El paro de labores en el Ministerio comenzó hace seis semanas. Hoy se unieron los empleados de Medicina Forense lo que ha provocado que no haya levantamientos cadavéricos en todo Honduras.
Por: Katerin Galo
Fotos: Jorge Burgos
Tegucigalpa. –Una protesta de empleados en el Ministerio Público mantiene en suspenso los procesos de investigación y denuncias en Honduras. Hoy la suspensión de labores se extendió al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que implica una interrupción en los levantamientos cadavéricos que se deben practicar en este país centroamericano, uno de los más violentos del continente.
Los empleados solicitan dos ajustes salariales que, de acuerdo, a la Ley Orgánica del Ministerio Público se debe registrar una vez al año, uno por costo de la vida y otro por aumento salarial.
Al paro de labores, que arribó este lunes a la quinta semana, se unió en las últimas horas el personal de Medicina Forense, quien determinó no efectuar a partir de la fecha y por tiempo indefinido, ningún tipo de levantamiento cadavérico, pericias o autopsias.
Las manifestaciones las han encabezado la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) y la Asociación de Servidores y Empleados del Ministerio Público de Honduras (ASEMPH) y a ellas se han sumado fiscales y demás personal del ente acusador del Estado en todas las oficinas del país.
Las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses amanecieron cerradas, además empleados de la fiscalía realizaron tomas de carreteras en el Bulevar del Sur en la norteña ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a 248 kilómetros de la capital, Tegucigalpa.
El paro de labores en el área forense ha provocado que, en varias zonas del país, donde se han reportado varios hechos violentos, que a su vez han dejado varios muertos, no se les practicara el levantamiento cadavérico correspondiente.
Medios locales reportaban el mediodía de este lunes sobre la muerte violenta de cinco personas en distintos sectores del país, entre ellas dos por atropellamiento, uno de estos cuerpos fue levantado por sus familiares en ausencia del personal forense.
Otro caso ha sido el de un hombre que, apareció muerto en la ribera del río Choluteca en Comayagüela. El cuerpo de este hombre permanecía hasta horas de la tarde sin ser levantado, expuesto a los fuertes rayos solares y a las altas temperaturas propias de la temporada del verano. Este cadáver podría entrar en proceso de descomposición y poner en riesgo la salud de la población.
El paro de labores en Medicina Forense podría complicar la impunidad en Honduras, que en casos de muertes violentas de mujeres y personas LGBTIQ+ anda en 90%.
Las protestas de los empleados del Ministerio Público iniciaron el 23 de enero de manera escrita, mientras que la suspensión de labores comenzó desde el 6 de febrero.
Nota relacionada: Protestas en el Ministerio Público, ¿una crisis inducida?
EXIGEN AUMENTO SALARIAL
Criterio.hn se trasladó al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses y allí dialogó con varios de los empleados en protesta. Una de ellas, la fiscal Elki Alvarado precisó que la protesta es en exigencia de una mejora salarial con base al costo de vida que se mide anualmente mediante el índice de inflación establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) y el aumento salarial que como empleados les compete y que por más de 10 años se les negado.
Señaló que durante la administración del fiscal general Óscar Chinchilla no ha habido ningún aumento salarial, y los que se han dado han sido selectivos a personal allegado a las máximas autoridades del Ministerio Público.
La fiscal estimó que el 90% de los empleados del Ministerio Público están participando en las protestas y el otro porcentaje son los que a lo largo de estos años se han visto beneficiados con las actuales autoridades, “pero el 90% de los empleados estamos en paro a nivel nacional”, insistió.
Con base al Portal Único de Transparencia, ocultado por Criterio.hn hace dos semanas,
Se constató que un detective auxiliar percibe un salario mensual de L20,092.40, mientras que un detective titular devenga entre L21,897.01 y L57,235.98.
Por su lado, el salario de un fiscal auxiliar oscila entre L24,721.20 y L64,200.55. En tanto, un fiscal titular tiene, como salario mínimo, una remuneración mensual de L33,754.89, pero también existen fiscales que, al mes, ganan L121,350.88. Un médico forense, por su lado, puede aspirar a devengar entre L24,223.21 y L88,023.42.
De interés: Aunque Honduras sigue siendo un narcoestado, Tegucigalpa y San Pedro ya no son tan violentas
SECRETARÍA DE SEGURIDAD HABILITA SUS INSTALACIONES PARA QUE FISCALES LABOREN EN ELLAS
A raíz del conflicto en el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, por medio de la Dirección General de la Policía Nacional informó, este lunes, que gestionará todo el apoyo necesario para asistir a los fiscales.
Los directores y jefes regionales, comandantes departamentales y metropolitanos deberán habilitar espacios en sus instalaciones que los fiscales requieran para realizar sus labores, estableció la Policía Nacional en un comunicado.
Criterio.hn entrevistó al coordinador de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien lamentó que durante la actual administración no se haya dado el aumento salarial y la actualización por costo de vida, y a la vez aseguró que la Unidad bajo su responsabilidad ha continuado trabajando pese al cierre de las oficinas.
Santos dijo que, ante las protestas en las instalaciones del Ministerio Público, los fiscales de su Unidad aprovechan los fines de semana para ingresar a las oficinas para preparar los procesos de algunas audiencias y juicios de privación de dominios.
“Lo que pasa es que a veces cortan la energía y el internet, entonces es difícil, pero hay algunas organizaciones que nos han estado colaborando con algunos espacios para poder preparar las audiencias. De alguna manera los fiscales tienen que comparecer a las audiencias”, comentó.
Desde sus redes sociales, Santos cuestionó la falta de interés del fiscal general, Óscar Chinchilla y el desentendimiento del Poder Ejecutivo ante la problemática que atraviesa el Ministerio Público.
REUNIÓN CON DIPUTADOS
El 2 de marzo, la Asociación de Fiscales de Honduras se reunió en el Congreso Nacional con representantes de las comisiones de Presupuesto, Anticorrupción, y Asuntos Constitucionales, quienes se comprometieron en trasladar sus exigencias la Poder Ejecutivo.
En noviembre de 2022, en la antesala a la aprobación del Presupuesto General de la República de 2023, el Ministerio Público solicitó al Congreso Nacional un presupuesto superior a los 3 mil 400 millones de lempiras para 2023, sin embargo, la asignación presupuestaria quedó en poco más de 2 mil 200 millones.
La fiscal Elki Alvarado externó que desde el Poder Legislativo se comprometieron, el pasado 2 de marzo, a trasladar las propuestas al Ejecutivo si ellos (los fiscales) suspendían las protestas. Ese día como muestra de buena voluntad, los fiscales se comprometieron a dejar en suspenso las protestas y regresaron a sus puestos de trabajo durante una semana, pero en virtud de que la demanda no fue resuelta las acciones de presión continuaron.
El diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, quien en el pasado fungió como fiscal, dijo que se debe resolver la crisis en el Ministerio Público, porque “no es una institución cualquiera”.
En declaraciones a una radio capitalina señaló que si no se da una solución se corre el riego que muchos casos queden en la impunidad. Al mismo tiempo, acusó al fiscal general Óscar Chinchilla como el único responsable de la problemática.
