Tegucigalpa, Honduras. – En una maniobra calificada por defensores ambientales como “abuso de autoridad”, la corporación municipal de Tocoa tomó la determinación de permitir reagendar el cabildo abierto que fue boicoteado el pasado 9 de diciembre por el alcalde Adán Fúnez.
La decisión contraviene la resolución tomada en asamblea soberana –y reflejada en un acta notarial– por las y los vecinos de Tocoa, en la cual rechazaron la instalación del componente energético del megaproyecto minero del Grupo Emco Holding, a través de su filial Inversiones Ecotek, en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
La población instaló una asamblea en diciembre luego que Fúnez decidiera cancelar el cabildo convocado, alegando ante medios de comunicación que no había condiciones para celebrarlo. No obstante, permanecían seis regidores al interior del Instituto Froilán Turcios –donde se celebraría el cabildo– por lo que su decisión fue tomada unilateralmente, sin consultar con el pleno de la corporación municipal.
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Defensores ambientales denunciaron la maniobra, afirmando que se pretende celebrar un cabildo abierto, únicamente con ciertas comunidades de interés para la empresa involucrada, y sin que las autoridades pertinentes se hayan pronunciado sobre la resolución de la asamblea soberana reflejada en un acta notarial que se levantó ese 9 de diciembre de 2023.
¿QUÉ OCURRIÓ EN LA SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL?
El defensor y regidor por Tocoa, Juan López señaló –mediante un escrito que refleja lo ocurrido en sesión de corporación municipal el lunes 15 de enero y que facilitó a Criterio.hn– que Inversiones Ecotek y patronatos solicitaron la celebración del cabildo suspendido por Fúnez.
Pese a la oposición de los regidores Juan López, Leonel George y Félix Chávez Romero, se impuso la noción expresada por el abogado municipal que es el alcalde quien tiene las potestades “para hacer el cabildo cuando él quiera, donde él quiera, y con quiénes quiera”, según refleja el documento redactado por López.
Mientras que Chávez y López señalaron que Fúnez no podía manejar la situación de acuerdo con intereses propios o de la empresa Ecotek, y que si esta última no estaba de acuerdo con la decisión de la asamblea debió presentar un recurso de reposición, puesto que el mismo alcalde Fúnez suspendió de forma unilateral el cabildo, en desconocimiento al artículo 37 de la Ley de Municipalidades.
El artículo en mención establece: “Es competencia de la Corporación Municipal reunirse para sesionar. Ninguna otra autoridad tendrá facultades para ordenar, suspender o impedir las sesiones de la Corporación Municipal”.
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El regidor López argumentó que “solo el pleno podía, de acuerdo con las circunstancias que aquí han dicho los patronatos [de La Laguna] y Ecotek, decidir si hacer o suspender el cabildo. Pero el alcalde se tomó atribuciones que no le competen, pospuso el cabildo de manera arbitraria y le dio a la asamblea las causales para invocar su autonomía”.
Por su parte, el regidor y defensor Leonel George señaló “que no cabe una convocatoria a cabildo mientras SERNA [Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente], Inhgeomin [Instituto Hondureño de Geología y Minas], ICF [Instituto de Conservación Forestal], y Secretaría de la Presidencia no se pronuncien sobre el acta notarial que es un instrumento de ley emanado de la asamblea y las autoridades competentes”.
DEFENSORES ADVIERTEN A REGIDORES QUE PODRÍAN INCURRIR EN DELITO
Luego que trascendió el visto bueno por parte de los regidores para que el alcalde Fúnez establezca fecha para el cabildo abierto, la representante legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Rita Romero, recordó a todos los gobiernos locales que no es el alcalde, sino la corporación municipal la encargada de acordar y convocar cabildos abiertos.
Esto en especial, según explicó el regidor por Tocoa, Juan López, porque la solicitud insta a que el cabildo se realice con “ciertas comunidades” y siete de un total de diez regidores votaron por dejar la decisión de esto, así como la fecha, al discernimiento del alcalde Funez.
La abogada Romero señaló que deslindarse de sus responsabilidades como regidores incurriría en falta a sus deberes como funcionarios al dejar a disposición del alcalde decidir cuándo y con que comunidades de interés se convoca a un cabildo abierto.
“Cuando se dice comunidades de su interés, en un acto de buena fe, yo quisiera creer que tal vez están diciendo lo vamos a reducir a las comunidades de influencia del proyecto eléctrico”, compartió Romero.
Sin embargo, señaló que las comunidades llamadas de interés están bajo el dominio de la empresa minera y no son las directamente afectadas por el proyecto de generación termoelectrica a base de coque de petróleo, que son Guapinol, Ceibita, Cayo Campo, y La Lempira, que fueron las comunidades presentes en el cabildo abierto convocado por la corporación municipal para el 9 de diciembre.
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El defensor ambiental Pedro Landa afirmó a Criterio.hn que al existir un recurso administrativo pendiente de resolución por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente [Serna] y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, de ser convocado un cabildo abierto, este sería ilegal e improcedente.
Además, señaló que el alcalde Funez estaría cometiendo delitos de incitación, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de los funcionarios públicos. Esto sin contar en caso que el cabildo se realice dejando fuera a las comunidades directamente afectadas, lo cual también sería incurrir en violación a derechos.
“Si bien es cierto, la Ley de Municipalidades habla de que puede ser cabildo municipal, sectorial o comunitario, dice claramente que cuando se trata de temas de interés particular de las comunidades o que va a afectar a las comunidades, estas deben participar”, afirmó Landa.
A la Ley de Municipalidades, se suman –dice el investigador y defensor de derechos humanos y ambiente, Pedro Landa– los tratados y convenios internacionales que hablan del derecho a la participación. Así como la Ley de Participación Ciudadana, que a la vez se desprende del artículo 5 de la Constitución de República, sobre el principio de la democracia participativa.
Todas “hablan que tiene que convocarse, consultarse a las personas directamente interesadas y afectadas. Entonces, también ese cabildo estaría teniendo vicio de nulidad porque se estaría realizando con personas que no están interesadas ni van a ser afectadas por el proyecto”, concluyó Landa.
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