El dilema sigue abierto: ¿Deben personas cercanas a los partidos políticos integrar la CSJ?
Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de nominación y elección de las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia avanza. Sin embargo, después de que la Junta Nominadora dio a conocer los nombres de las y los postulantes el 31 de octubre de 2022, diversos sectores han puesto sobre tela de juicio la cercanía de muchas de estas personas con los principales partidos políticos.
En los listados de postulantes es normal encontrar, incluso, a personas que han sido secretarios de Estado en gobiernos del Partido Nacional y Partido Liberal, y que, por lo tanto, tienen cercanía con los máximos líderes de las tres principales fuerzas políticas del país.
Aunque ni la Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, ni la Constitución de la República, prohíben que una persona afín a partidos políticos pueda aspirar a ser magistrada o magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hay quienes consideran que eso puede poner en riesgo las aspiraciones de contar con un Poder Judicial independiente y autónomo.
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“La nueva CSJ en Honduras estará integrada por magistradxs cuyo perfil es más de políticxs que de juristas. A juzgar por la trayectoria de los «prefavorecidxs» y por la franca politización que hoy más que nunca tiene esta elección. Ojalá nos salieran mejor los políticxs abogadxs que los abogadxs que solo son instrumento de lxs políticxs y de los grupos económicos”, expresó a través de Twitter Víctor Fernández, del Bufete de Estudios para la Dignidad y exfiscal del Ministerio Público.
Sin embargo, en Honduras ha sido existido una histórica tradición política de repartición de cuotas, la cual, según los más recientes acontecimientos, nadie busca eliminar. El partido político que está en el poder históricamente ha buscado tener, como mínimo, ocho magistrados y magistradas afines a sus intereses.
Eso es clave, sobre todo, porque algunas de las decisiones del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que está integrada por 15 togadas y rogados, requiere de la voluntad de la mitad más uno. Por ejemplo, para elegir al presidente de ese poder del Estado, se necesitará esa cantidad de magistrados.
MAGISTRADOS QUE BUSCAN REELEGIRSE
Otro tinte de politización del proceso radica en que existen magistradas y magistrados actuales que buscan reelegirse. Cuatro de ellos, María Fernanda Castro, Jorge Zelaya Zaldaña, Jorge Sierra y Rafael Bustillo, son los responsables de que las implicadas y los implicados en Caso Pandora y Caso Arca Abierta, dos casos de corrupción a gran a escala cometidos por legisladores, hayan gozado de impunidad.
A criterio del director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Lester Ramírez, esa es una de las jugadas que se están efectuando en este momento.
“Hay magistrados de la CSJ que están aspirando a la reelección y están buscando, a través de sus influencias, lograr que los diputados del Partido Nacional que han salido beneficiados de estos casos, con sobreseimientos, puedan ejercer sus influencias para obtener votos favorables y así continuar en la Corte Suprema de Justicia”, dijo.
ESE NO ES EL PUNTO
Hay otras posturas, como la del exfuncionario de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Álex Navas, enfocadas a que no es la politización el problema, sino que el perfil de las personas que buscan llegar al más alto nivel de administración e impartición de justicia.
“Que un postulante sea de un partido político o no, no quiere decir que va a cubrir las cosas, tener una identidad política no es malo. Lo que sí es negativo es que estas personas interfieran con acciones al margen de la ley, es muy difícil encontrar magistrados, jueces o fiscales que sean apolíticos, porque todos tenemos una filiación o ideario político. La Corte necesita personas éticas que puedan responder a los intereses de la ciudadanía y no de los partidos”, manifestó a Criterio.hn.
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El 19 de julio de 2022, cuando se aprobó la Ley de la Junta Nominadora, el secretario del Congreso de la República, Carlos Zelaya Rosales, manifestó que los correligionarios de los partidos políticos tenían derecho a postularse como candidatos a magistrados del Supremo hondureño.
“Hoy nos sentimos orgullosos de ser políticos y de pertenecer a un partido que ha luchado por llegar a este momento. Nunca vamos a esconder nuestra preferencia política y siempre vamos a defender a abogados de nuestra militancia que tienen derecho a postularse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a apoyar a esos compañeros que tienen todo el derecho y también a funcionarios de esta administración que son personas correctas y honestas”, mencionó en aquel momento Zelaya Rosales.
El 25 de enero de 2023, las diputadas y los diputados elegirán, entre un mínimo de 45 candidatas y candidatos (23 mujeres y 22 hombres), a las 15 personas que regirán el máximo órgano jurisdiccional hondureño entre 2023 y 2030.
