Tegucigalpa. Las facciones que se disputan la presidencia del Poder Legislativo en Honduras han acudido al Poder Judicial para que disipe la crisis política que enfrenta este poder del Estado situación que podría generar ingobernabilidad.
Dos Juntas Directivas han surgido en el Congreso Nacional, una al mando del diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, respaldado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y otra regida por el diputado insurgente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix.
Ambas Juntas Directivas se han instaurado en paralelo como autoridades del Poder Legislativo, Redondo desde la sede oficial con el apoyo de Castro y la mayoría de diputados de Libre mientras Cálix desde la virtualidad a través de la plataforma digital ZOOM cuenta con el sustento de los diputados del conservador Partido Nacional y la mayoría del Partido Liberal.
La Constitución de Honduras establece que para ser presidente del Congreso Nacional debe lograr el voto de, al menos, 65 congresistas de los 128, pese a que Cálix cuenta con la mayoría de votos el proceso mediante el cual se nombró provisionalmente fue arbitrario violentando la postulación de Redondo.
Hasta ahora Cálix cuenta con el voto de 43 diputados del Partido Nacional, a quienes consideró por mucho tiempo sus enemigos, también 14 diputados disidentes de Libre lo acuerpan y 14 del Partido Liberal sumado al voto del Partido Anticorrupción (PAC) logrando sumar 72 votos.
En tanto, 36 diputados del Partido Libre, 10 del PSH, 8 liberales y el congresista de la Democracia Cristiana (DC), apenas alcanza los 56, aunque cumplen con algunos requisitos ambas Juntas Directivas carecen de legalidad al irrespetar la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
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AMBAS PUGNAS ACUDEN A LA CORTE
El diputado disidente de Libre, Ramón Soto, reveló que presentaron un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) en favor de Cálix que le permita asumir el control del hemiciclo legislativo.
El amparo presentado por el abogado José adalid Rodríguez, establece la obligatoriedad para que Redondo entregue las instalaciones del hemiciclo al señalarlo de usurpar el cargo de presidente del Congreso Nacional.
“El Partido Nacional, utilizando la Corte de Juan Orlando Hernández pretenden robarse el Congreso, les advertimos lo que es del pueblo no podrán quitárselos, si entran a este conflicto político no pasarán. NO vamos a permitir que se roben la democracia, ya conocemos sus trampas”, reaccionó el vicepresidente de la Junta Directiva que preside Redondo, Rasel Tomé.
Por su parte, el licenciado en pedagogía, José Lagos, también presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra toda la Junta Directiva que orquesta Cálix quien asegura irrespetó la constitución y lo establecido en las leyes ordinarias que rige el procedimiento para ser presidente del Poder Legislativo.
“Yo creo en el diálogo para buscar una salida política a este conflicto. Sin embargo, respeto el derecho que tienen los que nos adversan de acudir a la CSJ, en apego al derecho humano de tutela judicial efectiva. Sigo insistiendo en que el diálogo es el mejor camino. Dialoguemos”, expresó Cálix, a través de Twitter, al conocer la acción legal en su contra.
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PUGNA POR LA SEDE Y LA RESPONSABILIDAD DE “JOH”
Diputados de Libre y el PSH, responsabilizan al exgobernante de Honduras, “JOH” como popularmente se le conoce a Juan Orlando Hernández, de querer controlar el Congreso Nacional.
“El Partido Nacional se resiste a entender que perdió las elecciones e intenta controlar el Congreso. JOH debe respetar que el pueblo le dio un mandato a la presidenta Xiomara Castro, que deje de pretender controlar el Congreso a través de diputados expulsados de Libre”, señaló el diputado Rafael Sarmiento.
A consideración del congresista Tomé y Sarmiento, la Corte Suprema responde a los intereses de Hernández y del Partido Nacional por lo que rechazan se pronuncie ante el conflicto que atraviesa el Poder Legislativo.
La pugna por la presidencia del Poder Legislativo ahora se filtró al Poder Judicial que deberá pronunciarse ante los recursos legales interpuestos por ambas facciones y que podría extender la crisis política y obstaculizar el plan de gobierno que pretende implementar la presidenta de Honduras a través de la aprobación de varias leyes.
