En tiempos de crisis cada sector muestra su verdadero espíritu e interés. Queda claro que el COVID 19  está siendo el escenario perfecto para una nueva fase de saqueos por parte de la narcodictadura, la cual en menos de 20 días se ha garantizado casi 500 millones de dólares bajo la excusa de atender la emergencia, los cuales no podrán ser auditados.

No quedan dudas, el virus es una amenaza real que está impactando en niveles severos a países del mundo con sistemas de salud fortalecidos y capacidades estatales reales. Sin embargo,  en Honduras, la fórmula corrupción – militarización sigue siendo la única respuesta del narco gobierno, evidenciada en las distintas medidas adoptadas e implementadas a partir del 11 de marzo hasta este momento.

La narrativa de prevención con la cual han trasladado a la población medidas como la aprobación de la Ley de Aceleración Económica y Protección Social, la suspensión de labores tanto en el sector público como en el privado, el cierre de fronteras, terminales aéreas y marítimas para tránsito de personas, el toque de queda absoluto, entre otras, se ha desvanecido por completo con hechos como la compra inadecuada de ventiladores mecánicos, las masacres en la colonia San Francisco en Tegucigalpa, los tres femicidios en Choloma, Cortés y el hallazgo de la narcoavioneta “ambulancia” colombiana que transportaba cocaína la cual fue robada antes de la llegada de las autoridades al lugar, y el reiterado desprecio de las grandes empresas por sus trabajadores al suspender contratos y condenarles al hambre, entre otras.

Todo esto sumado a la adopción de las campañas internacionales de quedarse en casa como medida principal para prevenir el contagio y el llamado a aplaudir al personal médico para agradecer su labor, son una muestra clara del clasismo y la grave incapacidad que la narcodictadura tiene para responder a la crisis en un país donde más del 60% de los más de ocho millones de habitantes vive en condiciones de pobreza según las cifras del Banco Mundial y donde el sistema de salud pública enfrenta el segundo desfalco y saqueo millonario en la historia del país.

Las medidas autoritarias adoptadas son una bomba de tiempo que estallará a la brevedad con la llegada del desabastecimiento de alimentos y la profundización de la pobreza que ya vivimos.  Ese es el escenario posterior en el que la narcodictadura empleará los fondos saqueados mediante el clientelismo político y el populismo como herramientas de su campaña electoral.

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La población hondureña tiene claro qué puede esperar y no esperar del gobierno en general y particularmente en este contexto, pues ha sido evidente a lo largo de sus mandatos que su compromiso real es con el narcotráfico, las empresas y asociaciones privadas y el capital transnacional extractivo. Por eso lo más urgente y necesario es preguntarnos cómo respondemos a esto desde la solidaridad, la ternura y el cuidado colectivo.

Es urgente preguntarnos y respondernos, ¿qué papel nos toca y debemos asumir las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales y populares para dejar de ser simples observadores? ¿Es posible que la oposición política y social promueva e instale colectivos populares integrados por médicas y profesionales de la salud para enfrentar al coronavirus y a la peste mayor que es el régimen de la narcodictadura?,

 ¿Podemos conformarnos como colectivos o redes solidarias en cada una de nuestros barrios y colonias para amortiguar el golpe del desabastecimiento de alimentos? ¿Aportar lo que podamos para que  sintamos menos la orfandad y asumir la condición de sujetos colectivos del proceso?

Es horroroso ver al régimen, a otros actores políticos y económicos traficando con la dignidad de nuestro pueblo, haciendo proselitismo con la inseguridad y el miedo de nuestra gente, por eso desde el MADJ nos asumimos con la responsabilidad de pensar y proponer y no conformarnos con el encierro individualista.

Hacemos un llamado a la oposición parlamentaria y funcionarias/os al margen de la dictadura, a que sus cargos irrumpan camino en la implementación de propuestas para enfrentar la crisis de esta emergencia. No podemos ser espectadores. Deben usar sus cargos públicos en su mayor o menor medida, para dar las respuestas que la dictadura se niega a brindar. Son quienes en este momento histórico deben asumir el debate sobre la ruta diaria de la crisis, visualizando los alcances y medidas económicas a futuro.

Llamamos a romper el distanciamiento social, a hablar, actuar y responder a ello en conjunto con cuidado colectivo, con la solidaridad y la ternura que son la verdadera y real esperanza de nuestra sociedad ahora y en todo momento.