Nueva normativa que regule la elección que realizan los diputados sería una de las medidas que podría implementar Honduras para que la elección de los altos cargos en sistema de justicia no se resuelva por interés personal y político, como se realiza en la actualidad
Tegucigalpa, Honduras.- Analistas proponen nuevos mecanismos de elección de autoridades en instituciones claves en Honduras, para que los cargos no sean otorgados por afinidad política, sino por méritos en conocimiento y experiencia.
Cargos de alta importancia como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fiscales del Ministerio Público (MP) quedaron en decisiones políticas, opinan analistas, al igual que sucedió en la gestión de Juan Orlando Hernández cuando tenía el control de los tres poderes del Estado, incluyendo la fiscalía.
Un poder Judicial a cargo de Rolando Argueta y un Legislativo liderado por Mauricio Oliva, fue clave para concretar una reelección, que, aunque no fue avalada por la mayoría, se logró gracias a un fraude electoral el cual desembocó en una crisis política que más tarde se transformaría en muertes y migración masiva de los hondureños.
El escenario antes mencionado es solo uno de los que puede generar el control absoluto de un partido político en los tres poderes del Estado, ya que la forma de gobierno, recuerdan los entrevistados, es “republicana, democrática y representativa”. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes, sin relación de subordinación”, según lo establece el Artículo 4 de la Constitución de la República
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Desde que el partido Libertad y Refundación (Libre), ascendió al poder a través de la hoy presidenta Xiomara Castro, poco a poco fue ganando los demás poderes. La elección del titular del legislativo, se suponía que quedaría a cargo del Partido Salvador de Honduras (PSH), el cual designó a Luis Redondo, sin embargo, con el tiempo se fue desmarcando y se unió a la línea del partido oficialista.
En tanto, para el segundo año de gobierno, 2023, ya se han realizado dos elecciones cruciales: La de los magistrados de la Cortes Suprema de Justicia, en la cual fue electa Rebeca Raquel Ovando, -afín a Libre-, para ocupar el máximo cargo.
Casi de manera similar se eligieron los fiscales. Después de un periodo de incertidumbre y de falta de consensos se terminó la segunda legislatura, ante ello se determinó la creación de una Comisión Permanente que eligió a los dos candidatos afines de Libre, excluyendo en ambos procesos las mujeres mejor evaluadas.
Luego que decisiones claves han quedado en manos de diputados, el cual actúa de manera política se planea la idea de nuevos mecanismos de elección o bien, mejorar los que ya existen, pero auditar de una forma más expedita los procesos.
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PROCESOS AMAÑADOS
A criterio del abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, la elección próxima de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas si se podría realizar de manera similar a la de los dos procesos anteriores, porque a su juicio es parte de la política ver a los órganos del Estado como si fueran una franquicia.
“Se ve cómo se eligió el presidente del Congreso, como se eligieron los fiscales y como se van a elegir a los miembros del Tribunal de Justicia Electoral, Tribunal Superior de Cuentas y Política Limpia va a ser las mismas”, opinó Pineda Alvarado en diálogo con Criterio.hn
Teniendo en cuenta que las elecciones han sido basadas en temas políticos y no meritocráticos, el profesional del derecho valoró que el modelo de elección de los funcionarios, en efecto, debe ser revisado para que no sigan ocurriendo los hechos de los pasados gobiernos.
“Genera un enorme problema las polémicas que rodean estas elecciones, alejan el interés de participar de los buenos profesionales, ya que las acciones parecen actos de poder y no de legalidad, […] Libre ya ratos decidió hacer a un lado el modelo de Estado de derecho, hacer a un lado el cumplimiento de la ley y tomar decisiones con base al poder y la fuerza y bajo ese esquema Honduras ya puede decir con vergüenza que Honduras no pertenece a los Estados democráticos”, apuntó el jurista.
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AGLUTINAR SELECCIÓN DE CARGOS EN UNA NORMATIVA
En tanto, la integrante de la Articulación Ciudadana Transparencia y Justicia (ACTJ), Jimena García Merino, amplió que con base en los estudios que han realizado sobre la elección de los altos cargos en sistemas judiciales de otros países, se ha identificado dos aspectos claves: una normativa de selección y la independencia de votos de los diputados.
Cuando habla de normativa se refiere a una ley de elección que se aplique al fiscal general y adjunto, magistrados de CSJ y TSC y dándole una valoración objetiva sobre todo a los juristas que son de carrera.
En cuanto a los votos explicó que es importante que los diputados del Congreso Nacional tengan menos margen de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones ya que muchas ocasiones, por no decir todas, se eligen por medio de arreglos bajo la mesa.
“Es muy importante que ellos [diputados] tengan en cuenta lo que técnicamente ha hecho la junta proponente y por otro lado, es importante que tengan plazos establecidos para la elección, y cada uno de ellos debería votar de manera individual aun cuando tengan consensos dentro de sus bancadas”.
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ELECCIÓN MINUCIOSA DE DIPUTADOS
De su lado, el analista político y ex diputado Aníbal Calix, dijo que es importante reconocer que la elección se hace a través del Congreso Nacional ya que se suponen son los presentantes de la población, por tanto, la acción representa una democracia participativa.
Sin embargo, aclaró que no se puede obviar que, en Honduras, los diputados no representan a la ciudadanía, porque -según Calix- actúan en función de la línea del partido político e intereses personales.
Por tanto, recalcó la importancia que la ciudadanía tenga injerencia clara a la hora de elegir a los diputados, ya que estos son los que nombraran los cargos de las instituciones claves del país.
Analizando el panorama, mencionó que si los cargos se dieran a través de votación ciudadana sería aún más político porque no se evaluaría capacidades sino simpatía, o si fueran nombrados por el presidente no se tendría el balance de poderes que debe existir en una democracia.
