Por: Arabeska Sánchez
En los últimos meses se ha conocido por lo menos de forma somera sobre la propuesta de política exterior que el gobierno de los demócratas tiene con respecto a los tres países del que conforman el llamado triangulo norte de Centroamérica; esto como una forma de llenar en parte al menos aquel vacío que dejaran las comisiones internacionales de lucha anticorrupción que dejaran la CICIG en Guatemala, y la MACCIH en Honduras.
Hasta ahora se sabe que entre los principales logros de ambas comisiones figuran el famoso caso denominado “La Línea” en Guatemala que terminara con la exposición de casos de corrupción pública que involucrara a funcionarios públicos de alto perfil dentro del poder ejecutivo; mientras que en el caso de la MACCIH en Honduras, no cabe duda que la exposición en tribunales del caso “IHSS” o conocido por la dilapidación de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS fue el de mayor impacto no solo por el alto perfil de los imputados sino por el nivel de sentencias logradas en juicio.
A pesar de que estas dos comisiones salieron de ambos países, no puede dejar de decirse que también dejaron cimientos de lo que ahora son los sistemas de tribunales anticorrupción en estos lugares,-que dicho sea de paso son también reconocidos como logros en cuanto al asesoramiento que las comisiones dieron- estos han tenido sus primeros pininos en el juzgamiento de estos casos en el marco de la convención contra la corrupción y las nuevas leyes anticorrupción que han sido emitidas en los poderes legislativos de ambos países.
Si los funcionarios fiscales y jueces, al igual que los ciudadanos activos de organizaciones de sociedad civil que estudian y promueven la transparencia, han sido capaces o no de adquirir los conocimientos necesarios para comprender lo que la corrupción le significa a la administración pública, y sobre las millonarias perdidas presupuestarias que dejan de ir al gasto social publico para ir a los bolsillos de un grupo de personas que han malversado estos recursos en su propio beneficio; eso solo el tiempo lo dirá, sobre la base de los resultados acumulados en una década
¿Qué tanto fueron capaces de recuperar en términos monetarios Mientras se desarrollaron estos procesos?, todavía no se conocen estos datos aunque sí las cuantías de bienes reconocidos en los juicios a los que habrá que restar claro las costas de sendos juicios que le significaron a estos países el sostenimiento de largos procesos que incluso duraron años; el residuo quedó registrado en los órganos conocidos como administradores de bienes ilícitos que en Guatemala según decreto 55-2010, se conoce como CONABED o Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio; mientras que en Honduras según decreto 27-2010, se conoce como OABI u Oficina Administradora de Bienes Incautados.
Ahora bien, si las instituciones directamente perjudicadas ¿fueron capaces de recuperar sus recursos drenados dentro de sus presupuestos anuales? Eso es otra cosa muy diferente; pues es requisito para la retribución de fondos -al menos desde lo legal- que antes de que estos recursos vuelvan a las arcas públicas, primero debe haber sentencias firmes a favor del Estado para luego tomar propiedad de los fondos y poder hacer la devolución de los recursos a las instituciones de donde han sido sustraídos; pero esta última decisión casi siempre termina siendo potestad del poder ejecutivo desde las secretarias de finanzas, y ahí las decisiones pueden ser determinantes para que los fondos terminen en otro lado -debido a las famosas priorizaciones de emergencia-.
Sobre el destino de quienes se hicieron millonarios a costa de la previsión social; se conocen solo un par de casos en donde han terminado con sentencias sobre sentencias que conllevaron a cadenas perpetuas; luego de eso, se conocen juicios que resultaron sin pena ni gloria con los señalados -actualmente como candidatos a cargos públicos- sin ningún rasguño.
Sobre si ¿Se terminó de constituir la estructura de fiscalías especiales contra la corrupción?, la respuesta es que al menos se fortalecieron con respecto a la formación y experiencia en tribunales -hoy saben de las complejidades que se esconden detrás de cada proceso y de las mañas de zorros viejos con que se encontrarán en cada audiencia- eso ya es un avance; además de tener unidades de investigación especializadas a su servicio exclusivo que incluyeron equipos técnicos de especialistas en inteligencia financiera -cosa que antes de la llegada de estas dos comisiones internacionales era una necesidad sentida, no porque no las hubiera sino por el apoyo que les urgía-.
Sobre las enseñanzas que esas audiencias que algunos tuvimos la oportunidad de presenciar dejaron, podría decirse que las sorprendentes modalidades o “modus operandi” con que operan estos grupos identificaron a verdaderos genios de la malversación de caudales a través de la creación de empresas y ONG`s de fachada, lavadoras de activos, casi siempre amparados bajo figuras mercantiles de la “sociedad anónima”, esto dificultó desde el inicio la identificación de los testaferratos que sirvieron de peones a estas redes de corruptelas; esto ya había sido una escuela en países como Perú y España -dentro de sus propias experiencias anticorrupción- y en los dos países del triángulo norte que nos ocupan, también se terminó por conocer acerca de estos personajes que se escondían en medio de las enredadas madejas de este tipo de criminalidad contra la administración pública.
Mientras que la ciudadanía en ambos países se dividió en su percepción ante estos procesos; en donde por una parte se vio todo este esfuerzo como una forma de destrucción de imagen de país; por el otro se apreció como una forma de recuperación de la buena gobernanza -juzgue usted-.
Lo actual, es que se comienza a incrementar la posibilidad de iniciar nuevamente con esta forma de participación llamada “Lucha Contra la Corrupción” que ahora viene como parte de un menú dentro de la estrategia contra la migración en Centroamérica en donde de los tres pilares que fomentan la migración -hasta en modalidad de caravanas- se encuentra la corrupción -las otras dos son la pobreza y la violencia de acuerdo con lo expuesto hasta ahora por quienes la impulsan-.
Si, los gobiernos actuales o próximos en la región le van a seguir apostando a este esfuerzo por ¿llevar las cuentas del Estado claras en el uso de sus recursos?; la respuesta esta sin duda en los planes de gobiernos en curso y sus ejes de política criminal contra la corrupción, y en las propuestas de cuanto candidato se ha lanzado en estos países; pero también en los partidos políticos que siempre tendrán algo que decir y hacer al respecto. Sobre si la ciudadanía ¿aprendió a estimar de forma positiva lo que sus países están haciendo en este tema por sanear sus finanzas públicas? Esperemos que así sea por el bien de todos. Hasta la próxima entrega. Que estemos bien.
