Analistas consultados, aunque el robo, abuso de autoridad y secuestros por parte de uniformados son delitos que se han venido cometiendo desde hace muchos años, con el estado de excepción esto se ha facilitado porque los funcionarios policiales tienen plenas facultades para realizar allanamientos y capturas sin una orden judicial previa
Tegucigalpa, Honduras. – La situación actual, donde ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) enfrentan procesos judiciales por la comisión de diversos delitos dentro del marco de las atribuciones conferidas por el estado de excepción, constituye apenas una mínima muestra de la realidad que se está viviendo debido a esta medida, la cual ha dejado de ser considerada como excepcional. Así lo señalan analistas expertos en temas de seguridad, consultados por Criterio.hn.
«En todas las instituciones hay manzanas podridas. No estoy diciendo que todos los funcionarios policiales sean corruptos, pero esto sólo pone en evidencia la realidad que se está viviendo por las facultades que da esta medida (estado de excepción). Y esto no es nuevo. Algunos policías que encuentran algo de valor «mal parado» en una casa se lo roban, y ya han trascendido denuncias por esos casos», opinó el criminólogo Gonzalo Sánchez en conversaciones con este medio de comunicación digital.
Sánchez, quien se desempeña como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sostiene que no todos los agentes policiales y militares están prestos a cometer irregularidades. Sin embargo, para él, para erradicar las «manzanas podridas«, es necesario efectuar una depuración en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.
«Para mitigar, acabar y erradicar este mal que, al final de cuentas, perjudica a la institución y sus autoridades, es necesario llevar a cabo una depuración policial que cumpla con los requisitos de la ley; en la que no se castigue a los justos por los pecadores, como ocurrió hace un par de años. Esto no es una solución definitiva, pero es una muestra de que se están haciendo las cosas correctamente», opinó.
La reacción de Sánchez se centra en el actual proceso judicial que enfrentan ocho funcionarios de la Dirección Policial de Investigación. Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP), en la madrugada del 12 de enero de 2024, estos individuos llegaron en dos vehículos pick up a la colonia Monte Fresco, en San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras, e irrumpieron en una vivienda.
De acuerdo con la evidencia, estos policías golpearon al propietario de la vivienda y le exigieron que entregara todas sus pertenencias de valor. Sin embargo, el agredido respondió que no tenía nada de lo solicitado, solo dos celulares y un reloj digital. Ante esta respuesta, los uniformados lo subieron a uno de los vehículos y le exigieron 350 mil lempiras para liberarlo.
Al no recibir el monto solicitado, lo trasladaron a las instalaciones de la DIP en la zona norte. Allí, presentaron informes de investigación falsos, lo anunciaron ante la prensa como un poderoso integrante de una estructura criminal y le implantaron pruebas de cocaína, marihuana y un arma de fuego.
Estos policías, identificados como Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Núñez, Wilson Durón, Carlos Noé Núñez, Joel Reñan Zambrano, Rodys Edgardo Hernández, Walter Alexander Muñoz y Denis Alfredo Estrada López, fueron acusados por la fiscalía de cometer los delitos de asociación para delinquir, robo con violación e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Precisamente la mañana de este martes 16 de abril, estos policías comparecieron ante un juez en una audiencia en el Poder Judicial.
Este no es el único caso en el que el ente investigador ha puesto en evidencia la manera de operar de algunos funcionarios policiales. El pasado 1 de febrero de 2024, el Poder Judicial dictó prisión preventivacontra siete uniformados de la DPI. A ellos se les acusó de ingresar a una vivienda en San Pedro Sula y robar las pertenencias de los propietarios, entre las cuales se encontraban 13 millones de lempiras.
Además, en varias ocasiones, ciudadanos han denunciado en medios de comunicación televisivos que, aunque no fueron víctimas de robo por parte de los efectivos, sí fueron sujetos de abuso de poder y agresiones físicas y verbales.
El analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid, cuestionó que, aunque las autoridades que integran el engranaje operador de justicia no lo reconozcan o atribuyan, esta serie de ilegalidades se están registrando con mayor facilidad debido a las facultades que tienen los policías y militares con el vigente estado de excepción.
En los comunicados compartidos por el Ministerio Público y el Poder Judicial relacionados con estos casos, en ningún fragmento mencionan que estos delitos se cometan con mayor facilidad debido al estado de excepción. Sin embargo, Madrid enfatiza que ahora se han vuelto más comunes y agravantes porque los uniformados tienen la facultad de allanar una vivienda sin contar con una orden previamente emitida por un juez.
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ABUSOS DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Durante el estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 19 de mayo de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) ha recibido más de 500 quejas de la ciudadanía contra elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) por abusar de su poder al realizar allanamientos y detenciones.
«Por el tipo de quejas, el Conadeh concluyó que las autoridades están cometiendo irregularidades. Hemos encontrado que durante el estado de excepción ha aumentado el abuso por parte de las autoridades (…) Sólo en 2024, hemos recibido alrededor de 200 denuncias de ciudadanos, aunque podrían ser más», dijo el jefe del departamento de prensa del Conadeh, Julio Velásquez, a Criterio.hn.
De hecho, en su informe «Desafíos Invisibilizados Durante el Estado de Excepción«, el Conadeh destacó que la mayor parte de las denuncias recibidas entre el 6 de diciembre de 2022 y diciembre de 2023 están atribuidas a uniformados por violaciones a los derechos humanos, particularmente contra mujeres y niñas.
Además, en reiteradas ocasiones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha informado que cuenta con informes de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades bajo el estado de excepción.
Isabel Albaladejo, jefa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OANUDH), mencionó que ‘hemos recibido información sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido en el marco de la implementación del estado de excepción’. Estas apuntan directamente a agentes de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) y a la Policía Militar.
