa misma fecha los hospitales registraron 135 decesos por Covid-19, una diferencia de 53 fallecidos, es decir un 39% de subregistro (El Heraldo, 4/5/2020).

Pero lo peor es que la cuarentena nunca fue aplicada de forma congruente: hubo cuarentena para los más pobres, pero no para los más ricos. Desde el principio, los decretos de confinamiento fueron rotos por presiones de la gran empresa y la banca privada pensando solo en sus negocios y no en la gente. De hecho, muchas maquilas, así como varios negocios de comidas rápidas, cervecerías, supermercados, casas comerciales y otros no esenciales, cuyos propietarios son cercanos al grupo de poder, gozan de salvoconductos y han operado desde el mes de abril en violación del toque de queda. Ejemplo de lo anterior es que mientras se cerraron los mercados populares se mantuvieron abiertos los supermercados y las comidas rápidas.

Esta actitud voraz impidió controlar la contaminación, la cual, en lugar de disminuir, el 3 de mayo superó la barrera de los 1000 contaminados, según cifras oficiales; la cifra del “no retorno”, como la califican los profesionales de la salud. Ya ha comenzado a ser de dominio público que los mayores lotes de contaminados son los empleados de algunas de estas empresas. Por ejemplo, hubo 90 personas positivas en un supermercado, y un número similar en una empresa azucarera. Pero lo que no ha trascendido es que también existe contaminación en la industria de la maquila, de donde diariamente son remitidos obreras y obreros al IHSS por tener la sintomatología del Covid-19.

Entonces, si la cuarentena de JOH no fue diseñada ni aplicada para contener la enfermedad, ¿Cuál es su objetivo? No nos engañemos, fue diseñada para mantener a raya al pueblo en sus casas mientras ellos roban los fondos de la emergencia y mientras el régimen hace abiertamente campaña política, jugando con el hambre de la gente. Esta medida se complementa con otra que pondrá en práctica en las próximas semanas: la puesta en vigencia del nuevo Código Penal, que además de favorecer a los corruptos, criminaliza la protesta social. Por tanto, en lugar de convertirse en una solución, el confinamiento se ha convertido en lo que el intelectual uruguayo Raúl Zibechi denomina “un gran campo de concentración a cielo abierto”.

POR UNA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL Y POLÍTICA CONSULTADA Y CIENTÍFICAMENTE SUSTENTADA

Por lo dicho, la reapertura no se justifica para los más ricos, pero si para la gran mayoría de la población en especial para los más pobres, que ya no soportan más el encierro sin poder llevar un bocado a sus familias. Si los más ricos saldrán a reactivar sus grandes negocios, también debe haber apoyo estatal para la reactivación y rescate económico de los más pobres.

La reapertura no se justifica solo por motivos de trabajo o económicos; se justifica también para quienes no tienen agua potable en sus viviendas y deben salir a conseguirla para poder vivir; para quienes sufren depresión y violencia doméstica o intrafamiliar, acoso sexual o maltrato infantil y necesitan resolver estas situaciones de alguna manera con ayuda; para quienes tienen hijos e hijas que languidecen de hambre y enfermedades que no pueden atender porque no pueden movilizarse a centros asistenciales por falta de transporte o porque no atienden otras dolencias que no sea el COVID-19; entre otras razones. Pero también se justifica para poder expresar el descontento social del pueblo contra este régimen.

Todos estos sectores requieren retomar la actividad económica, social y política, porque el encierro que se nos ha impuesto ya perdió su sentido preventivo y se ha convertido en una forma de opresión más.

La pregunta es ¿cómo hacer una reactivación sin que esto suponga un peligro para nuestra salud?

En el plano teórico, unos parámetros claves para usar como referente, son las seis recomendaciones de la OMS que deberían reunirse antes de poner fin al confinamiento:

“1. Controlar la transmisión del virus, disminuyendo o eliminando la cantidad de casos.

2. Contar con un sistema de salud en buen estado y accesible para todos, y que pueda detectar, realizar test, aislar, tratar y rastrear cada caso y contacto.
3. Reducir al mínimo los riesgos de brotes de Covid-19 en centros médicos, residencias de adultos mayores, así como espacios de aislamientos para personas vulnerables a la enfermedad.
4. Implementar medidas de prevención en espacios de alta afluencia de personas como lugares de trabajo, escuelas, centros comerciales, entre otras.
5. Instrumentar un plan de control de riesgo de casos importados, es decir, personas contagiadas fuera del país.
6. Promover la participación y responsabilidad de la población, quienes deben tomar consciencia de la gravedad de la crisis sanitaria y adoptar medidas de autocuidado”.[2]

En un país ideal, deberían cumplirse todas esas condiciones, pero llegado a este punto en el cual la cuarentena se ha vuelto insostenible para los menos afortunados de la sociedad, es necesario discutir cuales de esos criterios serian indispensables y cuál sería la mejor forma de retornar a la actividad económica, social y política.

Como lo sostuvo recientemente el Dr. Hugo Noe Pino,[3] la reactivación primero debe consultarse con los expertos en salud; los epidemiólogos, infectólogos, salubristas y demás cuadros técnicos que pueden decir qué alternativas podrían tomarse. Pero, además, debe consultarse a las personas más afectadas por estas medidas: las trabajadoras y trabajadores del sector formal, del sector no formal, desempleados, indígenas, mujeres, en fin, todos los sectores sociales populares que tienen algo que opinar y demandar en esta crisis.

Ahora ¿cabe esperar estas consultas del actual gobierno? Obviamente no. Estas deben ser hechas desde abajo, desde las comunidades, centros de trabajo, centros de estudio. Y lo mejor es hacerlas al nivel de cada municipio de preferencia con asesoría de profesionales de la salud que viven en las comunidades, e idealmente del Colegio Médico de Honduras.

Mi propuesta es que, así como el gobierno organizo mesas de concertación con los empresarios para organizar su reapertura ordenada y gradual, debemos exigir a las Alcaldías Municipales que organicen Cabildos Abiertos en los que participen representaciones de las trabajadoras y trabajadores de las empresas que están en sus jurisdicciones, a fin de que estos discutan y decidan si existen condiciones apropiadas para una reactivación o no.

De similar manera, las organizaciones comunitarias de barrios y colonias, aldeas y caseríos, deben ser consultadas en estas sesiones de Cabildos Abiertos, para que estas decidan bajo qué condiciones se debe hacer la reactivación en cada municipio. Por supuesto, tomando las medidas de seguridad que sean necesarias, por ejemplo, no haciendo asambleas masivas sino con representantes de cada comunidad que lleven las inquietudes de las bases.

Si el pueblo está de acuerdo en retornar, después de oír los consejos de los expertos en salud, se debe exigir a las empresas o instituciones que se les provea gratuitamente del equipo de bioseguridad necesario. Si no, el pueblo debe organizar piquetes que paralicen las calles de acceso para que no haya circulación, tal como actualmente hacen muchas aldeas y barrios para protegerse del contagio. Que las empresas asuman los costos y donde las empresas aleguen dificultades económicas, que abran sus libros de cuentas para que sean investigadas para tomar las decisiones.

Donde las Corporaciones Municipales no atiendan el clamor popular, deben hacerse asambleas populares donde el pueblo mismo organice las normas y condiciones de la reactivación en los municipios.

De lo que se trata es de que el pueblo tome en sus manos la solución de este problema, con mucha organización. Esperar solución del régimen es fantasía. Si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros.

[1] https://www.latribuna.hn/2020/05/06/se-quita-la-vida-porque-no-tenia-como-alimentar-a-hijos/

[2] https://www.telesurtv.net/news/coronavirus-oms-condiciones-levantar-cuarentena-20200428-0061.html

[3] https://tiempo.hn/hugo-pino-reactivacion-economia-consensuarse-cientificos/