Varios exdiputados y exfuncionarios hondureños, señalados en casos de corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado, asumieron sus cargos ante el Parlamento Centroamericano, generando críticas sobre la función del organismo como refugio político.
Tegucigalpa, Honduras. – El Parlamento Centroamericano (Parlacen) vuelve a colocarse en el centro del debate público tras la juramentación de políticos hondureños señalados en casos de corrupción y presuntos vínculos con redes ilícitas. Este espacio ha sido utilizado como resguardo político para exfuncionarios y exdiputados que enfrentan procesos judiciales o investigaciones en el país.
El pasado 27 de enero de 2026 fueron juramentados como diputados ante el Parlacen, Ricardo Leonel Cardona López y Samuel Reyes Rendón, ambos exfuncionarios de la administración de Juan Orlando Hernández, indultado, en diciembre pasado, por el mandatario estadounidense Donald Trump, tras haber sido sentenciado en Estados Unidos, en junio de 2024, a 45 años de prisión por delitos de tráfico de armas y drogas.
En la misma ceremonia también asumieron funciones el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera (2014-2022), señalado, por el extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de jefear una red de diputados que supuestamente habrían dilapidado fondos públicos a través de los controvertidos “fondos departamentales. A la lista de los recién juramentados en el organismo regional se suma, Nilvia Ethel Castillo Cruz, acusada junto al nuevo mandatario hondureño Nasry Asfura— por crear una supuesta red de lavado de activos que desvió más de 28 millones de lempiras, entre 2017 y 2018, durante su gestión como alcalde del Distrito Central. En la lista de los diputados representantes del oficialista Partido Nacional, figuran, además, Walter Reiniery Castellanos Sauceda; Olman Renán Argueta y Juan Carlos Valenzuela Molina.
Por el Partido Liberal fueron juramentados Arturo Efraín Chinchilla Castro, exfuncionario de la Empresa Nacional Portuaria (ENP); el exdiputado Sady Farid Andonie Reyes (2006-2010), entre otros dirigentes.
Mientras tanto, por el Partido Libertad y Refundación (Libre), asumieron como diputados la expresidenta hondureña Xiomara Castro Sarmiento; el exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Alberto González Salinas; Janise Tatyana Alvarenga Guillén; el exsubsecretario de COPECO, José Benedicto Santos Castro; y el exgobernador de Francisco Morazán, Mario Hernán Sorto Deras, entre otros.
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IMPLICADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO AL PARLACEN
Criterio.hn realizó un análisis sobre los perfiles de los 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) que fueron integrados al organismo el pasado 27 de enero y que ejercerán el cargo para el periodo 2026-2030. En varios casos se documentó sobre los procesos judiciales –la mayoría por corrupción– e investigaciones por supuestos nexos con el crimen organizado de los nuevos integrantes del órgano regional en representación de Honduras.
Uno de los casos que más controversia ha generado es el de Ricardo Leonel Cardona López, exsecretario de la desaparecida Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) y exsecretario privado y jefe de Gabinete Presidencial durante los dos periodos de Hernández (2014-2022). Tras concluir ese gobierno, Cardona se trasladó a Nicaragua, donde posteriormente adquirió la nacionalidad de ese país.
En 2022, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un informe que delinea un latrocinio tras el paso de Cardona López por la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), valorando el perjuicio monetario al Estado de Honduras por 178,845,912 lempiras.
El documento detalla que en diciembre de 2021 se firmaron más de 500 nombramientos que violentaban la Constitución de la República, el Código Civil y las disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2021 y la Ley General de la Administración Pública, al haberse firmado sin cumplir el proceso legalmente establecido y sin fundamento legal autorizante.
En junio de 2022, el Ministerio Público aseguró las cuentas a Ricardo Cardona y Ebal Díaz, ambos exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández. Según reportes de medios de comunicación las cuentas bancarias, de cada uno, superaban los cuatro millones de lempiras.
En enero de 2025, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) lo incluyó –junto a exdiputados y exfuncionarios– en las investigaciones por el presunto manejo irregular de fondos públicos destinados a proyectos sociales a través del Congreso Nacional. y se le imputó la comisión de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos, en perjuicio de la administración pública y de la economía del Estado de Honduras.
Otro de los juramentados es Samuel Reyes Rendón, quien fue diputado por el departamento de Lempira en los periodos 2006-2010, 2014-2018 y 2018-2022. También se desempeñó como Designado Presidencial y posteriormente como ministro de Defensa al inicio del primer mandato de Hernández.
Aunque fue electo diputado para el periodo 2014–2018, solicitó permiso para desempeñarse como Ministro de Defensa de Honduras a partir de enero de 2014, en el primer mandato de Juan Orlando Hernández.
Tras la renuncia de Reyes, su suplente, Juan Antonio “Tony” Hernández, se desempeñó como diputado propietario del Congreso Nacional durante el período 2014–2018, representando al departamento de Lempira bajo la bandera del Partido Nacional.
Seis meses después de haber asumido sus respectivos cargos públicos, ambos fueron señalados de ser presuntos propietarios de un helicóptero vinculado al narcotráfico, incautado en el sector del río Plátano, en la región de La Moskitia. El caso cobró mayor relevancia en 2018, cuando el excapitán de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Santos Rodríguez Orellana, declaró que se le habría ofrecido un millón de dólares a cambio de no reportar el hallazgo de la aeronave.
En paralelo, durante el juicio –que se realizó en 2019– contra Juan Antonio “Tony” Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la fiscalía lo señaló como colaborador en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y mencionó a Samuel Reyes en el marco de las acusaciones. Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, fue posteriormente condenado en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.
Samuel Reyes ha sido objeto de diversos señalamientos que lo vinculan con actividades ilícitas durante su gestión. En una investigación publicada en 2022, Criterio.hn reveló cómo Samuel Reyes, aliado de los hermanos Hernández, siendo secretario de Defensa, se asoció en negocios del rubro del café, con Kensy Ivette García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, quien fue acusada por la justicia de Estados Unidos de lavar cerca de 1.8 millones de dólares para el Cártel del Atlántico. Tras varios años en prisión, en octubre de 2024, fue liberada.
Siempre bajo las filas del Partido Nacional, figura Juan Carlos Valenzuela Molina, incluido por el Ministerio Público en el caso llamado Arca Abierta, por el delito de malversación de caudales públicos. Pese a la acusación de la fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo favoreció con un sobreseimiento provisional.
En el mismo expediente figuran otros 13 congresistas y excongresistas que supuestamente habrían participado en el desvío de fondos estatales mediante la organización no gubernamental Asociación Planeta Verde, según registros de la fiscalía hondureña.
En 2021 fue incluido en la Lista Engel por el caso de corrupción Arca Abierta que fue investigado por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Por otro lado, la exregidora de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Nilvia Ethel Castillo Cruz, también figura en el mismo caso que involucra al presidente hondureño Nasry Asfura. El expediente fue presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que la supone responsable de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Las investigaciones sostienen que formó parte de una red que presuntamente drenó más de 28 millones de lempiras de las arcas municipales entre 2017 y 2018. El esquema habría utilizado cheques emitidos bajo conceptos de «fondos rotatorios» y «reembolsos» que terminaron en cuentas personales.
El caso que involucra al presidente a Nasry Asfura y, a la hoy diputada al Parlacen, Nilvia Castillo, se encuentra en curso y fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia, desde diciembre de 2024, donde se encuentra empantanado.
Por las filas del Partido Liberal fue electo Arturo Efraín Chinchilla Castro, ejecutivo de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). En 2016, el Ministerio Público informó que se había logrado un auto de formal procesamiento contra dos exgerentes y cuatro ejecutivos de dicha institución, entre ellos Chinchilla Castro.
A Chinchilla se le imputó por los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude. En ese momento se les aplicó la medida cautelar de presentarse periódicamente a la Secretaria del Tribunal y se les prohibió salir del país.
Otro de los nuevos diputados al Parlacen es Jorge Alberto González, electo por las filas del Partido Libertad y Refundación (Libre)n. Durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, fue nombrado director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
En mayo de 2025, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en su contra por el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios, por gestionar supuestamente, de manera ilegal, la devolución de una vivienda en Merendón Hills, cuatro vehículos y una empresa, bienes incautados durante el operativo “Magnate”, en marzo de 2022, en San Pedro Sula, Cortés.
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Organismo regional vuelve a ser cuestionado por albergar a investigados por corrupción
El cuestionamiento sobre la supuesta inmunidad que brinda el Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha sido recurrente, ya que varios exfuncionarios de los países de la región se postulan para ser integrados al organismo para beneficiarse del fuero.
En las últimas décadas el organismo ha sido centro de cuestionamientos por servir de refugio a figuras de poder de la región, perseguidos por corrupción. Uno de esos casos son los expresidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a quién la fiscalía de su país lo requería por malversación de fondos y corrupción, y el expresidente Mauricio Funes, cuestionado por corrupción y nacionalizado en Nicaragua.
El abogado y exfiscal general, Edmundo Orellana, explicó a este medio digital que los diputados del Parlacen gozan de las inmunidades que cada Estado reconoce a sus legisladores nacionales. Aclaró que en Honduras la Constitución no establece inmunidad parlamentaria plena para los diputados.
El jurista, quien recién concluyó su periodo (2022-2026) como diputado al Parlacen, indicó que la inmunidad incorporada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Honduras–decreto 117-2019– se limita a la función legislativa, es decir, a actos propios del ejercicio del cargo como legislar o votar, pero no cubre delitos comunes o actos ajenos a esa función como la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
En la sentencia —puntualizó— emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre las ZEDE, el máximo tribunal estableció que su aprobación no se enmarcó dentro de la función legislativa, al considerar que vulneró la Constitución de la República al implicar la cesión de una porción del territorio nacional, lo que calificó como inconstitucional.
En ese sentido, la resolución señala que este tipo de actuaciones quedan fuera del ámbito protegido por la inmunidad parlamentaria, al no tratarse de actos amparados por las atribuciones legítimas del Congreso Nacional.
Por su parte, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) y abogado, señaló que el Parlacen ha perdido su razón de ser como órgano de integración regional y se ha convertido en un espacio cuestionado –precisamente— por albergar a políticos investigados.
Acevedo también planteó dudas en el caso de Ricardo Cardona por su nacionalización nicaragüense, argumentando que la representación ante el Parlacen podría entrar en contradicción con la nueva condición de nacionalidad adquirida voluntariamente, al tratarse de un cargo que implica la representación del Estado hondureño en un órgano regional.
No obstante, el exfiscal Edmundo Orellana explicó que, en lo referente a los requisitos de residencia previa o al período mínimo exigido, estos deben regirse por la legislación interna de cada país.
De igual manera, precisó que el Parlacen remite ese análisis a las normas nacionales y que, en el caso de Honduras, se aplican los mismos requisitos establecidos para ser diputado al Congreso Nacional, particularmente en lo relacionado con la nacionalidad, el tiempo de residencia en el país y demás condiciones constitucionales.
Consultado sobre si el requisito de residencia podría verse afectado cuando una persona deja de vivir en Honduras varios años después de haber sido electa, Orellana aclaró que lo determinante es la situación al momento de la elección. Es decir, la elegibilidad se evalúa con base en las condiciones existentes cuando el candidato fue electo, no en los cambios posteriores a su toma de posesión.
A nivel regional, el Parlacen también ha sido señalado por haber servido de refugio a expresidentes salvadoreños como Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, este último nacionalizado en Nicaragua, ambos requeridos en su país por casos de corrupción, y al guatemalteco Alejandro Eduardo Giammattei, que en 2024 fue incluido en la Lista Engel “debido a su participación en actos significativos de corrupción”. Otro caso que impactó fue el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien inmediatamente de cesar en su periodo presidencial, el 27 de enero de 2022, fue juramentado como diputado ante el Parlacen en una sesión virtual del organismo.
Cuando se registró dicho hecho, se cuestionó una posible escapatoria de Hernández, ante una potencial extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Pese a su juramentación, Hernández fue requerido por la justicia estadounidense, 17 días después. Es decir, la inmunidad no se le aplicó porque se adoptó lo establecido en la Constitución hondureña que no otorga ninguna prerrogativa de ese nivel.
La reciente integración de figuras cuestionadas al Parlacen reabre los cuestionamientos sobre la eficacia del organismo, la necesidad de reformas a su régimen de inmunidades y la urgencia de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para evitar que la integración regional se convierta en sinónimo de impunidad o guarida de criminales de “cuello blanco”.
