Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Proponer el camino adecuado para elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no es nada fácil, se trata de levantar un sistema de justicia que ha quedado desbaratado y fracasado debido al tráfico de influencias y la sola defensa de los intereses propios de unos pocos.
Es uno de los entes donde funciona la normalizada “repartición del pastel”, donde son colocadas personas a conveniencia de los partidos políticos y grupos de poder.
Los participantes del Tercer Simposio sobre la Ley de Selección y Elección de Altos Funcionarios: Análisis, Estrategias y Desafíos, tienen altas expectativas, algunos manifestaron que sueñan con un sistema de justicia que funcione.
La propuesta de ley trata de establecer mecanismos y métodos claros y transparentes para el proceso de elección de altos funcionarios del Estado, procurando evitar la discrecionalidad y cumpliendo los altos estándares internacionales.
Este proyecto fue presentado hace algunas semanas por el diputado vicepresidente del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé y la diputada vicepresidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena.
El primero en presentar sus observaciones fue el analista y abogado, Raúl Pineda Alvarado, quien apuntó que no solo se trata de hacer leyes, sino de cambiar otras y evitar que el Poder Judicial se involucre en política.
A su vez, mencionó que, aunque se deben aplicar pruebas de confianza, toxicológicas y de polígrafo, pueden ser innecesarias, porque solo revelan si alguno de los postulantes, en los últimos días u horas consumió drogas.
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“Chile elige a sus magistrados por concurso, por qué no hacerlo así”, dijo el togado. Pineda apuntó que lo primordial es evitar alimentar la crisis política con otro fiscal y magistrados cuestionados.
No hay que olvidar que ha sido fuertemente cuestionado que la Fiscalía no tenía ningún expediente de investigación de los personajes hondureños que fungieron altos cargos y ahora son juzgados por la justicia estadounidense.
Por tanto, se debe cuidar que quienes tomen los cargos dentro del sistema de justicia sean personas con integridad, inteligencia, habilidad y valor para fortalecer la institucionalidad.
Según Pineda, los requisitos para ser magistrado deben ir más allá de tener solvencia moral y comprobada rectitud, deberían ser más específicos. En efecto, la Ley no resolverá el problema, sino contar con los mejores hombres y mujeres que tengan un poco de cariño por este país.
Por otro lado, reprochó que nadie menciona que la Ley del Ministerio Público es de 1993 y, que, tomando en cuenta que el fenómeno de la criminalidad es cambiante, también los operadores de justicia deben serlo, porque las condiciones cambian constantemente.
En opinión de Oliverio García, abogado, notario y analista político de Guatemala, se debe aprovechar el momento político que vive Honduras, procurando que los elegidos tengan conocimiento y experiencia del funcionamiento del sistema de justicia para que tengan un excelente desempeño.
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ELECCIÓN POR TRANSPARENCIA Y MERITOCRACIA
Para poner en contexto, Fátima Mena, explicó que la propuesta de ley establecer un proceso de preselección y elección, basado en transparencia y meritocracia, que se den a conocer los acuerdos y los antecedentes de los candidatos, por ejemplo, si este tenía vínculos con corrupción, cargos por violencia doméstica, si irrespetaba los derechos de la niñez y la juventud, entre otros.
“Aprobar esta ley permitirá devolver la posibilidad de tener una Corte verdaderamente independiente, es ahora cuando se puede recuperar el estado de derechos. Yo sé que en el sistema de justicia hay jueces y juezas de primera para una Corte y MP de lujo”, manifestó la congresista.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Rasel Tomé, destacó que la nueva ley permite que la junta nominadora se rija por principios y que se ponen más requisitos para la nominadora.
Sobre la convocatoria a postulantes destaca que todo el que tenga requisitos se pueda proponer, además la junta nominadora se ayudaría de una tabla de evaluación o una rúbrica sobre los magistrados y su papel a ejecutar.
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ELIMINAR LA CORTE
El secretario de Estado en los Despachos de Transparencia y Anticorrupción y exfiscal de la república, Edmundo Orellana Mercado, destacó que el éxito al conformar un pleno de magistrados permanece en personas impecables, profesionales y agresivos al asumir posiciones, sin estar escondidos en sus bufetes.
Advirtió que no se puede confiar en un abogado que ha servido a bancos, corruptos, narcos, por tanto, tienen que ser personas libres y sin condicionamiento.
Destacó que conoció a personas que fueron impecables al fungir como magistrado sin importar su inclinación política, porque hubo personas integras que realmente querían hacer su labor.
Por otro lado, dijo que hoy, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Colegio de Abogados son parte del problema cuando “entran a pecar”, colocando a sus allegados. A su vez, remarcó que la sociedad civil debería convertirse en veedor y denunciante.
“No hay junta directiva donde no esté la sociedad civil, en algunos lados como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social tienen hasta mayoría”, reprochó.
“Comencemos por quitar la Corte Suprema de Justicia, el tema de la casación es una soberana absurda, tanto así que en materia civil ya no existe la doctrina legal como causal de casación, la eliminaron, los españoles la eliminaron en el Código, existe en laboral, existe en penal, ¿entonces qué sentido tiene que haya jurisprudencia?”, razonó.
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Los mexicanos lo resolvieron inteligentemente, copiando a Estados Unidos, donde su Corte es esencialmente constitucional, por lo cual Orellana instó a tomar ese paso.
La Corte Interamericana de Justicia de los Derechos Humanos ha señalado que la casación es un recurso que solo sirve para obstaculizar el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos.
La emisión de esta ley es un hecho porque lo propuesto la presidenta en campaña, en la toma de posesión y porque envió un proyecto y el presidente de la Comisión que lo ha evaluado, Ramón Barrios dijo que así será.
Sin embargo, Orellana apuntó: “De lo que yo dudo es que los partidos políticos decidan no pedir su cuota y eso es lo que ha arruinado la Corte”.
Aunque enfatizó que al menos con esta modificación se debe permitir escoger a los más confiables e idóneos, “para que cuando se quieran repartir no se pueda buscar entre los más peores, sino entre los mejores”.
